La importancia del precedente jurisprudencial en el sistema penal oral acusatorio






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fecha de publicación24.02.2016
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UN CODIGO Y 5 MIL JUECES

LA IMPORTANCIA DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO

Por: Franclin D. Trujillo L.
El presente pretendido ensayo, busca llamar la atención sobre una situación que ocurre con reiterada frecuencia en nuestro sistema penal acusatorio (SPOA- Incluso en otras ramas del derecho). Esta situación, es la diferencia en las decisiones de los jueces al resolver un asunto jurídico, cuando se tienen los mismos hechos, las mismas pruebas e idénticas circunstancias.
La primera solución que se vislumbra es la relacionada con los criterios para decidir; sin embargo ante ellos se interponen circunstancias propias del ser humano (SUBJETIVAS), y otras que resultan insoslayables como OBJETIVAS y que finalmente aportan una carga (subjetiva u objetiva) a la decisión que debe proferir un juez.
Lo anterior, da cuenta que no siempre las decisiones de los jueces (y algunos fiscales) responden a criterios objetivos de convicción. Nooooo, por favor señores jueces, esperen yo termino- Es decir, que la diferencia en la decisión ocurre, por la carga subjetiva de las prosaicas exigencias de la cotidiana existencia, debido a que por ejemplo el señor Juez (a) tiene hijos menores de edad, que lo contaminan en su criterio objetivo para condenar al presunto pedófilo; igualmente nos preguntamos cómo fallara el juez un hurto calificado por la violencia sobre la persona, si en el pasado fue víctima del hurto de su automóvil o del dinero que había sacado del cajero y fue fletiado (sic) por un delincuente dejándolo herido; o un caso de violencia intrafamiliar cuando la señora Juez padece ese flagelo cerca de su familia. Un gran esfuerzo debe realizar el operador penal, o para apartarse de la decisión o para argumentar con valentía que será imparcial en aquellos casos.
No obstante, y dejando atrás la posibilidad teórica del juez computador, existe otro problema de tipo jurídico que cuestiona la objetividad o subjetividad en una decisión, en este caso, jurisdiccional. Ello se extracta de las conversaciones y lecturas de sentencias de diferentes jueces horizontales dentro de un mismo distrito judicial, o en diferentes distritos, puesto que se preguntan entre los litigantes y fiscales antes de entrar a una audiencia, quien es el juez? es hombre o es mujer? es lento o rápido? es carcelero o no? y lo peor, si es garantista o no lo es. Cómo falla el Juez de Peque, el de Medellín, el de Soacha; el de Cali?
Porque nos debemos hacer estas preguntas, y la respuesta será existe un solo código (procesal penal) y 5 mil jueces.
Ya nos estamos adentrando en el meollo de este ensayo, y es aquí en donde encontramos que el PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL es la única y legitima solución a esta problemática jurídico-existencial.
Desde la universidad, recuerdo- el profesor nos decía que la casación (y su jurisprudencia) tenía la función unificadora de la jurisprudencia, desde que me conozco en derecho, siempre he respetado el precedente aunque que me duelo en veces de algunas decisiones, pero con la intima convicción que debo acatarlas, con la misma complacencia de cuando me benefician (o benefician los intereses de mis prohijados) o exigir con respeto y vehemencia que el operador penal se pronuncie argumentando con suficiencia cuando se pretenda apartar de la línea jurisprudencial que se invoca.
Obedecer y acatar el precedente es la regla general, y se encuentran excepciones tales como, La acción de tutela en decisiones por via de hecho, la debida argumentación para apartarse del precedente y el vacio en la jurisprudencia sobre el caso en particular.
Finalmente, para afirmar lo anterior, recordemos lo resuelto por la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia penal expediente 30571. Feb-09-09 M.P. Julio Enrrique Socha Salamanca. C.S.J.
1. El precedente jurisprudencial y su observancia en la resolución de casos análogos.
En el sistema jurídico colombiano orientado bajo la constitución de 1886, la jurisprudencia solamente tenía trascendencia instrumental, por lo que las decisiones de la Corte Suprema servían como criterio orientador de los operadores judiciales que con ellas amparaban argumentalmente sus decisiones, esto a pesar de que el artículo 4º de la Ley 153 de 1887 dispone que los principios del derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la constitución en los casos dudosos y que la doctrina constitucional es al mismo tiempo norma para interpretar las leyes.
Así, el artículo 4 de la Ley 169 de 1889, dispone que “tres decisiones uniformes de la Corte Suprema, como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, hacen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarlas en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe su doctrina en caso de que la juzgue errónea”.
Lo anterior bajo el entendido que las decisiones de la Corte Suprema en cuanto interpretaban las garantías constitucionales, establecían verdaderas reglas de la actividad judicial y aclaraban las dudas y confusiones de los textos legales, no obstante no generaban fuerza vinculante para el operador jurídico.
A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, el anterior panorama, a pesar de que se continúa con la tradición latino germánica de preeminencia de la ley, la doctrina constitucional y la jurisprudencia de las Altas Cortes, bajo la figura de precedente jurisprudencial, adquieren un papel preponderante en la aplicación de la ley, en este sentido su artículo 230 dispone:

Los jueces en su providencias están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”



Sin embargo, esta norma ha generado controversia acerca de si debe tenerse la jurisprudencia de los Altos Tribunales como un criterio auxiliar en la interpretación de la Constitución y la aplicación de la ley o si constituye un precedente que vincula horizontal y verticalmente a todos los operadores judiciales.
En tal sentido, la Corte Constitucional en su condición de intérprete de la Constitución, acogió la tesis de que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial, pero que la doctrina constitucional como precedente es vinculante, tema en torno del cual, en la sentencia C-131 de 1993, al cuestionarse acerca del carácter obligatorio de sus fallos, preciso:

Para responder a esta pregunta es necesario establecer si cuando una autoridad "reproduce el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo" -art. 243 CP-, viola un criterio obligatorio -art. 230 inciso 1° CP- o un criterio auxiliar -art. 230 inciso 2°-

En otras palabras, ¿la sentencia de la Corte Constitucional es para un juez fuente obligatoria o es fuente auxiliar?

Para esta Corporación es muy claro que la respuesta a tal pregunta no es otra que la de considerar que tal sentencia es fuente obligatoria. Así lo dispone el artículo 243 superior precitado e incluso el inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que dice:

Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares (negrillas fuera de texto).

Este texto es idéntico al artículo 243 de la Carta, salvo la parte en negrilla, que es una adición novedosa del Decreto 2067.

Es de anotar que tal norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, cuando afirmó:

El inciso primero se limita a copiar parcialmente el inciso primero del artículo 243 de la Carta, para concluir, refiriéndose a las sentencias que profiera la Corte Constitucional, que "son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares". Declaración que, en rigor no quita ni pone rey, por ser redundante. Pues el hacer tránsito a cosa juzgada, o el tener "el valor de la cosa juzgada constitucional", no es en rigor un efecto de la sentencia: no, más bien es una cualidad propia de ella, en general.1

Piénsese que aún en los casos en que la Corte declara exequible una norma acusada por vicios de forma en su creación, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada, pues en lo sucesivo será imposible pedir la declaración de inexequibilidad por tales vicios.

Y la sentencia en firme, sobra decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además, las que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad, tienen efecto erga omnes, por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad.

El inciso primero del artículo 21 no presenta, en consecuencia, disparidad o contrariedad en relación con norma alguna de la Constitución (negrillas no originales).2

Y en la sentencia C-083 de 1995, al abordar el tema de los criterios auxiliares de la actividad judicial, señaló:

b. La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen3 al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.) [Subrayas ajenas al texto]

Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces”.

“[…]

Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterio auxiliar obligatorio" "la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.” [Subrayas fuera de texto]

El mismo Tribunal Constitucional ha fijado que el precedente doctrinal es de obligatoria observancia tanto horizontal como verticalmente y debe ser tenido en cuenta en el futuro para la resolución de casos semejantes, dado que garantiza la consistencia de las decisiones judiciales, la seguridad y coherencia del sistema jurídico, la efectividad del principio de igualdad y controla la actividad judicial ya que el respecto por el precedente impone un mínimo racionalidad4, cuando se trata resolver asuntos similares.
De esta forma, hasta antes de la sentencia C-836 de 2001 del Tribunal Constitucional, se consideraba que el artículo 230 de la Carta Política hacía referencia a la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho, pero cuando la misma no tiene por finalidad interpretar y fijar el alcance de las disposiciones constitucionales es vinculante.
Pero a partir de la referida sentencia en la cual ese Tribunal se pronunció acerca de la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 169 de 1889, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también tiene el carácter de precedente jurisprudencial obligatorio”.
“No obstante, advierte la Sala que tal connotación se la había atribuido el legislador, al establecer en el numeral 6º, de los artículos 232 del Decreto 2700 de 1991 y 220 de la Ley 600 de 2000, como causal de revisión: “Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”.

Con estas trascripciones invitamos a todas las personas, legas o doctas en el derecho, para que lo enriquezcan con ideas y criticas.

Cordialmente

Franclin D. Trujillo L.

Abogado.

1Sentencia N° C-113/93 precitada.

2Sentencia N° C-113/93 precitada.

3 Op. cit.

4 Sentencia SU-047 de 1999

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