Interponen recurso de revocatoria de la resolucióN 304/2007 y jerárquico en subsidio – solicitan vista reserva de ampliar fundamentos – reserva del caso federal – reserva del caso supranacional






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INTERPONEN RECURSO DE REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN 304/2007 Y JERÁRQUICO EN SUBSIDIO – SOLICITAN VISTA - RESERVA DE AMPLIAR FUNDAMENTOS – RESERVA DEL CASO FEDERAL – RESERVA DEL CASO SUPRANACIONAL .-


 

 

Sr. Ministro de Salud

de la Provincia de Buenos Aires,

Lic. Claudio Mate

S. / D.

 

C/C Al Sr. Gobernador Don Felipe Solá.

 

Ref.: Expte. 2900-41643/06


 

I.- PERSONERÍA:

 

CHINDA BRANDOLINO, Médica, Matrícula Provincial 16.789, D.N.I. 11.403.406, domiciliada en 56 N° 1777 de La Plata; y OSCAR BOTTA, Médico Pediatra, Matrícula Provincial 53.269, D.N.I. 8.589.303, domiciliado en Florencio Varela 1038 de Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, en carácter de Presidenta y Director Ejecutivo, respectivamente, del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS PARA LA DEFENSA DE LA VIDA, con Sede en calle 13 N° 1227 entre 57 y 58 (U.C.A.L.P.), invocando la personería que acreditamos con la documentación que en anexo I se adjunta, constituyendo domicilio en calle 8 N° 835, piso 8°, oficina 817, de esta Ciudad de La Plata, al Señor Ministro nos presentamos y respetuosamente decimos:

 

II.- OBJETO:

 

Que en el carácter invocado, y en los términos de los artículos 86, 89, 95 y concordantes del Decr. ley 7647/70, venimos a interponer formal recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Resolución 304/2007 de ese Ministerio, no publicada, dictada el día 19 de enero de 2007.-

 Asimismo, en los términos del art. 1º de la Ley 12.475, solicitamos vista de las actuaciones de la referencia a fin de ampliar los fundamentos de esta presentación.-

 A todo evento y para el caso de que el Señor Ministro considerara improcedente la vía recursiva aquí intentada, solicitamos que haciendo aplicación del principio basal del informalismo a favor del administrado se lo califique como denuncia de ilegalidad en los términos del art. 81 del mismo Decreto Ley 7647/70, o, en última instancia, como pedido de revisión “por graves irregularidades” del art. 118 del mismo ordenamiento.-

 

 III.- LEGITIMACIÓN:

 

Resulta propiamente aplicable al caso el art. 10 de la Ley 7647 (interpretado armónicamente según lo dispuesto en el art. 13 de la ley 12.008), aplicable para el procedimiento administrativo del presente recurso, en tanto afirma que “La actuación administrativa puede iniciarse...a petición de cualquier persona o entidad..., que tenga derecho o interés legítimo”.-

 

Como dice Carlos Alfredo Botassi, “...la legitimación aparece certeramente vinculada a la pretensión: Cuando se requiera la anulación total o parcial de un acto administrativo bastará invocar que la decisión estatal afecta un derecho o un interés que el ordenamiento jurídico protege”, así como que “Se presentan, incluso, situaciones en las cuales el sentido otorgado a un determinado tipo de relación jurídica varía en función de la materia sustantiva a la que se adscribe” (Botassi, Carlos Alfredo, “La legitimación activa y pasiva en el nuevo contencioso administrativo”, en obra en colaboración de varios autores, dirigida por Juan C. Cassagne y Agustín A. Gordillo, “El NUEVO PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PCIA. DE Bs. As.” ( Librera Editora Platense, Buenos Aires, Octubre de 2000, págs. 227/229).-

 

En el caso concreto, se impugna una Resolución de alcance general con potenciales efectos perjudiciales sobre un universo indeterminado de personas por nacer, cuya protección es uno de los fines estatutarios del Instituto que representamos, a la vez que como médicos de la matrícula provincial nos vemos afectados directamente (en forma actual o potencial) por las disposiciones de la Resolución que impugnamos.-

 

Por lo dicho y ateniéndose al criterio “in dubio pro actione”, sea que se considere la relación sustancial como derecho o interés legítimo, nos encontramos legitimados procesal y sustancialmente en cualquiera de los caracteres invocados para interponer el presente recurso.-

 

 

IV.- TEMPORANEIDAD DEL RECURSO:

 

 El recurso resulta temporáneo, toda vez que el día 8 de junio de 2007 hemos tomado conocimiento de la mentada Resolución a través del informativo NOTIVIDA (INTERNET), que da cuenta del dictado por el Señor Ministro de la Resolución de marras en el ámbito del expediente de la referencia, de cuyo articulado surge que no se encuentra publicada, y aún no han transcurrido los 30 días hábiles previstos en el art. 95 del Decreto Ley 7647/70.-

 

Adicionalmente, la ley establece un plazo de diez días respecto del recurso de revocatoria, de acuerdo con el decreto-ley 7.647/70, con la modificación introducida por la ley 13.262. En este caso se trata de un protocolo que regla los abortos, modifica interpretativamente el Código Penal y establece una

discriminación escandalosa entre los profesionales por medio de un registro obligatorio de objetores de conciencia, resuelto por medio de un reglamento no publicado, habiendo tomando noticia de él por un medio independiente, en la fecha antes señalada, de modo que, aún aplicando el criterio más restrictivo, aún no ha vencido el plazo para impugnarlo.-

 

V.- FUNDAMENTOS:

 

V.1. LA RESOLUCIÓN 304/2007

 

Por la Resolución impugnada se dispone “Aprobar el “PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS” y sus PROTOCOLOS DE DETECCIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO, DE ABORTO NO PUNIBLE Y DE ACCIÓN ANTE VICTIMAS DE VIOLACIÓN”. El referido Programa y Protocolos, luego de una breve y vaga alusión a la evolución histórica del tratamiento de la “violencia contra la mujer” en diversos foros internacionales, define como objetivos:

 

“Desarrollar acciones de prevención con el fin de sensibilizar a la población en general en el tema de violencia familiar y sexual y concientizar a las mujeres y niños en la defensa de sus derechos.”

“Desarrollar acciones de atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual.”

“Proponer el abordaje intersectorial de la problemática, convocando a otras instancias de la gestión pública, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales”.

 

Entre las líneas de intervención del Programa se menciona:

 

“3.3. Atención a las víctimas de violencia de género, familiar y sexual”, en el que se especifica que “las actividades de los profesionales serán efectuadas en base a protocolos”.

 

Estos protocolos, previstos en la Resolución son los siguientes:

 

V.1.1. “Protocolo de detección y asistencia a mujeres víctimas de maltrato

 

Se destaca, en lo que aquí interesa, que dentro de este protocolo se prevé, en caso de agresiones sexuales, la derivación a Servicio de Ginecología de Urgencias.-

 

V.1.2. “Protocolo de acción ante víctimas de violación

 

El protocolo define el procedimiento a seguir “ante una mujer que ha sufrido una violacióny acude a un servicio de salud y declara que sus disposiciones completas son aplicables en las consultas que se realizan en forma inmediata. A continuación reseñamos las que pueden conectarse con el protocolo siguiente, por ser las relevantes a esta exposición e impugnación.-

 

Entre ellas se establece cómo debe ser la actitud de los profesionales: “atenta, creer en su relato, aceptar las decisiones y dudas así como respetar sus silencios y reservas”.-

 

Crea, por otro lado, un “Flujograma de atención”, estableciendo que las mujeres que sufrieron violaciones “pueden acceder al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires a través de sus efectores” y que dicho acceso “podrá ser por los consultorios externos de los diferentes servicios en los horarios habituales de atención (Ginecología, Salud Mental, Clínica, Traumatología, etc.) o a través de las Unidades de Guardia, durante las 24 horas”.

Ese flujograma establece que si la presunta víctima “entra por el servicio de guardia será inmediatamente derivada al tocoginecólogo/a de guardia” quien “será el encargado de la aplicación del protocolo con la complementación de laboratorio e infectología y acompañamiento psicológico”.

En los casos en que la víctima ingrese por consultorio externo de servicio de ginecología y obstetricia “será un equipo, en lo posible interdisciplinario- médica/o, psicóloga/o, asistente social, enfermera/o- quien aplique el protocolo con la complementación de laboratorio e infectología”.

Si entra por cualquier otro consultorio externo “será derivada al servicio de ginecología y obstetricia, cuyo equipo interdisciplinario tendrá a su cargo la atención con la complementación de laboratorio e infectología”.

Dispone, asimismo, que En los casos en que la persona no hiciera la denuncia, se le informe que la atención médica que va a recibir no está relacionada con la conservación de las pruebas”.

Requiere también que a la víctima se le informe “de los procedimientos médicos que serán aplicados, y se le solicite el consentimiento informado expreso en todos los casos”, el que será prestado por el padre, la madre, el tutor o en caso de mujer incapaz, el curador debidamente acreditado o su representante legal.

En cuanto a la detección y prevención de embarazo prevé que una de las muestras de sangre que manda tomar, “se destinará a dosar Subunidad beta de HCG, a fin de conocer si la mujer estaba o no embarazada antes del ataque sexual”.

Como tratamiento de prevención del embarazo: prescribe la aplicación de “Norgestrel – Etinilestradiol 1 comprimido y repetir a las 12 – 24 y 48 horas. Si no tienen este medicamento puede usarse Levonorgestrel, 1 comprimido cada 24 hs. (2 tomas). O si no, estrógenos conjugados 1, 25 mg., 2 comprimidos cada 6 horas durante 48 horas”.-

 

Luego de sintetizar las disposiciones del Código Penal en materia de “Delitos contra la integridad sexual de las personas”, se refiere a generalidades vinculadas a la denuncia de dichos delitos. Al respecto afirma que “por tratarse de delitos de instancia privada, cuando la víctima es mayor de 18 años, solamente ella puede denunciar”, y que en los casos de “niñas/os y adolescentes menores de 18 años podrán denunciar en primer lugar los adultos responsables (padres, tutores, guardadores). En caso de que exista indicios o sospechas de que la niña/o haya sido abusada/o por personas encargadas de su cuidado los profesionales de salud están obligados a denunciar para asegurar su integridad”. También afirma que Cuando la víctima es adulta pero no tiene capacidad de discernimiento se debe actuar como en los casos de menores”.

En cuanto a los tiempos de la denuncia afirma que “La ley no dice que la denuncia debe ser realizada en forma inmediata...Sin embargo, cuanto menos se demore en realizarla más credibilidad tendrá la denunciante. El problema está en que esa urgencia se contradice con el tiempo necesario -diferente en cada mujer- para reflexionar y decidir qué hacer. Muchas mujeres necesitan compartir con familiares, amigas/os o profesionales lo sucedido antes de tomar decisiones. Este proceso demanda tiempo. Por otra parte, la urgencia tiene que ver con la conveniencia de ser revisada de inmediato por el médico forense (o legista), para que éste pueda encontrar las llamadas “pruebas del delito”.-

 

V.1.3. “Protocolo de aborto no punible

 

Este protocolo, al que parecen estar orientados los anteriores, sostiene que se fundamenta “en la necesidad de contar con pautas que permitan aplicar el aborto en los supuestos contemplados como no punibles en los términos del Artículo Nº 86, Inciso 1 y 2 del Código Penal”. A su vez establece que “En ningún caso de interrupción voluntaria del embarazo realizada en concordancia con lo dispuesto en el presente protocolo se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia u oportunidad o sobre los métodos a emplear. Cualquier decisión que adopte el/la profesional de la salud deberá basarse exclusivamente en consideraciones fundadas en la situación de salud integral de la mujer embarazada desde la perspectiva de la salud”.
A partir de esas premisas desarrolla los “Principios Generales Aplicables a los Efectores del Sistema de Salud”:
Sostiene que “la interrupción del embarazo en los casos mencionados en los Incisos 1 y 2 del Artículo 86 del Código Penal no requieren autorización judicial”.

Que “Todo personal de los efectores de salud afectados a temáticas de salud sexual y reproductiva debe conocer las instancias para la atención y contención y/o eventual derivación a hospital de referencia para la solicitud (o práctica) de aborto no punibles”. Ordenando se actúe con celeridad “para que haya la menor dilación posible en la evaluación del caso y si lo amerita la interrupción de la gestación”.

Pone en cabeza del hospital el arbitrar “...los medios necesarios a fin de dar una respuesta a la paciente que, por sí o por medio de sus representantes y/o curador solicite el aborto en los términos del Artículo Nº 86, Inciso 1 y 2 del Código Penal, a fin de agilizar la resolución expeditiva del caso”, siendo responsabilidad a cargo del Director del Hospital “siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en el presente” quien deberá disponer de los recursos y reemplazos “...para el cumplimiento del procedimiento previo, en caso de corresponder, sin dilaciones” debiendo integrar equipos interdisciplinarios para la evaluación y contención de cada caso que se presente en todos los hospitales que tengan servicios de toco ginecología deberán integrar equipos.

Como reglas de procedimiento, establece que:

a) “En los supuestos de peligro para la vida y la salud integral de la mujer embarazada”:

-El peligro para la vida o para la salud de una mujer embarazada, causado y/o agravado por el embarazo, “debe ser fehacientemente diagnosticado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, o por el profesional que corresponda según el caso” que deberá expedirse en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

-El/La Director/a del Hospital deberá confirmar el diagnóstico y la interrupción de la gestación. Asimismo deberá disponer los recursos necesarios para la realización del procedimiento.

-A efectos de la evaluación del peligro para la salud, sostiene que a los fines de ese diagnóstico debe considerarse a la salud como “un completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades” (OMS Doc. Básico 42, Ed. 1999, pag.1). Por lo que, sostiene “deben considerarse situaciones tales como síndrome de estrés post-traumático, depresión profunda, intentos de suicidio y ser víctima de violencia, entre otros”.

-“Deberá requerirse el consentimiento informado de la mujer embarazada, explicándole en términos claros y de acuerdo a su capacidad de comprensión el diagnóstico y pronóstico del cuadro y la posibilidad de interrumpir el embarazo”.

-Asimismo prevé que se deje constancia en la historia clínica de la solicitud de interrupción del embarazo, de la información brindada, la constancia de la paciente embarazada de haber comprendido dicha información, del consentimiento a efectuar la interrupción del embarazo suscripto por la paciente y/o representante de la paciente según sea el caso y los profesionales responsables, la fecha y firma del médico.

-“Con el consentimiento informado, la interrupción de la gestación deberá efectuarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles, desde la elevación de lo Informado por el equipo interdisciplinario”.

Finalmente, estipula que en aquellos supuestos “en que la mujer embarazada solicitara interrupción del embarazo aduciendo peligro para su salud y el equipo interdisciplinario evaluare que no se configura dicha situación, deberá registrarlo en la historia clínica, rubricada por los/as profesionales tratantes e informándole a la paciente en los términos del punto precedente. Del mismo modo se informará por escrito a la paciente en los términos del punto precedente”.

b) “La atención de aborto no punible en el supuesto de mujer embarazada incapaz”:

-Se requerirá el consentimiento informado prestado por el/la representante legal debiendo ser acreditado dicho carácter mediante documentación correspondiente con firma debidamente certificada.

-Deberá acreditarse la declaración de insana, con firma debidamente certificada o dictamen médico de equipo interdisciplinario de salud mental, de conformidad con lo establecido en el presente.

-Denuncia judicial o policial de la existencia de la violación.

 

Se prevé que en caso de “negativa injustificada” del/la representante legal a consentir el acto médico, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Civil; es decir, por oposición de intereses de los incapaces y de sus representantes, éstos serán sustituidos por curadores especiales para el caso ( ad litem).-

 

Por último, dedica todo un capítulo destinado a la conformación del “Equipo Interdisciplinario”, su integración, funciones, y creación de un “Registro especial de Objetores de Conciencia”.

Al respecto, el protocolo estipula que en cada Hospital deberá conformarse un equipo interdisciplinario ad-hoc el que deberá estar integrado por un mínimo de cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes (un/a Toco ginecólogo/a; Psicólogo/a; un Médico/a Psiquiatra y un/a Trabajador/a Social) quienes deberán ser designados por el Director/ra, por acto administrativo interno.

Se destaca la disposición que establece que “No podrán ser designados como miembros integrantes los profesionales objetores de conciencia”.

Entre las funciones de ese Equipo está la de evaluar al paciente derivado por el médico tratante con su diagnóstico y/o acreditación fehaciente de declaración de insania y producir un dictamen (en no más de cinco días hábiles) que indique si el caso de la paciente se encuadra en alguno de los tipos planteados en el Inciso 1 y 2 del Artículo 86 del Código Penal. Ese dictamen “tendrá carácter vinculante para el efector de salud” (con lo que obviamente ya no es dictamen). Ese “dictamen” vinculante se elevará al director del Hospital quién lo refrendará. “En caso de que no se logre un dictamen unánime deberá decidir el Director del Hospital”.

En el caso del paciente derivado con diagnóstico médico, el equipo interdisciplinario deberá emitir el dictamen que indique si corresponde o no efectuar el aborto.-

En el caso que resulte convalidado deberá expedirse indicando dentro de que tipología se halla comprendida la paciente. Cuando se tratare de diagnóstico de insania y surgieran dudas sobre el mismo, se requerirá la intervención de un equipo de un hospital público especializado en salud mental o del equipo de salud mental del mismo. (Se advierte la grave omisión de la Sentencia firme de Insania, materia de orden público).-

Finalmente, afirma que son condiciones para proceder al aborto la obtención del consentimiento por parte del paciente y/o su representante y/o curador y la convalidación del equipo interdisciplinario con el refrendo del dictamen por el Director/a del hospital.
 
V.1.4. Los objetores de conciencia.-

 

La última parte de la Resolución está dedicada a establecer lineamientos generales con relación a la posible oposición de los profesionales médicos a realizar la práctica abortiva o a convalidarla, la que es enmarcada dentro de la “objeción de conciencia”, definida como “problema de si se puede ó no permitir una exención de una ley general que pueda compeler una conducta en violación a la religión ó creencia”; equívocamente, queda acotada la objeción de conciencia a motivaciones no científicas.-

Inmediatamente la Resolución establece que cualquier abordaje posible a ese problema “debe evitar privilegiar solo a alguno de los intereses en juego; se imponen la prudencia, la participación y el respeto de todos los afectados”, debiendo intentarse respuestas que no signifiquen el desbaratamiento ò aniquilación de ninguno de los derechos fundamentales.-

Para ello establece que “El objetor debe suscribir una declaración en donde manifieste que ejercerá la objeción tanto en ámbitos asistenciales públicos, como privados” y que la invocación de la objeción a determinado deber profesional debe realizarse con suficiente antelación para permitir disponer el reemplazo del objetor, de modo tal que se garantice el acceso efectivo y oportuno a las prestaciones requeridas vinculadas al goce efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva.-

La Resolución establece que el planteo de la objeción deberá ser analizado, pudiendo ser considerada improcedente. En efecto, sostiene, que “para valorar la procedencia de la objeción, además debe tenerse presente que el incumplimiento del deber no debe resentir el bien común ó afectar a terceras partes”.

Para ello propone crear registros públicos de objetores de conciencia en el que los agentes sanitarios puedan dejar asentado si objetan determinadas prácticas ó acciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva de tal modo de permitir que se los releve del cumplimiento de los deberes previamente objetados, y se organice el servicio garantizando la asistencia de personal no objetor a fin de no afectar el derecho de las personas que requieran la aplicación de prácticas o métodos objetados, sea que se trate de prácticas programadas, a demanda o de urgencia. Hace especial hincapié en que la atención de víctimas de delitos contra la integridad sexual y corporal, requiere un actuar rápido y diligente a fin de minimizar las consecuencias dañosas del hecho ilícito, “como puede acontecer con la hipótesis de embarazos no deseados productos de violaciones”.

La resolución concluye afirmando que “La posibilidad de contar con un registro institucional de objetores de conciencia, previene cualquier hipótesis en la que un servicio en pleno se transforme en objetor, desbaratando el goce y ejercicio efectivo al derecho a prestaciones oportunas y eficaces en salud sexual y reproductiva”.

 

V.2. LEGISLACIÓN APLICABLE

 

V.2.1 Enunciación

 

La legislación aplicable en la materia y que se ve vulnerada por la Resolución impugnada, puede sintetizarse de la siguiente manera: Los arts. 16, 19, 33, 75 inc. 19, 22 y su extenso contenido de pactos internacionales con jerarquía constitucional -art. 75 incs. 22 y 23- de la Carta Magna. Entre esos últimos, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos; el artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; igualmente los artículos 12 y 36 de la Constitución Provincial, así como los los arts. 63, 64, 70 y ccdtes. del Código Civil y el artículo 6 de la ley 26.061.

 

V.2.2. En particular:

 

a)      Constitución Nacional y Tratados Internacionales

 

a.1. Constitución Nacional

Art. 16 - Igualdad ante la ley

La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. 

Art. 19 - Principio de Reserva legal

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Art. 33 - Derechos Implícitos

Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

Art. 75 - incisos 19, 22 y 23 – Tratados Internacionales

Corresponde al Congreso:

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

a.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’

Artículo 4 . Derecho a la vida

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

 

Articulo 8.- Garantías Judiciales.  

Inc. 1 Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter”.

 

Articulo 28.- Cláusula Federal.

Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial”.

Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.

 
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