1. Competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer del asunto






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República de Colombia Definición de competencia No. 34955

SEGUNDO MENELIO QUIÑONEZ RINCÓN



Corte Suprema de Justicia



Proceso n.º 34955

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente


JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado Acta 334

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010)

VISTOS:

Define la Corte la competencia para resolver la solicitud de preclusión de investigación elevada por la Fiscalía 23 Seccional de Ipiales a favor de SEGUNDO MENELIO QUIÑONEZ RINCÓN por el delito de rebelión, y que remite un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto.

ANTECEDENTES:

El pasado 1º de abril de 2010, se presentó voluntariamente ante las Unidades de la Brigada Móvil No. 19 del Ejército Nacional acantonadas en el Municipio de Barbacoas (Nariño), SEGUNDO MENELIO QUIÑONEZ RINCÓN informando su deseo de reincorporarse a la vida civil y acogerse a los beneficios consagrados para el programa de desmovilización, en cuanto fue miliciano activo de la “Cuadrilla Comuneros del Sur Compañía Héroes de los Andes” del ELN por lapso de un año y medio.
La Fiscalía 23 Seccional de Ipiales, con fundamento en las manifestaciones de acogimiento mencionadas y la certificación No. 0987-2010 de fecha 29 de junio de 2010 del Comité Operativo para la Dejación de las Armas -CODA- que corroboró la pertenencia de QUIÑONEZ RINCÓN al grupo subversivo ELN, su desmovilización y la decisión de abandonar la insurgencia, solicitó el 19 de julio de 2010, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, preclusión de la investigación respecto del delito de rebelión, por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, dado el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación y otorgamiento de beneficios jurídicos y socio-económicos consagrados en la ley 418 de 1997.
El Tribunal Superior de Pasto, mediante decisión del seis (6) de septiembre del año en curso, se declaró incompetente, bajo el argumento según el cual es una decisión que debe ser ventilada en sede de la Dirección de Fiscalías o ante los Tribunales de Justicia y Paz según el estado del proceso, en tanto se trata de una actuación sui generis, con legislación propia, y creado dentro del marco de una justicia transicional, sin que sea posible que tales asuntos sean zanjados por la justicia ordinaria, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en radicado 25831.

Con base en el numeral 4º del artículo 32 del código de Procedimiento Penal, remitió la actuación a esta Corporación.

CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer del asunto.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 32, numeral 4º, y 54 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para conocer de la definición de competencia propuesta por el Tribunal Superior de Ipiales, para resolver la solicitud de preclusión a favor de SEGUNDO MELENIO QUIÑONEZ RINCÓN por la conducta punible de rebelión.
Se precisa que si bien es cierto de conformidad con el artículo 54 ibídem, la figura de la “definición de competencia” propende por la asignación del juez de conocimiento competente para conocer de la fase procesal de juzgamiento y tiene lugar cuando el juez ante el cual se presentó la acusación, manifiesta su incompetencia, esa determinación debe entenderse que abarca la fijación del juez que ha de conocer de la preclusión de la investigación de que tratan los artículos 331 y siguientes, por integración normativa dentro del contexto sistemático de la Ley 906 de 20041, pues esta posibilidad de finalizar el proceso compete en exclusiva al juez de conocimiento.
2. La Corte ha explicado con anterioridad2 sus atribuciones para definir la competencia de las autoridades judiciales así:
1.- Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.
2.- Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un Tribunal.
3.- Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial3.
Como el Tribunal del Distrito Judicial de Ipiales considera que el competente para conocer de la solicitud es la fiscalía o el Tribunal de Justicia y Paz, le corresponde a la Corte como superior funcional definir el asunto.

2. Del caso concreto.

Con el propósito de establecer a quien corresponde el conocimiento de la preclusión del desmovilizado del ELN, QUIÑONEZ RINCÓN que por el delito de REBELIÓN envía un Magistrado del Tribunal de Pasto, se hace necesario inicialmente hacer el siguiente recuento:
El Estado colombiano, con el objetivo de alcanzar la desmovilización de los grupos armados ilegales, la búsqueda de la convivencia y consolidación de un proceso de paz, ha diseñado diversos mecanismos y proferido distintas normas, entre las que se destacan:
1. Ley 418 de 1997 (diciembre 26), prorrogada y modificada sucesivamente con la ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, la Ley 128 de 2003 (entre otras), consagra beneficios de amnistía, indulto, cesación de procedimiento, resolución de preclusión de la instrucción y resolución inhibitoria para conductas constitutivas de delito político, salvo actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión veamos:
El artículo 50 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 19 de la ley 782 de 2002 dice:
El gobierno nacional podrá conceder en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político, cuando a su juicio el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.
También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil.
No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión.”(Negrilla de la Sala).
El Artículo 60 de la ley 418 de 1997 modificado por el artículo 24 de la Ley 782 de 2002 estipula:
Se podrán conceder también, según proceda, de acuerdo al estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este título y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada…”

1.1 Sobre el delito político, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en forma reiterada ha consignado que este tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden.
A nivel de la jurisprudencia constitucional, se encuentra, la definición de delito político entre otras similares, la contenida en la sentencia C-009 de 1995, donde se dijo:
"El delito político es aquél que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención”.

1.2 Por ampliar el espectro de la ley 782 de 2002, se hace preciso mencionar en este acápite, el artículo 69 de la ley 975 de 2005 así:
Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional podrán ser beneficiarias del resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias, instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. “

El inciso final del artículo 2º de la ley 975 de 2005 también estableció;
La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.”
1.3 En síntesis, los beneficios jurídicos previstos en la Ley 418 de 1997 (modificada con leyes posteriores, entre ellas la 782 de 2002) como son el indulto, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, se otorgan a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan cometido cualquier de las conductas comprendidas dentro de los delitos políticos (salvo conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad, o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión), al igual que las definidas como concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias, instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
2. Vino posteriormente la Ley 975 de 2005, denominada comúnmente “de Justicia y Paz”, cuya finalidad es la de facilitar los procesos de reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, la cual no prevé beneficios como el indulto, la resolución inhibitoria, la preclusión o la cesación de procedimiento; sino una pena alternativa, muy inferior a la que correspondería a los delitos si se juzgaran por fuera del proceso de paz con la legislación ordinaria, por conductas punibles cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley (guerrilla, autodefensa o parte significativa e integral de los mismos), diferentes a los mencionados en el acápite anterior.
El artículo 10 de la Ley 975 de 2005 establece:
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA DESMOVILIZACIÓN COLECTIVA. Podrán Acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan se imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de La Nación y reúnan, además las siguientes condiciones: (negrilla de la Sala).……”

2.1 Frente a la Ley 975 de 2005 la jurisprudencia ha sostenido que los delitos cometidos por los paramilitares no pueden ser considerados como políticos, por cuanto la naturaleza de esta organización armada al margen de la ley no es atentar contra el régimen constitucional y legal vigente:
Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político.
Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera."4
De la Competencia
En lo atinente a la competencia para el conocimiento de la concesión de los beneficios jurídicos contemplados en la ley 418 de 1997 modificada por la 782 de 2002 la Corte ha concluido que:

La competencia para decidir sobre su concesión, radica en las Fiscalías delegadas según su especialidad, o en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, mediante un trámite de simple constatación que amerita que la decisión se tome de plano (artículo 24 ley 782 de 2002), constatación que se efectuará después de agotar el trámite administrativo en el Ministerio del Interior y de Justicia.
Por disposición del artículo 24 de la Ley 782 de 2002 (que modificó el artículo 60 de la Ley 418 de 1997), en tales eventos son imprescindibles varias exigencias: i) la confesión del implicado; ii) el trámite de la solicitud ante el Ministerio del Interior y Justicia; iii) que este Ministerio remita el resultado favorable de la solicitud a la Dirección Nacional de Fiscalías o al Tribunal Superior correspondiente; y iv) sólo al final de ese recorrido, el Fiscal delegado a quien se le asigne o el Tribunal Superior adoptarán la decisión “de plano”.5
Sobre el mismo punto, referente a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que no son beneficiados por los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002 y que optan por acogerse a los contemplados por la Ley 975 de 2005, corresponde su decisión a los Tribunales de Justicia y Paz, según el artículo 10 de ésta normatividad, atendiendo su aplicación eminentemente residual, según lo ha reiterado la Sala:

Cuando los implicados, por la naturaleza del delito cometido, no puedan acceder a los beneficios previstos en la Ley 782 de 2002 (indulto, resolución inhibitoria, preclusión o cesación de procedimiento), pueden considerar la posibilidad de acogerse a la Ley 975 de 2005 “de justicia y paz”, caso en el cual deben satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 10° y siguientes de esta Ley.
Cuando los implicados sólo puedan acceder a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, la competencia recae exclusivamente la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz6”.
En conclusión: cuando se trate de la aplicación de beneficios contemplados por las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, con sus respectivas modificaciones, se tendrá en cuenta que la naturaleza del delito no los excluya y que los aspirantes no hayan sido postulados a la Ley de Justicia y Paz, radicándose la competencia en los fiscales que de manera especial designe la Dirección de Fiscalías ante la cual se adelante el trámite y la Sala Penal del Tribunal Superior respectivo.
De manera que, como en el presente caso se está ante una entrega voluntaria por parte de quien afirmó haber sido miliciano activo de la “Cuadrilla Comuneros del Sur, Compañía Héroes de los Andes” del ELN, se encuentra certificado por el CODA y se le sigue proceso por el punible de rebelión, requisitos estos que lo ubican dentro del marco de aplicación de los beneficios jurídicos previstos en la Ley 418 de 1997, por tanto, de conformidad con el artículo 60 ibídem, modificado por el artículo 24 de la Ley 782 de 2002, es al Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior que designe la Dirección de Fiscalías de Pasto a quien le corresponde proponer este tipo de solicitudes y no al Fiscal Seccional por propia iniciativa, pues en relación con la posibilidad de reincorporación de los miembros de grupos armados a la vida civil existe una competencia privativa especial definida en las Ley 418 de 1997 modificada por la ley 782 de 2002, y en la Ley 975 de 2005.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:




1.- REMITIR la actuación por competencia ante la Dirección de Fiscalías de Pasto con el fin de que el fiscal que designe determine la viabilidad de la preclusión a favor de SEGUNDO MENELIO QUIÑONEZ RINCÓN.
2.- Comunicar esta decisión al Tribunal del Distrito Judicial de Pasto, al Fiscal Seccional de Ipiales y a SEGUNDO MENELIO QUIÑONEZ RINCÓN.
Contra esta determinación no proceden recursos.

Comuníquese y cúmplase



MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Comisión de servicio


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Comisión de servicio

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

1 Puede consultarse el Auto del 30 de mayo de 2006, radicado 24.964

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de definición de competencia de 23 de enero de 2008, radicación 29035.

3 Auto del 10 de octubre de 2006, radicado 26201.

4 Cfr Auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29547.

5 Auto del 23 de mayo de 2007, radicado 27213,


6 Auto del 23 de mayo de 2007, radicado 27213,


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