Tribunal contencioso administrativo del huila






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títuloTribunal contencioso administrativo del huila
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

M.P. RAMIRO APONTE PINO
Neiva, primero de diciembre de dos mil nueve.

ACCIÓN: TUTELA

ACCIONANTE: HERNANDO NARVAEZ AMAYA

ACCIONADO: NACION – MINHACIENDA-BANCO

CENTRAL HIPOTECARIO EN

LIQUIDACION – I.S.S.-FIDUCIARIA

LA PREVISORA Y FIDUAGRARIA

PROVIDENCIA: SENTENCIA

RADICACIÓN: 41 001 23 31 000 2009-00381 00

ACTA: No. 126 de la fecha
Procede la Sala a emitir pronunciamiento de mérito en la acción Constitucional del rubro.

I.-ANTECEDENTES.
1.-La petición de amparo.
Asistido de apoderado judicial, HERNANDO NARVAEZ AMAYA promueve la acción constitucional de tutela contra la NACION – MINISTERIO DE HACIENDA – BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÓN – INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – FIDUCIARIA LA PREVISORA FIDUAGRARIA, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a “la dignidad humana”, “a la vida en condiciones dignas y justas”, “a la seguridad social integral”, “a gozar del derecho al pago oportuno y reajuste periódico de su pensión de jubilación”; que en su sentir, han sido vulnerados al no cancelarle el saldo insoluto de la mesada pensional que se le adeuda, la cual, asciende a la suma de $17.906.388,19.

En concreto, depreca que se ordene en forma inmediata la cancelación de la mentada suma de dinero.
2.- Fundamentación fáctico - legal.
Como sustento de la pretensión, aduce que tiene 82 años, es pensionado del Banco Central Hipotecario (hoy en liquidación), padece serios quebrantos de salud; entre ellos, una hernia inguinal y ha tenido someterse a cirugías de corazón abierto. Por lo tanto requiere un continuo tratamiento médico.
Accidentalmente se enteró de que a través de la Resolución 6162 del 29 de noviembre de 2007 (la cual no se le notificó personalmente), el Instituto de Seguros Sociales reconoció adeudarle la suma de $21.074.699; que corresponden a los valores que el Banco le canceló al Instituto de Seguros Sociales, para que a su vez, éste le pagara mensualmente a cada pensionado a partir del mes de enero de 2008 y hasta la fecha de vida probable. En caso de fallecimiento, a la persona sustituta.
Cómo el promedio de vida en Colombia es de 74 años, y en la medida en que dicho monto se lo han venido cancelando “a cuentagotas” ($ 36.000 mensuales), no le alcanzará el tiempo para recibirlo en su totalidad. Aunado al hecho de que no se encuentra en condiciones para esperar el resultado de una acción judicial ordinaria.
3.- La prueba.
Con la demanda anexó:
- Copia de la Cédula de Ciudadanía (f. 11).

- Copia simple de la Resolución No. 6162 del 29 de noviembre de 2007 (f. 12-22).

- Copia simple del Oficio G.L. 01801 del 16 de mayo de 2008, suscrito por la Delegada del Gerente Liquidador Para Asuntos Laborarles del BCH en Liquidación (f. 23-24).

- Copia simple del oficio del 27 de mayo de 208, suscrito por el Director de Negocios Fiduciarios y Liquidaciones (f.25).

- Copia simple del Comprobante de pago del Banco BBVA (f. 26).
- Copia simple de noticia sobre esperanza de vida en Colombia (f. 27)
4.- El trámite.
El proceso fue asignado a la Sala Cuarta de la Corporación el 18 de noviembre de 2009. En la misma fecha se admitió la petición de amparo, se decretaron algunas de las pruebas documentales solicitadas y se ordenó la notificación de los representantes legales de las entidades accionadas.
De igual manera, se solicitó un informe relacionado con los hechos objeto de la acción al Ministerio de Hacienda. Se requirió al Instituto de Seguros Sociales para que precisara a cuanto asciende el reajuste de la mesada pensional del accionante.
5.- La oposición.
El Banco Central Hipotecario (en liquidación) y el Instituto de los Seguros Sociales guardaron silencio, no obstante que vía fax se enteraron del trámite de la acción.
Por su parte, descorrieron el traslado de la petición de amparo las siguientes entidades:
a.- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La mandataria judicial refiere que su prohijado no tiene ninguna relación jurídica con el actor y que no tuvo ninguna injerencia en la “conmutación pensional” del Banco Central Hipotecario.
Luego de hacer varias precisiones técnicas relacionadas con ésta figura, concluye que la suma que se le reconoció al accionante no es un crédito que se pueda cobrar en un solo pago, sino un mero cálculo actuarial que se cancela mensualmente; porque “Con esa lógica cualquier pensionado podría solicitar que en un pago único se le de la totalidad de la suma de dinero que valdría toda la pensión calculada, la de él y de sus sustitutos, lo cual es claramente imposible habida consideración que la teleología de la mesada pensional atiende a que con la misma sufrague el pensionado los gastos
de subsistencia y se trata de un derecho que en términos de mesada se consolida mes a mes”.
Merced a lo anterior, estima que la acción es improcedente, y finalmente solicita la vinculación del Ministerio de la Protección Social – Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones, entidad encargada de la aprobación de la conmutación pensional (f.41 y ss.).
b. Fiduprevisora S.A.
La Vicepresidente de Administración se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que no tuvo ninguna participación en el proceso de liquidación del banco, y que en desarrollo del contrato de fiducia mercantil 3-1-0356 del 28 de diciembre de 2007, se limitó a cancelarle al accionante la suma de $3.168.310.81 (acatando las indicaciones del liquidador). De otro lado, resalta que quien expidió la conmutación pensional fue el Instituto de Seguros Sociales; por lo tanto, se atiene al contenido de la Resolución 6162 del 29 de noviembre de 2007.
Considera que la acción es improcedente, toda vez que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, amén de que el simple hecho de tener 82 años no es prueba de la existencia de un perjuicio irremediable. Máxime, si se tiene en cuenta que actualmente percibe la pensión de jubilación.
Con base en la ley comercial, aduce que existe expresa prohibición de que un fiduciario responda con recursos propios por las obligaciones a cargo de los fideicomisos que administra y/o de los fideicomitentes respectivos; concluyendo que el único llamado a satisfacer las pretensiones del señor Hernando Narvaez Amaya es el Banco Central Hipotecario (quien actúo como fideicomitente) o quien hoy en día haga sus veces (f. 44 y ss.).
c. Fiduagraria S.A.
El Secretario General y Vicepresidente Jurídico descorrió el traslado de la petición de amparo, sin embargo, no guarda relación
alguna con las partes y la fundamentación fáctica de la misma; ya que se refiere a la liquidación de la Empresa Social del Estado Luís Carlos Galán Sarmiento (f.76 y ss.).
Posteriormente, el Gerente de Negocios Especiales manifestó que en los archivos del contrato de fiducia suscrito con el Banco Central Hipotecario no encontró ninguna contingencia a nombre del actor (f. 81 y ss.).

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.
1.-La acción de tutela.
La acción constitucional de tutela ha sido concebida como un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos sean objeto de vulneración o amenaza por la acción o la omisión de la autoridad pública, o por particulares, en especiales circunstancias.
Este instrumento extraordinario solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, le confiere a esta acción una naturaleza residual y subsidiaria, evitando a toda costa el paralelismo procesal.
2.-Lo probado.
Con base en la fragua probatoria, esta debidamente acreditado lo siguiente:
a.- El señor Hernando Narváez Amaya nació el 22 de octubre de 1927, laboró en el Banco Central Hipotecario y actualmente percibe una pensión de jubilación.
b.- A través de la Resolución 6162 del 29 de noviembre de 2007, el Presidente del Instituto de Seguros Sociales ordenó el reajuste de las mesadas de 364 extrabajadores del Banco Central Hipotecario (entre ellos el actor); a quienes en el momento de conmutar las obligaciones pensionales (Resolución 855 del 16 de abril de 2003),
equivocadamente les descontaron el aporte al sistema de seguridad social en salud.
Luego de realizar los cálculos actuariales, al accionante le correspondió la suma de $ 21.074.699, que se cancelarían mensualmente a partir del mes de enero de 2008 y hasta su vida probable. En caso de fallecimiento, el pago lo recibirá la persona sustituta (f. 12 y ss.).
El 4 de abril de 2008 recibió la suma de $ 3.168.310,81, correspondiente al periodo comprendido entre el mes de mayo de 2003 y diciembre de 2007(f. 23 y ss.).
3.-Análisis de fondo.
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º -numeral 1º- del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá:
“[C]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Con base en los presupuestos fácticos y legales anteriormente reseñados, se puede colegir que, en esencia, el actor plantea una controversia “referente al sistema de seguridad social integral” contra el Instituto de Seguros Sociales (entidad, que a través de la Resolución 855 del 16 de abril de 2003 aceptó conmutar las obligaciones pensionales de los trabajadores y extrabajdadores a cargo del Banco Central Hipotecario en Liquidación, previo el pago del capital constitutivo establecido del calculo actuarial). Porque como ya se indicara, considera que la suma que equivocadamente le descontaron se debe cancelar en un solo contado, y no en cada mesada pensional. Conflicto, que de conformidad con las prescripciones consagradas en el artículo 2º del Estatuto Procesal del Trabajo, se debe dirimir a través de la acción ordinaria laboral.
En ese orden de ideas, no existe duda de que el señor Narváez Amaya tiene a su alcance otro medio de defensa judicial. Y en
opinión de la Sala, el mero hecho de ser miembro de la tercera edad y aquejar problemas de salud, no le confiere a esa situación el carácter de que “perjuicio irremediable”; que justifique la procedencia excepcional del amparo. Máxime, si se tiene en cuenta que actualmente percibe una mesada pensional, con la cual podrá solventar sus requerimientos personales y familiares, sin poner en riesgo el mínimo vital.
Al respecto, así hubo de precisarlo la H. Corte Constitucinal:
“…En relación con los adultos mayores, a pesar de haberse señalado que son sujetos de especial protección, de acuerdo a lo estipulado en los artículo 13 y 46 de la Constitución Política1, por el sólo hecho de formar parte de este rango poblacional, dicha situación no constituye por sí misma un elemento que permita acreditar un perjuicio irremediable y asegurar la procedencia de la acción de tutela.

 

Esta fue la posición adoptada por la Corte en la sentencia T-1316 de 20012, en la cual se señaló que, “si una persona pertenece a la tercera edad, esa  sola  y única circunstancia  no hace necesariamente viable la  tutela, a menos que se pruebe que su subsistencia o su mínimo vital pueden estar gravemente comprometidos”3.

 

Argumento que fuera reiterado posteriormente en la sentencia T-083 de 20044, donde se indicó:

 No sobra aclarar, que la condición de persona de la tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la procedencia de la acción de tutela en estos casos. Para que el mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la vía judicial ordinaria o contenciosa, es también condición necesaria acreditar que el daño impetrado al solicitante afecta materialmente sus derechos fundamentales o aquellos que lo son por conexidad - como la dignidad, el mínimo vital, la salud y la subsistencia digna -, e igualmente, que darle trámite al litigio por el otro mecanismo de defensa hace temporalmente nugatorio el ejercicio y disfrute de tales derechos, haciendo mucho más gravosa la situación particular del actor”.
De otro lado, es del caso recordar que la tutela es un medio de protección excepcional; por lo tanto, a la misma se debe acudir de
manera oportuna. Y aunque la acción no caduca, cuando media un lapso prolongado entre la afectación del derecho y la reclamación, se desvirtúa la naturaleza y finalidad de la misma:
Sobre este particular, así hubo de referir el Tribunal Constitucional:
“…Hay que recordar que la tutela es una acción de aplicación preferente y sumaria, para la efectiva defensa del derecho objeto de violación o amenaza, y no le es propio remplazar los procesos especiales ni ordinarios correspondientes; el propósito específico de su consagración es brindar a la persona la protección inmediata, efectiva y actual de sus derechos fundamentales, careciendo de sentido que quien padece el quebrantamiento de una garantía valiosa no la reclame oportunamente”.
(…)
“En este orden de ideas, la inmediatez exige que se ejercite la acción de tutela dentro de un plazo razonable y oportuno, pues de lo contrario se desvirtúa la naturaleza y finalidad del amparo constitucional como garantía de los derechos fundamentales, al igual que se dejaría pasar la inactividad, negligencia o indiferencia de quienes debieron buscar la defensa de sus derechos en tiempo y no lo hicieron. También se pretende, con la aplicación de este principio, evitar que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jurídica”5.
En la medida en que el actor reclama el pago inmediato de una suma de dinero reconocida el 29 de noviembre de 2007, cuyo primer desembolso fue recibido el 4 de abril de 2008; es menester inferir que la acción de tutela se interpuso soslayando el principio de inmediatez, porque desde esa última fecha y aquella en que se acudió a la instancia judicial (18 de noviembre de 2009), medió un lapso de 19 meses.
En ese orden de ideas, es menester negar por improcedente el recurso de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:
PRIMERO.- Negar por improcedente la acción de tutela instaurada por Hernando Narváez Amaya contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito público – Banco Central Hipotecario en Liquidación – Instituto de Seguro Social – Fiduciaria la Previsora y Fiduagraria.
SEGUNDO.- Si la presente decisión no fuera impugnada, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO.- Notificar a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese.

RAMIRO APONTE PINO ENRIQUE DUSSAN CABRERA

Magistrado Magistrado

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Magistrado
.

1 Artículo 13 Constitución Política.

2


 M.P. Rodrigo Uprimmy Yepes.

3


 Corte Constitucional. Sentencia T-463 de 2003. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

4 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

5 Corte Constitucional. Sentencia T-463 de 2007. M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

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