Corte Constitucional resucita convención colectivas del iss






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Corte Constitucional resucita convención colectivas del ISS
Colprensa – Artículo La Republica de enero 9 de 2009
Ibagué. Los derechos adquiridos por los trabajadores del Instituto del Seguros Sociales, quienes estaban amparados con la convención colectiva 2001 – 2004, tienenvigentes dichos acuerdos laborales y pensionales.
Así lo confirmó la Corte Constitucional, que lo ordenó mediante sentencia T-1166 definales del año anterior.
La decisión de la Corte no es de poca monta, pues con el fallo se abre el camino jurídico para que por lo menos unos 12 mil ex trabajadores del ISS, de los cuales muchos pasaron a las Empresas Sociales del Estado (ESE) o fueron pensionados con una base de 75 por ciento de su salario, puedan entrar a tutelar al Gobierno paraobtener los derechos que les fueron suprimidos.
La Corte ordenó, igualmente, a los estrados judiciales que llevan procesos de los trabajadores del ISS, atender esta sentencia que hoy es ‘ley de leyes’.
Tres casos excepcionalmente revisados por los magistrados de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño y Jaime Araújo Rentería, y fallados a favor de los demandantes, fueron suficientes para sentar un precedente jurídico en todo el país.
El primero es el correspondiente a Rosario Colmenares Millán, quien ingresó al ISS el 7de noviembre de 1989 como odontóloga.
Su relación laboral duró hasta el 26 de junio de 2003 cuando se estableció la escisiónde la entidad mediante el decreto 1750, siendo incorporada a la planta de la ESE LuisCarlos Galán Sarmiento.
El 3 de enero de 2008 su cargo fue suprimido, solicitándole posteriormente a Fiduagraria (empresa liquidadora del ISS) que tuviera en cuenta que ya había cumplidolos 50 años de edad y los 19 de trabajo.
Fiduagraria contestó que no le son aplicables los artículos de la Convención Colectiva de Trabajo, ya que esto solamente era para los trabajadores oficiales del Seguro, además, que había perdido su calidad de trabajadora oficial y ahora era pública, por lo que tendría que laborar hasta los 55 años.
En una primera tutela interpuesta ante el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, estele da la razón a la señora Colmenares Millán y ordena su reintegro hasta que cumpliera el año de trabajo que le hacía falta, además de otorgarle el estatus de prepensionada.
Sin embargo, en una segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le niega el derecho obtenido a la demandante, dándole la razón a Fiduagraria.

Revisado el tema por parte de los altos magistrados, estos decidieron revocar la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y confirmar la decisión del Juzgado 33 Penal del Circuito que garantizó el retén social para Colmenares Millán y elpago de los sueldos y prestaciones dejadas de recibir durante este tiempo.
Un segundo caso revisado por los magistrados mencionados corresponde al de Ana Milena Barrera Rojas, quien comenzó a trabajar con el ISS el 2 de abril de 1991 comomédico general.
Lo mismo que el anterior caso, en 2003 se escinde la entidad y por ley del Gobiernopasa a convertirse en empleada pública de la ESE Luis Carlos Galán, que al ser liquidadael 9 de mayo de 2008 para dar vía libre a la Nueva EPS, ordenó la eliminación definitivade este cargo.
Esta vez, Barrera Rojas interpuso una tutela ante el Juzgado 22 Laboral del Circuito deBogotá, después de que dos juzgados anteriores manifestaran no sentirse competentes para manejar este proceso.
Una vez aceptado el caso, el Juzgado 22 resuelve declarar improcedente la tutela en contra de la ESE Luis Carlos Sarmiento y Fiduagraria, porque en el momento de laliquidación, Barrera tenía 48 años de edad y 17 de trabajo, faltándole tres parajubilarse (50 años con la convención colectiva).
Pues bien, para la Corte Constitucional, el que se equivocó fue el Juzgado 22, al cual le revocó su decisión y le concedió el derecho al debido proceso a la demandante, quien recibirá los salarios y tendrán que ser reconocidos sus derechos de jubilación en lospróximos tres años. Fiduagraria tendrá que garantizar un espacio laboral para esta persona y garantizarle su debido proceso hasta que cumpla la edad y el tiempo laboral.
Un tercer proceso revisado a fondo fue el de María Teresa González Camargo, quien entró al Seguro Social el 6 de marzo de 1992, y que mediante decreto 1750 le fue suprimido su cargo, siendo trasladada como funcionaria pública a la ESE sin solución decontinuidad. En ese momento (2003), María Teresa tenía 51 años de edad y 17 deservicio.
En una primera tutela ante el Juzgado 13 Laboral de Bogotá González gana el caso,pero los argumentos exhibidos por Fiduagraria ante una segunda instancia (SalaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá) niega el amparo reclamado por la actora.

Igual a las dos tutelas anteriores, la Corte Constitucional deja en firme la decisión delJuzgado 13 y echa por tierra la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior.
Para la Corte, los derechos obtenidos por los trabajadores no fueron borrados con laLey 1750 de 2003; más aún, a la alta corporación le preocupa que los juzgados y lostribunales consideren que algunas leyes están por encima de los mandatos

constitucionales.
Consultado por el tema, Héctor González, presidente de la CUT en el Tolima y quienpor varios años lideró la Asociación de Usuarios del ISS, indicó que “la Corte

Constitucional no abrió un camino sino una avenida con doble calzada para todos

aquellos trabajadores en el país a los que les fueron suprimidos sus derechos con laliquidación del Seguro Social y la posterior creación y eliminación de las ESE”.
“La invitación es para que todos aquellos afectados, unos 12 mil en el país, y más demil en el Tolima, para que tengan en cuenta la sentencia T – 1166 de 2008 para elevarlas tutelas y reclamaciones correspondientes, pues esta decisión prevalece sobre lasanteriores y hoy se convierte en un mandato constitucional que ningún juzgado otribunal puede entrar a controvertir”.
“Las jubilaciones mutiladas, los subsidios familiares y las reliquidaciones dejadas derecibir por tantos años, se tendrán que volver a formular en cada demanda”, destacóGonzález, quien sostuvo que esto es una bola de nieve que se le vino encima alGobierno por culpa de sus políticas en contra de los servidores oficiales.
En claroLa Corte Constitucional deja en claro que la convención colectiva protegía a lostrabajadores del Seguro Social, y que en ningún caso, el proceso de escisión les negabasus derechos. Además, que el Gobierno Nacional no podía suprimir derechosadquiridos con anterioridad.
De esta manera, se tiene que garantizar para quienes hacían parte del ISS quecumplieran los 50 años de edad y los 20 de trabajo para obtener su jubilación con el100 por ciento de sus garantías, respetando el debido proceso, o darle el lugar deprepensionado en caso de que faltase un tiempo para ello.
Entre otras cosas que establece el fallo se encuentran:
* La base para pensión es de 100 por ciento y no de 75 por ciento (para lostrabajadores de la convención).
* El retén social cobija aquellas personas que les faltaban pocos años para pensionarsey la supresión de cargos y el decreto 1750 de 2003 no podían interferir en estederecho.
* Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades públicaspodrán acumularse para el cómputo del tiempo requerido para obtener el derecho a lapensión de la jubilación.

Convención colectiva de trabajo

El legislador define la convención colectiva de trabajo como “la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia” (art. 467 del C.S.T.).

Por su parte, la Corte se ha referido en varias oportunidades a la finalidad de las convenciones colectivas del trabajo, así:

La finalidad de la convención colectiva de trabajo, según la norma transcrita, es la de “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo”, lo cual revela el carácter normativo que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen.

El elemento normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o recreacional.

Se distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la jurisprudencia, el denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que está conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son, por ejemplo, las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones por la violación de las estipulaciones que constituyen la parte normativa[ 1], o las que establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical.

Finalmente se destacan en la convención, las regulaciones de orden económico, que atañen a las cargas económicas que para la empresa representan las diferentes estipulaciones de la convención, frente a los trabajadores en particular o ante la organización sindical.”[ 2]

En cuanto a los límites de la convención colectiva de trabajo es claro que ella no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores (art. 53 inc. final C.P.). La ley – con sujeción a los principios fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo – regula lo concerniente a su ejercicio, en especial, a la forma en que debe celebrarse, a quiénes se aplica, a su extensión a otros trabajadores por ley o acto gubernamental, a su plazo, revisión, denuncia y prórroga automática (arts. 467 y ss. C.S.T.).[ 3] Aspecto central del presente proceso lo constituyen estos dos últimos puntos: la denuncia de la convención y su prórroga automática. (Corte constitucional, sentencia 1050 de 2001)

Alcance y naturaleza jurídica de la convención colectiva

Por su definición y objetivos las convenciones colectivas de trabajo son acuerdos de voluntades celebrados entre un sujeto sindical y otro empleador para regular las condiciones laborales que han de ordenar los contratos individuales de trabajo durante su vigencia. Tales avenimientos tienen prohijamiento en el artículo 55 de la Carta Política actual que garantiza el derecho a la negociación colectiva, con la finalidad descrita, y defiere al legislador el señalamiento de las excepciones respectivas.

De tal manera que por el referido sustento constitucional y legal, lo pactado por los protagonistas del derecho colectivo de trabajo goza de plena validez a menos que se halle dentro de las excepciones mencionadas.

La ley fija el campo de aplicación forzoso de un acuerdo colectivo. En principio solamente es aplicable a los propios contratantes, a los afiliados al sindicato que lo celebró, a los adherentes al convenio y a quienes con posterioridad a su firma se afilien a aquel; pero, también, ordena su extensión a todos los trabajadores de la empresa -cuando el sindicato pactante agrupe a más de la tercera parte de su personal- y en el evento de que un acto gubernamental así lo disponga, previo cumplimiento de los presupuestos indicados en el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo. Excepcionalmente, por razones especiales, la jurisprudencia ha admitido la exclusión del ámbito de aplicación por convenio entre las partes de ciertos trabajadores, generalmente directivos de la empresa, dado su carácter de representantes del empleador, o incluso sin necesidad de acuerdo expreso, en tratándose de representantes legales o negociadores de la parte patronal.

Pero la regulación de eventos en que la aplicación convencional es imperiosa por mandato legal, no impide en manera alguna que el empleador contraiga el compromiso de aplicar los beneficios que de ella se deriven a trabajadores que no están incluídos en el campo de aplicación estatuído por la ley, salvo que ésta expresamente lo prohija por razones superiores, como ocurre por ejemplo con el personal directivo de ciertas entidades públicas (Ley 4/92 y Ley 60/90, art. 3º).

Es que los preceptos legales sobre extensión de la convención a terceros constituyen el mínimo de derechos que puede ser mejorados por la obligación que contrae el empleador de manera libérrima siempre que con ello no quebrante disposiciones de orden público o no desquicie los principios que informan la contratación colectiva y su derrotero.

De tal suerte que si dentro de las cláusulas denominadas por la doctrina ‘de envoltura’ de la convención colectiva, que reglan el campo de aplicación de la misma, se dispone su aplicación al conjunto de la comunidad laboral, dicho acuerdo surte los efectos perseguidos por quienes lo celebraron, sin que sea dable pretextar ulteriormente la falta de afiliación del beneficiario al sindicato, porque es lógico que en estos eventos la fuente de la obligación patronal no deviene de la ley sino de la autonomía de la voluntad patronal para obligarse, del principio pacta suntservanda y de la validez de la estipulación a favor de un tercero (C.C. art. 1506).

No sobra agregar que con arreglo al artículo 68 de la ley 50 de 1990, en los casos en que un trabajador no sindicalizado se beneficie de la normatividad colectiva, deberá pagar al sindicato respectivo durante su vigencia la cuota sindical ordinaria correspondiente.

De otra parte, si bien es cierto que la aplicabilidad de una convención colectiva no se presume, también lo es que la prueba en estos casos no es solemne y si alguna de sus cláusulas ordena que se aplique a todos los trabajadores, tal estipulación es válida con las precisiones hechas anteriormente, y acredita su extensión a ellos, sin que sea procedente exigir la demostración de la afiliación al sindicato, o de los descuentos sindicales o de las demás circunstancias que echó de menos la doctrina del tribunal que se rectifica. En tales eventos quien alegue la inaplicación del convenio de un trabajador, deberá probar que con arreglo al mismo o a la ley, éste está excluído. Corte Suprema de Justicia, sentencia de noviembre 28 de 199, expediente 6962).
[ 1] En cuanto al contenido de la convención el art. 468 del C.S.T., se refiere a un aspecto de fondo, como es “la responsabilidad que su incumplimiento entrañe”.
[ 2] Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Mediante esta decisión la Corte declaró exequible la expresión “durante su vigencia” contenida en el artículo 467 del C.S.T – relativo a la definición de la convención colectiva de trabajo y su función de fijar las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia – para lo cual se ocupó, entre otros, de los alcances del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la asociación sindical, de la convención colectiva de trabajo, de la teoría de la imprevisión en materia del derecho laboral colectivo y de los derechos adquiridos de los trabajadores.
[ 3] Sobre la naturaleza jurídica de la convención colectiva de trabajo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como de la Corte Constitucional ha sido profusa. Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional C-009 de 1994 y las sentencias de la Sala de Casación Laboral, Sección Primera, junio 1 de 1983 y de la Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, abril 7 de 1995, M.P. Rafael Méndez Arango
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