Ley para enmendar el Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico. Exposición de motivos






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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
17ma Asamblea 1ra Sesión

Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 437

6 de marzo de 2013

Presentado la señora González López

Referido a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos
LEY
Para enmendar el Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las leyes de adopción se centran principalmente en el mejor bienestar de los y las menores de edad, y la legislación puertorriqueña no es la excepción. Esta intención de velar por los mejores intereses del menor queda claramente evidenciada en la Exposición de Motivos de la Ley de Adopción, Ley núm. 9 del 19 de enero de 1995, 32 L.P.R.A. § 2699, et seq., donde se expresa que:

"La Asamblea Legislativa entiende es imperativo flexibilizar la institución de la adopción para que ésta pueda ser utilizada ampliamente por personas que desean adoptar menores de edad. Los niños de Puerto Rico merecen tener la oportunidad de que sus vidas se desarrollen al calor de un hogar, sintiendo el amor de unos padres. La institución de la familia es el pilar principal de nuestra sociedad, por lo tanto hay que brindarle a esos niños la oportunidad de formar parte de un seno familiar. La institución de la adopción viabiliza el establecimiento de hogares donde los niños puedan encontrar el amor, la protección y el disfrute de la vida que tanto necesitan, y a lo cual todo ser humano tiene derecho".
Basándose en la política pública del Estado, que busca promover el que los menores crezcan en el seno de un hogar y en el deber constitucional del Estado de "tomar todas las medidas necesarias para la protección y el bienestar de la niñez y la juventud." Id. La Legislatura puertorriqueña adoptó lo que catalogó como "una de las legislaciones más avanzadas y liberales de todos los países occidentales en materia de adopción, siendo su espíritu claramente autóctono, ajustado a la realidad de la vida actual de la sociedad puertorriqueña, y protector del bienestar y convivencia del adoptado". Id.

Este lenguaje evidencia que la intención de la Asamblea Legislativa fue que la legislación en materia de adopción en Puerto Rico recibiera una interpretación liberal, siempre que ello fuese necesario y redunde en los mejores intereses del menor. Ante ello, resulta contradictorio, sobre todo hoy día en que la composición de la familia es tan variada, que una legislación de vanguardia se interprete con nociones obsoletas de lo que debe ser la estructura de la institución familiar.

El pasado 20 de febrero de 2013, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso Ex Parte AAR, 2013 T.S.P.R. 16. En dicho caso, la pareja consensual de la madre biológica solicitó la adopción de quien a todas luces ha sido su hija durante toda la vida del (de la) menor, desde su nacimiento hasta el presente, cuando tiene 12 años de edad. Para salvar la constitucionalidad de las disposiciones aplicables, la peticionaria solicitó que se aplicara la figura de la adopción por parte de un segundo padre o madre funcional (“second parent adoption”, en inglés); ello para evitar que con la adopción se rompieran los vínculos entre la madre biológica –quien consintió a la adopción por parte de la peticionaria, y su hija. Las ocho opiniones, que entre disidentes (4), mayoritarias (1) y de conformidad (3) suman 343 páginas, denotan la marcada división que persiste en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre una discusión de alto relieve en la actualidad: los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgéneros (GLBTT).

Por votación de cinco votos a favor y cuatro votos en contra, con cuatro opiniones disidentes publicadas y tres de conformidad, un dividido Tribunal Supremo publicó ocho opiniones que encierran varios puntos de convergencia dentro de semejante fragmentación. Por un lado, la mayoría del Tribunal Supremo destaca la necesidad de acción legislativa para resolver el asunto que nos compete. En la Opinión Mayoritaria, la Juez Pabón Charneco expresa que “[l]a realidad es que aunque aceptemos la existencia de otros modelos de organización familiar, ello no significa que la Asamblea Legislativa, el ente que formula por decreto constitucional la política pública de Puerto Rico, no puede preferir el modelo de la familia tradicional por encima de otros modelos. Ese juicio es eminentemente legislativo y no nos compete como juristas aprobar o desaprobar los diferentes tipos de modelos familiares que se vayan desarrollando en la sociedad. El reconocimiento legal de esos modelos familiares no se puede dar en los pasillos del Tribunal Supremo, sino en el hemiciclo de los Cuerpos Legislativos.”

Otro punto de encuentro entre las opiniones tanto disidentes como las de la conformidad con la mayoría fue que, en el caso ante su consideración, la adopción redundaría en el mejor interés del menor. En su Opinión de Conformidad, el Juez Martínez Torres, a la que se unió el Juez Feliberti, dispone que “[e]n lo personal, simpatizo con la posición de las peticionarias. No tengo la menor duda de que sería mejor permitir la adopción por una pareja del mismo sexo, ansiosa por brindar amor y hogar a una menor, que condenarle a pasar su niñez en un orfelinato, o de hogar de crianza en hogar de crianza.”

En conclusión, es necesario que esta Asamblea Legislativa reconozca y no prive de sus derechos a los núcleos familiares existentes, como ocurrió en el presente caso. Los estilos de vida se están alejando cada vez más de la noción del núcleo familiar tradicional. El prohibir que el(la) menor sea adoptado por la madre que conoce, tiene efectos adversos, tanto económicos como emocionales y psicológicos.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de validar la adopción por la madre funcional, aplicando la figura de la adopción por parte de un segundo padre o madre funcional (“second parent adoption”, en inglés). Esta figura ha sido adoptada, bien por jurisprudencia o por acción legislativa, en dieciocho estados de los Estados Unidos de América, y en el Distrito de Columbia. En otros ocho (8) estados, este concepto se ha validado en determinados condados, municipios o localidades. Sólo en cuatro estados, Kentucky, Nebraska, Ohio y Wisconsin, se ha rechazado expresamente.

Un escaso margen del Tribunal Supremo de Puerto Rico prefirió no hacerlo, y tras el fundamento de la separación de poderes, resolvió contrario a los propios intereses que reconocen son en beneficio de los menores y las menores que solicitan ser adoptadas. Así, se invitó a legislar a esta Asamblea Legislativa para subsanar las deficiencias en la letra de la ley, que prefirió no declarar inconstitucional, como tampoco evaluarla en su mejor luz, sin vicios constitucionales, discrímenes ni a espaldas del fin último: el mejor bienestar del menor. Así, de manera magistral, el Juez Asociado Estrella concluye en su Opinión Disidente que “permitiría la adopción de la niña por parte de A.A.R. sin que ello represente la ruptura del vínculo filial con CVV. El fundamento es diáfano y sencillo: de acuerdo a la prueba, la adopción responde al mejor bienestar y conveniencia de la menor. En ella, ha de quedar fija la mirada. En ella.”

Esta medida se presenta con el propósito de enmendar el Artículo 138 del Código Civil, con el fin de eliminar cualquier distinción de género como obstáculo para la adopción por padre o madre funcional. La enmienda es necesaria para garantizar la constitucionalidad de las disposiciones pertinentes, así como para salvaguardar el mejor bienestar del menor o la menor cuya adopción se solicite, y que conforme a la prueba, la misma propicie dicho bienestar.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, para que lean y dispongan como sigue:

“Artículo 138.- Subsistencia de vínculo con familia anterior.

No obstante lo dispuesto en el Artículo 137 de este Código, los vínculos jurídicos del adoptado(a) con su familia paterna o materna anterior subsistirán cuando el adoptado(a) sea hijo(a) del cónyuge del(la) adoptante, aunque el padre o madre hubiere fallecido a la fecha de presentación de la petición de adopción, o cuando el adoptado(a) proviene de una única filiación [y es adoptado por persona de distinto sexo al del padre o madre que lo ha reconocido como su hijo]. y la madre o el padre biológico presta su consentimiento expreso a la adopción solicitada.

La ruptura y extinción de los vínculos jurídicos con la familia anterior del (la) adoptado(a), y el nacimiento de tales vínculos con la familia del (la) adoptante, se entenderán sin perjuicio de la reglamentación sobre impedimentos y prohibiciones de ley para contraer matrimonio en Puerto Rico. Un(a) adoptado(a) no podrá contraer matrimonio con un(a) pariente de su anterior familia, en los mismos casos en que no hubiere podido contraerlo de no haber ocurrido la adopción.

La responsabilidad penal del adoptado(a) en los delitos contra la familia y el estado civil seguirá siendo la misma que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en relación a su familia biológica anterior, tal y como si no se hubiere decretado la adopción, si se probare que el (la) adoptado(a) conocía de su vínculo familiar con la víctima del incesto.

El (la) adoptado(a) adquirirá los apellidos del (la) adoptante o los(as) [cónyuges] adoptantes, salvo que el tribunal, por causa justificada, determine otra cosa.”

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.


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