¿Asamblea nacional constituyente o reformas parciales constitucionales?






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III CUATRIMESTRE 2011.

MATERIA: D-309 DERECHO CONSTITUCIONAL.

TEMA: IMPORTANCIA DE UNA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE

PROFESOR: LIC. DAVID ROMERO MORA.

ALUMNO: LIC. OTTO FONSECA ALVARADO

¿ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE O REFORMAS PARCIALES CONSTITUCIONALES?

¿Cuál es el problema político-jurídico que debe ser salvado por una nueva Constitución Política? ¿Es necesaria una Asamblea General Constituyente o basta con promulgar reformas parciales? Los abogados Fabián Volio Echeverría y Rodrigo Arias Sánchez, ambos liberacionistas, el primero constitucionalista y el segundo político y empresario de amplia experiencia, tienen puntos de vista opuestos, y sintetizan las opiniones respecto al tema. Uno aboga por reformas y el otro por una Constitución nueva.

Para Fabián Volio “no sufrimos los costarricenses una degradación de nuestros derechos humanos” como para pensar en una nueva Constitución Política. Por el contrario, agrega, la gran tarea desarrollada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha permitido la evolución y fortalecimiento de nuestros derechos electorales, ha incorporado por jurisprudencia el Recurso de Amparo Electoral y ha introducido más reglas democráticas en el funcionamiento interior de los partidos políticos.

Empero, para Rodrigo Arias “no puede ser mejor la ocasión para confirmar” su convicción de avanzar hacia la convocatoria de una nueva Constituyente, ya que las condiciones están dadas: “Enfrentamos grandes desafíos económicos y sociales, buscamos una mayor inserción y participación en un mundo más globalizado; a lo interno, nuestro pueblo luce la madurez política de una democracia consolidada, de amplio pluralismo político y propicia para el debate de ideas y desarrollo de ideologías opuestas”. Esto lo escribió en el 2009, en La Nación, con motivo del 60 aniversario de la actual Constitución Política, promulgada el 7 de noviembre de 1949.

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RAZONES PARA REFORMAS PARCIALES

Por el mismo motivo y ese mismo año, Volio Echeverría expuso ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que “la masiva producción jurídica de la Sala Constitucional ha transformado en derecho local al derecho Internacional de los Derechos Humanos, otorgando a los tratados y convenciones internacionales el valor de normas con plena eficacia en Costa Rica; ha extendido las normas constitucionales más allá de su texto, en favor de métodos de interpretación constitucional lógico sistemáticos, teleológicos o axiológicos. Nuestros otros jueces han adaptado sus sentencias a las reglas de los derechos humanos y han incorporado en su lenguaje la protección de nuestros derechos”. Otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes o el Instituto de la Mujer (INAMU) constituyen nuevas fuentes de desarrollo de nuestras libertades.

Por otra parte, considera que los derechos sociales son constantemente protegidos y ampliados gracias a la cláusula de derechos no enumerados contenida en el artículo 74 de la Constitución Política, que permite admitir todos los derechos y beneficios irrenunciables “que se deriven del principio cristiano de justicia social” a fin de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

Entonces, en su opinión, no existe en el país un problema de “falta reenumeración de derechos humanos ni de su desprotección en el derecho interno. Esta no es la razón para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque la parte dogmática de la Constitución no es la causa de tantos problemas sociales y políticos actuales. Tal vez una reforma parcial para introducir como una cláusula de derechos individuales no enumerados, sería suficiente para garantizar la evolución permanente de los derechos humanos en Costa Rica, además de expansión de los existentes”.

Para Fabián Volio el problema está en la parte orgánica de la Constitución, que define los principales órganos del gobierno nacional y las relaciones entre sí. Se pregunta: “¿Si la institución del sistema presidencial de gobierno está en crisis, impide gobernar y satisfacer las necesidades de los costarricenses?” Y responde: “Pero existen tesis que proponen sustituir el sistema presidencial por el sistema parlamentario. Aún cuando todavía no hay consenso al respecto, esta sí sería la razón para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque sería necesario rediseñar todo el aparato de gobierno conforme a un sistema parlamentario. En tanto llegamos al consenso para adoptar un sistema parlamentario, debemos concentrarnos en hacer al sistema presidencial eficaz. ¡Esta sí es la queja mayoritaria de los costarricenses!”.

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Sostiene el constitucionalista que los ticos sufrimos un problema grave y profundo de gobernabilidad que impide hacer realidad la voluntad de la mayoría, invertir los dineros públicos en los más necesitados, la creación de más riqueza y limita su más amplia y justa distribución, por lo que sería más eficaz para el modelo presidencialista adoptar reformas parciales, especialmente dirigidas a delimitar las competencias de los órganos de gobierno expuestas en la Constitución Política.

Bajo esta perspectiva enumera algunas reformas parciales que devolverían, a su entender, la autoridad al Poder Ejecutivo y mejorarían la relación de los otros órganos constitucionales entre sí.

RELACIONES ASAMBLEA LEGISLATIVA-SALA IV: Volio propone delimitar la relación entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional modificando el artículo 10.b de la Constitución para impedir que esta Sala opine acerca de reformas a la Constitución, tarea que sería exclusiva de la Asamblea Legislativa, como órgano político que analiza la oportunidad y conveniencia de cada reforma constitucional.

“Este tema nos transporta al artículo 196 que regula los trámites de reformas constitucionales. Como esa norma no distingue entre el contenido de las reformas parciales y la reforma total a la Constitución, la Sala Constitucional se atribuyó la competencia de hacer esa distinción. Propongo por ello asignar esta tarea exclusivamente a la Asamblea Legislativa de manera que sea la mayoría de los diputados quienes decidan si aprueban una reforma parcial a la Constitución, independientemente de su contenido, o convocan a una Asamblea Nacional Constituyente. De lo contrario la Sala Constitucional continuará rechazando las reformas parciales por su contenido, con una clara injerencia en las funciones naturales de la Asamblea Legislativa”, asevera.

Como complemento propone derogar el artículo 96.b de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que permite a los diputados consultar la constitucionalidad de proyectos de ley y así “cortar otro cordón umbilical entre los diputados y magistrados”. Los legisladores no usarían esa consulta como arma de oposición y los magistrados no tendrían oportunidad para opinar acerca de los proyectos de ley.

Por otra parte, para fortalecer a la Sala Constitucional, Volio recomienda la creación por ley de tribunales especiales que conozcan en primera instancia del recurso de amparo y de hábeas corpus, para que sólo en apelación sean conocidos ciertos casos por la Sala Constitucional.

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Otra reforma que es de jerarquía infralegal, es la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Como la Constitución le asigna valor infralegal (artículos 124 y 121.22), el Reglamento debe eliminar toda nulidad de las leyes causada por trámites creados únicamente por el Reglamento y no exigidos por la Constitución para la formación y validez de las leyes, que son: obtener dos debates, la sanción por el Poder Ejecutivo y la publicación en el diario oficial La Gaceta. “Ningún otro requisito reglamentario puede ser causa para que la Sala Constitucional anule una ley por razones de procedimiento o trámites parlamentarios”.

Sugiere, además, que el trámite legislativo se divida en dos fases, primera la preparatoria, por la que se redacta un proyecto de ley, y segunda la decisoria ante el pleno, en que se permite manifestarse la voluntad de la mayoría. Ninguna regla de la fase preparatoria podrá causar la invalidez de la ley resultante.

Volio afirma que hay que derogar el artículo 73.e de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que permite a la Sala Constitucional anular leyes por defectos en los trámites preparatorios creados por el Reglamento de la Asamblea Legislativa. “Estas reformas constitucionales, legales y reglamentarias, permitirán reforzar la acción de la Asamblea Legislativa y de la Sala Constitucional porque cada órgano se ocupará de sus competencias”.

RELACIONES PODER EJECUTIVO-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Otro tema de análisis en materia constitucional está referido a las competencias de la Contraloría General de la República (CGR). La Constitución no le asigna competencias en materia de fiscalización de la legalidad ni oportunidad de los actos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el artículo 183.5 permite atribuirle otras competencias diferentes a la de “vigilancia de la hacienda pública”. Por esta ventana, sostiene Volio Echeverría, han sido aprobadas decenas de leyes que permiten a la CGR intervenir en todo aspecto de la contratación administrativa, en la organización interna de las oficinas, en la asignación de concesiones, de permisos, en la técnica empleada para construir una carretera, en el otorgamiento de servicios de agua potable, por ejemplo.

“La Contraloría le ha ordenado al Poder Ejecutivo denunciar un convenio internacional, y le ha ordenado a la Asamblea Legislativa derogar una institución pública. La lista de abusos del poder es ilimitada y por ello sí creo necesario reformar la Constitución para restringir a la Contraloría frente al Poder Ejecutivo. El complemento sería la reforma a su Ley orgánica en el mismo sentido. Con ello, quedarían delimitadas las funciones de la Contraloría y del Poder Ejecutivo”, piensa.

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RELACIONES PODER EJECUTIVO-ASAMBLEA LEGISLATIVA: En cuanto a las relaciones entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, Volio estima que debe delimitarse sus funciones pero también reforzarse sus vínculos de fiscalización y de conducción política.

Dice que es indispensable reponer en la Constitución las elecciones legislativas de medio período, que no fueron un tema debatido durante la revolución de 1948, sino una reforma hecha por la Asamblea Nacional Constituyente un año después: “La renovación de la mitad de los diputados a la mitad del período presidencial permitiría a los electores valorar la labor del Poder Ejecutivo, que, si no ha cumplido las expectativas del pueblo, puede sufrir una sanción al excluirse muchos diputados del partido de Gobierno”.

Pero las elecciones legislativas de medio periodo deben reforzarse con la reelección consecutiva y sin límites de los diputados, para crear una carrera parlamentaria sólida que refuerce la pericia de los diputados frente al Poder Ejecutivo.

La creación de distritos lectorales para elegir a los diputados, permitiría estrechar la relación entre los diputados y los electores porque se suprimirían las listas de candidatos por partidos políticos, y en su lugar los vecinos de cada circunscripción electoral votarían por su diputado. Esta sería una regla de fiscalización por parte del votante de la labor del Poder Ejecutivo y de los diputados y forzaría a cada órgano a cumplir sus planes de gobierno.

Para mejorar la posibilidad de conducción política del Poder Ejecutivo “debe permitirse en la Constitución la presentación de proyectos de ley calificados de urgentes por el Poder Ejecutivo, con la correspondiente obligación de la Asamblea Legislativa de votarlos en un plazo. Esta regla permitirá votar empréstitos para construir obras públicas, enfrentar crisis económicas o paliar desastres naturales. Es una manera de reforzar la función de dirección política del Poder Ejecutivo”, apunta.

RELACIONES PODER EJECUTIVO-MUNICIPALIDADES: Por último, el especialista en Derecho Constitucional propone limitar la autonomía de las municipalidades para permitir la planificación nacional por el Poder Ejecutivo, de manera que sea posible emitir directrices sobre el cumplimiento de metas nacionales por las municipalidades, e integrar el escuerzo local con el esfuerzo nacional. “Hoy el Poder Ejecutivo adopta el Plan Nacional de Desarrollo y las municipalidades hacen lo que les parece, sin ninguna dirección ni sentido nacional”, sentenció.

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RAZONES PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Partidario de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y convencido de la necesidad de una nueva Constitución Política, Rodrigo Arias Sánchez sustenta su tesis en diez ejes conceptuales y temáticos: Sistema Político y República, Derechos Fundamentales, Régimen Electoral, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Administración Municipal, Administración Descentralizada, Control y Fiscalización, y Sistema Normativo, Vigencia y Reformas a la Constitución.

“La finalidad de una reforma general de la Carta Magna debe ser para revitalizar nuestras instituciones, tradiciones y valores democráticos, y modernizar el texto constitucional para adaptarlo, de una manera expedita, abierta y pluralista, a las necesidades futuras de nuestra sociedad y crear los cimientos que impulsarán el progreso para las futuras generaciones. La Asamblea Constituyente es una oportunidad para definir nuestro horizonte, oportunidad para remozar nuestras instituciones, oportunidad para vivificar nuestros valores. El juicio que emitamos de esa oportunidad, debe ser ecuánime, sereno, desapasionado, que nos oriente en el verdadero sentido de una reforma general y que podamos, como país, perseverar para alcanzar el bien común”, es su criterio.

Agrega: “Veo en la Asamblea Constituyente la misión de buscar una mejor estructura organizativa y funcional, para solucionar la lentitud en la adopción y ejecución de decisiones cruciales, para rescatar el principio de autoridad y de acción del Poder Ejecutivo, y para potenciar la unidad y concertar eficientemente los medios y esfuerzos de todo el sector público, dando énfasis a las áreas sensibles de fiscalización y control. Esto significa fortalecer los aspectos esenciales, pero también mejorar los aceptables y suprimir las disposiciones superadas”.

DERECHOS CIUDADANOS: Arias Sánchez considera que la base de cualquier organización es su sistema político y el respeto, reconocimiento y protección de los derechos de sus ciudadanos fundamentales. Todo sistema se construye en principios y valores que aseguren la convivencia y el bienestar general. Entre esos principios destacan los de legalidad, responsabilidad, alternabilidad, unidad, transparencia, rendición de cuentas, solidaridad y eficiencia.

Para él, la inspiración del sistema se encuentra en valores como la paz, la democracia, la justicia social, el pluralismo político, la igualdad, la libertad, la neutralidad, la dignidad de la persona y el respeto de los derechos humanos.

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Por ello, afirma, es imperioso sistematizar en un único título, ordenado por categorías, los derechos actualmente recogidos en la Constitución Política vigente, en los textos internacionales sobre derechos humanos y en los pronunciamientos de la Sala Constitucional, y precisar sus contenidos básicos.

RÉGIMEN ELECTORAL: El régimen electoral y las garantías en los procesos electorales son uno de los pilares de toda democracia, y de la tradición política y republicana costarricense. El desarrollo del régimen electoral descansa en el reconocimiento de los derechos políticos, en la regulación sobre la ciudadanía y la organización de los procesos electorales, reconoce Arias Sánchez.

Es del criterio que el Estado costarricense debe optar por mantener una estructura organizativa repartida entre cuatro poderes: el Electoral, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, con independencia organizativa y atribución de funciones exclusivas. El TSE debe reconocerse como un Poder Electoral, con funciones tanto para la organización y dirección de los procesos electorales, como jurisdiccionales.

En el ámbito jurisdiccional tendría la exclusividad para resolver los conflictos en materia electoral, así como todo lo relativo a la nacionalidad y la condición de ciudadano. Para la protección de los derechos políticos, será pertinente que la tramitación y decisión de los recursos de amparo corresponda al Poder Electoral y no a la Sala Constitucional.

PODER LEGISLATIVO: Rodrigo Arias aseveró que el Poder Legislativo requiere de modificaciones sustanciales en su organización, en sus funciones y en los procedimientos para la formación de la voluntad de dicho órgano supremo.

Sobre la organización, cree prudente mantener el régimen unicameral de representantes, pero integrada con tres grupos: los provinciales, los nacionales y los gubernamentales, estos últimos en la figura de los dos Vicepresidentes de la República.

Los diputados tendrían la condición de funcionarios de tiempo completo, con la posibilidad de ser reelectos en forma sucesiva. Así, la Asamblea Legislativa sesionaría todo el año salvo los períodos de receso y vacaciones que se determinen en la normativa interna.

Cuando se trate del ejercicio de la función legislativa, las sesiones se dividirían en sesiones ordinarias de iniciativa legislativa, y ordinarias de interés de los otros poderes.

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Desde el punto de vista funcional, Arias ve relevante distinguir y separar entre la función legislativa propiamente dicha, de las otras funciones del Poder Legislativo: las de control, las políticas y las administrativas.

En la función legislativa, fuera de la que se exprese en las leyes ordinarias, las de formación compleja y las calificadas, “es conveniente también contemplar las leyes de iniciativa de los otros poderes, no solo el Ejecutivo, sino también en los ámbitos de su interés, del Poder Electoral y del Poder Judicial”.

Las normas relativas al presupuesto deben ser todas de conocimiento de la Asamblea Legislativa, incluyendo las instituciones autónomas y entes públicos especializados, con una revisión previa a cargo del Poder Ejecutivo.

El procedimiento de aprobación de leyes debe ser estructurado y ordenado para definir con claridad las distintas etapas en la formación de la voluntad, así como las facultades de los diputados y los tiempos de duración de cada fase.

“Es importante –insiste el político- incluir la posibilidad de dar un trámite preferente y sumario a los proyectos de ley que determine el Poder Ejecutivo, durante el período de sesiones de leyes de iniciativa de otros poderes. Para este trámite se limitarían las posibilidades de enmienda de los diputados, y se fijarían plazos perentorios para su conocimiento y votación. Esta facultad se restringiría a un número definido de proyectos por legislatura”.

PODER JUDICIAL: En la concepción moderna del Estado, juega un papel sustancial el Poder Judicial, al ser parte de la división clásica de poderes. Sin embargo, para comprender correctamente su dinámica, debe diferenciarse claramente sus tres vértices de acción: de garante de la legalidad frente a la acción de los otros poderes, de encargado del servicio de justicia en la sociedad, y del desempeño de su gestión administrativa.

Afirma Arias que una correcta visualización de estas tareas requiere una modificación de la organización actual del Poder Judicial, para vigorizar sus estructuras. En particular para él, la Sala Constitucional es conveniente integrarla con dos secciones, de cuatro magistrados cada una, para conocer de los recursos de amparo (con excepción de los que conoce el Tribunal de Elecciones) y hábeas corpus, y podrán funcionar con tres magistrados. En caso de empate, el Presidente integrará cualquiera de las secciones.

Las acciones de inconstitucionalidad serán de conocimiento del Tribunal en pleno, con un quórum estructural de siete magistrados. Por su naturaleza especial, esta Sala tendría la condición de órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, amplias facultades organizativas, presupuesto separado y potestad reglamentaria.

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PODER EJECUTIVO: Rodrigo Arias es del afirma que en el Poder Ejecutivo debe destacarse la figura del Presidente de la República y su rol de dirección de la Administración Pública, y diseñar su ámbito de acción “fundado en la figura del Ministro, limitando en lo posible la gestión de órganos colegiados, entiéndase el Consejo de Gobierno, y las actuaciones conjuntas del Presidente y el Ministro. Así, los Ministros asumirán un papel más destacado y activo en el ámbito de su competencia”.

El Presidente de la República, como funcionario de la más alta jerarquía en el Ejecutivo, será de elección popular, con la posibilidad de “reelegirse en forma sucesiva por una única vez”. Tendría funciones de representación del Estado, velaría por el funcionamiento regular de la Administración Pública y la unidad y continuidad del Estado. Solucionaría los conflictos a lo interno de la Administración Central, y de esta con la Administración Municipal y Descentralizada; ordenaría la intervención de entes públicos y adoptaría las decisiones ejecutivas vinculantes para la atención de situaciones de interés general.

Los ministros serían funcionarios designados por el Presidente de la República, tendrían a su cargo la conducción de los asuntos de su competencia, actuarían como coordinadores institucionales, y con poderes suficientes para orientar, armonizar e integrar la acción de los órganos y entes bajo su ámbito material. Esto significa también una extensión de su responsabilidad política.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN: Para la Administración Municipal es imperiosa, dice Arias, una reestructuración territorial, que optimice las áreas geográficas y la integración funcional, a fin de encontrar un equilibrio adecuado entre población, territorio e ingresos propios, y que favorezca las capacidades reales de cada comunidad y de su administración territorial: “Los intereses locales deben ser deslindados constitucionalmente, y fijar los distintos niveles de interacción provincial y nacional, para acoplar sus componentes a la gestión del Poder Ejecutivo”.

Para la Administración Descentralizada es “imprescindible ordenar los criterios de organización y creación de personas jurídicas públicas, con el objeto de frenar la proliferación de entes públicos y la excesiva atomización de competencias. Esto conlleva a fortalecer las facultades de dirección, fiscalización y control del Poder Ejecutivo, y la atribución de poderes vinculantes del Presidente de la República en situaciones calificadas”.

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La estructura eficiente del sector público exige una definición y delimitación constitucional clara de las técnicas de descentralización, sus grados de independencia y los principios que la regirán.

Lo anterior con el propósito de engranar y sincronizar todas las piezas del sector público. El Poder Ejecutivo tendría que reanimar sus poderes de planificación y fiscalización de la inversión y aprovechamiento de los recursos públicos.

FISCALIZACIÓN Y CONTROL: Por último, Rodrigo Arias recomienda “rejuvenecer las herramientas de fiscalización y control”, dando énfasis a la supervisión de las obras y servicios públicos, en el seno del Poder Ejecutivo, y como expresión del programa de gobierno que los ciudadanos aprobarían en cada elección. Las funciones de tutela buscarían asegurar el correcto y oportuno uso de los recursos estatales, pero sin afectar la agilidad necesaria en la toma y ejecución de decisiones.

MÁS OPINIONES ENCONTRADAS

El debate está abierto. Las opiniones son variadas. Otros pros y contras fueron expuestos en los diarios de circulación nacional, especialmente con motivo del 60 aniversario de la Constitución Política, en 2009.

INOPORTUNO. Para el analista político Constantino Urcuyo, la iniciativa de reformar la Constitución a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente es inoportuna, ya que para corregir problemas específicos en el funcionamiento del Estado, el camino a seguir es el de un debate nacional con miras a determinar modificaciones puntuales, y que pensar que con un nuevo texto legal se solucionan los problemas nacionales es erróneo, según publicó El Financiero en el 2008.

Consideró que "los diagnósticos difieren en las causas y las diferencias se agudizan cuando se habla de soluciones" y "reunir constitucionalistas no llevará a ningún lado", ya que el "texto que elaboren será devorado por fuerzas políticas encontradas".

"La ruta de salida es convocar a una gran discusión nacional para tratar de producir mayorías políticas. No se trata de lograr consensos o unanimidades, sino de construir mayorías", señaló.

Advirtió, además, que "la constituyente es arriesgada y por la amplitud de la transformación podría salir cualquier cosa". "Si lo que se pretende es modificar nada más las instituciones políticas, la mejor ruta es un conjunto de reformas, elaboradas con visión estratégica y articuladas entre sí para producir los cambios", escribió Urcuyo.

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GOBERNANZA. Para el politólogo Claudio Alpízar Otoya “nadie puede negar la necesidad de actualizar nuestro contrato social a una realidad muy diferente a la definida por la Constitución de 1871”, máxime que en 1949 se efectuaron “solamente cambios y ajustes” por intereses particulares de los grupos en el poder.

Agrega: “Una Constitución Política no debe tener ideología determinada ni beneficiar a un grupo de la sociedad, debe caracterizarse por ser un amplio horizonte de ideas compartidas, que deberían estar representadas en una Asamblea Constituyente que incluya a los diversos sectores de la sociedad, escogidos por esta misma. La carta magna debe dejar espacios a las futuras tendencias y permitir una vida política estable, que no requiera cambios y reformas constantes en dicho documento, como sucede en la actualidad”.

Ahora bien, asevera, una Asamblea Constituyente tiene que ir acompañada de un proceso de reforma del Estado, para evitar seguir confundiendo gobernabilidad con gobernanza, conceptos que son consustanciales pero que a la vez deben ser abordados en forma disasociada. Cree importante redefinir la participación de los actores discriminados en la toma de decisiones y establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos sociales, con lo que se recuperaría la gobernabilidad y el compromiso con “cambios macro políticos”.

Al 2009 se habían contabilizado13 infructuosas iniciativas de modificación total de la Constitución, en tanto ascienden a más de 90 los cambios parciales o las reformas, según Alpízar, que contrastan con la Constitución de Estados Unidos, que en más de 200 años tan solo sufrió 27 enmiendas, de las cuales 10 fueron hechas en 1791.

El comentarista está seguro que una Reforma de Estado permitiría recuperar la gobernanza y actualizar el entramado institucional, así como la obligatoriedad de coordinación en la ejecución de las políticas públicas. “Tenemos más de 300 instituciones que funcionan como un archipiélago de entes, que han acentuado un estado atrofiado (cargado de duplicidades) que no permite la consecución de las metas trazadas por los gobiernos de turno”.

REFERENDUM. Por su parte el articulista Franklin Carvajal B., se inclina por convocar a un referéndum para que sea el pueblo el que determine si es necesaria una Constituyente o no. “Ciertamente no todos los problemas gruesos que tienen que ver con gobernabilidad y agilidad de nuestra democracia dependen exclusivamente de la actual Constitución Política; pero parte importante de ellos sí.

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Además, una revisión a fondo de nuestra Carta Magna, sin tocar su parte dogmática, puede servir de marco para estimular el pensamiento y generar iniciativas hacia la construcción de una “visión país de largo aliento, la promoción de política públicas de naturaleza estructural, y provocar más fluidez al aparato del Estado y a la conexidad entre Poderes e instituciones”.

PREGUNTAS. Para otro comentarista, Alejandro González Jiménez, antes de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debiese realizarse una “profunda evaluación” de la actual Constitución, de suerte que se revise si los problemas de gobernabilidad son de Constitución o son de estilos de liderazgo, o bien de intereses de grupo que confluyen en la sociedad”.

Continúa: “Es importante valorar qué se debe cambiar de esta Constitución: ¿las garantías sociales?, ¿los derechos humanos?, ¿las garantías electorales? ¿Qué hay que quitar a esa Constitución? Esto es un punto que no se ha valorado y que va aparejado con otro cuestionamiento o duda: ¿cuáles son los aspectos que esta Constitución no contiene y que requieren ser incorporados?, o también, ¿qué es lo que debe modificarse?”

De esa discusión cabría la posibilidad de un relativo consenso que establezca como lo más viable las reformas parciales, tal como ha venido ocurriendo desde 1949, o podría ser que los cambios fueran más profundos, de modo que requieran efectivamente de una Asamblea Constituyente.

Él considera dos aspectos importantes, primero la conformación misma de la Asamblea, lo que lleva a la integración de las papeletas de los candidatos constituyentes, lo que provocaría choque de intereses en el interior de los partidos políticos tradicionales; y segundo, en el proceso mismo de una Asamblea Constituyente podría repetirse las contradicciones y letargos que se presentan en la actualidad en la Asamblea Legislativa: “Dentro de esta lógica podría, más bien, obtenerse una Constitución más enmarañada que la actual y, posiblemente, inaplicable en alguna normativa, por lo que la medicina podría ser peor que la enfermedad”.

González Jiménez llama la atención en el sentido de que el país tiene 60 años de estabilidad política y de paz social, fruto, en cierta medida, de la normativa constitucional actual, “lo cual indica que esta ha funcionado”.

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SÍ Y NO. Algunos políticos reconocidos, como el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez; el diputado liberacionista Luis Gerardo Villanueva Monge y el exlegislador Eugenio Trejos, son partidarios de una Asamblea Nacional Constituyente, en tanto los excandidatos presidenciales Ottón Solís Fallas (Partido Acción Ciudadana), Otto Guevara Guth (Movimiento Libertario) y Luis Fishman, actual diputado (Unidad Socialcristiana), con diferentes matices y motivaciones, se inclinan por reformas parciales.

DEBATE ABIERTO. El Título XVII de la Constitución Política de Costa Rica, Capítulo Único, artículos 195 y 196, se refieren a las reformas parciales y totales de la Carta Magna, respectivamente, en tanto el 105 dice que las variantes podrán someterse a referéndum luego de ser aprobadas.

En tanto, el debate continúa, algunas reformas constitucionales esperan, como el artículo 29 para que se reconozcan el derecho de comunicación y el derecho de acceso en banda ancha a las tecnologías de la información y comunicación garantizado por el Estado (Expediente N.º 18.172); el establecimiento de carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe del Estado (Expediente Nº 17.150), para que el país asuma el papel de “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, y la inclusión de los recursos hídricos en la Constitución Política, definiendo su naturaleza de bien de dominio público (bien demanial) y su papel estratégico para el desarrollo del país.

ANEXO: Para quien estudia Derecho el tema de la Constitución Política es fundamental y de manera integral. Sin embargo, hay un tema de particular interés, y es la relación actual entre la Constitución Política y el Poder Judicial. En una oportunidad el diario La Nación editorializó así sobre la materia:

EDITORIAL DE LA NACIÓN:

SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y EL PODER JUDICIAL

Existe bastante consenso en distintos ámbitos de la vida nacional acerca de que el sistema político costarricense necesita de algunas reformas importantes. Desde la urgencia de destrabar el funcionamiento de la Administración, hasta la necesidad de un mayor control político del Ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa (para ver si los diputados dejan de hacer oposición atravesando leyes), pasando por una revisión de la relaciones entre los distintos poderes públicos, existe una serie de reformas constitucionales pendientes, de difícil postergación, que ya algún líder político ha ido compilando hasta hacer un decálogo con ese conjunto.

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Uno de los factores de debilitamiento del Poder Judicial es el uso excesivo que hace la sociedad costarricense para resolver sus conflictos cotidianos del conjunto del sistema judicial. Una de las reformas que se llevan más adelantadas en la corriente legislativa es la que refiere al Poder Judicial y en concreto a su Sala Constitucional. Las últimas resoluciones de la Sala IV han generado un malestar extendido en los medios políticos y parlamentarios, que han acelerado los deseos de reformar sus funciones y competencias.

Frente a esta aceleración ya se han levantado voces reclamando no actuar en caliente y examinar las cosas con perspectiva. Incluso un analista, aludiendo a la defensa de la Constitución y sus valores, ha decidido denunciar el riesgo de debilitar el Poder Judicial. Su reclamo tiene, sin embargo, dos problemas. El más obvio es la exageración improductiva de comparar las agresiones hechas al Poder Judicial en Perú o en Venezuela con el debate costarricense sobre las competencias de la Sala IV. El segundo, consiste en reducir los factores que debilitan al poder judicial a uno sólo, que refiere a los deseos de extensión de un abstracto “Poder” (con mayúscula), que suponemos es una forma de aludir subrepticiamente al Poder Ejecutivo.

Es completamente cierto que en la vida nacional hay factores que fragilizan el Poder Judicial. Pero si se habla de ello, es necesario hacerlo con amplitud y rigor. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son los problemas que realmente debilitan al Poder Judicial?

Según los diagnósticos y análisis del propio Poder Judicial el principal de ellos es la mora judicial, que le impide cumplir su principal función de otorgar justicia pronta y cumplida. Recientemente se ha confirmado ese enorme problema al comprobar que una proporción elevada de los privados de libertad son acusados que están esperando juicio. Pero lo más preocupante es que al observar esta situación de forma comparada, el PJ costarricense aparece con el gasto por habitante más alto del continente, según datos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Es decir, al parecer estamos ante un organismo caro pero con una mora judicial similar a la del resto de la región. ¿Se trata de un caso grave de ineficacia interna? Tampoco es así: según CEJA, la razón entre casos iniciados y casos finalizados nos advierte que el PJ costarricense está entre los más laboriosos de las Américas.

¿A qué se debe entonces la enorme mora judicial? La respuesta esta clara: al uso exagerado que hace la sociedad costarricense de su sistema de justicia. La judicialización del conflicto social en Costa Rica es una de las más altas del mundo. Y ese es el principal factor de debilitamiento del Poder Judicial. En Costa Rica cualquier conflicto civil se envía directamente a los tribunales y los esfuerzos por tratar de impulsar procesos de resolución alternativa de conflictos entregan todavía flacos resultados.

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En realidad, este fenómeno refiere al grave problema de la falta de confianza mutua existente en la sociedad costarricense. Sin un mínimo de confianza entre las personas, la tendencia a la judicialización y la inundación de nuevos casos impedirá al PJ salir de su principal problema: la mora judicial.

El otro factor decisivo que debilita al Poder Judicial es el abuso en su recurrencia que hacen los otros poderes del Estado. El Ejecutivo porque también acude al Poder Judicial en cuanto que encuentra un problema complicado. El Legislativo porque inunda de leyes el panorama jurídico costarricense y tiene la costumbre de crear leyes sin evaluar el costo de su implementación ni realizar un esfuerzo suficiente de armonización jurídica. Es decir, los otros poderes públicos tienden la tendencia a recostarse en el Poder Judicial siempre que pueden. Eso requiere un esfuerzo agregado de tipo institucional considerable.

Otro factor importante de debilitamiento se refiere a su Sala Constitucional. El abuso generalizado que hacen los sectores público y privado de la Sala IV, la conducen a tener que resolver asuntos que no deberían tratarse desde una perspectiva constitucional. Claro, es cierto que cualquier tema puede ser tratado desde una lectura constitucional, desde conflictos deportivos hasta de tránsito, pero en países que funcionan judicialmente medianamente bien, se trata de encarar esos conflictos sin tener que estudiar si, en último extremo, podrían vulnerar o no la Constitución.

El uso de la Sala Constitucional es claramente restringido y se evita así la doble tentación: de los usuarios a acudir sin medida ante esa Sala y de la propia Sala IV a resolver un montón de asuntos desde una procelosa lectura constitucional (algo, insistimos, que siempre es posible hacer en términos formales, aunque sea cultural y políticamente completamente inconveniente).

Entre otras razones, porque ello obliga a la Sala Constitucional a dotarse de una cantidad de pericias y conocimientos extraordinarios, que no son siempre de fácil adquisición. El resultado de ello es adoptar resoluciones que denotan a los expertos en ese tema que la Sala se basa en argumentos con insuficiente información especializada detrás. Un ejemplo reciente que ha causado polémica se refiere a los retenes vehiculares. En la fundamentación de su resolución, la Sala indica que este tipo de medidas se justifican “únicamente cuando sea estrictamente necesario, idóneo y proporcional para alcanzar o tutelar bienes jurídicos de trascendencia para la convivencia social”. Es decir, que traslada al conocimiento sobre la actual situación de seguridad la justificación o no de este tipo de medidas.

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La Sala parece entender que no estamos todavía en ese nivel de crisis, pero para muchos sectores si lo estamos (y de acuerdo a la argumentación de la propia Sala, esas medidas estarían justificadas). En suma, una resolución basada en un análisis de situación perfectamente discutible.

Como puede apreciarse, son varios los factores de debilitamiento del Poder Judicial, pero si se examinan en profundidad se advierte que, en última instancia, todos refieren a una causa más amplia: el uso excesivo que hace la sociedad costarricense para resolver sus conflictos cotidianos del conjunto del sistema judicial; de la costumbre de los otros poderes públicos de evitarse los pleitos enviándoselos al Poder Judicial o produciendo una inflación de leyes de difícil implementación y manejo; y de todo el mundo por pedirle al organismo judicial que examine cualquier conflicto o asunto desde una lectura constitucional. El problema es que ese abuso implica no poder superar la mora, entorpecer el funcionamiento jurisdiccional o la emisión de resoluciones arriesgadas en lo constitucional. Todo lo cual coloca al PJ en lo que se ha denominado un “equilibro inestable”, entre el recurso excesivo a su papel y la crítica recurrente. Sacar al Poder Judicial costarricense de esa trampa innecesaria es una tarea de la ciudadanía y los otros poderes, comenzando por el primero de ellos, la Asamblea Legislativa.

(ÚLTIMA LÍNEA)

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