Sent n° 155/14 – “Geslowski Alejandro Elizabeth c/ Prevencion art s. A. s/ recurso art. 46 ley 24557” – CÁmara de apelaciones en lo civil, comercial, laboral y de mineríA (neuquéN) – sala I – 16/09/2014






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Sent. n° 155/14 – “Geslowski Alejandro Elizabeth c/ Prevencion ART S.A. s/ recurso art. 46 ley 24557” – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA (NEUQUÉN) – SALA I – 16/09/2014

RIESGOS DEL TRABAJO. Norma aplicable. Ley 26773. Aplicación a las consecuencias no consumadas de los hechos pasados. Art. 17.5 de la norma. Declaración de inconstitucionalidad. Principio de indemnidad en materia de daños. Incapacidad laboral. Deber indemnizatorio de la ART. PRESTACIONES DINERARIAS. Ajuste mediante el Índice RIPTE. Art. 8. Compensación única adicional establecida en Art. 3. Admisión. Decreto reglamentario 472/2014. DISIDENCIA: Limitación de la condena 

“…si bien el accidente se produjo con anterioridad a la publicación del Decreto N° 1694/9, debe tenerse presente que las prestaciones derivadas del hecho dañoso aún se encuentran pendientes de producción, de acuerdo al correcto análisis efectuado en la sentencia.” (Del voto de la mayoría)

“En punto a la queja por la declaración de inconstitucionalidad del art. 17.5 de la ley 26.773 efectuada por el A-quo, entiendo que corresponde remitirse a los fundamentos expuestos por el Dr. Fernández Madrid al resolver en autos “Lorenz, Olinda Leonida vs. Liberty ART S.A. s. acción de amparo”, referidos a los siniestros no cancelados, reconociendo los principios de indemnidad en materia de daños que hace operativa la existencia de una obligación de seguridad, la aplicación a las consecuencias no consumadas de los hechos pasados de la nueva ley basándose en la equidad, así como que el principio de indemnidad impide percibir una indemnización menguada (cfr. autos “PEREZ CRISTIAN NELSON C/ PROVINCIA ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557” EXP Nº 419793/2010; “MENDEZ JUAN AGUSTIN C/ CONSOLIDAR ART.S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, EXP Nº 377393/8; entre otros y a cuyos fundamentos me remito).” (Del voto de la mayoría)

“…como sostuvo la Dra. Clérici en autos “BASUALTO LUIS ALBERTO C/ PREVENCION ART S.A. S/ RECURSO ART 46 LEY 24557”, (Expte. Nº 443059/2011), “[…] declarada la inconstitucionalidad del art. 17 inc. 5° de la Ley 26.773 por los motivos señalados por el a quo y que la demandada no ha cuestionado, resulta de aplicación la actualización prevista por el art. 8° y el adicional del art. 3°, por tratarse, de la determinación de la incapacidad laborativa y consecuente deber indemnizatorio de la ART, como consecuencia de una relación jurídica prexistente, alcanzada por la nueva legislación, por aplicación del art. 3° del Código Civil”.” (Del voto de la mayoría)

Citar: elDial.com - AA8BD8 
FALLO COMPLETO.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GESLOWSKI ALEJANDRO ELIZABETH C/ PREVENCION ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557" (EXP Nº 443695/2011) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. Los agravios.-
A fs. 226/228 la demandada deduce recurso de apelación contra la sentencia dictada a fs. 220/225, por la cual se condena a su parte al pago de la suma de $89654,41 con más sus intereses, desde el 09 de febrero de 2009.-
En primer lugar, se agravia de que el magistrado haya aplicado de oficio y en forma retroactiva las disposiciones del decreto 1694/09 y de la ley 26.773.-
Sostiene, que la declaración de inconstitucionalidad de oficio redunda en una violación al derecho de defensa, puesto que la cuestión no fue introducida por el demandante y no hubo debate, por lo que su parte no pudo ser oída, produciéndose además un desequilibrio contractual.-
En segundo lugar se agravia con relación al monto de condena. Sostiene que el magistrado no toma en cuenta el tope existente a la fecha del siniestro.-
Dice que luego lo actualiza por el RIPTE y otorga la compensación única adicional establecida en el artículo 3 de la ley 26773, todo de oficio y sin petición alguna de parte.-
Esgrime que la resolución desalienta el cumplimiento de las normas, puesto que de nada vale haber concedido la totalidad de las prestaciones, si luego se lo sanciona con intereses, calculados a la tasa activa desde la fecha del siniestro.-
En este último aspecto, señala que su cálculo debe efectuarse desde la fecha del dictamen de la Comisión Médica; en definitiva, desde la mora de la aseguradora.-
A fs. 234/239 contesta la actora, quien luego de argumentar a favor de su posición, solicita se confirme la sentencia de primera instancia.-

2. El contexto de decisión. Necesidad de un nuevo análisis integral de la cuestión.-


Así planteada la cuestión, debo comenzar el análisis afirmando que la sucesión normativa que se ha producido en esta materia y la técnica legislativa empleada, unida a la demora en el dictado de las reglamentaciones, ha tornado muy compleja la labor interpretativa judicial.-


Por una parte, la naturaleza de los derechos en juego, la desactualización y consiguiente insuficiencia –en algunos casos- de las indemnizaciones, ha exigido acudir al más extremo remedio en la tarea judicial de aplicación normativa, cual es la declaración de inconstitucionalidad.-


Este panorama se vio nuevamente complicado a raíz del dictado de la última normativa y el excesivo tiempo transcurrido en el dictado de su reglamentación, lo que exigió de los operadores una puesta en marcha del sistema, prescindiendo de ella, en tanto la respuesta no podía hallarse sujeta a la actividad de un órgano administrativo y cuya omisión resultaba violatoria de garantías constitucionales.-
Lo cierto es que, en el momento actual, se ha dictado el decreto reglamentario 472/2014, lo que exige efectuar un nuevo análisis de la cuestión y reformular en algunos aspectos el tratamiento que de esta materia se había realizado.-


Con la prevención, entonces, que la solución que aquí se acordará involucra una respuesta, en ciertos aspectos, diversa a la dada en los análisis anteriores, revisión que encuentra su justificación en el reexamen de la cuestión a la luz de las modificaciones normativas y los pronunciamientos jurisprudenciales que, como fuentes del derecho debo ponderar, me abocaré al tratamiento de los agravios introducidos en esta instancia.-

3. Aplicación del decreto 1694/09. Aplicación retroactiva e inmediata de la ley. El pronunciamiento de la CSJN en la causa "Calderón". Otra vertiente de análisis: la pulverización de la indemnización como solución irrazonable en términos de equidad constitucional.-


En este contexto he de abordar los agravios, abocándome en primer término al relativo a la aplicación en el caso del decreto 1694/09.-


La consecuencia de esta decisión, se proyecta en lo que hace al tope que estableciera la ley 24557, Decreto 1278/0, tope que, en la normativa subsiguiente, deja de ser tal, para transformarse en un piso mínimo.-


Concretamente, tratándose en el caso de una incapacidad fijada en el 7,4%, de aplicarse el tope previsto originariamente en la ley 24557, la suma a conceder no podría exceder de $ 13.320.-


Por el contrario, por la modificación introducida por el Decreto 1694/09, tal suma devendría en un mínimo, que no tendría incidencia en la solución, por ser superior el resultado de la fórmula.-


Nótese, entonces, que la diferencia en el monto a percibir –entre uno y otro supuesto- asciende a la suma de $ 19.022,86 (en la sentencia se fija el monto en $32.342,86).-
Esta situación de hecho, es la que determina que el magistrado haya dejado de lado el tope, mediante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 del Decreto 1694/9, entendiendo que sus disposiciones eran aplicables en el caso.-


Ahora bien, coincido en el resultado y en la motivación de la decisión judicial en crisis, no así con el razonamiento constitucional empleado.-


La disquisición es necesaria porque estimo que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 del Decreto 1694/9, nada aporta a la solución. Y digo esto por cuanto, aún suprimiendo la cláusula, la aplicación del Decreto 1694/9 importaría una solución de corte retroactivo, lo que se encuentra vedado a los jueces, en orden a la directiva contenida en el artículo 3 del Código Civil.-
3.1. En efecto: sostuve en las numerosas causas, con antecedente directo en los desarrollos que efectuara en los autos "Vinet", que una misma relación o situación jurídica, en el curso de su ejecución, puede ser regida, en todo o en parte, por la ley anterior o por la ley posterior y, por consiguiente, si esas leyes entran en competencia, se suscita la situación de conflicto.-


Se señalaba, entonces, que las situaciones jurídicas y, con más razón las relaciones jurídicas, se constituyen, modifican o extinguen porque los sujetos producen ciertos hechos o actos jurídicos a cuya presencia el ordenamiento liga particulares efectos: la ley nueva posterior no puede regular lo que quedó jurídicamente consolidado bajo la ley anterior, salvo un efecto retroactivo que expresamente le confiera el legislador.-


Concluía que el sistema del efecto inmediato consiste en que la ley nueva toma la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron.-


Por lo tanto, todo aquello que se ha perfeccionado debe quedar bajo la égida de la misma ley: los hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es propia, no pueden ser atrapados por la nueva ley (juega la noción de consumo jurídico) y si se los afectara, se incurriría en retroactividad. (cfr. Marigo, Marta Susana "El artículo 37 de la ley 22.250 como norma de solución de conflictos de leyes sucesivas", DT 1982-B, 1235, a quien seguí al efectuar los desarrollos en la causa citada).-


3.2. Traídos estos conceptos al caso de los accidentes de trabajo, tenemos que el "consumo jurídico" no se produce al tiempo de la sentencia condenatoria que sólo tiene efecto declarativo, ni al tiempo de la cancelación del crédito indemnizatorio, sino que proviene de una situación de hecho, que es la producción del daño al trabajador y que se exterioriza con la primera manifestación invalidante.-


La manifestación invalidante es, entonces, el hecho "constitutivo" que otorga eficacia generadora de un derecho de crédito a favor del trabajador para que lo indemnicen y un derecho, también del empleador, de eximirse de responsabilidad en su caso, de acuerdo al régimen legal vigente en ese entonces.-


En este sentido, es claro que el momento en que se produce la "manifestación invalidante" va a depender de cada caso concreto. Por ello "…ante un accidente o enfermedad profesional, el pago de la indemnización devenida de un reclamo por incapacidad laboral no puede depender del momento en que el actor haga el reclamo de su crédito o de la decisión del deudor que disponga cuando va a ser aquél abonado. No sólo porque estaría determinando la voluntad de las partes la ley aplicable al reclamo, siempre por supuesto que no supere el plazo de prescripción de la acción, sino porque estaría violentándose el principio de seguridad jurídica y el de igualdad que consagra el art. 16 de la C.N. (cfr. en extenso, autos "Vinet", del registro de la Sala II).-


3.3. Estas razones me llevaron a interpretar que no es acertado entender al pago del resarcimiento, como la consecuencia más importante de la relación jurídica conocida como el hecho generador de responsabilidad y, en base a ello, sostener que la extensión del reconocimiento ha de caer bajo la nueva ley (cfr. en sentido opuesto a la posición a la que adhiero: CFed. La Plata (sala tercera penal), 27/4/1989, "Martínez, Hilda S. J. c. ENTEL", D. L. 1989, ps. 200 y ss., citado por Cornaglia, Ricardo J., "La aplicación inmediata y retroactiva de la ley laboral", publicado en: LA LEY 2004-D, 1306).-


Y sostuve también: "…La falta de pago en tiempo oportuno del crédito debido tiene importancia y trascendencia para fijar la fecha a partir de la cual han de liquidarse intereses moratorios y/o compensatorios, pero no para establecer la ley aplicable en la materia…" (cfr. Pawlowski de Pose, Amanda Lucía, "Sobre la aplicación del decreto 1.694/2009 frente a las directivas del art. 3 del Código Civil", Sup. Doctrina Judicial Procesal 2012 (marzo), 34).-


A iguales reparos me conducía la tesis que considera que la sentencia judicial pueda revestir esa calidad, por cuanto, en el supuesto de resultar favorablemente acogida la pretensión, el órgano judicial no dicta una resolución constitutiva de derechos sino declarativa de un derecho preexistente, cuyo desconocimiento ha obligado a la promoción de la demanda.-


Y véase que la CSJN ha señalado recientemente en autos "Calderón, Celia Marta C/ Asociart", haciendo suyos los términos de la Procuradora Fiscal que "el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos 314:481; 315:885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la nueva ley a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos 314:481; 321:45)…"


Y se aclara más adelante que tal circunstancia determinante del régimen aplicable se origina cuando la obligación es exigible, esto es "cuando es declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente y no con la primera manifestación invalidante –que fue considerada por los jueces de la causa-…
La LRT establece pautas conceptuales para distinguir los momentos en que el trabajador tiene derecho a que se le paguen las prestaciones previstas legalmente, que difieren de aquéllos en que se produce la primera manifestación invalidante, en el presente caso: el accidente. Ello es así porque el art. 9 de la LRT dispone que la situación de la incapacidad laboral permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante 36 meses… Es por ello que entiendo que… si el objeto mismo del reclamo nunca pudo ser exigido antes de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente, resultaba razonable que se aplicara la norma vigente al momento en que es exigible dicho crédito para su cobro…" Y concluye: "Desde esta perspectiva, deberán examinarse los principios del precedente Aveiro en cuanto destaco que si el decreto en juego, según sus propios considerandos, perseguía fines perentorios e impostergables, así como procuraba dar respuesta a la posibilidad y la necesidad de mejorar el régimen de la LRT de inmediato con el propósito de dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador o de sus derecho habientes originadas en el infortunio laboral, la interpretación del citado art. 19 debía realizarse con arreglo a tales premisas..." (cfr. del dictamen de la Procuradora que la mayoría de la CSJN hace suyo en la sentencia dictada en "Calderón Celia Marta c/ Asociart ART s/ acc." (C, 915, XLVI), de fecha 29 de abril de 2014. El resaltado es propio).-
A partir de las consideraciones anteriores, reafirmo entonces mi posición, en punto a que ni el pago ni la sentencia determinan el derecho aplicable, sino –y tomando para ello la formulación efectuada por la CSJN- el momento en que haya sido exigible el crédito.-
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