Sentencia de corte constitucional en accion extraordinaria de proteccion, dejando sin efecto sentencia condenatoria en caso de injurias pronunciada por juez penal






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  1. SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL EN ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION, DEJANDO SIN EFECTO SENTENCIA CONDENATORIA EN CASO DE INJURIAS PRONUNCIADA POR JUEZ PENAL



Quito, D. M., 03 de junio de 2010
Sentencia N.º 024-10-SEP-CC
CASO N.º 0182-09-EP
LA CORTE CONSTITUCIONAL

Para el período de transición:
Juez Constitucional Ponente: Dr. Edgar Zárate Zárate
I. ANTECEDENTES
De la Solicitud y sus argumentos
El señor Marco Alfredo Morales Mora, amparado en lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, presenta una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada con fecha 4 de febrero del 2009 a las 14h29, por el señor Juez Noveno de lo Penal de Pichincha, encargado, dentro del juicio por injurias, signado con el número 1196-2008-VM, mediante la cual se condena al accionante a seis meses de prisión, así como al pago de costas, daños y perjuicios, más una multa de USD 20 dólares.
Afirma que fue privado del derecho a la libertad, vulnerando las normas del debido proceso consagradas en los artículos 75 y 76, numeral 7, literales a, b y c de la Constitución de la República; artículos 346, numeral 4, y 1014 del Código de Procedimiento Civil, y numeral 3 del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal; puesto que jamás fue citado con el contenido de la querella y en consecuencia no pudo ejercer su legítimo derecho a la defensa.
Es decir, el accionante manifiesta que el juez debió declarar la nulidad del proceso por falta de citación con la querella, tanto más considerando que en las razones de citación que obran de autos, consta que las mismas fueron realizadas los días 23, 24 y 25 de septiembre del 2007, cuando en la acusación particular se afirma que las injurias se profirieron el 17 de julio del 2008, es decir, se lo citó 10 meses antes de ocurrido el hecho que se le imputa, lo cual resulta imposible.
Pretensión Concreta
El accionante solicita que se declare que la sentencia impugnada viola su derecho constitucional a la libertad, disponiendo la reparación integral de sus derechos.
Auto Impugnado
“... Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y LA LEY, se acepta la acusación particular propuesta por el señor VICTOR HUGO ZAVALA YAMBAY, en contra de los ciudadanos MARCO ALFREDO MORALES MOYA; y, JORGE MARCELO CALAHORRANO MORALES, y dicto sentencia condenatoria, en contra de los querellados MARCO ALFREDO MORALES MOYA; y, JORGE MARCELO CALAHORRANO MORALES, por considerarles coautores del delito tipificado y sancionado en los Arts. 490 y 495 del Código Penal, CONDENÁNDOLES A LA PENA DE SEIS MESES DE PRISION, que lo cumplirán en uno de los Centros de Privación de Libertad de Quito los señores MARCO ALFREDO MORALES MOYA; y, JORGE MARCELO CALAHORRANO MORALES.- En virtud de ésta sentencia ofíciese al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, para que procedan a la localización y captura de los condenados.- Condenándoles además al pago de costas, daños y perjuicios, imponiéndole la multa de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. El estado y condición de los querellados obran del proceso.- En trescientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se regula los honorarios profesionales del abogado patrocinador del acusador particular, descontándose el 5 % a favor del Colegio de Abogados de Pichincha.- Actúa el Dr. Germán Herrera, en calidad de Secretario Titular de esta Judicatura quien certifica.- Notifíquese.-”.
De la Contestación y sus argumentos
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Corte Constitucional, para el período de transición, mediante providencia del 19 de agosto del 2009, el doctor Patricio Centeno Tayupanta, en su calidad de Juez Suplente del Juzgado Noveno de Garantías Penales de Pichincha, en atención a la acción extraordinaria de protección presentada el 1 de abril del 2009, emite su informe al cual acompaña copias certificadas del juicio N.º 1196-2008. En lo principal señala:
El señor Víctor Hugo Zavala Yambay, con fecha 29 de julio del 2008, presentó una acusación particular en contra del accionante por el cometimiento el presunto delito de injurias. Por ello, una vez radicada la competencia, el juez, en cumplimiento de los principios del debido proceso consagrados en la Constitución de la República, dispone que el querellante comparezca y reconozca la acusación particular, conforme lo ordena el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, dispone que los querellados sean citados en legal y debida forma en la dirección que señala para tal efecto el querellante, siendo por tanto remitido el proceso a la oficina de citaciones con fecha 2 de septiembre del 2008.
En este sentido, reconoce el compareciente que en la razón de la citación existe un error de tipeo, pues en lugar de decir 2008, consta 2007, lo cual a su criterio no obsta para ratificar que los querellados fueron citados en legal y debida forma, y en consecuencia se continuó con la tramitación del procedimiento. De esta forma, menciona que se convocó a una audiencia de conciliación, a la cual los querellantes no comparecieron, pese a ser legalmente citados, luego de esto, se abrió el respectivo término de prueba que finalizó con una sentencia.
Concluye expresando que la sentencia emitida fue objeto de un recurso de apelación que, por ser interpuesto extemporáneamente, fue rechazado; sin embargo se concedió el recurso de revisión, el cual fue rechazado por haber sido indebidamente concedido, a criterio de la Primera Sala de lo Penal de la Corte nacional, con fecha 3 de junio del 2009.
De los argumentos de otros accionados con interés en el caso
En atención a lo previsto en el literal b del artículo 56 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el período de transición, publicadas en el Registro Oficial N.º 466 del 13 de noviembre del 2008, que establecen que la Sala de Sustanciación en el auto inicial avocará conocimiento del proceso y dispondrá la notificación a la contraparte del accionante para que, de considerarlo pertinente, se pronuncie en el plazo de quince días, exclusivamente respecto de la presunta vulneración en el proceso de juzgamiento de los derechos reconocidos en la Constitución, mediante providencia del 19 de agosto del 2009, se dispone comunicar el contenido de la demanda y el mencionado auto a la contraparte del accionante, señor Víctor Hugo Zavala Yambay, para que se pronuncie en el plazo de quince días, respecto a la presunta vulneración del debido proceso en el proceso de juzgamiento.
Se deja constancia de que a pesar de haber sido notificado en la casilla judicial N.º 4022, la contraparte no presenta informe alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y resolver la presente acción, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado en la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008; artículo 53 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el período de transición; Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la Resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 451 del 22 de octubre del 2008.
El Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para conocer y resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia; en el presente caso, sobre la sentencia de fecha 4 de febrero del 2009 a las 14h29, expedida por el Juez Noveno de lo Penal de Pichincha, encargado, dentro del juicio penal por injurias, signado con el número 1196-2008-VM, mediante la cual se condena al accionante a seis meses de prisión, así como al pago de costas, daños y perjuicios, más una multa de USD 20 dólares.
Mediante auto de fecha 5 de agosto del 2009 a las 12h03, la Sala de Admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el período de transición, al considerar que la acción extraordinaria de protección reúne los requisitos de procedibilidad determinados en el artículo 52 de dichas Reglas, admite a trámite la presente acción.
Supremacía Constitucional
La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y de administración de justicia constitucional, siendo, por tanto, indispensable que ejerza ese control y demás atribuciones en estricto término al señalado en la Constitución de la República, pues su función primordial es preservar la supremacía e integridad de la misma, y asegurar la efectiva aplicación de los derechos y principios constitucionales, conforme lo prescribe en su artículo 424. Sin embargo, no se puede desconocer lo dispuesto en los artículos 425, 426, 427 y 428 ibídem, ya que el control de constitucionalidad abarca a otros operadores, y sin distingo de quien lo aplique perseguirá igual fin, que es el de garantizar la supremacía de la Constitución, y por tanto, las decisiones judiciales adoptadas no pueden escapar a dicho control, y se sujetarán también a lo dictado por la Carta Suprema.
Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección
La acción extraordinaria de protección procede, exclusivamente, contra sentencias o autos definitivos en los que, por acción u omisión, se haya violado el debido proceso u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y procede una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el artículo 94 de la Constitución de la República.
En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en los cuales se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución; mecanismo previsto para que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos del Ordenamiento Supremo. Lo contrario sería que no existiera una acción o recurso al cual recurrir para impugnar las acciones u omisiones de los operadores judiciales que violan derechos fundamentales, resultando que aquellos funcionarios supremos no se encuentran vinculados o bajo el control de la Constitución. Sin duda, entonces, la “procedencia de las acciones constitucionales frente a las decisiones judiciales constituye un verdadero avance en esta materia. En efecto, el reconocimiento de la supremacía constitucional implica aceptar que todos los poderes del Estado, incluso el Poder Judicial, se encuentran sujetos a la Constitución y a los derechos humanos”1.
Problema jurídico planteado
La Corte Constitucional, para el periodo de transición, previo a resolver, analizará si efectivamente se produjeron violaciones del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica durante la tramitación del juicio de injurias seguido en contra del accionante, como así lo afirma. Por tanto, con el objeto de determinar la existencia o no de las referidas violaciones se examinará la actuación del juez en relación estricta con la citación de la querella, elemento sustancial, a la luz de la doctrina.
La garantía jurisdiccional que preconiza, como valor fundamental de la sociedad, impregnar de justicia al ordenamiento jurídico, de tal manera que el acceso a los órganos judiciales sea expedito para los justiciables, es la denominada tutela judicial efectiva2. De esta forma, “la constitucionalización y la internacionalización del derecho a una justicia accesible, oportuna, imparcial, eficiente y autónoma, concretan el concepto de tutela judicial efectiva en la solución de las controversias a través del proceso como instrumento fundamental de la paz social”3. Es decir, el derecho que tiene toda persona a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República, debe ser entendido como el derecho de toda persona “a que se le haga justicia”, mediante un proceso que reconozca un conjunto de garantías básicas, como son: “a) A ocurrir ante los tribunales de justicia y a obtener de ellos una sentencia útil; b) A acceder a una instancia judicial ordinaria y a lograr un control judicial suficiente sobre lo actuado…; c) A un juez natural e imparcial; d) A la eliminación de las trabas que impidan u obstaculicen el acceso a la jurisdicción; e) A la interpretación de las normas reguladores de los requisitos de acceso a la jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión, evitándose incurrir en hermenéuticas ritualistas (in dubio pro actione); f) A que no se desestimen aquellas pretensiones que padecen de defectos que pueden ser subsanados; g) A la no aplicación en forma retroactiva de nuevas pautas jurisprudenciales con relación a los requisitos de admisibilidad, a fin de evitar situaciones de desamparo judicial; h) A peticionar y obtener tutela cautelar para que no se torne ilusorio el derecho que se defiende; i) Al cumplimiento de todas las etapas del procedimiento legalmente previsto, el cual deberá asegurar la posibilidad del justiciable a ser oído, y a ofrecer y producir la prueba pertinente antes de dictarse sentencia; j) A una decisión fundada que haga merito de las principales cuestiones planteadas; k) A impugnar la sentencia definitiva; l) A tener la posibilidad de ejecutar en tiempo y forma la sentencia y, por ende, a su cumplimiento por parte de la autoridad condenada; m) Al desarrollo del proceso en una dimensión temporal razonable; n) A contar con asistencia letrada”4.
De la misma forma, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Respecto a tal garantía judicial, la Corte Interamericana ha manifestado: "…debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29 (c) de la Convención Americana, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno".
Por su parte, el derecho al debido proceso no es sino aquel que cumple con las garantías básicas establecidas en la Constitución de la República. Más concretamente, el artículo 76 ibídem consagra que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se debe asegurar el derecho al debido proceso, que debe necesariamente incluir varias garantías básicas.
En este sentido, en la presente acción se consideran violadas las garantías del debido proceso previstas en los literales: a, b y c del numeral 7, que tienen relación al derecho a la defensa, y señalan expresamente: “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; y c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.
De esta forma se establece constitucionalmente el derecho a la defensa de toda persona, y en tal sentido, todo tipo de actos que conlleven la privación o limitación del referido derecho producirá, en última instancia, indefensión. En otras palabras, esta garantía esencial es una manifestación del debido proceso. Como lo afirma la doctrina, la relación existente entre la tutela judicial efectiva y la prohibición de la indefensión, se configuran en un único derecho: el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
En este orden, la indefensión es un concepto “mucho más amplio, quizá también más ambiguo o genérico –que la tutela efectiva– pues puede originarse por múltiples causas. Sólo puede prosperar su alegación cuando de alguna forma, generalmente por violación de preceptos procedimentales, se impida al acusado ejercitar oportunamente su defensa, cuando se obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el contenido de la acusación que en su contra se esgrime”5. Así lo delimita la Constitución de la República, al establecer en su artículo 75: Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.
1 Claudia Escobar, “Del Tribunal a la Corte: ¿Tránsito hacia una nueva justicia constitucional?, en Constitución del 2008 en el contexto andino, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, p. 347.
2 Vicente J. Puppio, Teoría General del Proceso, Séptima Edición, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008, p. 73.
3 Vicente J. Puppio, op. cit., p. 73-74.
4 Pablo Esteban Perrino, “El Derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa”, en Revista de Derecho Público, Proceso Administrativo I, Buenos Aires, Editorial RUBINZAL-CULZONI, 2003, p. 261-262.
En razón de lo expuesto, toda persona tiene derecho a preparar su defensa con el tiempo necesario y contando con los medios adecuados, es decir, en igualdad de condiciones que la parte acusadora. Precisamente “uno de los pilares de este derecho es el deber de la acusación de descubrir sustancialmente la fundamentación de su postura (hechos, pruebas materiales, declaraciones…), a la parte acusada, y ello para impedir situaciones de sorpresa o engaño que redundarían en una inadecuada preparación de la defensa, lo que supondría una violación del DPL (due process of law)…”6.
En esta línea, otro derecho alegado por el accionante es aquel que tiene relación con el derecho que tiene el acusado de estar presente durante todas las fases del proceso, pero entendido no únicamente como una mera presencia física, la cual sin duda es de vital importancia, sino también como el derecho a comprender lo que se está actuando en el proceso, y con ello la relevancia que comporta la asistencia de un abogado o defensor público, así como de un traductor o intérprete, si éste no comprende el idioma en el cual se sustancia el procedimiento.
En cuanto a las actuaciones procesales in absentia, el Comité de Derechos Humanos ha manifestado en reiteradas ocasiones que no deben admitirse actuaciones en ausencia del acusado en los procesos penales, independientemente de las razones que existan para la no comparecencia, aunque se reconoce en última instancia que podrían admitirse siempre que se trate de alguna circunstancia excepcional, como una forma de tutelar el derecho a la defensa, y más concretamente al debido proceso.
En suma, el pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante la tramitación del procedimiento, porque de ello dependerá en última instancia el resultado del mismo. Así, el derecho de hallarse en el proceso impone al juez el deber de: notificar al acusado y al abogado defensor, con la suficiente antelación, y no excluirlo indebidamente del proceso, puesto que de otro modo no se garantiza el derecho de las personas a exponer sus posiciones, a ser oídas por los tribunales, o a presentar sus argumentos o pruebas de defensa7.
Con estos antecedentes, el problema jurídico a resolver plantea:
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