El Juzgado Sexto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área






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Magistrado Ponente: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Exp. N° 2012-1780

 

El Juzgado Sexto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, adjunto a oficio número 4333 del 29 de noviembre de 2012, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la demanda de divorcio incoada por el ciudadano RICARDO AUGELLO RODRÍGUEZ, venezolano y titular de la cédula de identidad número V-8.285.374, asistido por la abogada Gloria Patricia Galeano Cardona, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 20.299, contra la ciudadana SILVIA EXPÓSITO YÁNES, de nacionalidad española y titular de la cédula de identidad número E-81.966.764.

La remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente, en sentencia del 3 de noviembre de 2011, la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, para conocer del caso de autos.

El 6 de diciembre 2012, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.

El 14 de enero de 2013, se incorporó a esta Sala el Magistrado Suplente Emilio Ramos González.

Por auto del 29 de octubre de 2013, se dejó constancia que el 8 de mayo del mismo año, fue electa la Junta Directiva de este Máximo Tribunal, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la manera siguiente: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; la Magistradas Trina Omaira Zurita, la Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Suplente Emilio Ramos González. Se reasignó la ponencia al Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 14 de enero de 2014, reunidos los Magistrados y Magistradas de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach, a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita hasta que la Asamblea Nacional proceda a la designación definitiva del Magistrado (a) Titular, según lo dispuesto en los Artículos 47 y 48 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente, Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente Emilio Ramos González y Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Sala a dictar decisión, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito consignado en fecha 29 de septiembre de 2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el ciudadano RICARDO AUGELLO RODRÍGUEZ, debidamente asistido, interpuso de demanda de divorcio de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, contra la ciudadana SILVIA EXPÓSITO YÁNES, argumentando lo siguiente:

Que en fecha 11 de septiembre de 1977, contrajo matrimonio con la ciudadana Silvia Expósito Yánes, por ante el Juzgado Décimo Quinto de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fijando como domicilio conyugal la siguiente dirección: “Calle 50 con segunda Avenida, Residencias Caty, Piso 5, apartamento 51, Montalbán 2, Municipio Libertador del Distrito Capital”.

Indicó que de la unión matrimonial, procrearon dos hijos, cuyos nombres se omiten de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes nacieron en la ciudad de Caracas los días 27 de octubre de 2000 y 9 de septiembre de 2003.

Sostuvo que la vida matrimonial transcurrió en un ambiente de mutuo respeto y consideración; sin embargo, “en el mes de julio de 2007 [su] esposa le comunicó que había decidido irse sola para España para hacer la homologación de los estudios de arquitectura… habiendo viajado en el mes de septiembre de ese año y permaneciendo [en ese país] durante un año…”. (Agregado de la Sala).

Que “al resultar infructuosos sus esfuerzos para obtener la equivalencia retornó al país en junio de 2008, volviéndose a ir en agosto de ese mismo año en un segundo intento, a pesar de haberle manifestado [su] inconformidad…”.

Señaló que su cónyuge regresó a Venezuela en el mes de octubre del año 2008, pero que constantemente decía que “se sentía mal en Venezuela”.

Que debido a la constante persistencia de su esposa, decidieron irse de vacaciones al Reino de  España, viajando el 23 de agosto de 2009 y que para la fecha de retorno, su cónyuge “consiguió un precario empleo con lo que se opuso al regreso”.

Arguyó que “le planteó una vez más, que por razones de diferente índole no podían permanecer en España, contestando[le] que ella y sus hijos no iban a regresar. Dada la insistencia en varias oportunidades, [lo] denunció por violencia física y psicológica por ante un Juzgado competente y solicitó una orden de restricción, motivo por el cual tuv[o] que abandonar el apartamento cedido temporalmente por sus padres (…), no obstante lo anterior, insiti[ó] en el retorno y reunificación familiar mediante un telegrama enviado a su domicilio días antes de [su] regreso a Venezuela”. (Agregado de la Sala).

Finalmente, manifestó su deber de colaborar con la manutención de sus hijos, propuso un régimen de convivencia y solicitó se declarase con lugar la demanda de divorcio, por abandono voluntario.

Efectuada la distribución de la causa, correspondió conocer el asunto al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el cual admitió la demanda por auto del 4 de octubre de 2010.

El 10 de noviembre de 2010, el tribunal antes mencionado acordó librar rogatoria dirigida al Juzgado competente en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Tenerife, Reino de España, a los fines de la citación de la demandada.

            Dicha rogatoria fue devuelta por error material, corregida y remitida nuevamente el 16 de diciembre de 2010.

            Según oficio número 001332 del 28 de enero de 2011, el Director de Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores informó al tribunal de la causa que la carta rogatoria había sido remitida a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de España, a los fines legales correspondientes.

            Previa solicitud del demandante, por auto del 18 de mayo de 2011, se acordó oficiar al Director de Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores para que informara acerca del estado de la rogatoria librada.

            Mediante escrito consignado el 19 de septiembre de 2011, el abogado  Ernesto Velarde Chaparro, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 37.198, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, solicitó se declare la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al Juez Extranjero.

Mediante decisión de fecha 3 de noviembre de 2011, el tribunal remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, para conocer de la demanda de divorcio incoada, con fundamento en lo siguiente:

“…de lo anterior se constata que, en materia de divorcio, la ley o Derecho aplicable es aquel en el cual el cónyuge demandante hubiere establecido su domicilio, entendiendo por éste, de conformidad con el artículo 11 de la Ley ut supra indicada [Ley de Derecho Internacional Privado], el lugar donde tiene su residencia habitual, de conformidad con el primer aparte del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Siendo ello así, debe este Tribunal determinar que los cónyuges Ricardo Augello Rodríguez y Silvia Expósito Yánes, poseían su residencia habitual en la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, observa este Juzgado que la parte demandada alegó que el 29 de julio de 2009, la familia Augello Expósito, fue dada de baja residencial a fin de establecer su domicilio en España, lo que infiere que suscribe que el último domicilio conyugal de los cónyuges antes mencionados fue establecido en la ciudad de España. Por otra parte, es importante destacar que en fecha 16 de septiembre de 2010, la ciudadana Silvia Expósito Yánes, introdujo demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 1, Jurisdicción de Icod de Vinos, Tenerife España, y que posteriormente en fecha 29 de septiembre del mismo año, el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez, interpone demanda de divorcio contra su cónyuge, ante este Tribunal, lo que denota que dicha demanda fue interpuesta con posterioridad a la introducida por su cónyuge demandada, tal como lo dispone el primer aparte del artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en principio, de acuerdo al análisis de las citadas demandas correspondería el conocimiento del presente asunto al juez extranjero. Por otra parte, se observa que en las referidas controversias se hallan involucrados dos niños (…), por tanto (…), debe esta sentenciadora velar por el fiel cumplimiento de los derechos y garantías de los niños de autos, en lo atinente a la Responsabilidad de Crianza (custodia), Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar, siendo tales instituciones materia de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sin embargo del análisis exhaustivo de la decisión emanada del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N° 1 de la Jurisdicción de Icod de los Vinos, Tenerife España, observa quien suscribe que las medidas cautelares dictadas a favor de los niños de marras, han protegido sus derechos, considerándose en todo momento el interés superior del niño establecido en nuestra Constitución en su artículo 78, artículo 8 de nuestra novísima Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En tal sentido, corresponde en consecuencia a los tribunales extranjeros conocer del presente caso. Así se decide (…)”. (SIC).

 

En fecha 11 de octubre de 2012, se recibieron las resultas de la rogatoria librada a los efectos de la citación de la demandada, donde se evidencia que la misma fue practicada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 1 de Icod de Los Vinos el 19 de julio de 2011. (Folio 165 del expediente).

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conocer las consultas de jurisdicción.

            A tal efecto, de la revisión de las actas procesales esta Sala observa que mediante decisión de fecha 3 de noviembre de 2011, el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial Venezolano frente al juez extranjero para conocer y decidir la demanda de divorcio incoada por el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez contra la ciudadana Silvia Expósito Yánes, básicamente al considerar: i) que las partes habían establecido su último domicilio conyugal en España y, ii) que la demandada había ejercido ante los tribunales competentes del Reino de España –con antelación a este juicio- una demanda de divorcio contra el cónyuge, hoy demandante.

Ahora bien, tal como se señaló, la acción interpuesta por el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez, versa sobre una demanda de divorcio incoada contra la ciudadana Silvia Expósito Yánes, domiciliada en el Reino de España, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, el primero de nacionalidad venezolana, razón por la cual, a los fines de determinar si el Poder Judicial Venezolano tiene jurisdicción para conocer de los autos y al estar presentes elementos de extranjería que producen una gama de legislaciones potencialmente aplicables al caso concreto y de foros concurrentes, se observa:

De acuerdo con el orden de prelación de las fuentes en el sistema de Derecho Internacional Privado, que rige el presente juicio, debe aplicarse, de conformidad con el artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado, las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia y en particular las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela; y en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano.

Siendo ello así, y no existiendo Tratado alguno en materia de divorcio entre el Reino de España y Venezuela, debe tomarse en cuenta lo preceptuado por el sistema de Derecho Internacional Privado venezolano para la solución del presente juicio; en tal sentido, debe precisarse que en el Capítulo IX de la Ley de Derecho Internacional Privado, denominado “De la Jurisdicción y de la Competencia”, se regula, entre otros aspectos, los supuestos en los que la ley asigna jurisdicción a los tribunales venezolanos.

En efecto, el artículo 39 de la Ley in commento, establece que:

Artículo 39. Además de la jurisdicción que asigna la ley a los Tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los Tribunales de la República tendrán jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42 (Negrillas de la Sala).

Según lo dispuesto en la norma transcrita, corresponde, además, a los tribunales venezolanos conocer de aquellos juicios en los que se intente una acción contra una persona cuyo domicilio se encuentre fuera de la República, ello supeditado a que se trate de los supuestos establecidos en los artículos allí enunciados. Al respecto, señala el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo siguiente:

Artículo 42. Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares:

1º) Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, para regir el fondo del litigio;

2º) Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República.” (Resaltado de la Sala).

 

La norma supra transcrita contempla, respecto de las acciones relativas al estado de las personas o relaciones familiares, dos criterios especiales atributivos de jurisdicción a favor de los tribunales venezolanos, a saber: el criterio del paralelismo, con el cual se le atribuye jurisdicción al Estado cuya Ley resulte aplicable para resolver el fondo del asunto y, en segundo lugar, la sumisión, es decir, que un Tribunal tendrá jurisdicción cuando las partes decidan expresa o tácitamente someter la controversia al conocimiento de un determinado tribunal, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan; este último criterio con relación al demandante se evidencia de la interposición de la demanda y, en cuanto al demandado, queda de manifiesto cuando al contestar la demanda, no alega la falta de jurisdicción del tribunal o no se opone a una medida preventiva, conforme lo dispone el artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Respecto de este último criterio, no se evidencia en autos que haya habido sumisión, ni tácita ni expresa, en relación con la demandada, toda vez que ésta opuso en la primera oportunidad la falta de jurisdicción del Poder Judicial Venezolano.

Ahora bien, con fundamento en el primero de los criterios indicados, los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela tendrán jurisdicción, siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el competente para regir el fondo del asunto; por tanto, a los fines de dilucidar si el derecho venezolano es el aplicable al caso de autos, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual establece que: “El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. El cambio de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efectos después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual”. (Negrillas de la Sala)

De lo anterior se constata que, en materia de divorcio, la ley o Derecho aplicable es aquél en el cual el cónyuge demandante hubiere establecido su domicilio, entendiendo por éste, de conformidad con el artículo 11 de la Ley antes referida, el lugar donde tiene su residencia habitual, la cual se determina por el transcurso de un año después de haber ingresado al territorio nacional, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Siendo ello así, debe la Sala determinar si el cónyuge demandante, ciudadano Ricardo Augello Rodríguez, poseía su residencia habitual en la República Bolivariana de Venezuela, un año antes de haber interpuesto la demanda de divorcio.

A tal efecto, observa la Sala que de las copias certificadas producidas por la demandada en la oportunidad en la que alegó la falta de jurisdicción del Poder Judicial Venezolano, esto es, el 19 de septiembre de 2011, se evidencian los hechos siguientes:

1) En fecha 1° de septiembre de 2011, el Cónsul General Adjunto de España en Caracas, Venezuela, certificó que el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez “consta inscrito en nuestro de registro de matrícula con el número 200500157 del año 2005. Se le tramitó el pasaporte en este Consulado General el mismo año. Causó baja por traslado a España el día 29/07/2009. Se dio nuevamente de Alta el día 30/7/2010, condición que mantiene hasta el día de hoy”. (Folio 84 del expediente).

Asimismo, a los folios 85, 86 y 87 del expediente cursan Certificados de Baja en el Registro de Matrícula, expedidos por el Consulado General de España en Caracas, donde se hace constar que la ciudadana Silvia Expósito Yánes “ha causado baja con fecha 2 de julio de 2007 por traslado a España” y que la niña y el niño (cuya identificación se omiten de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) “ha[n] causado baja con fecha 29 de julio de 2009, por traslado a España”.

2)  Del folio 88 al 98 corren insertos once (11) comprobantes expedidos por el Director de la Oficina de Empleo al Servicio Canario de Empleo de Santa Cruz de Tenerife, en los que constan que el Estado Español subsidió por desempleo al ciudadano Ricardo Augello Rodríguez, desde el mes de agosto del año 2009 hasta el mes de mayo de 2010.

Conforme se desprende de las documentales previamente enunciadas, el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez causó baja consular por traslado al Reino de España el día 29 de julio de 2009, lo cual equivale a establecer en términos consulares, el certificado de residencia en el exterior.

Asimismo, de los comprobantes de subsidios antes referidos se evidencia que el demandante obtuvo una ayuda económica por parte del Estado Español hasta el mes de mayo de 2010.

Los anteriores elementos conducen a establecer que el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez estuvo residenciado en el Reino de España desde el mes de julio de 2009 hasta julio de 2010 y no como señaló en el libelo, que se trasladó a ese país “por vacaciones”.

Luego, observa esta Sala que para la fecha de interposición de la demanda, esto es, para el 29 de septiembre de 2010, el demandante tenía solo dos (2) meses de haber regresado a Venezuela, lo cual denota el incumplimiento del extremo previsto en el mencionado artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pues, aun cuando en la actualidad el demandante se encuentra domiciliado en el país, para la fecha de la interposición de la demanda, no había producido efectos el cambio de domicilio, toda vez que no había transcurrido más de un (1) año desde su llegada de España.

Aunado a lo anterior, observa esta Máxima Instancia que del folio 101 al 107 del expediente, corre inserta copia certificada de la decisión dictada el 23 de mayo de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 1 de Icod de Los Vinos, Tenerife, Reino de España, con motivo de la demanda de divorcio interpuesta por la ciudadana Silvia Expósito Yánes contra el ciudadano Ricardo Augello Rodríguez, según la cual se lee en el particular SEGUNDO de los antecedentes, lo siguiente: “La demanda fue admitida mediante Decreto de 16 de septiembre de 2010. Encontrándose en ignorado paradero el demandado, mediante providencia de 24 de febrero se acordó su citación edictal para el día 11 de mayo de 2011, a las 10:30 horas”. (Sic).

Con relación a lo anterior, destaca esta Sala que la litispendencia es una institución cuyo objetivo es evitar que dos procesos, en los que exista identidad de los tres elementos de la pretensión, a saber: sujeto, objeto y título o causa petendi, y que cursen ante dos autoridades jurisdiccionales competentes, se dicten sentencias contradictorias.

Al respecto, el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra la institución de la litispendencia internacional, al señalar que: “La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella”; en tal virtud, se precisa, por argumento a contrario, que en los casos en que la jurisdicción venezolana no sea exclusiva, podría permitirse que la misma quede excluida frente a la jurisdicción extranjera, siempre que para ello se verifiquen los siguientes requisitos:

1.- Que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos.

2.- Que la causa cuya pendencia se alegue esté en efecto, pendiente de decisión.

3.- Que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del caso, según las normas venezolanas sobre la jurisdicción, contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado.

4.- Que la jurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exclusiva.

5.- Que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en la Ley de Derecho Internacional Privado.

6.- Que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que haya practicado la citación del demandado primero.

7.- Que esa citación se haya realizado según las normas aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en el lugar donde efectivamente se practicó”. (Vid. sentencia número 1.121 dictada por esta Sala en fecha 19 de septiembre de 2002)

 

Conforme a lo expuesto, esta Sala Máxima Instancia considera que en el caso de autos se verifican los requisitos para la procedencia de la declaratoria de la litispendencia internacional, pues de la copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Español, antes aludida, y de las actas que conforman el expediente, se desprenden los hechos siguientes: i) que tanto en la presente demanda, como en la incoada ante el juez extranjero se pretende obtener el divorcio de los ciudadanos Ricardo Augello Rodríguez y Silvia Expósito Yánes, ii) que la causa incoada ante el Tribunal Español se encuentra pendiente de decisión, iii) que la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de estos asuntos no es exclusiva, iv) que en la demanda ejercida ante el juez extranjero se practicó la citación del demandado primero que en esta demanda.

Finalmente, de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N° 1 de la Jurisdicción de Icod de los Vinos, Tenerife, Reino de España el 23 de mayo de 2011, la cual corre inserta a los autos del folio 101 al 107, se desprende que con relación al niño y a la niña nacidos en el matrimonio cuya disolución se solicita, se decretaron -entre otras- las medidas siguientes: (i) la guarda y custodia de los niños se le atribuyó a la madre y la patria potestad sería de titularidad y ejercicio conjunto, (ii) que el padre tendría derecho a comunicarse telefónicamente con sus hijos, quedando suspendido el derecho de estancia mientras duren las medidas, (iii) que el padre deberá abonar en concepto de alimentos para sus hijos la cantidad de doscientos euros mensuales para cada uno y, (iv) que los gastos extraordinarios que generen los menores serían satisfechos al cincuenta por ciento (50%) por ambos progenitores.

En tal sentido, se advierte, tal y como lo hizo el tribunal remitente en la decisión objeto de consulta -como garante del cumplimiento de los derechos y garantías de los niños involucrados- que el mencionado Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N° 1 de la Jurisdicción de Icod de los Vinos, Tenerife, Reino de España, a través de las citadas medidas dictadas a favor éstos se han protegido sus derechos. Así se establece.

Las consideraciones anteriores conllevan a establecer la exclusión de la jurisdicción venezolana para conocer del presente asunto, pues en el caso concreto no solo se verificó la litispendencia internacional, sino que para la fecha de la interposición de la demanda, el demandante no tenía más de un (1) año domiciliado en este país, motivos por los cuales debe esta Sala declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la presente demanda. En consecuencia, se debe confirmar, en los términos aquí expuestos, la decisión consultada. Así se declara.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL VENEZOLANO NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda de divorcio incoada por el ciudadano RICARDO AUGELLO RODRÍGUEZ, contra su cónyuge, ciudadana SILVIA EXPÓSITO YÁNES.

            En consecuencia, se confirma en los términos expuestos la decisión consultada de fecha 3 de noviembre de 2011, mediante la cual el tribunal remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial Venezolano frente al Juez Extranjero.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Magistrada

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

 

 

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

La Magistrada

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

 

En   cinco (05) de febrero del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00136.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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