Javier zapata ortiz bogotá D. C., marzo dieciséis de dos mil diez vistos






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fecha de publicación27.09.2015
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HABEAS CORPUS 33779

Luis Manuel Oñate González

Proceso No 33779

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado:

JAVIER ZAPATA ORTIZ



Bogotá D.C., marzo dieciséis de dos mil diez


VISTOS


En atención a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, procede el suscrito Magistrado a resolver la impugnación interpuesta contra la providencia del pasado 2 de marzo, proferida por un Magistrado del Tribunal Superior Riohacha, mediante la cual negó el amparo de habeas corpus interpuesto en protección de la libertad personal de LUIS MANUEL OÑATE GONZÁLEZ, recluído actualmente en la cárcel judicial de Riohacha.
ANTECEDENTES
Al señor OÑATE GONZÁLEZ se le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, en audiencia celebrada el 3 de julio de 2009, mismo día en que se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y se declaró legal su captura.
El escrito de acusación fue radicado el 21 de agosto de 2009, con lo que el 4 de septiembre se realizó la formulación de acusación, y el 18 de noviembre la audiencia preparatoria, oportunidad en la que se señaló el 26 de enero de 2010 como fecha para la celebración del juicio oral.
Por considerar cumplido el presupuesto de hecho del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el defensor solicitó al Juez Promiscuo Municipal de Villanueva que se concediera la libertad provisional de OÑATE GONZÁLEZ, petición que fue resuelta desfavorablemente en la audiencia celebrada el 20 de enero de 2010, ya que el funcionario judicial consideró que los términos previstos en dicho canon se deben contabilizar solamente en días hábiles, por lo que el plazo allí previsto, aún no se ha superado.
Dicha decisión fue confirmada en audiencia adelantada el 26 de febrero siguiente, en la que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, consideró que el retraso para el inicio de la vista pública era justificado, debido a las solicitudes de aplazamiento presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa, por lo que la libertad provisional no debe concederse.
Ante tal panorama el defensor ejerció la acción constitucional de habeas corpus, la cual fue despachada desfavorablemente por medio de decisión calendada el primero de marzo del año que avanza, proferida por el Tribunal Superior de Riohacha.

DECISIÓN IMPUGNADA
El Magistrado del Tribunal a quo profirió fallo en que negó el habeas corpus por considerarlo improcedente, luego de analizar el reporte de actividades adelantadas en el juicio oral, remitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva, y de constatar que la audiencia pública no se pudo iniciar antes, dadas las interrupciones razonables originadas en circunstancias previstas legalmente para ello.
El Magistrado del Tribunal de Riohacha, sustentado en lo expuesto por la Sala de Casación Penal en providencia de 6 de septiembre de 2007, radicado 28288, consideró que si bien los términos para libertad provisional deben contarse de manera ininterrumpida, dicha situación tiene salvedades obligadas referidas a vicisitudes procesales que puedan alterar dicho plazo; las que luego de ser descontadas en el caso concreto1, condujeron al Magistrado a considerar que el tiempo transcurrido entre la radicación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia pública es de 79 días, lapso inferior al contenido en la norma invocada para solicitar la libertad provisional.
En consecuencia el Tribunal concluye que no existió prolongación ilegal de la privación de la libertad de LUIS MANUEL OÑATE GONZÁLEZ, y por tanto no prospera la acción constitucional ejercida en su favor.

LA IMPUGNACIÓN
El actor apeló el fallo reiterando que los tiempos para iniciar la audiencia pública fueron superados ampliamente dando lugar a la excarcelación provisional, calificando la argumentación del a quo como una burla al concepto obligante contenido en distintos precedentes de esta Corporación, conteo tendencioso que de haberse realizado correctamente aún descontando lo que caprichosamente consideró el Magistrado, superaría el plazo previsto en el precepto liberatorio invocado.

CONSIDERACIONES

El suscrito Magistrado es competente para conocer del recurso interpuesto contra la decisión a través de la cual se negó por improcedente la solicitud de habeas corpus presentada a favor del señor LUIS MANUEL OÑATE GONZÁLEZ, de acuerdo con lo señalado por el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que dispone que “cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual”.
Resulta oportuno resaltar que la acción de habeas corpus es un mecanismo constitucional erigido para proteger la libertad personal frente a las amenazas o atentados que contra ella producen autoridades judiciales o policivas, tal como se desprende del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, y como lo ha precisado reiterada jurisprudencia de esta Corporación2:
“1. El hábeas corpus, consagrado como una acción constitucional en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentado a través en la Ley 1095 de 2006, es una acción pública encaminada a la tutela de la libertad en aquellos eventos en que una persona es privada de ella con violación de sus garantías constitucionales y legales, o ésta se prolongue ilegalmente.
Se edifica o se estructura básicamente en dos eventos, a saber:
1.- Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts. 28 C Pol, 2 y 297 L 906/94), flagrancia (arts. 345 L 600/00 y 301 L 906/04), públicamente requerida (art. 348 L 600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000.
2.- Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal -arts. 353 L 600/00 y 302 L 906/04- entre otras)”.
Es claro que el segundo evento, esto es, la prolongación ilegal de la privación de la libertad, es el invocado por el actor constitucional en tanto que en el sustrato de su pedimento se encuentra la concesión de la libertad provisional prevista en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, según el cual se tiene derecho a la liberación “Cuando transcurridos noventa (90) días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicial a la audiencia de juicio oral.”
La disparidad que se presenta entre el fallo apelado y el planteamiento consignado en el recurso de apelación, está referida particularmente a dos puntos: en primer término a si resulta lícito realizar los descuentos de los tiempos en la forma como lo hizo el a quo; y, en segundo lugar, si en el caso concreto se tiene o no derecho a la libertad provisional.
Resulta incuestionable que la Corte desde la decisión de febrero 4 de 2009, radicado 30363, tiene dicho que la contabilización de los términos debe realizarse ininterrumpidamente cuando se trate de causales de libertad provisional, criterio que viene refrendando constantemente.
No obstante lo anterior, resulta oportuno aclarar que la causal provisional invocada no opera objetiva y automáticamente sino que tiene un condicionamiento previsto en el parágrafo del mismo canon, según el cual,
No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable.
No puede el juez en desarrollo del trámite de este habeas corpus conocer cuál fue la motivación para que el debate oral no se iniciara en tiempo, razón por la cual para afirmar que existió prolongación ilegal de la privación de la libertad era necesario vencer la situación de ignorancia en relación con tal justificación para poder valorar su razonabilidad; discusión que es, en principio, propia de las instancias judiciales ordinarias.
Por otra parte, esta acción constitucional tiene un efecto correctivo y reparador. Correctivo en la medida en que con ella se busca enderezar una situación de ilegalidad que cubre la privación de la libertad de una persona, y reparador en su significación de que ordenar la excarcelación por esta vía excepcional supone reivindicar su derecho fundamental a no ser privado de ella sino previa satisfacción de una serie de exigentes requisitos de orden material y formal; todo lo cual está ligado a la inmediatez de la ilegalidad denunciada con la necesidad urgente de devolver la libertad arrebatada o negada ilegítimamente.
Precisamente por eso el artículo 30 Superior autoriza el ejercicio del habeas corpus en todo tiempo, esto es a cualquier hora y día con independencia de que sea hábil o no, y por eso mismo la decisión con la que se resuelva debe producirse dentro de las treinta y seis horas siguientes, justamente porque lo que se persigue es la protección casi inmediata de la libertad de quien acaba de ser ilegalmente desprovisto de ella, o de quien acaba de ser atropellado con una prolongación ilícita de su privación.
Señala el numeral 3º del artículo 3º de la Ley 1095 de 2006 que esta acción constitucional puede invocarse mientras persista la ilegalidad que afecta la libertad personal. En el caso concreto, si bien es cierto no se puede afirmar que el haber negado la libertad provisional constituyó una arbitrariedad –porque no se conoció la razón por la cual no se inició con anterioridad la audiencia pública-, es claro solo hasta el 26 de enero de 2010 se instaló y dio inicio a la vista pública, fecha en la cual el Estado cumplió con la expectativa procesal reclamada, por lo que en esa misma fecha feneció el germen de derecho surgido en torno de una posible liberación transitoria por virtud de tal causal.
Cabe destacar que lo que se discute con la acción de habeas corpus no es la legalidad de las decisiones por medio de las cuales se negó la libertad provisional como lo pretende el apelante, sino si la identificación de una prolongación ilegal de la privación de la libertad que deba ser reivindicada por el juez constitucional con la orden perentoria de libertad, producida mientras perviva la circunstancia –la omisión para el asunto analizado- que le da origen.
Es claro en el caso sub examine que la acción de habeas corpus fue radicada el 28 de febrero de 2010 aduciendo como causal la mora en el inicio de la audiencia pública, mientras que la instalación del debate oral acaeció el 26 de enero anterior, con lo que se puede concluir sin hesitación alguna que desapareció la circunstancia de la cual pudo dimanar la orden liberatoria.
En razón de lo anterior resulta forzoso concluir que la superación de la situación que aparentemente constituía presupuesto de hecho para la libertad provisional, conspiró contra la prosperidad de la impugnación que ahora se resuelve, razón por la cual la providencia apelada será confirmada.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

CONFIRMAR la decisión impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.



JAVIER ZAPATA ORTIZ

Magistrado

TERESA RUIZ NÚÑEZ


Secretaria

1 a) Un término inicial de tres días, previsto en el artículo 338, tiempo que se cuenta entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de la formulación oral de la acusación; b) quince días, plazo mínimo que debe transcurrir entre la audiencia de acusación y la preparatoria, según lo dispuesto por el artículo 343; c) un término de 22 días, contados entre el 19 de diciembre de 2009 y 11 de enero de 2010, época de vacancia judicial colectiva; y, d) 20 días, contado entre el 8 y 28 de octubre de 2009, cuando fue aplazada en dos oportunidades la audiencia preparatoria a petición de la defensa.

2 Entre otros, el fallo de 7 de noviembre de 2008 dentro del proceso de habeas corpus con radicación 30772.


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