La previsibilidad de los resultados: riesgos, cautelas, seguridad y cuidado. Reflexiones sobre el precaucionismo






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títuloLa previsibilidad de los resultados: riesgos, cautelas, seguridad y cuidado. Reflexiones sobre el precaucionismo
fecha de publicación27.09.2015
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LA PREVISIBILIDAD DE LOS RESULTADOS: RIESGOS, CAUTELAS, SEGURIDAD Y CUIDADO. REFLEXIONES SOBRE EL PRECAUCIONISMO

Durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2013, el Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos del CSIC (JuriLog), bajo los auspicios del proyecto de investigación KONTUZ! (MINECO FFI2011-24414), ha celebrado dos reuniones científicas en torno a la temática de la previsibilidad de los resultados y la ideología del precaucionismo.

El día 10 tuvo lugar el II Workshop KONTUZ! sobre el principio de precaución, que se abrió con una conferencia de María del Mar Cabezas Hernández (Univ. Salamanca) titulada “Los aspectos emocionales del principio de precaución”. La Dra. Cabezas incidió en la vinculación entre el principio de precaución [PP] y la emoción del miedo, tanto como sesgo y, por tanto, como elemento negativo —con los riesgos, por ejemplo, que introduce legislar desde el miedo o el temor—, como elemento positivo. ¿De qué modo? Considerando la importancia de las emociones en tanto que elemento de comunicación que pone sobre la palestra una determinada información, predisposición y cultura ciudadana, de modo que las emociones (como la del miedo) pueden llegar a constituir un espacio de encuentro entre legos y expertos en los debates públicos sobre cuestiones controvertidas —nuevos desarrollos tecnocientíficos—, generando confianza. [Las tesis de la Dra. Cabezas remiten a su propuesta ética “emocentrista”, que defiende el papel central de las emociones para la justificación moral].

El debate en torno a esta exposición se dio en dos direcciones. Por un lado, se cuestionó que la emoción básica subyacente al PP fuera el miedo y no, por ejemplo, la empatía hacia el daño o el sufrimiento. Y si más bien no subyacían en las críticas al PP otros sesgos cognitivos, como la ilusión del control. Una respuesta sería reconducir la idea de “empatía hacia el daño” a una “preocupación por el daño” que constituiría, en última instancia, una variante del miedo. Por otro lado, se adujo la necesidad de distinguir entre “emociones racionales” y “emociones irracionales”, de modo que sólo las primeras, las emociones que tuvieran cierta base de racionalidad o razonabilidad, serían legítimas en un debate público (frente a emociones patológicas o sin fundamento alguno). Este último planteamiento coincide con las tesis de Victoria Camps (El gobierno de las emociones, Barcelona, Herder, 2011), para quien no hay razón práctica sin sentimientos (“la ética es una inteligencia emocional”) pero eso no debe llevarnos a un sentimentalismo o reduccionismo emocional. Por ello, conviene incidir en la naturaleza de las emociones y en su carácter positivo o negativo de cara a unos objetivos de vida buena que habrá que determinar; esto es, no sirve cualquier emoción. Emociones y razón han de ir de la mano en el razonamiento práctico pues las emociones por sí solas no razonan; las razones contribuyen a modificarlas y reconducirlas. De eso trataría el “gobierno de las emociones” como cometido de la ética. La cuestión es cómo aprender a tener los sentimientos justos, las emociones adecuadas.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda sobre la llamada “ideología del precaucionismo”, que reunió a tres investigadores del Instituto de Filosofía del CSIC: Emilio Muñoz, Lorenzo Peña y Jordi Maiso. Por un lado, Emilio Muñoz se decantó en su intervención por señalar lo “desenfocado” del PP en la actualidad, superado por una realidad donde la pretendida ciencia económica ha fagocitado todos los aspectos de la vida y, desde luego, a la política —también la científica. Así, destacó el carácter “contra-evolutivo” del principio de austeridad que está asfixiando a sociedades como la española y denunció el camino de la “clonación social” hacia la que nos dirigimos. En este sentido, Mario Bunge afirmaba en una reciente entrevista que la pseudociencia más peligrosa es la teoría económica estándar, pues sustenta las políticas económicas de los gobiernos conservadores y reaccionarios, que son enemigos del bienestar de la gente común. (Recogido en “Los astrólogos de la economía del miedo”, por Vladimir de Semir).

Por su parte, Lorenzo Peña, apoyándose en el caso de la contraposición que se establece entre el libro y la publicación electrónica, a veces en términos de “apocalipsis”, defendió la complementariedad de ambos formatos y su no-incompatibilidad, criticando la visión heideggeriana —tecnofóbica— de que ello suponga una “mutación esencial” de la humanidad.

Finalmente, Jordi Maiso abogó por la pertinencia del PP en el ámbito de la biología sintética, que está prometiendo una suerte de omnipotencia tecnocientífica y la utopía post-humanista. Retomando las tesis de Tickner y Riechmann (El principio de precaución), abogó por la cautela frente a la ignorancia con respecto a determinados desarrollos en biología sintética, sobre todo cuando la tecnociencia responde a intereses del capitalismo financiero (la bioeconomía) y puede conllevar graves consecuencias sociales, como la ruptura de la unidad biológica de la especie. En este sentido, coincidió en parte con el planteamiento de Emilio Muñoz y abogó por la participación y discusión públicas sobre los desarrollos (y enormes inversiones en biología sintética) frente a la falacia de la llamada “auto-regulación” de la ciencia.

El debate planteó la discusión sobre los peligros de la innovación y las preguntas que se suscitan: ¿Se han de buscar alternativas a tecnologías que generan dudas sobre su impacto futuro? ¿Cómo gestionamos la ignorancia? ¿Es mejor el control de las actividades o su prohibición? A estas y otras cuestiones sobre la previsibilidad de los resultados se dedicó el VIII Simposio “La razón jurídica”, que se celebró los días 11 y 12 de abril.

Este Simposio congregó a filósofos y juristas de diferentes áreas y orientaciones, como es habitual en estas reuniones, caracterizadas por la pluralidad y la libertad. Dado lo numeroso de las intervenciones, de la riqueza de los debates y de la diversidad de los enfoques, me limitaré a unas breves pinceladas con respecto a cada ponencia. El lector interesado podrá seguir las exposiciones en la grabación de las mismas que se colgará en breve en la página web de KONTUZ!

Juan Cruz Cruz (Univ. Navarra) planteó el auge del probabilismo en el siglo XVII, relacionado con la casuística y el llamado “laxismo”, frente al rigorismo jansenista, defendiendo la necesaria distinción entre ética y prudencia y presentando el agudo debate de la época que, sin duda, sirve como referencia a las actuales controversias sobre la metodología de las éticas aplicadas (véase el reciente libro de José Salvador Arellano, La Casuística: Una metodología  para la comprensión de problemas Bioéticos, México: Fontamara, 2012). Seguidamente, David Rodríguez-Arias (IFS/CSIC) presentó su trabajo conjunto con Carissa Véliz (CUNY) cuestionando la distinción radical entre deberes positivos (de ayudar) y deberes negativos (de no dañar) a partir de los diferentes enfoques de Peter Singer y de Thomas Pogge a la hora de abordar el drama de la pobreza global. Partiendo de una crítica, también, a la distinción radical entre derechos positivos (de prestación) y derechos negativos (de libertad) y de una interpretación amplia del derecho a la vida, tal y como hace el Comité de Derechos Humanos de la ONU, se minimizó la dicotomía entre acciones y omisiones en el combate contra la pobreza. En este sentido, y en relación también con la extrema diferencia de recursos entre los países ricos y los países empobrecidos, Pablo de Lora (UAM) planteó una suerte de obligación contractual de permanencia, un deber de continuidad durante algún tiempo, para los sanitarios que se han formado y han experimentado en países empobrecidos, frente a un derecho ilimitado a la movilidad —sustanciado en la fuga de cerebros a países ricos. Probablemente, esta regla podría interpretarse como aquella actitud que produce los mejores resultados en un contexto como el actual. Algo acorde con el utilitarismo, cuya pervivencia abordó Francisco Lara (Univ. Granada), y que definió sobre la base de una suerte de “predisposiciones” (pautas de conducta, reglas interiorizadas) óptimas, justificadas por las consecuencias —algo similar a las virtudes y próximo a lo que se conoce como un “utilitarismo de la regla” pero que ya no obedece a una lógica comunitarista.

Volviendo a la cuestión de las obligaciones con los demás, pero ya desde una perspectiva más estrictamente jurídica, María Macías (ICADE), partiendo de la idea de indivisibilidad de los derechos humanos, planteó la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, aunque no tengan derecho de amparo explícito, minimizando la relevancia del artículo 53 de la Constitución española de 1987, que se refiere a las garantías de los derechos fundamentales. En este sentido, María Macías defendió que el valor de la solidaridad está subyacente en el artículo 1.1 de dicha Constitución, como eje vertebrador de los otros sí mencionados explícitamente: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Precisamente, de otro importante valor del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica, se ocupó Isabel Lifante (Univ. Alicante), que dota de previsibilidad al ordenamiento jurídico, siendo determinante para la confianza en el sistema jurídico, si bien no habría de interpretarse en términos exclusivamente formales.

Se abordaron igualmente en el Simposio cuestiones de legislaciones concretas como la referida a la maternidad, paternidad y la determinación de la filiación, por parte de María González García (Univ. León). Y también la compleja y difícil apelación a la cláusula de orden público con carácter preventivo como límite al derecho de libertad de conciencia. A este respecto, Salvador Tarodo (Univ. León) cuestionó el concepto de “moral pública” como elemento de especial protección que restrinja la libertad de conciencia. Así, esta cláusula de orden público tiene un carácter excepcional y no puede servir, como recoge el Tribunal Constitucional, para dar pábulo a meras sospechas sobre posibles comportamientos de futuro y sus hipotéticas consecuencias (la posibilidad de algún riesgo) —lo cual tiene mucho que ver, dicho sea de paso, con algunas versiones extremas del precaucionismo.

El principio de precaución [PP] ocupó otras dos intervenciones en el Simposio. En primer lugar, Francisco Javier Sanz Larruga (Univ. Coruña) expuso algunos hitos en la incorporación del principio a la legislación y jurisprudencia comunitaria, entendido como una norma de cautela, de “tutela anticipativa” frente a riesgos tecnológicos, conocidos y desconocidos. Defendió el principio de precaución y su aplicación, moderada, sometido a un proceso de “evaluación y gestión del riesgo” con la intervención de comités científicos verdaderamente independientes. Sin embargo, esta “entrega” del Derecho a la tecnociencia es la que denunció en su presentación José Esteve Pardo (Univ. Barcelona) para quien el principio de precaución, admitido con un carácter absoluto, se ha revelado como un principio de excepción —utilizando la terminología de Agamben— que opera por encima del derecho vigente (“deriva cientificista del Derecho”): “… [el PP] supone la renuncia por parte del Derecho a los modelos de decisión y regulación que le son propios, para entregar esas facultades a una ciencia que no ha tenido nunca que construir, porque no es ese su cometido, fórmulas o expedientes de decisión y regulación. (…) Y no sólo es que la decisión se sitúe bajo la órbita y el dominio de la ciencia y no del Derecho: sino que, como ya nos consta, esa decisión consistirá en muchos casos en la excepción o suspensión del derecho aplicable, del régimen jurídico legítimamente establecido, al apreciarse en foros científicos una situación de incertidumbre de la que pudiera derivarse un riesgo para bienes particularmente protegidos como la salud o el medio ambiente.” (José Esteve Pardo y Javier Tejada Palacios, Ciencia y Derecho: La nueva división de poderes, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2013: 141-142). Y máxime, cuando las posiciones científicas son controvertidas y poco claras y la ciencia (tecnociencia) responde a un complejo de intereses comerciales, financieros y corporativos —como se incidía en las exposiciones ya mencionadas de Emilio Muñoz y Jordi Maiso. ¿Son posibles, entonces, los “comités científicos verdaderamente independientes” a los que alude Sanz Larruga?

Desde luego, la previsibilidad de los resultados tiene mucho que ver con la responsabilidad, la causalidad, el cuidado y los daños. De la distinción entre cuidado objetivo y subjetivo se ocupó Diego Alfredo Pérez Rivas (Univ. Turín), mientras de Juan José Álvarez (UPV/EHU) abordó la cuestión del derecho de daños —con relación a la responsabilidad extracontractual— en el contexto de la UE y la problemática sobre la ley aplicable en una situación de superposición e integración jurídicas. Frente a tentaciones uniformizadoras, defendió una visión compleja de la justicia donde la casuística (de nuevo presente) y la autonomía de la voluntad juegan un papel importante. Por su parte, María Perandones (ICAM) incidió en la inversión de la carga de la prueba que se ha operado en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, de modo que se ha pasado de la prueba de la culpa a la prueba de la diligencia del agente productor del daño. De los tres antiguos elementos integrantes de toda responsabilidad, esto es, la culpa, el daño y el nexo causal, se ha pasado hoy a la acción, el daño y el nexo causal, es decir, se ha prescindido de la culpabilidad como elemento integrante de la acción, pasando definitivamente a hallarse embebido en los restantes elementos, y sobre el cual, además, se impone una carga de la prueba tan rigurosa, que puede definitivamente afirmarse que hoy día la culpa extracontractual se presume, correspondiendo al autor del daño probar la ausencia de la misma. Ya desde la perspectiva jurídico penal, Jacobo Dopico (UC3M) abordó la previsibilidad de los resultados ocupándose de la responsabilidad por imprudencia y concluyendo que no se puede evitar lo que no se puede prever, de modo que, en general, sería erróneo hablar de “complicidad imprudente” —como así ha sucedido en el caso de los sismólogos italianos condenados penalmente por el caso de L’Aquila. Y desde el enfoque lógico-deóntico, Lorenzo Peña (IFS/CSIC), incidió en la complejidad de la noción de causa para una lógica de las normas, presentando algunos principios en este sentido que denotarían cierta idea de transitividad, como el principio de causa lícita: las consecuencias causales de una acción lícita son igualmente lícitas (recíprocamente, si un hecho está prohibido, también está prohibida su causa).

Sin duda este resumen no hace justicia a la riqueza de las exposiciones que abordaron desde múltiples y diversas perspectivas la problemática filosófica y jurídica de la previsibilidad de los resultados. Espero, al menos, que ofrezca un panorama esquemático de los debates y discusiones que se plantearon en este Simposio.

Txetxu Ausín

Instituto de Filosofía, CSIC

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