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fecha de publicación26.09.2015
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En el artículo anterior de esta serie analizamos la configuración del derecho de huelga a través de la primera cuestión problemática: la falta de regulación legal postconstitucional. Continuamos ahora con este recorrido, a través de otros dos aspectos importantes: el significado y la ubicación de este derecho fundamental.

El segundo problema que deriva de este precepto constitucional es la concreción del significado de la expresión “para la defensa de sus intereses”. Si acudimos a las resoluciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos de la Carta Social Europea encontramos que los intereses económicos y profesionales no pueden concebirse como excluyentes de toda huelga política (el Tribunal Constitucional italiano reconoce la categoría de las huelgas económico-políticas). De todo ello se deduce que los intereses de los que habla el precepto no son solo intereses laborales, ni tampoco intereses inmediatos de los trabajadores en huelga, sino que puede referirse a los intereses del conjunto de trabajadores. Ello hace posible las huelgas de solidaridad, así como también la de carácter político.

No tenemos que olvidar que este derecho halla su fundamento en el art. 9.2 CE, pues contribuye a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”; con la huelga los trabajadores participan en las decisiones, obligan al poder político y al económico a contar con ellos. Por este carácter de equilibrio de poderes el constituyente español ha estimado necesario fortalecer el derecho de huelga con una ubicación que no necesitan el derecho de propiedad y de libre empresa, que son autosuficientes.

Esta especial ubicación es la tercera característica conflictiva de este precepto: lo encontramos dentro del Título I, Capitulo Segundo, Sección 1ª de nuestra Constitución, titulada “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, lo que ocasiona que  sea uno de los derechos fundamentales  especialmente protegidos. De la mencionada ubicación derivan las siguientes características:

  1. Se trata por ello de un derecho de eficacia jurídica inmediata y no programática, esto es, que no necesita ley de desarrollo para poder ser alegado y aplicado por los tribunales;

  2. Es un derecho fundamental, y por ello se exige ley orgánica para su desarrollo constitucional;

  3. Conforme al art.53.2 CE podrá recabarse su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Para acabar me gustaría destacar la necesidad de regular como corresponde (a través de ley orgánica) esta materia, pues la solución por la que se opta en la actualidad es que sean los propios tribunales lo que delimiten el derecho de huelga para el caso concreto. Ello conlleva un retraso en los procesos y una desvinculación temporal entre el problema y la solución, como muy bien indica la STC 123/1990 al decir que: “no cumple adecuadamente el art. 53.2 CE, un control judicial que se realiza dos años después de realizarse la huelga y que carezca de efecto práctico sobre la huelga ya realizada o sus consecuencias”.

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