Evolución del poder ejecutivo






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fecha de publicación26.09.2015
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EVOLUCIÓN DEL PODER EJECUTIVO

La constitución de 1844, estableció que las funciones ejecutivas del Gobierno estaban en manos del Presidente de la República y de los Secretarios del Estado. El presidente sería elegido cada cuatro años y no podía ser reelegido sino después de haber transcurrido un período completo. En el Artículo 206, se decidió que el primer Presidente sería escogido por la Asamblea Constituyente y duraría dos períodos consecutivos de 4 años. Pero los Presidentes habrían de ser electos por vía indirecta de la siguiente manera, que el constituyente dominicano copió de la Constitución haitiana de 1843: Las personas con capacidad de votar debían elegir, en cada Común, a los Electores, quienes a su vez escogían cada uno dos candidatos a la Presidencia, uno de los cuales debía ser domiciliado en la Provincia del Elector de cada Provincia debían enviarse en sobres cerrados al Presidente del Congreso para que éste los abriera y contara lo que cada candidato recibía. Si alguno de los candidatos recibía mayoría absoluta, resultaba electo Presidente; pero si no, el Congreso escogía al Presidente de entre los tres candidatos que hubieran tenido más votos. En caso de empate, la elección se decidía por suerte.

Como requisito para ser presidente, la constitución fijó la edad mínima de 35 años, el ser dominicano de origen y tener las mismas cualidades que para ser miembro del Consejo Conservador, que incluía el poseer bienes inmuebles.

No existió en esta constitución el cargo de Vicepresidente. En caso de muerte, dimisión o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo lo ejercería temporalmente el Consejo de Secretarios de Estado, pero debían convocarse a elecciones inmediatas de los Colegios Electorales para que éstos iniciaran el proceso electoral que se describió más arriba. El Presidente tenía algún impedimento temporal para ejercer sus funciones, ellas las ejercía el Consejo de Secretarios de Estado mientras duraba dicho impedimento.

Las funciones del Presidente de la República estuvieron consignadas en el Art. 102 y las más importantes eran: a) Promulgar las leyes que le cometía el Congreso u observarlas si lo creía conveniente, pero con la obligación de promulgar la ley vetada si el Congreso insistía en ello; b) Designar a los Secretarios de Estado y todos los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no estuviera a cargo de otro poder; c) Mandar las fuerzas de mar y tierra y designar sus oficiales; d) Convocar el Congreso extraordinariamente y por motivos graves; e) Representar anualmente al Congreso, al inicio de la sesión legislativa, un estado en la situación del país en año anterior; f) Suscribir tratados con otros países y someterlos al Congreso para su ratificación; g( Ejercer los poderes extraordinarios otorgados por el Congreso dando luego cuenta de cómo ejerció esos poderes; h) Proponer al Legislativo proyectos de cómo leyes, pero sólo en las materias en que la iniciativa no fuera competencia exclusiva del Tribunado. Asimismo, todas la leyes, Decretos y medidas firmadas por el Presidente debían estar refrendadas por uno de los Secretarios de Estado, quien asumía con él las responsabilidades sobre la ejecución de las mismas.

Dos importantes restricciones impuso la Constitución a los poderes del Presidente. La Primera era que dicho mandatario respondía de todos los abusos de autoridad y exceso de poder que se cometieran bajo su administración, si a sabiendas no perseguía a los autores. Asimismo, el Presidente requería la autorización del Congreso para ponerse personalmente al frente de las fuerzas armadas. Vimos sin embargo cómo Santana, por medio del Art. 210 que impuso a la constituyente, se dio poderes dictatoriales por tiempo indefinido y sin tener que dar cuenta de ellos al Congreso.

La constitución estableció cuatro "ministros Secretario de Estado" para las siguientes carteras: a) justicia e Instrucción Pública; b) Hacienda y Comercio; c) Interior y Policía; d) Guerra y Marina. Se dispuso que la cartera de Relaciones Exteriores la ejerciera aquel Secretario de Estado a quien el Presidente se la encargara. Los Secretarios de Estado constituían un cuerpo elogiado llamado "Consejo de Secretarios de Estado", bajo la presencia del Presidente de la República. Era una especie de gabinete no deliberativo, pero que asumía las funciones ejecutivas en ausencia del Presidente. Los dos únicos requisitos para ser Secretario de Estado eran tener 30 años a lo menos y no ser pariente ni allegado, al Presidente hasta el grado de primo hermano, inclusive.

Los Secretarios de Estado asumían la responsabilidad individual de sus actuaciones y podían ser interpelados por cualquiera de las Cámaras Legislativas.

Atribuciones del Presidente de la República. En lo Administrativo: Plenitud de Atribuciones de Principio.

Todo lo que no sea legislar o juzgar, constituye en principio atribución del Presidente de la República. Esto se sintetiza diciéndose que el Presidente de la República tiene plenitud de atribuciones en lo administrativo. Las únicas atribuciones administrativas que no puede reivindicar el Presidente de la República, son aquellas que muy limitadamente la constitución confiere a otros órganos del Estado. Como nuestra constitución, al final del artículo 4 dice las atribuciones de los tres Poderes del Estado son las determinadas por la propia Constitución y las leyes, en ciertos casos, las leyes confieren a otros órganos distintos del Presidente de la República atribuciones que son administrativas. Esta es otra limitación a la plenitud de atribuciones administrativas del Presidente de la República de que hemos hablado. Tal cosa ocurre muy raras veces y generalmente se hace por la propia iniciativa legislativa del Presidente de la República, para asegurar o afianzar el carácter democrático del Gobierno. Como ejemplo de estos casos, podemos citar la autorización para levantar estatuas y monumentos que glorifiquen a personajes determinados y el nombramiento de los miembros de la Junta Central Electoral. La ley confiere al propio Congreso la primera atribución. La segunda está conferida por la ley al Senado para afianzar la libertad de las elecciones y reguardarlas de toda sospecha de influencia del Presidente de la República y de sus intereses políticos. Hay otros casos, pero muy pocos.

No obstante la certeza de principio de la plenitud de atribuciones, principalmente en su artículo 55, la Constitución señala expresamente al Presidente de la República numerosas atribuciones específicas, que hacen un total de veintisiete. De otros artículos, resultan otras atribuciones, algunas muy importantes.

Este señalamiento específico tiene mucha importancia significa que ninguna ley o disposición de l Congreso puede privar de ellas al Presidente de la República, o sujetar su ejercicio a condiciones que la propia Constitución no prescriba.

Las principales atribuciones del Presidente de la República de acuerdo con dicho Art. 55, son:

  1. Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningún otro poder u organismo autónomo reconocido por esta Constitución o por las leyes, aceptarles sus renuncias y removerlos.

  2. Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario.

  3. Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.

  4. Nombrar, con la aprobación del Senado, los miembros del Cuerpo Diplomático, aceptarles sus renuncias y removerlos.

  5. Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus representantes.

  6. Presidir todos los actos solemnes de la Nación, dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras u organismos internacionales, debiendo someterlos a la aprobación del Congreso, sin lo cual no tendrán validez ni obligarán a la República.

  7. En caso de alteración a la paz pública, y si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, decretar, donde aquella exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio d l os derechos que según el artículo 37, inciso 7 de esta Constitución se permite al Congreso suspender; podrá también, en caso de que la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, declarar el estado de emergencia nacional, con los efectos y requisitos indicados en el inciso 8 del mismo artículo. En caso de calamidad pública podrá, además, decretar zonas de desastres aquellas en que se hubieren producido daños, ya sea a causa de meteoros, sismos, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, así como a consecuencia de epidemias.

  8. En caso de violación de las disposiciones contenidas en los apartados a) y d) del inciso 10 del artículo 8 de esta Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden público o la seguridad del Estado o del funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas, el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar la emergencia, debiendo informar al Congreso de esa emergencia y de las medidas adoptadas.

  9. Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre los Jueces de la Suprema corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Paz, del Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral, así como los miembros de la cámara de Cuentas, cuando esté en receso el congreso, con la obligación de informar al Senado de dichos nombramientos en la próxima legislatura para que éste provea los definitivo

  10. Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro o la levantamiento de empréstitos o cuando estimules exenciones de impuestos en general, de acuerdo con el artículo 110; sin tal aprobación en los demás casos.

  11. Cuando ocurran vacantes en los cargos de Regidores o Síndicos Municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de Suplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogerá el sustituto, de la terna que le someterá el Partido que postuló el Regidor o Síndico que originó la vacantes. La terna deberá ser la ocurrencia de la vacante, de no ser sometida dicha terna en el indicado plazo, el poder Ejecutivo hará la designación correspondiente.

  12. Expedir o negar patentes de navegación.

  13. Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Aduanas.

  14. Disponer en todo tiempo, cuanto concierta a las Fuerzas Armadas de la Nación mandarlas por sí mismo o por medio de la persona o personas que designe para hacerlo, conservando siempre su condición de jefe Supremo de las mismas, fijar el número de dichas fuerzas y disponer de ellas para fines del servicio público.

  15. Tomar las medidas necesarias para Proveer a la legítima defensa de la Nación en caso de ataque armado actual o inminente de parte de nación extranjera, debiendo informar al Congreso sobre las disposiciones así adoptadas.

  16. Hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades, a su juicio. Pudieren ser perjudiciales al orden público o a las buenas costumbres.

  17. Nombrar o revocar los Miembros de los Consejos de Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

  18. Disponer todo lo relativo a zonas aéreas, marítimas, fluviales y militares.

  19. Determinar todo lo relativo a la habilitación de puertos y costas marítimas.

  20. Prohibir, cuando lo estime conveniente al interés público, la entrada de extranjeros en el territorio nacional.

  21. Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario.

  22. Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera Legislación Ordinaria el 27 de Febrero de cada año, un mensaje acompañado de las memorias de los Secretarios de Estado, en el cual dará cuenta de su administración del año anterior.

  23. Someter al Congreso, durante la segunda legislatura ordinaria, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondientes al año siguiente.

  24. Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones internacionales en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros.

  25. Aular por Decreto motivado los arbitrios establecidos por los Ayuntamientos.

  26. Autorizar o no a los Ayuntamientos a enajenar inmuebles, aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales.

  27. Cometer indulto, total o parcial, puro y simple o condicional en los días 27 de Febrero, 16 de Agosto y 23 de Diciembre de cada año, con arreglo a la ley.

Como puede advertirse de la lectura del literal 9, la Asamblea Revisora no tuvo en cuenta que ante a l facultad concedida al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Suprema Corte de Justicia para designar lao miembros el poder Judicial el Presidente de la República no tiene atribución para llenar interinamente las vacantes que ocurran en el orden judicial durante el receso del Congreso Nacional.

El mayor volumen de atribuciones del Presidente de la República no resulta de la Constitución, sino de la legislación ordinaria. Las atribuciones constitucionales son de mayor importancia política, pero las que confiere de la República la legislación ordinaria, son más numerosas aunque generalmente menos importantes desde el punto de vista político.

En lo normativo: El Poder Reglamentario.

Como ya hemos visto el Presidente tiene iniciativa, y por cierto en la mayor amplitud, en la elaboración de las leyes con observaciones, salvo un solo caso, para que sean nuevamente discutidas. El carácter de las atribuciones que ejerce en estos casos el Poder Ejecutivo no está bien clarificado por los tratadistas, formal y materialmente, son atribuciones administrativas, pero como tienen que ver con la elaboración de las leyes, asumen un carácter sui géneris o peculiar.

Los jefes ejecutivos suelen ejercitar una atribución que tiene más definidamente un carácter normativo, o legislativo. Es la atribución de dictar reglamentos. En ciertos países, como en los Estados Unidos y en otros, según señala el Profesor Francis L. Goodnow, tiene un origen consuetudinario y se considera que resulta una necesidad de la función ejecutiva, puesto que no se pueden ejecutar las leyes, particularmente las administrativas. Sin tenerse al mismo tiempo la facultad de reglar los detalles de su ejecución por medio de reglamentos, los cuales, por eso mismo, en tales países, sólo tienen una esfera limitada a la ejecución de las leyes. Son los llamados reglamentos de ejecución.

Entre nosotros, el poder reglamentario del Presidente de la República es originario y explícito. Es decir, está inscrito en la propia Constitución (Artículo 55, inciso 2), por la forma en que está consagrada esa facultad en nuestra Constitución. Se entiende, por la mayoría de los constitucionalistas, que ese poder es muy amplio. No se limita a la ejecución de las leyes. El Presidente de la República puede dictar también reglamentos para regular cuestiones nuevas, no tocadas aún por las leyes. En este caso. Los reglamentos se denominan autónomos, para indicar que no tienen relación con ninguna ley. En ciertos casos también, la ley confía al Presidente de la República la misión de completar la ley por medio de reglamentos. A menudo, la ley dispone que la violación de estos reglamentos se castigue con penas superiores a as que el Presidente de la República puede señalar.

 

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