Excma. Sra. Dª Milagros marcos ortega






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EXCMA. SRA. Dª MILAGROS MARCOS ORTEGA

CONSEJERA DE FAMILIA DE CASTILLA Y LEÓN

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Las Mieses, 26

47.009 VALLADOLID

Asunto: RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LA PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD DE

ORDEN FAM/775/2011, de 30 de mayo, por la que se autoriza el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar n.º 2 de Valladolid, a solicitud de la entidad APROME,

ORDEN FAM/815/2011, de 7 de junio, por la que se autoriza el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar de Palencia, a solicitud de la entidad APROME

y

ORDEN FAM/816/2011, de 7 de junio, por la que se autoriza el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar de Burgos, a solicitud de la entidad APROME.

Burgos, 30 de junio de 2.011

Excma. Sra.:

Con fecha 15 de junio de 2.011, en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 115 aparece la orden FAM/775/2011, de 30 de mayo de 2.011, por el que se autoriza el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar nº 2 de Valladolid, a solicitud de la entidad APROME, y autorizado por el anterior Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, D. César ANTÓN BELTRÁN.

Con fecha 27 de junio de 2.011, en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 123 aparecen las citadas órdenes FAM/815/2011 y FAM/816/2011, de 7 de junio, por las que se autoriza el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de Palencia y Burgos, a solicitud de la entidad APROME, y autorizado por el anterior Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, D. César ANTÓN BELTRÁN.

Dentro del plazo de un mes, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interpongo los oportunos recursos de reposición ante la presunta inconstitucionalidad de las órdenes citadas, conforme se contempla en el artículo 62 de esta ley, sobre nulidad de pleno derecho, y que se indica en su punto 1.a):

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

  1. Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.”

En efecto, conforme el artículo 38 de la Constitución Española, que dice:

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

Nos encontramos que la administración de esta comunidad concede un concesión con carácter que puede ser indefinido, como se contempla en las partes dispositivas:

El procedimiento para la extinción de la autorización podrá iniciarse a instancia de la persona titular o de oficio.”

Con lo que terceras personas, empresas, asociaciones, entidades, etc. podrían ver afectado su legítimo derecho a contratar este servicio de responsabilidad pública, que se lleva esta asociación desde hace años en gestión privada.

En el DECRETO 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento, y en su artículo 30 se contempla el procedimiento de extinción de la privatización de este servicio de responsabilidad pública, conforme al cual se han autorizado estas concesiones, sin embargo, clara y notoriamente, bien el citado decreto, bien estas autorizaciones, bien ambas cosas, chocan de lleno con un derecho constitucional: LA LIBRE EMPRESA EN UN MERCADO ABIERTO A TODOS, y para posibles nuevos adjudicatarios, en un futuro.

Conforme a la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y su artículo 3. (Ámbito subjetivo), se indica que la Comunidad de Castilla y León debe atenerse a esta ley:

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:

  1. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local”.

Y esto es lo que se contempla en el artículo 279, sobre duración de los contratos de servicios:

“1.
Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.”

Nos encontramos aquí con una asociación que autoproclama una presunta finalidad con un nombre altruista, Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores, cuando los ciudadanos desconocemos los posibles fines de esta asociación, su posible organización interna, acceso a ser socio de la misma, uso de posibles beneficios, etc., y lo que vemos, en boletines oficiales y medios de comunicación es que reciben multitud de subvenciones y ayudas de diversas administraciones públicas en diversas comunidades autónomas, es decir, mueven mucho dinero público.

Es por ello, que la Junta de Castilla y León debe clarificar sus relaciones con esta asociación u otras personas físicas o jurídicas, ateniéndose a la citada LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y sería deseable, en el bien de los niños y familias de esta comunidad autónoma, que la propia Junta de Castilla y León asumiera la realización de este servicio con personal contratado directamente por la misma, para que tengamos todos las garantías que exige un servicio en que se tratan delicadísimos temas familiares, y se responsabilizara, directamente, de temas familiares muy graves e importantes. No es de recibo que familias que atiende esta asociación, para una cosa tan simple como es concretar vacaciones u otros temas de “intercambio de menores no emancipados” lo tengan que hacer a través de abogados y procuradores, y por medio de juzgados. ¿ Para qué nos sirven estos puntos de encuentros cuando cualquier cosilla es judicializada, sobre todo cuando en Burgos, con la nueva oficina judicial, y por boca de jueces y demás gente implicada en temas de justicia, hay un auténtico desbarajuste ?.

Notoriamente, estas autorizaciones son un gravísimo atentado a la libre empresa, lo que se evitaría si la Junta de Castilla y León respetara lo que se contempla en la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sobre posibles plazos de duración de esos contratos, claramente mercantiles, y, en caso contrario, razonara y fundamentara la posible autorización indefinida a favor de esta asociación tratando temas mercantiles, o cualquier otra entidad o persona física o jurídica, que pudiera pretender estas concesiones empresariales de responsabilidad pública.

Es por todo ello que ruego acepte estos recursos de reposición contra estas tres autorizaciones, y en estos tremendos momentos de crisis, la Junta de Castilla y León favorezca la libre competencia para sacar a este país de la gravísima situación en que se encuentra.

Rogando admita estos recursos, y modifique lo que corresponda, para garantizarnos a los ciudadanos de esta comunidad el derecho al libre mercado, y, mejor aún, asuma directamente la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, con personal del cual se responsabilice directamente, estos servicios, no sólo a favor de niños, como se autoproclama esta asociación, que quizá no rinda cuentas globales a administración alguna, sino también a favor de padres, abuelos, etc.

Esperando me responsa del resultado de esta gestión, y se nos garantice el derecho constitucional al LIBRE MERCADO, atentamente,

Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

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