I. Que con fecha 14 de febrero de 2013, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional (Doc nº 2)






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títuloI. Que con fecha 14 de febrero de 2013, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional (Doc nº 2)
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A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

D. XXXXXXXXXXXXXXX, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la Asociación CATALUÑA CONSITUCIONAL-CATALUNYA CONSTITUCIONAL, debidamente constituida de acuerdo con la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña y con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, cuya representación acredito mediante la correspondiente escritura de poder general para pleitos que acompaño (Doc. Núm. 1) ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho

DIGO:

I.- Que con fecha 14 de febrero de 2013, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional (Doc. nº 2).

II.- Que mi representada considera el Decreto referido no se ajusta a Derecho, por lo que interpone contra el mismo, por medio del presente escrito, Recurso Contencioso-Administrativo.
III.- Que, por proceder el acto objeto de recurso del Govern de la Generalitat de Cataluña, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competencia para la resolución del presente recurso corresponde a la Sala a la que tengo el honor de dirigirme. No obstante, para el supuesto de que no se entendiera así, procedería que se remitan las actuaciones las actuaciones al órgano jurisdiccional competente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
IV.- Que mi representada, como asociación legalmente constituida que tiene entre sus finalidades las de
1.- Defensar els valors i principis constitucionals de llibertat i igualtat de tots els ciutadans a Catalunya i els drets que s’en deriven d’aquells i son reconeguts tant a la Constitució com al Estatut d’Autonomia de Catalunya.
2.- Davant el context social i polític actual, promoure i defensar a Catalunya el principi d'integritat de la sobirania del poble espanyol del qual emanen tots els poders de l'Estat, inclosos els poders autonòmics, com a valor constitucional fonamental, així com especialment la defensa del sistema de distribució competencial entre l'Estat i les CCAA establert a la pròpia Constitució i a les lleis, com a garantia de convivència entre el conjunt dels ciutadans espanyols.
3.- Fer front als actes i/o disposicions que per part tant de terceres persones com -especialment- dels poders públics es duguin a terme i que tinguin com a finalitat, directa o indirecta, la separació de Catalunya de la resta d'Espanya, la ruptura del marc territorial actual, o l'impuls i/o creació dins de la pròpia administració pública Catalana -els poders de la qual emanen de la sobirana del conjunt del poble espanyol- d'estructures u òrgans orientats a la creació d'una Catalunya independent, a l'exercici del dret a decidir, com eufemisme del dret d'autodeterminació de Catalunya, o a l’assessorament per assolir aquests objectius.
4.- Promoure i difondre els avantatges de la permanència de Catalunya en Espanya, davant les pretensions de separació que es puguin promoure des de qualsevol àmbit.,
se encuentra legitimada activamente para la interposición del presente recurso, ello de acuerdo con lo que dispone el art. 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se adjunta copia de los estatutos de la Asociación como doc. nº 3. Igualmente se adjunta, como doc. nº3.1 copia del certificado del acuerdo de la Junta Directiva de la asociación para la interposición del presente recurso.

En virtud de lo expuesto,
SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito y documentos que lo acompañan, tenga por interpuesto en tiempo y forma Recurso Contencioso-Administrativo contra el referido Decreto 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, y previos los tramites preceptivos, reclame el expediente, a fin de que me sea puesto de manifiesto para formalizar la demanda y solicitar en la misma la declaración de nulidad de dicho Decreto y, en su caso, de los actos administrativos que de éste traigan causa.

PRIMER OTROSI DIGO que estando prevista para el próximo día 11 de abril la primera reunión de este órgano (Doc. nº4), que ha sido creado dentro de la Administración de la Generalitat por la disposición que se impugna, con manifiesta falta de competencia, como veremos dadas sus funciones, interesa al derecho de esta parte que, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se adopte por LA SALA, SIN OIR EN ESTE MOMENTO A LA ADMINISTRACIÓN, la medida cautelar consistente en suspender temporalmente LA VIGENCIA DEL DECRETO o, en su caso, prohibir cautelarmente la ejecución de las funciones del consejo asesor para la transición nacional.
En efecto, consideramos que existen fundados motivos que justificarían la adopción de alguna de estas medidas, necesarias para asegurar la efectividad de la eventual sentencia estimatoria que se dicte en su día, ya que dados los plazos que el elevado volumen de trabajo de ese Tribunal imponen, dicha sentencia probablemente sería dictada cuando ya las funciones de este órgano ilegal se hubieran consumado, ya sea de manera como mínimo parcial o muy probablemente de forma completa, pues su horizonte declarado es el año 2014, y ello haría inútil el presente recurso (STC 218/1994: se trata de evitar que un posible fallo a favor de la pretensión “quede desprovisto de la eficacia por la conservación o consolidación irreversibles de situaciones contrarias a derecho o interés reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento”).
Pasamos a exponer las razones que a nuestro juicio justificarían la adopción de la citada medida cautelar a través de las siguientes


ALEGACIONES
PRIMERA.- La necesaria justificación de la solicitud de la medida cautelar.
Como fundamento de la procedencia de la medida cautelar instada, haremos referencia a los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para que se puedan acordar dichas medidas.
Por su claridad sistemática nos referiremos a los criterios mencionados en la STS de 22 de julio de 2002 (Sala 3ª), que resume los que han de tenerse en cuenta para resolver sobre la adopción de la medida cautelar.
La expresada sentencia enumera varios criterios, que se citan en este escrito junto con la argumentación por la que esta parte considera que se incurre en los supuestos típicos que permiten adoptar la medida.
En primer lugar, el Tribunal Supremo recuerda la “necesidad de justificación o prueba, aun incompleta o por indicios de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar”.
Esta necesidad de justificación, se concreta después en la concurrencia del resto de criterios a los que haremos referencia en las alegaciones siguientes.

SEGUNDA.- La concurrencia del periculum in mora.
En el supuesto objeto de la pretensión deducida en el presente recurso, nos encontramos ante una disposición de carácter general, en este caso un Decreto del Govern de la Generalitat, que crea, encuadrado dentro de la administración, un órgano (el “Consejo Asesor para la Transición Nacional”, en adelante también “el Consejo”) cuyas funciones expresas son, según el artículo 2 del propio Decreto, las siguientes:
Analizar e identificar todas las alternativas jurídicas disponibles sobre el proceso de transición nacional.

Asesorar al Gobierno sobre la identificación de las estructuras estratégicas para el funcionamiento futuro del Gobierno y de las instituciones catalanas, y optimizar los recursos disponibles.
Proponer actuaciones e impulsar la difusión del proceso de transición nacional entre la comunidad internacional e identificar apoyos.

Asesorar al Gobierno para desplegar las relaciones institucionales en Cataluña a fin de garantizar el conjunto del proceso.”

Y como se desprende del documento nº 4 aportado por esta parte, la primera reunión del citado órgano se celebrará el próximo día 11 de abril, es decir, en menos de una semana desde la fecha del presente recurso.
En tanto no se adopte la medida cautelar que impetramos y el “Consejo Asesor” desempeñe las funciones que le encomienda el Decreto dentro del marco de la Administración, por mucho que después se estimase la pretensión del recurrente, el recurso presentado habría perdido su legítimo sentido y finalidad, más aún cuando el estrafalariamente denominado, en términos jurídicos, “proceso de transición nacional” se marca un horizonte temporal que no va más allá de 2014 según veremos, y es previsible que la sentencia que ponga fin a este recurso se dicte cuando el órgano cuya creación se impugna haya desempeñado ya todas las funciones que, ilegalmente y con manifiesta falta de competencia a nuestro juicio, le encomienda el Govern de la Generalitat.
En efecto, estamos aquí en sede adopción de medidas cautelares, el Tribunal Supremo en la misma sentencia de 22 de julio de 2002 menciona el “periculum in mora”:
El periculum in mora, constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que, de modo inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales.”
Se ha expuesto ya por esta parte la existencia de indicios de la evidente irreparabilidad de los efectos que se causarían de permitirse el desempeño de sus funciones al Consejo, pero es que además, como cita expresamente el Tribunal Supremo en el extracto de su sentencia más arriba transcrito, el aseguramiento del proceso no se agota en el único argumento de la irreparabilidad del perjuicio sino que puede también justificarse en la clara existencia de una situación que haga ineficaz el proceso, la cual nos parece en este caso manifiesta pues como ya hemos repetido si este órgano comienza a desempeñar sus funciones, el recurso presentado sería ineficaz por mucho que después se estimase la pretensión.


TERCERA.- De la concurrencia del fumus boni iuris
Otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de la denominada y archiconocida doctrina del fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, clave en sede de medidas cautelares, y base específica de la presente solicitud.
Para su desarrollo, es importante comenzar reconociendo que, en sede de medidas cautelares, no es posible entrar a enjuiciar en profundidad la pretensión deducida, tal como igualmente recoge la STS de 22 de julio de 2002:
Las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. De modo que la adopción de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Como señala la STC 148/1993 "el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal"
La expresada STC 148/1993 también dispone que el incidente cautelar:
sí ha de verificar la concurrencia de un peligro de daño jurídico para el derecho cuya protección se impetra derivado de la pendencia del proceso, del retraso en la emisión del fallo definitivo (periculum in mora, art. 130.1, Ley 29/1998) y la apariencia de que el demandante ostenta el derecho invocado con la consiguiente, probable o verosímil ilegalidad de la actuación administrativa (fumus boni), y de otro lado, valorar el perjuicio que para el interés general acarrearía la adopción de la medida cautelar solicitada (art. 130.2, Ley 29/1998 ).
Y en este caso, efectivamente esta parte no solicita al Tribunal en esta petición cautelar un pronunciamiento actual sobre el fondo del asunto.
Se trata ahora de efectuar un preliminar acercamiento a la cuestión, mientras se encuentre en pendencia la decisión sobre el fondo que requerirá, lógicamente, un mayor y más profundo análisis jurídico para decidir de modo definitivo sobre la adecuación a la legalidad del Decreto objeto del recurso, adecuación ésta que si bien nosotros consideramos inexistente y manifiesta, y que provocaría la nulidad radical de pleno derecho del Decreto, ello deberá determinarse por el Tribunal en un momento procesal posterior y tras la valoración de la prueba pertinente.
No se pretende que en este inicial momento procesal se prejuzgue el contenido del Decreto de una manera exhaustiva, pero lo cierto es que de resultar finalmente declarado nulo el Decreto tal como esta parte pretende, la puesta en marcha en este momento de los trabajos del órgano denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional haría del todo inútil lo pretendido en este recurso y la sentencia sería absolutamente ineficaz.
Es por ello que para la adopción de la medida, se conviene por la jurisprudencia en analizar la concurrencia del “fumus boni iuris” o apariencia de buen derecho, que sin suponer la realización de un juicio exhaustivo previo, sí que implica un preliminar acercamiento a las razones y argumentos de la parte recurrente. Se trataría, en palabras del propio Tribunal Supremo, de analizar si existe:
-Por una parte, “la razonable apariencia de que la parte recurrente litiga con razón”
-Y por otra parte “dudas razonables sobre la legalidad de la actuación administrativa”
Pues bien, en cuanto a este requisito del “fumus boni iuris”, para justificar su concurrencia hemos de acudir sin duda al contenido concreto de la disposición impugnada para analizar, siquiera preliminarmente, si se dan los supuestos que acabamos de mencionar, identificando esquemáticamente las razones que entendemos pueden ser indiciarias del “fumus boni iuris” requerido para la adopción de la cautela:



  1. La referencia a documentos no hechos públicos y la indefinición de conceptos clave del propio Decreto impiden el obligado y necesario control de legalidad por parte de los tribunales de justicia


El Decreto 113/2013, que se impugna en el presente recurso, dispone en su artículo 1. lo siguiente
Se crea el Consejo Asesor para la Transición Nacional configurado como órgano colegiado de apoyo al Gobierno para el asesoramiento en relación con aquellos aspectos del Plan de Gobierno como la identificación y el impulso de estructuras de estado y/o aspectos necesarios para llevar a cabo la consulta, con la composición, funciones y régimen jurídico previstos en este Decreto.”
Ya en este primer artículo, más allá de la posición ideológica que legítimamente pueda mantener el Govern de la Generalitat sobre el estatus jurídico-político que deba tener en un futuro la Comunidad Autónoma de Cataluña, se está creando un órgano dentro de la administración pública para apoyar al gobierno en el asesoramiento respecto de un Plan de Gobierno que, hoy por hoy, ni existe ni ha sido publicado por la Generalitat, suponiendo ello una traba que impide directamente tanto a esta recurrente como –lo que es más grave- al propio Tribunal, el obligado control de legalidad de la propia disposición impugnada en su conjunto, control que corresponde al Tribunal al que nos dirigimos (art. 106 de la Constitución), y que la falta de publicación del citado Plan de Gobierno hace imposible hoy por hoy.
No obstante, curiosamente, el Decreto ya nos adelanta algunos de los aspectos de ese Plan de Gobierno, actualmente desconocido en sus detalles, al que se subordina el asesoramiento a prestar por el Consejo, que son el impulso de “estructuras de estado” y los aspectos necesarios para llevar a cabo “la consulta” (consulta que por otra parte solo podemos entender que es la de autodeterminación que el Govern pretende convocar el año 2014 según es público y notorio, porque en todo el resto del Decreto no se vuelve a hacer referencia a la misma como tal).
De igual modo sucede en el preámbulo y en el artículo 2 al enumerarse las funciones del órgano cuando se hace referencia al “proceso de transición nacional” o a la “transición nacional” misma , términos o denominaciones eminentemente políticos e intencionadamente no definidos para intentar ocultar precisamente la manifiesta falta de competencia, y que se trasladan a una disposición de carácter reglamentario juridificándolos así con manifiesta extralimitación de competencias, lo que resulta patente a pesar de la voluntad de ocultación.
La anterior falta de publicación de documentos referidos en el Decreto, así como la indefinición expresa de determinados circunloquios utilizados, transluce ya a nuestro juicio una técnica jurídico-normativa intencionada y dirigida precisamente a evitar, impedir o dificultar el control de legalidad de la disposición que hoy impugnamos, control que corresponde como hemos dicho a los Tribunales de Justicia, por virtud de lo dispuesto en la Constitución Española.
No obstante, al ser tan burda y técnicamente mal planteada la norma jurídica impugnada, esa voluntad de ocultación puede ser superada de manera relativamente fácil, pues aunque como decimos el Govern no ha publicado a fecha de hoy el Plan de Gobierno al que se refiere el Decreto, lo que sí ha publicado el 3 de enero pasado (¡!) es una información en su página web (Doc. nº 5), en la que comunica que se ha aprobado “la elaboración” de ese Plan. En esa información se expresa lo siguiente:
El nuevo Plan de Gobierno y los planes departamentales continuarán, por un lado, los trabajos ya iniciados por los diferentes departamentos durante la pasada legislatura y, por otro lado, incorporarán las premisas consensuadas en el Acuerdo para la Transición Nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria firmado entre los grupos parlamentarios de CiU y ERC.”
Pues bien, si la propia Generalitat reconoce que el Plan de Gobierno, referenciado en el Decreto que se impugna, incorporará las premisas consensuadas en el Acuerdo firmado entre CiU y ERC, es ahí donde hemos de ir para encontrar el criterio interpretativo de a qué se refiere el Decreto cuando habla de “proceso de transición nacional” y donde se podrá ver, de un simple vistazo, que la Generalitat no tiene en modo alguno competencias para crear un órgano con las funciones que le atribuye el Decreto al Consejo Asesor Para la Transición Nacional.
Aportamos como Doc. nº 6, copia del “Acuerdo para la Transición Nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria firmado entre los grupos parlamentarios de CiU y ERC”, donde además puede comprobarse (página 2 del Anexo 1) que la creación del propio “Consejo para la Transición Nacional” objeto del Decreto impugnado forma parte del acuerdo político entre CiU y ERC.
En el desarrollo del siguiente punto, veremos cómo por referencia al citado Acuerdo así como también directamente del propio Decreto, se desprenden manifiestamente desbordamientos competenciales muy patentes que justifican la adopción de la medida cautelar que impetramos, porque de lo contrario el recurso perdería como decimos su legítima finalidad.

  1. La manifiesta y patente falta de competencia por razón de la materia objeto del Decreto.


En cualquier caso, más grave que la anterior voluntad de dificultar el control de legalidad es que, en la medida en que este Consejo Asesor para la Transición Nacional se crea dentro de la estructura administrativa de la propia Generalitat, y deberá asesorar y apoyar al Govern al menos sobre “la identificación y el impulso de estructuras de estado”, nos encontramos ya ante la primera y -ahora sí- manifiesta falta de competencia de la Generalitat para la creación, dentro de la administración pública, de un órgano como éste.
Al referirse a “estado”, el citado Acuerdo entre ERC y CiU lo hacen a un estado independiente (ello, aparte de ser público y notorio, se desprende del propio Acuerdo: v.gr. punto 6 del Anexo 1)
En efecto, ni en la Constitución Española ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña -fuentes normativas básicas de las competencias de la Generalitat- tiene reconocidas ésta última ninguna que le autorice para la creación, identificación o impulso de “estructuras de estado” o para convertirse en estado, más allá de lo legítima que pueda ser la aspiración política de un gobierno concreto, o de determinadas formaciones políticas, a tener dichas estructuras, o incluso la propia aspiración a la independencia política o creación de un nuevo estado.
Pero esa aspiración, precisamente por ser como decimos de carácter estricta y eminentemente político, deberá en su caso canalizarse políticamente -por los cauces previstos- en los órganos y entre las fuerzas políticas que pueden transformar y modificar los abanicos competenciales actuales, pero no puede atribuirse la Generalitat -sin más y de manera unilateral- una competencia que no tiene, promulgando una disposición de carácter general que parte de la base de que la Generalitat, como administración, puede crear en su seno órganos para que la asesoren expresamente sobre cómo convertirse en un estado, o –tal como expone también el Decreto- sobre cómo organizar una consulta sobre la independencia o para impulsar la difusión del “proceso de transición nacional entre la comunidad internacional e identificar apoyos”.
Ni en el Título VIII de la Constitución, ni en el Título IV del Estatuto de Autonomía, consta ninguna competencia asumida por la Generalitat de Catalunya que le permita crear órganos dentro de su seno entre cuyas funciones esté la de prestar apoyo y asesoramiento para lo mencionado anteriormente (la creación de un nuevo estado). Pero es que, además, ello va directamente en contra de lo preceptuado en el artículo 2 de la Constitución, que dispone:
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
Otra cosa muy distinta, y totalmente legítima, sería que la formación política que actualmente ostenta el Govern de la Generalitat, junto también con las formaciones que le quieran dar apoyo, decidieran crear fuera de la estructura de la administración pública (y esto es lo verdaderamente relevante) un órgano que mutatis mutandis desempeñase similares funciones y tuviera parecida regulación que el Consejo creado por el Decreto impugnado, para que las asesorase –a tales formaciones- de cara a alcanzar los objetivos políticos de esa denominada Transición Nacional. De hecho eso es lo parece desprenderse del acuerdo político suscrito entre CiU y ERC cuyo texto hemos aportado, y al cual, más allá de la diferencia de planteamiento político que se le quiera oponer, no se le puede hacer reproche jurídico alguno en cuanto acuerdo meramente político que es.
Pero tal órgano no cabe crearlo, como se ha hecho mediante el Decreto que se impugna, en el seno de la propia administración de la Generalitat, porque ello desborda claramente las competencias que hoy por hoy están reconocidas para dicha administración tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, y además lo hace de una forma muy patente.
Adicionalmente, y más allá de lo que de forma expresa dispone el Decreto impugnado sobre las funciones del Consejo, podemos ver también por referencia a la información aportada sobre el Plan de Gobierno, y a su vez por la referencia de ésta última, como se ha señalado, al “Acuerdo para la Transición Nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria” firmado entre CiU y ERC, cuál se pretende que sea la amplitud del apoyo y asesoramiento del Consejo.
Así, el citado acuerdo suscrito entre CiU y ERC, cuyas premisas incorporará el Plan de Gobierno referido en el Decreto, y respecto de las cuales asesorará por tanto el Consejo para la Transición Nacional, enumera, entre otros, los siguientes “Òrgans i instruments per garantir la Transició Nacional”:
-Impulsar la transformació de l’ICF en el banc públic de Catalunya (Llei de la banca pública).
-Elaborar un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria de la Seguretat Social catalana per garantir la percepció futura en qualsevol cas, de les pensions i prestacions d’atur als catalans.
-Elaborar un pla per a la transitorietat jurídica i per a l’assumpció de les funcions i el desenvolupament de les estructures de l’Administració de Justícia de Catalunya.
-Impulsar la internacionalització del dret de decidir del poble de Catalunya i redactar un pla interdepartamental per a la transició nacional.
-Elaborar un pla per assumir la gestió, el transport i la distribució de l’energia i la gestió de l’aigua, i de les principals infraestructures logístiques que són competència de l’Estat a Catalunya (aeroports, ports, ferrocarril).
-Creació dels instruments d’administració electoral a fi d’assegurar la correcta celebració de la consulta.
En la medida en que estos “òrgans i instruments” se refieren a competencias que la Generalitat no ostenta (por mucho que un determinado Govern de un determinado color político aspire legítimamente a ellas), no se puede crear dentro de la administración de la Generalitat un órgano para asesorar al Govern sobre las mismas, o para apoyarlo en la creación o desarrollo de órganos o instrumentos jurídicos que están fuera de su ámbito de capacidad competencial, y que se enuncian ya con una clara y expresa vocación de convertirse en “estructuras” de un futuro e hipotético estado catalán independiente surgido o derivado de una consulta de autodeterminación celebrada únicamente en Cataluña (transformació de l’ICF en el banc públic de Catalunya, dissenyar l’Administració i la Tresoreria de la Seguretat Social catalana per garantir la percepció futura de les prestacions, redactar un pla interdepartamental per a la transició nacional, elaborar un pla per assumir la gestió, el transport i la distribució de l’energia i la gestió de l’aigua, i de les principals infraestructures logístiques que són competència de l’Estat a Catalunya…).
Por otra parte, la celebración de la consulta de autodeterminación referida tanto en el Acuerdo ERC-CiU como en el Decreto impugnado, se pretende llevar a cabo únicamente en territorio catalán y limitando la participación a una parte de los ciudadanos españoles (los catalanes), lo cual también es público y notorio, e igualmente se desprende del propio Acuerdo ERC-CiU también atentaría contra lo dispuesto en el art. 1.2 de la Constitución:
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”
Por lo anterior no cabe crear un órgano, dentro de la administración de la Generalitat, cuyas funciones sean asesorar a la administración sobre cómo llevar a cabo una competencia que no es de la propia administración. En cuanto a la fecha prevista para la consulta, es público y notorio que se prevé convocar para el año 2014, pero en cualquier caso así resulta también del Acuerdo ERC-CiU (punto 6 del Anexo 1)
Siendo patente, pues, como decimos, la manifiesta falta de competencia en la que se incurre al promulgar este Decreto, se estaría en el caso de que, de estimarse posteriormente la demanda, el mismo sería declarado nulo de pleno derecho, lo que justifica a nuestro humilde juicio la adopción de la medida cautelar solicitada.
La nulidad es, a juicio de esta parte, tan manifiesta y patente en un juicio previo y limitado de cognición que, aun tratándose de una disposición de carácter general, la suspensión sería procedente.
En efecto, esta parte no pretende desconocer la doctrina complementaria a la del fumus boni iuris de la prevalencia –en principio y salvo supuestos de apariencia de nulidad radical de pleno derecho- del interés público cuando se trata de impugnar como hacemos una disposición de carácter general, ni desconoce tampoco la excepcionalidad de la medida solicitada, pero en la siguiente alegación expondremos por qué creemos del todo justificada la solicitud que hacemos.

CUARTA.- La ponderación del interés público en el incidente cautelar, especialmente cuando se trata de disposiciones de carácter general
A la hora de acordar la adopción de medidas cautelares, también sienta doctrina el Tribunal Supremo al requerir que se efectúe una ponderación del interés público que exista en la ejecución del acto o disposición recurrida con los perjuicios que pudieran causarse al suspender dicha ejecución:
El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: "al juzgar sobre la procedencia (de la suspensión) se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego". Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia "cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto" (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos).
Como hemos dicho, no desconocemos la doctrina del Tribunal Supremo que ha reconocido “la especial relevancia del interés público en general en relación con la adopción de una medida cautelar de suspensión de la ejecución de disposiciones generales, en cuanto persiguen el establecimiento de un nuevo régimen jurídico, aun cuando ello no exime de la debida ponderación de las circunstancias concurrentes.”(STS 10 de octubre de 2007)

En este caso es patente que dadas las funciones del órgano creado por el Decreto, que son -de manera resumida- asesorar y apoyar al Govern sobre un “proceso de transición nacional” y una “consulta” para convertir a Cataluña en un estado independiente, se puede decir que más allá de la prevalencia del interés público que como norma general se predica para denegar la suspensión de una disposición general, estamos en el caso de que hay aquí una excepcionalidad clara (excepcionalidad que autoriza la jurisprudencia sobre estos supuestos),
En efecto, la tacha de nulidad que se le hace al Decreto impugnado es precisamente que se orienta a la consecución de fines como la ruptura de la integridad territorial y de la soberanía del pueblo español, pilares fundamentales del propio Estado, por lo que si del análisis del fumus boni iuris se extrajera preliminarmente esta misma conclusión (que comportaría después en un juicio de cognición ya exhaustivo la nulidad radical de pleno derecho) difícilmente la doctrina de la prevalencia del interés público en el mantenimiento de disposiciones de carácter general podrá aducirse como motivo para denegar la suspensión solicitada.
Así, ningún interés público puede predicarse de una norma que crea un órgano dentro de la administración de la Generalitat con la única razón de ser de asesorar sobre la violación de la soberanía nacional y la integridad territorial reconocidas en la Constitución Española, o sobre cómo desbordar el régimen competencial establecido en esta última y desarrollado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su texto final tras la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional. De hecho, podría predicarse precisamente que, siendo lo anterior así, el interés público está en la expulsión de la norma recurrida del ordenamiento jurídico.
En cualquier caso, ya hemos remarcado que el Consejo Asesor para la Transición Nacional es un órgano que nace de un acuerdo político y con unas finalidades que son propias de los intereses particulares de las formaciones políticas firmantes del acuerdo, así que lo que hace este Decreto es pretender transformar –torticeramente- esos intereses particulares en públicos. Públicos solo pueden ser los intereses de los que pueda predicarse, al menos indicariamente, su sujeción a la legalidad. El resto de intereses pueden ser legítimos, pero no pueden convertirse en intereses públicos juridificándolos en un Decreto como el impugnado.

Además, dadas esas funciones y naturaleza del Consejo Asesor para la Transición Nacional, la suspensión de la norma o la prohibición cautelar del desarrollo de sus funciones en nada perjudicaría tampoco al supuesto interés público, pues las mismas personas que forman ese Consejo Asesor podrán legítimamente desempeñar sus funciones para los partidos firmantes del acuerdo, y estos partidos, si lo estiman conveniente, trasladar sus propuestas políticas a través de las instituciones de las que forman parte y por medio de procedimientos que respeten la legalidad.
Por otra parte, no está de más resaltar que el artículo 4 del Decreto impugnado, dispone que el Departamento de la Presidencia dará soporte administrativo y logístico al Consejo Asesor, por lo que es evidente que por más que los miembros del Consejono perciban retribución ni derechos de asistencia, sí que se destinarán recursos públicos a su funcionamiento, lo que de nuevo constituiría un perjuicio –en este caso económico o material- cuya reparación sería imposible si posteriormente se estimase el recurso.

QUINTA.- La posibilidad de las medidas cautelares innominadas
La promulgación de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, trajo también la posibilidad de la adopción de medidas cautelares innominadas, de modo que se pasó a un sistema de numerus apertus, que permite al Tribunal adoptar medidas diferentes a la suspensión de la vigencia.
Esta parte respetuosamente entiende que si no fuera procedente a juicio del Tribunal la suspensión de la vigencia de la disposición recurrida, podría acordarse como impetramos la prohibición cautelar de la realización de las funciones del Consejo Asesor para la Transición Nacional hasta tanto no se resuelva sobre la adecuación del Decreto a la legalidad, y sin perjuicio de su constitución efectiva y el nombramiento de sus miembros.
Ello no impediría que fuera del marco de la administración pública las mismas personas que integran dicho Consejo asesorasen a la formación política que forma el Govern y a la que le da apoyo.


En virtud de lo expuesto,
SUPLICO A LA SALA que tenga por formulada solicitud de suspensión de la efectividad del Decreto impugnado y la alternativa o subsidiaria de prohibición cautelar del desempeño de las funciones del Consejo Asesor para la Transición Nacional, adoptando en consecuencia la medida cautelar de suspender temporalmente la vigencia del Decreto 113/2013 de la Generalitat o prohibir cautelarmente el desempeño de las funciones que dicho Decreto otorga al Consejo Asesor para la Transición Nacional, y atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurren en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 29/1998, adopte dicha medida sin oír a la parte contraria, convocando a las partes a la comparecencia prevista en tal artículo al objeto de decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.
SEGUNDO OTROSI DIGO, que para el caso de que el Tribunal no estime conveniente acordar la medida cautelar inaudita parte,
SUPLICO A LA SALA que se sirva acordar las medidas cautelares instadas por el trámite ordinario.
TERCER OTROSI DIGO que, siendo general el poder que acompaño y necesitándolo para otros usos,
SUPLICO A LA SALA que se sirva acordar su desglose y devolución dejando en autos referencia bastante del mismo.

Todo ello por ser de Justicia que, respetuosamente, pido en Barcelona a 9 de abril de dos mil trece.

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