Interpretacion de la exigencia de liquidacion como requisito para declaracion judicial de union marital de hecho, cuando frente a al menos uno de los compañeros se configure impedimento para contraer matrimonio






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Sentencia C-700/13

DECLARACION JUDICIAL DE SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Exigencia de liquidación de sociedades anteriores vulnera el derecho a la igualdad y la obligación constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y a las formadas por vínculo de hecho/DECLARACION JUDICIAL DE SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-No se puede exigir que sociedades conyugales anteriores hayan sido liquidadas, sino que basta su disolución
La Corte Constitucional encuentra, que la exigencia normativa demandada vulnera el principio de igualdad (art.13 C.N) y la obligación constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y a las formadas por vínculos de hecho (art. 42 C.N). Las razones que sustentan esta conclusión son la siguientes: (i) la norma busca evitar la concurrencia de sociedades conyugales y patrimoniales de hecho (según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia), con lo cual la consecuencia consistente en que no se puede reconocer la sociedad patrimonial, es desproporcionada porque so pretexto de evitar la coexistencia en mención se sacrifican los derechos de los compañeros a la protección de su patrimonio conjunto, y (ii) no existen razones constitucionales objetivas que justifiquen la consecuencia jurídica aludida según la cual no se reconoce la sociedad patrimonial, cuando al menos uno de los compañeros no haya liquidado su sociedad conyugal anterior, en atención a que el reconocimiento es presupuesto esencial de su protección como patrimonio conjunto de la familia originada en una unión de hecho.

DISTINCION DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
INTERPRETACION DE LA EXIGENCIA DE LIQUIDACION COMO REQUISITO PARA DECLARACION JUDICIAL DE UNION MARITAL DE HECHO, CUANDO FRENTE A AL MENOS UNO DE LOS COMPAÑEROS SE CONFIGURE IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
TRATAMIENTO JURIDICO DE LA FAMILIA EXTRAMATRIMONIAL-Jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia/SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL-Distinción
Las acciones de “disolver” y “liquidar”, corresponden a dos fenómenos distintos. Por un lado la “disolución” es aquel hecho que extingue una relación jurídica de ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la generación de un patrimonio liquidable. Los hechos de los que se desprende la “disolución” de la sociedad conyugal, se recogen en las causales del artículo 1820 del Código Civil. Por otro lado, la liquidación es el fenómeno mediante el cual se cuantifica una masa partible (se liquida un patrimonio) y se distribuye para satisfacer los derechos de quienes en ella participaron (adjudicación). Para la Corte es esencial reconocer la distinción entre disolver y liquidar una sociedad conyugal, por cuanto una de la razones para justificar la presunta desproporción de la exigencia de “liquidación”, es que para evitar la existencia simultánea de sociedades conyugales y patrimoniales basta la “disolución” la sociedad conyugal anterior.
CAUSALES DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL-Contenido normativo
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL-Contenido normativo
PROTECCION IGUALITARIA A FAMILIAS ORIGINADAS EN EL VINCULO MATRIMONIAL Y EN UNION DE HECHO-Jurisprudencia constitucional
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Diferencias/PROTECCION IGUALITARIA AL MATRIMONIO Y A LA UNION MARITAL DE HECHO-Implica la prohibición de discriminación normativa entre una y otra
La jurisprudencia constitucional ha precisado con suficiencia las diferencias del matrimonio frente a la unión marital de hecho y ha sostenido que el matrimonio y la unión marital de hecho son instituciones con especificidades propias y no plenamente asimilables, y no obstante, a partir del reconocimiento de estas diferencias, la Corte ha amparado el derecho a la igualdad de las personas que en ambos casos han constituido una familia (C-1035 de 2008). Al tenor de este desarrollo jurisprudencial, se ha reiterado que la protección igualitaria al matrimonio y a la unión marital de hecho, implica la prohibición de discriminación normativa entre una y otra. Esto en el sentido en que, si bien se acepta que son instituciones distintas, se puede vulnerar el derecho a la igualdad en aquellos eventos en los que existe una diferencia de trato en la regulación que no encuentra ningún fundamento constitucional que tenga un carácter objetivo y razonable. Es decir, en consideración a que las distinciones en las regulaciones de una y otra son permitidas, porque se reconoce que son figuras diferentes, dichas distinciones a su vez deben obedecer a la realización de fines constitucionales. En esa dirección, la prohibición constitucional se encamina a impedir que se restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de los cónyuges compañeros o de cualquier miembro de estas familias, que se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio únicamente a ciertas de ellas, sin que exista alguna justificación constitucionalmente válida. Y, esto no significa una equiparación entre el matrimonio y la unión marital de hecho.
Referencia: expediente D - 9593
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2° (parcial) de la Ley 54 de 1990 “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”.
Demandante:

Yerlyn Valencia Jiménez
Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de Octubre de dos mil trece (2013).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

La declaración judicial de una sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes no puede exigir que sociedades conyugales anteriores hayan sido liquidadas, sino que basta su disolución.
El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte Constitucional consistió en determinar si la exigencia de liquidación judicial de una sociedad conyugal anterior para poder declarar judicialmente la sociedad patrimonial de hecho, vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.Po.) y la obligación constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y las conformadas por vínculos de hecho (art. 42 C.Po.).
La Corporación encontró que la exigencia normativa demandada, en efecto vulnera el principio de igualdad (art.13 C.N) y la obligación constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y a las formadas por vínculos de hecho (art. 42 C.N). Las razones que sustentan esta conclusión fueron las siguientes: (i) la norma busca evitar la concurrencia de sociedades conyugales y patrimoniales de hecho (según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia), con lo cual la consecuencia consistente en que no se puede reconocer la sociedad patrimonial, es desproporcionada porque so pretexto de evitar la coexistencia en mención se sacrifican los derechos de los compañeros a la protección de su patrimonio conjunto, y (ii) no existen razones constitucionales objetivas que justifiquen la consecuencia jurídica aludida según la cual no se reconoce la sociedad patrimonial, cuando al menos uno de los compañeros no haya liquidado su sociedad conyugal anterior, en atención a que el reconocimiento es presupuesto esencial de su protección como patrimonio conjunto de la familia originada en una unión de hecho.
De esta manera, la Corte Constitucional acoge la interpretación de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la intención de la Ley 54 de 1990, en análisis de su texto y tratamiento jurídico histórico, es que la consagración de efectos patrimoniales a la unión marital de hecho encuentra inconveniente la coexistencia de sociedades patrimoniales y conyugales. Como ejemplo de esto se hace alusión a la medida adoptada por el legislador en el caso del numeral 12 del artículo 140 del Código Civil, en el cual el segundo matrimonio no genera sociedad conyugal (artículo 25 de la ley 1 de 1976 que reformó el artículo 1820 del Código Civil), cuya intención es claramente impedir la concurrencia de una sociedad conyugal y otra patrimonial. La norma estudiada no se puede entender de otra manera, pues ésta solo regula requisitos relativos al régimen económico de estas uniones. Bajo esta idea no dispone regulación alguna sobre prohibiciones a los casados para conformar uniones maritales, o si deben acreditar condiciones adicionales, a las que, como ya se dijo se refieren al régimen patrimonial cuando ha existido una sociedad conyugal y se vislumbra la conformación de otra patrimonial de hecho.
En este orden, la Corporación señaló que en materia de uniones maritales, si la exigencia de disolución y liquidación de la sociedad conyugal anterior fue por razones económicas y patrimoniales, para que el nuevo régimen económico de los compañeros permanentes se constituya independiente, y si ello es posible únicamente con la disolución, entonces la exigencia de liquidación resulta superflua. Esto mismo, lo indica la Corte Suprema de Justicia, cuando advierte que el artículo 2° de la ley 54 de 1990 hace una utilización desafortunada de la expresión “y liquidadas”, al referirse a que las sociedades conyugales anteriores deben estar disueltas “y liquidadas” para poder declarar judicialmente la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
Para la Corte Constitucional, si lo que se busca es impedir la multiplicidad de sociedades, la norma fue más allá de lo que era necesario para lograr la finalidad que se propuso y por ello, esta no ha de exigirse a nadie. En suma, si el objetivo era extirpar la eventual concurrencia de sociedades es suficiente que la sociedad conyugal haya llegado a su término para lo cual basta la disolución. En este sentido, las consecuencias de exigir además de la disolución, la liquidación de la sociedad conyugal anterior, resultan entonces contrarias a la obligación constitucional de protección de la familia con fundamento en una unión de hecho. Esto, en tanto el patrimonio conjunto de los compañeros no se reconoce a pesar de que por la disolución, la sociedad conyugal ya ha terminado; y, como no se reconoce resulta imposible su protección como patrimonio conjunto de estas familias. Con la Constitución de 1991 la protección de la familia por lazos naturales, con tal de que exista voluntad libre y responsable, es de rango constitucional y el Estado debe garantizarla de manera integral (artículo 42).
Por lo expuesto, la Corte procedió a retirar del ordenamiento la expresión “y liquidadas” del artículo 2º de la Ley 54 de 1990.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
 I. ANTECEDENTES

 

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Yerlyn Valencia Jiménez, interpuso acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 2° (parcial) de la Ley 54 de 1990 (modificado por el art. 1, Ley 979 de 2005) “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”.

 

A continuación se transcribe el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 acusado, y se subrayan los apartes demandados:

 
LEY 54 DE 1990

(Diciembre 28)
Diario Oficial No. 39.615 de 28 de diciembre de 1990
Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes.”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo  2o. Modificado por el art. 1, Ley 979 de 2005. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;
b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho.”

 

II. LA DEMANDA
El demandante expone que el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 (modificado por el art. 1, Ley 979 de 2005) establece en general dos hipótesis en las que hay lugar a la declaración judicial de una una sociedad patrimonial de hecho. La primera que la unión exista mínimo por dos años y no se configure impedimento legal alguno para contraer matrimonio. Y la segunda que la unión exista mínimo por dos años, y se configure impedimento legal para contraer matrimonio, situación en la cual se exige un requisito adicional, cual es que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho.
En este orden, sus acusaciones están dirigidas contra el requisito adicional exigido, cuando existe, al menos para uno de los compañeros, impedimento legal para contraer matrimonio. Explica que el contenido del requisito en cuestión, en el aspecto concreto de la exigencia de liquidación de las sociedades conyugales anteriores para poder declarar judicialmente la sociedad patrimonial, vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad.
Comienza el actor por exponer, que la norma demandada además de establecer expresamente una presunción de carácter netamente legal en relación con los requisitos necesarios para obtener el reconocimiento judicial de una sociedad patrimonial de hecho, establece de igual manera, en forma implícita, una presunción de derecho por la cual, “si alguno de los compañeros permanentes se encuentra casado y por incuria o dolo no ha disuelto y/o liquidado su antigua sociedad conyugal, absorbe para sí o para su sociedad, todos los bienes “producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos” de los compañeros”. Esto en la medida en que el artículo 1795 del Código Civil establece en cabeza de la sociedad conyugal, una presunción de dominio universal sobre todos los bienes que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges; y por tanto, la norma demandada al exigir la liquidación de las sociedades patrimoniales anteriores, niega el reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho con lo cual presume que los bienes que el compañero ayudó a forjar pertenecen al cónyuge.
Adicionalmente, resalta la desproporción generada por la presunción de derecho expresada en la norma acusada, pues considera, es una exigencia que discrimina y pone en clara inferioridad el vínculo familiar nacido de forma natural en relación con el nacido mediante vínculos jurídicos. Afirma que dicha presunción obliga al juez a negar la declaración de existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre los compañeros permanentes, quienes a pesar de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente establecidos para ser reconocidos como tales, no han disuelto ni liquidado la sociedad conyugal que individualmente tenían con anterioridad. Estima que, dicha presunción se constituye en un privilegio injustificado que se otorga al compañero permanente que por incuria o dolo dejó de liquidar su anterior sociedad conyugal, y quien, a criterio del demandante, en razón de dicho descuido o mala intención puede llegar a enriquecerse, con el patrimonio de su compañero, sin causa alguna que lo justifique.
Para sustentar el enriquecimiento previamente descrito, el demandante extiende una serie de razonamientos relacionados con la naturaleza universal de la sociedad conyugal y la contrasta con la naturaleza singular de la sociedad patrimonial de hecho1. Considera que, a partir de dicha diferenciación se ha permitido que en los casos en que uno de los compañeros permanentes ha dejado de disolver o liquidar la sociedad conyugal que tenía con otra persona, ya sea intencionalmente o no, puede en virtud de dicha universalidad, apropiarse los bienes que han sido “producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos” entre los compañeros.
Otra de las razones expuestas por el demandante para justificar la vulneración enunciada, es la relacionada con la violación de los principios de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, el de economía procesal y el de acceso a la administración de justicia. Sobre el primero de estos, expresó que la norma atacada tiene una naturaleza netamente procedimental en cuanto expresamente establece una presunción de hecho o legal en relación con el reconocimiento o no de una sociedad patrimonial de hecho; por ello, aduce el actor, que otorgarle prelación a esta normativa y desconocer el derecho de los compañeros de poder formar un patrimonio propio, producto de su trabajo, ayuda y socorro, es poner trabas en la materialización del derecho sustancial, y por ende contradecir la finalidad última de las normas procesales. En últimas, en palabras del demandante, una presunción de hecho que disfraza una presunción de derecho. Con respecto a los principios de economía procesal y el de acceso a la administración de justicia, asevera el accionante que la norma demandada implica que en el caso de que uno de los compañeros permanentes conserve una sociedad conyugal anterior, debe instaurar dos procesos jurisdiccionales diferentes, uno tendiente a la declaratoria de la unión marital de hecho, y otro que declare la existencia de la “sociedad civil de hecho entre concubinos” generando así un desgaste innecesario en el aparato judicial.
Adicional a lo expuesto, resalta el actor que con la declaración de existencia de una unión marital de hecho, se está aceptando judicialmente que durante los últimos 2 años previos a la fecha de dicho reconocimiento, ha existido convivencia y singularidad en la relación de dos personas; por ello, a la luz del numeral 8 del artículo 154 del Código Civil2, se debe entender que por el simple paso de este tiempo, se materializa la separación de cuerpos con respecto al posible matrimonio que pueda tener alguno de los compañeros, y adicionalmente, en concordancia con el artículo 167 del mismo texto legal3, esta separación disuelve la sociedad conyugal. Por lo que es inadmisible que la norma demandada permita, que en razón a la simple falta de liquidación de la sociedad conyugal, se desconozcan los derechos de los compañeros que con ella se ven perjudicados.
Finalmente, en la demanda se hace referencia a la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos de sus asociados, haciendo un especial énfasis en el de propiedad privada, pues sin importar que alguno de los compañeros permanentes haya dejado de disolver o liquidar su anterior sociedad conyugal, no es posible pretender que el otro quede sometido a la «servidumbre», y pierda todo el producto de su trabajo y esfuerzo en la adquisición del patrimonio que ayudó a formar.
III. INTERVENCIONES

 

1.- Instituto Colombiano de Derecho Procesal

 

El Instituto Colombiano de Derecho Procesal mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada, o en su defecto, la inconstitucionalidad condicionada de ésta. Aduce que el accionante se equivoca al otorgarle naturaleza singular a la sociedad patrimonial de hecho, pues se trata de una sociedad cuyo patrimonio tiene una formación de carácter universal, al igual que la de la sociedad conyugal; por lo tanto, considera necesario tener en cuenta que la finalidad de la norma demandada es evitar la coexistencia de sociedades patrimoniales universales y la consiguiente confusión de los bienes pertenecientes a sus socios, objetivo que si bien se ve satisfecho con los acápites demandados, termina generando un perjuicio incluso mayor sobre los derechos de los compañeros.
Posteriormente, afirma que la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ya ha dado solución a este problema jurídico, pues desde el año 2003 ha venido inaplicando sistemáticamente el requisito de la liquidación” instituido por la presunción demandada. En este sentido, consideró aquella Corporación, que no se ajusta a los fines del Estado edificados por la actual Constitución el que por una formalidad legal se escapen los derechos de las personas que han cumplido con la esencia de la unión marital de hecho.
Finalmente, expone que a pesar de que el legislador en el artículo 1º de la ley 979 de 2005 sustituyó el 2º de la ley 54 de 1990, y lo dejó intacto, obviando los desarrollos jurisprudenciales que sobre el tema la Corte Suprema de Justicia había hecho, se torna necesario resaltar que los argumentos esbozados en aquella ocasión por esa Corporación siguen siendo plenamente aplicables y que en aras de la materialización de un orden jurídico justo, es necesario que la Corte Constitucional realice los ajustes necesarios en la norma demandada.

 

2.- Universidad Libre de Bogotá

 

La Universidad Libre de Bogotá solicita la declaratoria de inexequibilidad de los contenidos normativos acusados. En su opinión, está superada la problemática planteada por el actor según la cual los compañeros permanentes que sin haber disuelto y liquidado su anterior sociedad conyugal, se veían ante la imposibilidad de acceder al beneficio patrimonial consagrado por la ley 54 de 1990. Resalta para este efecto, el importante papel de la Corte Suprema de Justicia, al interpretar la norma demandada en el sentido de que la exigencia de liquidación debe ser entendida en términos de disolución, es decir que la norma establece el requisito de terminación de la sociedad conyugal anterior, pero la expresión “liquidación” no se refiere a la necesidad cumplir con lo establecido en el artículo 1821 del Código Civil, al tenor del cual una vez disuelta la se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte”.
Considera que a pesar de que el problema ha sido zanjado a través de la jurisprudencia, es necesario que esta Corporación realice un pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre que generan las múltiples interpretaciones que pueda hacer el intérprete de la norma. Eliminando así la posibilidad de que algún operador judicial apegado a la literalidad de la ley, no vea que ha desaparecido este «tormentoso y desafortunado» requisito.
3.- Universidad de los Andes

 

La Universidad de los Andes solicita se declarare la inexequibilidad de la norma acusada. En el escrito remitido a esta Corporación, expresa su discrepancia con los argumentos esbozados por el actor, pues considera que éste se basó en premisas erradas que llevaron a que sus conclusiones también lo fueran. Posteriormente, expresa que a pesar de discrepar con los argumentos del accionante, estima que en efecto es necesario que esta Corporación declare la inconstitucionalidad de los apartes demandados, en cuanto no superan el análisis del test estricto de razonabilidad. Lo anterior, en razón a que el medio seleccionado por el legislador, para evitar la coexistencia de sociedades de ganancias a título universal, no es necesaria, y pudo ser reemplazada por otra que no implicara la lesión, en tan alta medida, de los intereses jurídicos de los compañeros permanentes.
En efecto, para este interviniente, como quiera que el propósito de la regulación es evitar la concurrencia de sociedades patrimoniales, el medio para ello no puede ser exigir la liquidación de la sociedad conyugal anterior para reconocer otra patrimonial posterior de hecho, pues la consecuencia es que no se reconoce si la anterior no ha sido liquidada, y esto resulta desproporcionado en relación con los derechos de los compañeros.

 

4.- Ministerio de Justicia y del Derecho

 

El interviniente considera que los fragmentos demandados del artículo objeto de estudio deben ser declarados exequibles. Esto en cuanto a la luz de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema, se ha reconocido que no existe una igualdad absoluta entre el matrimonio y las uniones maritales de hecho, siendo por tanto válida la distinción que en este caso el legislador ha establecido. Igualmente argumenta, que en el caso de que se materialicen los supuestos de hecho establecidos en el literal «b» de la norma demandada, no se configura la desprotección absoluta predicada por el actor, pues ha sido reconocido jurisprudencialmente, que en los casos en que no hay cabida para la declaración de la sociedad patrimonial de hecho, es posible que los compañeros acudan al juez civil en aras de obtener la declaración de la sociedad civil de hecho que terminó en últimas formándose, y que permitirá hacer la correspondiente partición de los bienes.
5.- Academia Colombiana de Jurisprudencia
La Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita a esta Corporación no realizar pronunciamiento de fondo con respecto a los cargos instaurados por el actor, pues estima que la demanda es inepta y no contiene cargo alguno que válidamente cuestione la constitucionalidad de las normas atacadas. El interviniente comienza por expresar que en el supuesto en el que las pretensiones del actor fueran aceptadas, y se removieran del ordenamiento jurídico los fragmentos demandados, se dejaría vigente una norma absurda que terminaría afectando en mayor medida los intereses jurídicos que pretende defender.
A renglón seguido, indica que desde su experiencia particular ha podido verificar que la justicia pura o material no existe, pues siempre habrá alguien que se considere tratado en forma injusta. Bajo este supuesto, afirma que el argumento del actor en el que solicita la aplicación de un trato «justo» a las relaciones patrimoniales entre los compañeros permanentes, es fútil, sobre todo cuando contrario a lo que manifiesta en su escrito, no es necesariamente quien esconde u olvida resolver su anterior sociedad conyugal, quien se beneficia de su incuria o dolo.
Posteriormente, expresa el interviniente que en el caso en el que llegara a decidirse procedente el juicio de constitucionalidad, la norma debe ser declarada exequible en cuanto se ha reconocido por la jurisprudencia que el matrimonio y la unión marital de hecho no son iguales, y que por el contrario son instituciones jurídicas diferentes a las que no se les puede extender los mismos efectos.
Alega igualmente que cuando una persona se une a otra que está casada, o tiene una sociedad conyugal vigente, sabe de antemano las consecuencias y efectos de esa unión, por lo que no puede luego pretender excusarse en su propia culpa y aprovecharse de la negligencia que existió en su accionar para reclamar la protección de sus derechos, en especial el de propiedad.
Para finalizar, considera que tampoco existe vulneración alguna al derecho de propiedad en cuanto cada uno de los compañeros es dueño absoluto de su patrimonio y tiene la “ventaja” de no “tener” que compartirlo con el otro. Adicionalmente, sostiene que se ha convertido en una obligación en la sociedad actual, el que cada uno de los compañeros sea autosuficiente económicamente de forma que no dependa ni se vea perjudicado con la disolución del vínculo.
6.- Universidad Externado de Colombia

 

Este interviniente considera que los apartes del artículo demandado deben ser declarados exequibles. Sustenta su concepto en cuatro argumentos básicos: (i) que contrario a lo expuesto por el accionante, la sociedad patrimonial de hecho tiene una naturaleza universal al igual que la sociedad conyugal, por lo que la norma demandada tiene un fin justo, y este es evitar la coexistencia de este tipo de sociedades. Lo anterior con el objetivo de que al realizar la separación de bienes, no sea imposible determinar la pertenencia de éstos a cada uno de los asociados; (ii) que el actor erra al aseverar que la presunción de derecho establecida por el legislador en uso de su libertad configurativa, atenta contra la igualdad jurídica que debe existir entre la familia de origen natural y la de origen jurídico, esto, pues la previsión atacada pretende la protección de los derechos patrimoniales de la pareja y evitar que a partir del reconocimiento de múltiples sociedades a titulo universal, se materialice un perjuicio incluso mayor a sus intereses; (iii) que la norma no deja desprotegidos a los compañeros permanentes que no logren la declaración de su sociedad patrimonial de hecho, pues previendo esta problemática, la jurisprudencia ha establecido la posibilidad de que se decrete una sociedad civil de hecho, que por ser de carácter particular puede coexistir con la conyugal; (iv) y por último, afirma el interviniente, que la separación de cuerpos, por sí sola no extingue la sociedad conyugal pues a pesar de que es una causal de divorcio, exige que la disolución de la sociedad sea declarada judicialmente.

 

7.- Intervenciones ciudadanas

 

Ciudadano Harold Sánchez Jiménez
Este interviniente considera que la norma demandada debe ser declarada inconstitucional y para sustentar su tesis, memora cada uno de los argumentos del demandante y expresa encontrarse en concordancia con estos.
Ciudadano Iván Darío Taborda León
Para el interviniente, la norma demandada debe ser declarada exequible, pues si bien de una lectura desprevenida del texto legal se puede llegar a la conclusión de que ésta contraviene el ordenamiento constitucional, se evidencia de un estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ésta controversia ya ha sido zanjada, y en la actualidad no se exige el requisito de la “liquidación” de la anterior sociedad conyugal para el reconocimiento de una sociedad patrimonial de hecho. Por lo que la connotación actual de la norma se ajusta al ordenamiento superior vigente.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de constitucionalidad número 5576 en el proceso de la referencia. La vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse en relación con las normas demandadas.
Para sostener su solicitud, comienza por afirmar que en contraposición a lo expuesto por esta Corporación en el auto admisorio del expediente objeto de estudio, no se materializó el efectivo cumplimiento de los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos para admitir la presente demanda. Lo anterior, en cuanto si bien (i) se realizó el debido señalamiento de la norma legal demandada, (ii) se sustentaron los cargos contra las normas atacadas, y (iii) se precisó la competencia de la Corte para resolver la demanda en cuestión; no se evidencia que los reproches que se hacen de la norma, en realidad se dirijan a atacarla, sino que por el contrario lo que se censura es la “presunción de derecho” que el actor considera implícita en las expresiones demandadas.
En lo relativo a la presunción anteriormente enunciada, estima el interviniente que el argumento del actor se basa en los supuestos efectos jurídicos que la norma produce y en las consideraciones personales que hace sobre la injusticia e inconveniencia que de ella se derivan. Al respecto considera que la norma demandada se limita a: (i) establecer una presunción sobre la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y (ii) delimitar cuando, con base a esta presunción, puede dicha sociedad declararse judicialmente; sin embargo, a su juicio, la norma demanda no regula ni prevé ninguno de los efectos que el accionante le atribuye, pues únicamente se limita a establecer unas “condiciones generales y objetivas para establecer cuándo puede presumirse la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”.
Adicionalmente, expresa que “no es lo mismo establecer legalmente cuándo puede presumirse la existencia de una sociedad patrimonial, a legalmente desconocer o prohibir su existencia”, ni que el hecho de “presumir que determinados bienes hacen parte de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, (…) equivale a prohibir o impedir que terceras personas tengan medios legales para demostrar que determinados bienes les pertenecen, y que por lo tanto no hacen parte de esa sociedad conyugal en específico”.
Acto seguido, manifiesta que el argumento del actor relacionado con el desconocimiento del principio de economía procesal por forzar a los compañeros permanentes a iniciar 2 procesos diferentes para obtener la protección de sus intereses, es inocuo y no tiene la relevancia suficiente para despertar dudas sobre la constitucionalidad de la norma demandada, pues tal y como lo reconoce en su escrito, ésta es una inferencia que hace en virtud de la aplicación judicial que se deriva de la norma y que no está implícita en la misma.
Indica la vista Fiscal que de concederse lo pretendido por el demandante, esto es la declaratoria de inconstitucionalidad de los apartes acusados, se daría lugar a que: (i) ya no se pudiera declarar judicialmente la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y (ii) que tanto el literal “a” como el “b” del artículo parcialmente demandado contemplaran un idéntico supuesto de hecho; desamparando así las instituciones y derechos fundamentales que se pretende salvaguardar con las normas constitucionales que se invocan como fundamento de la demanda.
Finalmente, advierte que en la sentencia C-075 de 2007 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la ley 54 de 1990 “tal y como fue modificada por la ley 979 de 2005” de forma que al pronunciarse in genere sobre la constitucionalidad de la norma en este caso aludida, se configuraría el fenómeno de cosa juzgada constitucional establecido en el artículo 243 superior.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta.
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