CÓdigo de ética de la legislatura






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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA LEGISLATURA
(No. 98-16)

Nota:

La presente ley ha sido declarada con jerarquía y calidad de orgánica por el Congreso Nacional mediante Res. R-22-058 (R.O. 280, 8-III-2001), en cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la Constitución Política.

CONGRESO NACIONAL
Considerando:
Que el Congreso Nacional es la principal expresión de la soberanía popular;
Que es deber del Congreso legislar y fiscalizar de acuerdo con las normas y principios constitucionales, legales, reglamentarios y éticos vigentes en el sistema jurídico ecuatoriano;
Que los diputados son responsables de sus actos frente a sus mandantes, ante quienes deben rendir cuentas;
Que el pueblo tiene derecho inalienable e imprescriptible de controlar y fiscalizar los actos de sus mandatarios;
Que es necesario que el pueblo recupere la confianza en las instituciones políticas, con el fin de precautelar y fortalecer la democracia;
Que los actores de la política están llamados a actuar con responsabilidad, honestidad, decoro y transparencia en todos los actos de su vida pública y privada; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente:
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA LEGISLATURA
Capítulo I

DE LOS DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA

Art. 1.- El diputado es el mandatario del pueblo ecuatoriano ante la Función Legislativa. En tal virtud, observará los siguientes principios:
a) Ser leal a la Patria y a los valores de la nacionalidad;
b) Velar por los derechos de las personas, sus garantías y deberes;
c) Actuar con justicia, honestidad y probidad;
d) Respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República, leyes, reglamentos y este Código;
e) Defender y reafirmar el régimen democrático y el Estado Social de Derecho como forma de gobierno; y,
f) Respetar y observar los principios ideológicos, políticos y el programa de acción legislativa propuestos en su campaña electoral

Art. 2.- Al diputado en el desempeño de sus funciones le corresponde:
Respetar y hacer respetar la majestad del Congreso Nacional, coadyuvar a su fortalecimiento y eficacia; así como, participar activamente en los actos de la Función Legislativa.
Comprometerse, bajo juramento, en la primera sesión del Congreso Nacional al fiel, legal y ético desempeño de sus funciones.
Presentar al inicio y al término de su gestión, ante notario público, bajo juramento, una declaración patrimonial y la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.
Fiscalizar los actos del poder público de acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Guardar reserva sobre los documentos, temas y resoluciones calificados como tales por la ley, el Congreso Nacional o autoridad competente.

Art. 3.- Cesarán en sus funciones los diputados a quienes:
a) Se les revoque el mandato;
b) Se les sancione con la pérdida de la calidad de diputado; y,
c) Se dicte sentencia ejecutoriada en su contra por delitos dolosos sancionados con reclusión.
Capítulo II

DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL DIPUTADO

Art. 4.- Los diputados de la República no podrán desempeñar sus funciones si antes de iniciar la misma no presentan ante el Presidente del Congreso una copia auténtica de la declaración patrimonial notarizada y juramentada, según lo prescrito en el inciso primero del artículo 122 de la Constitución Política de la República. El Presidente abrirá un archivo reservado y será responsable de su custodia.

Art. 5.- Quien habiendo desempeñado la legislatura, incumpla con la última declaración patrimonial, y que, a pesar de ser requerida no la presente en un lapso de quince días, no podrá volver a participar como candidato a una dignidad de elección popular de cualquier índole, lo que será verificado por el Comité de Excusas y Calificaciones y notificado al Tribunal Supremo Electoral para los efectos de ley, sin perjuicio de las restricciones y sanciones contempladas en la Constitución Política de la República y la ley.
Capítulo III

DEL COMITÉ DE EXCUSAS Y CALIFICACIONES

Art. 6.- Corresponde al Comité de Excusas y Calificaciones previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además de las atribuciones signadas en los artículos 50 y 51 de la referida Ley, las siguientes:
a) Dar fiel y estricto cumplimiento de las normas contenidas en este Código;
b) Solicitar al Presidente del Congreso Nacional, para su examen, la declaración patrimonial del diputado involucrado en un proceso de investigación o enjuiciamiento;
c) Iniciar de oficio o por denuncia procesos de investigación en contra de cualquier diputado que, a criterio del Comité, haya incurrido en actos calificados como infracciones en el presente Código;
d) Informar al Congreso Nacional para su resolución sobre el proceso de investigación o enjuiciamiento;
e) Emitir informe al Congreso Nacional sobre las peticiones de levantamiento de la inmunidad parlamentaria;
f) Elaborar los reglamentos pertinentes para el eficaz funcionamiento del Comité; y,
g) Las demás que le señalen las leyes o que le asigne por resolución el Congreso Nacional.
Capítulo IV

DE LAS INFRACCIONES EN GENERAL
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 7.- Los actos u omisiones en que incurra un diputado que impliquen incumplimiento o violación de las normas consagradas en este Código, serán calificados como infracciones sometidas a sanción, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, por los delitos tipificados en las leyes penales.

Art. 8.- Ningún diputado será sancionado por las infracciones previstas en este Código, si las mismas no son consecuencia de su acción u omisión y no se haya producido prueba plena sobre su responsabilidad.
Todo proceso de investigación, enjuiciamiento y sanción, deberá ser reservado y cumplir con los principios y las garantías procesales, previstas en la Constitución Política de la República y leyes secundarias aplicables.
Capítulo V

DE LAS SANCIONES

Art. 9.- Las sanciones aplicables a las infracciones cometidas por un diputado son las siguientes:
a) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones; y,
b) Pérdida de la calidad de diputado.

Art. 10.- La suspensión temporal comporta la inhabilidad para el ejercicio de las funciones de diputado por un lapso determinado y la consiguiente pérdida de las remuneraciones por el mismo lapso.
La pérdida de la calidad de diputado, es la cesación definitiva en las funciones de legislador, resuelta por el Congreso Nacional, en los casos previstos por la Constitución Política de la República, el presente Código de Ética de la Legislatura y demás leyes aplicables.

Art. 11.- Sin perjuicio de la potestad disciplinaria otorgada al Presidente del Congreso Nacional, por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento, las sanciones previstas en este Código serán impuestas exclusivamente por el Congreso Nacional, según lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución Política de la República.
Toda sanción se impondrá previo dictamen acusatorio del Comité de Excusas y Calificaciones y de acuerdo al procedimiento previsto en este Código.

Art. 12.- En los casos de pérdida de la calidad de diputado o suspensión temporal, será principalizado o llamado el alterno o suplente correspondiente.
Capítulo VI

DE LAS INFRACCIONES EN PARTICULAR
Parágrafo I

DE LAS INFRACCIONES QUE COMPROMETEN LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN

Art. 13.- El diputado que divulgare datos revelados en una sesión reservada, será sancionado con la suspensión temporal de un mes.
En caso de reincidencia se impondrá el doble de la pena.
Si la infracción comprometiere gravemente la seguridad interna o externa del país, se sancionará con la pérdida de la calidad de diputado.
Parágrafo II

DE LAS INFRACCIONES QUE ATENTAN CONTRA LA MAJESTAD DEL CONGRESO

Art. 14.- Serán sancionados con suspensión temporal de ocho días los diputados que concurrieren al recinto del Congreso Nacional en manifiesto estado de embriaguez.

Art. 15.- Serán sancionados con la suspensión temporal de ocho días a un mes los diputados que hagan uso indebido de las instalaciones del Congreso y de los símbolos de su investidura tales como botón, placas, credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la Institución.

Art. 16.- El diputado que introduzca o permita que se introduzcan armas o materiales explosivos al interior del recinto legislativo, será sancionado con la suspensión temporal de uno a tres meses, según la gravedad de la infracción.
En caso de utilización del arma la sanción será de tres a seis meses.
La reincidencia será sancionada con el máximo de la pena, en cada caso.

Art. 17.- El diputado que agrediere físicamente a otro diputado, será sancionado con la suspensión temporal de tres a seis meses.
Las penas previstas en este artículo, son aplicables también para los casos en que el diputado haya ordenado o propiciado actos de violencia al interior del recinto legislativo.

Art. 18.- El diputado que concurriere al recinto del Congreso Nacional bajo los efectos de sustancias estupefacientes o sicotrópicas será sancionado con suspensión temporal de uno a tres meses según la gravedad de la infracción.

Art. 19.- Al diputado que, en el curso de una investigación en su contra, se le demostrare falsedad grave y dolosa en su declaración patrimonial, se lo sancionará con suspensión temporal de seis meses a un año, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar.
Parágrafo III

DE LAS INFRACCIONES POR ABUSO DE FACULTADES O TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Art. 20.- Al diputado que se le comprobare enriquecimiento ilícito, se le sancionará con la pérdida de la calidad de diputado por el Congreso Nacional, previo informe del Comité de Excusas y Calificaciones.

Art. 21.- Los diputados que incurran en las prohibiciones señaladas en el artículo 135 de la Constitución Política de la República, serán sancionados con la pérdida de la calidad de diputados.
Los casos de incompatibilidad que menciona el artículo 135 de la Constitución Política de la República, en su segundo inciso, serán los prescritos en la Ley.
No constituye infracción, el reclamo sobre el eficiente desempeño de los responsables de las funciones del Estado y demás servidores del sector público o sobre el cumplimiento de obligaciones legales y todos aquellos actos de control y fiscalización inherentes a la Función Legislativa.
Parágrafo IV

DE LA INASISTENCIA REITERADA E INJUSTIFICADA A LAS SESIONES

Art. 22.- El diputado que dejase de asistir durante diez sesiones consecutivas, en el período de un mes, sin haber solicitado licencia o presentado justificación, cesará en sus funciones previo dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones y será reemplazado definitivamente por su alterno o suplente.
Si el diputado dejase de asistir injustificadamente a tres sesiones, de un período extraordinario, previo dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones, se llamará al suplente o alterno, quien le sustituirá por el tiempo que falte hasta la conclusión del período.
Parágrafo V

DE LAS DESAFILIACIONES Y EXPULSIONES

Art 23.- Se perderá la calidad de diputado por desafiliación o por expulsión, exclusivamente en los casos de:
a) Obtención ilegítima o ilícita de beneficios políticos o económicos en su provecho o de terceras personas; y,
b) Desacato a las resoluciones del partido político, movimiento o bloque legislativo, exclusivamente con lo relacionado a los principios doctrinarios y al programa de acción política, a las resoluciones previamente declaradas trascendentales por el partido político o movimiento político o al compromiso electoral de dichos partidos o movimientos.
Se establece la misma sanción del literal anterior al diputado independiente que se separe del bloque o representación legislativa del partido o movimiento que lo auspició o aquel a quien estos le retiren el auspicio por las ya citadas causales.
La sanción por desafiliación o expulsión se tramitará previo informe del Comité de Excusas y Calificaciones. El Congreso resolverá por mayoría absoluta.
El Comité de Excusas y Calificaciones garantizará el derecho a la defensa del diputado acusado.
En el caso del literal b), la sanción podrá ser solicitada por la mayoría de los diputados del respectivo partido o movimiento y, deberá demostrarse que al interior del partido se produjo el proceso debido, de conformidad con la Ley y los estatutos del partido para demandar la sanción.
Capítulo VII

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO A UN DIPUTADO

Art. 24.- Salvo lo dispuesto en el artículo 23, el proceso de investigación y enjuiciamiento a un diputado, podrá iniciarse a criterio del Comité de Excusas y Calificaciones:
a) De oficio; y,
b) Por denuncia.

Art. 25.- El Comité de Excusas y Calificaciones podrá iniciar de oficio el proceso de investigación, cuando haya llegado a su conocimiento por cualquier medio, el cometimiento por parte de un diputado, de alguna de las infracciones contempladas en este Código.

Art. 26.- El Comité de Excusas y Calificaciones podrá iniciar el proceso de investigación contra un diputado, cuando se haya presentado denuncia previamente reconocida por el denunciante, debiendo observarse las siguientes reglas:
a) Cuando un diputado presente la denuncia en contra de otro diputado, deberá formalizarla por escrito, señalando sus fundamentos y acompañando las pruebas materiales o documentales de que disponga; y,
b) Cualquier persona que conociese de una infracción cometida por un diputado, podrá concurrir con una denuncia fundamentada ante el Comité de Excusas y Calificaciones, la misma que deberá ser respaldada con la firma de, por lo menos, diez legisladores, a la que se acompañarán las pruebas señaladas en el literal anterior.
Toda denuncia tendrá que ser reconocida ante el Secretario del Comité de Excusas y Calificaciones.
El contenido de la denuncia será de carácter reservado.
El denunciante deberá prestar toda la cooperación e información requerida por el Comité a fin de sustentar su denuncia.
En caso de que la denuncia resultare maliciosa o temeraria, el diputado denunciante será sancionado con la máxima pena prevista para los hechos denunciados.
Para las denuncias calificadas en los términos del inciso anterior que provengan de cualquier otra persona, se estará a lo dispuesto en la Ley Penal.
En todo caso queda a salvo la acción por daño moral.

Art. 27.- Reconocida la denuncia, el Comité de Excusas y Calificaciones podrá declarar su improcedencia, mediante resolución debidamente fundamentada.

Art. 28.- El Comité de Excusas y Calificaciones, de considerarlo pertinente, calificará y admitirá al trámite la denuncia, ordenando la inmediata citación al diputado denunciado, dándole el término de quince días para que la conteste por escrito.

Art. 29.- Concluido el término establecido en el artículo anterior dentro de los tres días hábiles siguientes, con la contestación de la denuncia o en rebeldía, el Comité de Excusas y Calificaciones, convocará a las partes para que presenten las pruebas respectivas, durante el término de quince días.

Art. 30.- Luego de actuadas las pruebas, el Comité de Excusas y Calificaciones, dispondrá del término de diez días adicionales para realizar la respectiva valoración. Concluido dicho término, emitirá su dictamen debidamente fundamentado.

Art. 31.- El Comité de Excusas y Calificaciones, adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros. Art. 32.- El Congreso Nacional conocerá el dictamen preparado por el Comité de Excusas y Calificaciones y resolverá el caso con el voto de la mayoría de sus integrantes en una sola sesión. El fallo solo será impugnable ante el Tribunal Constitucional.
En esta sesión, el Presidente del Congreso dispondrá la lectura del dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones. Posteriormente concederá la palabra al legislador encausado o a su abogado defensor para que presente su alegato.
Concluida la alegación, el Presidente del Congreso concederá la palabra a un diputado por cada partido o movimiento político representados en el Congreso. Nuevamente podrá intervenir el encausado o su abogado defensor. Finalmente los legisladores entrarán a votar en forma nominal, por la absolución o por la condena, y en este último caso, el diputado perderá su condición de tal, lo que será notificado al Tribunal Supremo Electoral, para los efectos de Ley.
Capítulo VIII

DE LAS GARANTÍAS DEL PROCESO

Art. 33.- El Comité de Excusas y Calificaciones garantizará, durante la investigación y el enjuiciamiento, la legalidad del proceso en toda su extensión y la presunción de inocencia del diputado investigado o enjuiciado, hasta que el Congreso resuelva sobre su responsabilidad.

Art. 34.- El Comité de Excusas y Calificaciones exigirá a las partes procesales que procedan en estricto acatamiento a la Constitución Política de la República, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al presente Código de Ética de la Legislatura y demás cuerpos legales en los que se apoye el proceso de investigación y enjuiciamiento a un diputado de la República.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: En el término de quince días, a partir de la vigencia de este Código de Ética de la Legislatura, los diputados que no hubieren otorgado su declaración patrimonial, deberán cumplir con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2; y, en el artículo 4 del presente Código.

Segunda: Sin perjuicio de la vigencia de este Código de Ética, incorpórese el texto del artículo 23 del Código de Ética como artículo innumerado después del artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA LEGISLATURA

1.- Registro Oficial 73, 24-XI-98.

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