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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ………. DE ……………………….
D/Dña. …………………………………………………………………………….., mayor de edad, con domicilio en ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..., provisto/a del DNI/NIF ………………………………….., actuando en mi propio nombre y derecho, ante el Juzgado comparezco en los autos de Ejecución hipotecaria ……….. y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:
Que a la vista de lo acordado mediante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de marzo de 2013 en el Asunto Prejudicial C-415/11, y conforme me facultan para ello los arts. 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 228 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en ambos casos con relación al art. 53.2 de la Constitución Española y, por remisión de éste, al art. 24.1 CE, a medio del presente escrito vengo en interesar se declare la NULIDAD DE LAS ACTUACIONES del procedimiento en que comparezco desde el momento en que se ordenó la ejecución del título del préstamo hipotecario y el despacho de su ejecución, solicitud que fundamento en las siguientes

ALEGACIONES
PREVIA: LA ACTIVIDAD PROCESAL INICIAL EN AUTOS.
En su momento fui requerido para que en el plazo de diez días pagara al acreedor las sumas que en la demanda obran en concepto de principal más intereses de demora, gastos y costas.
Con igual fecha se me notificó el Auto por el que se disponía ordenar la ejecución del título de préstamo hipotecario, el despacho de la ejecución por las cantidades ya citadas y requerirme al efecto, así como me fue notificado el Decreto por el que se disponía expedir los mandamientos oportunos a los efectos que en el mismo constan, con los demás pronunciamientos inherentes.
Al margen de otras consideraciones -que me reservo el derecho a plantear en el proceso y ante las instancias que resulten oportunas, especialmente por lo que respecta a la nulidad de determinadas cláusulas del crédito hipotecario- lo cierto es que el art. 556 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, limita las causas de oposición al proceso de ejecución hipotecaria, exclusivamente, a alguna de las siguientes: el pago o cumplimiento de lo ordenado, la caducidad de la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, en este último caso siempre que además constaran en documento público.
Nos encontramos, pues, con que el ordenamiento jurídico español concede el carácter de apremio a las ejecuciones hipotecarias con las enormes limitaciones que ello conlleva a los derechos de la contraparte, hasta el punto de vaciar el derecho a la tutela judicial efectiva, como veremos en los siguientes ordinales de este mismo escrito.


PRIMERA: NULIDAD DE ACTUACIONES POR VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Y DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA RECONOCIDOS EN EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
La sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 tiene declarado que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario a la Directiva 93/13/CEE, y ello principalmente porque el régimen procesal español en materia hipotecaria es incompatible con la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva, todo ello según establece la propia Sentencia del TJUE ya citada, que en su punto 63 es del siguiente tenor:


  • “En estas circunstancias, procede declarar que la normativa española controvertida en el litigio principal no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos.”



Podemos concluir por tanto que la regulación que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla respecto del procedimiento de ejecución hipotecaria infringe la norma-tiva comunitaria y, por tanto, está viciada de nulidad de pleno derecho por cuanto la infracción supone una violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, reconocidos todos ellos en el art. 24.1 CE y, por tanto, y dicho sea a mayor abundamiento, directamente susceptibles de amparo.



Ello supone que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Consti-tución, de continuar obviando lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta Magna en su vertiente de respeto del principio de legalidad y de resoluciones fundadas en Derecho, motivo por el cual el presente procedimiento de ejecución hipotecaria, tramitado de acuerdo con una norma contraria al derecho comunitario, debe ser declarado nulo, lo que implica la anulación de todos sus efectos así como la reparación del daño causado.
Además de la concreta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en su doble vertiente del principio de legalidad y del derecho a la tutela judicial efectiva, la continuación del proceso en que comparezco supondría una violación flagrante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950, susceptible de demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La mencionada violación se habría producido en relación a los artículos 6.1, 13 y 14 del citado Convenio de Roma, relativos a los derechos a un proceso con todas las garantías, en tanto las ejecuciones hipotecarias llevadas a efecto por las entidadades financieras de forma masiva suponen una la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que provocan desalojos forzosos sin alternativa habitacional y generan deudas que en la práctica pueden considerarse perpetuas.
La situación expuesta afecta además a los artículos 25 de la Declaración Universal (vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado), a los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950 (prohibición de trato degradante o inhumano y prohibición de injerencias en la vida privada y familiar desproporcionadas en una sociedad democrática), artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículos 15, 18,  47 y 39 de la Constitución Española (prohibición de trato inhumano o degradante, inviolabilidad del domicilio, derecho a la vivienda y protección social, económica y jurídica de la familia), recordando que todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución, en lo relativo a derechos fundamentales y libertades, debe ser interpretado conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (artículo 10.2 CE).
Cabe recordar que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, diferentes entidades de la sociedad civil y otros operadores han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria masivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos puesto que sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión. Esta posición viene ahora apoyada por la sentencia citada, que declara que la normativa española no respeta el derecho comunitario, pudiendo existir responsabilidad del Estado por contravenirlo y por violación sistemática de derechos humanos. Las violaciones manifestadas se han producido de forma masiva en tanto responden a la aplicación del derecho interno por parte de los tribunales enmarcardas en la gravísima crisis económica y social que atraviesa el país.
En la sociedad española, y aún europea, existe una auténtica alarma social en esta materia dados los más de 400.000 desahucios que han tenido lugar en nues-tro país durante los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitando en la actualidad. Esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora de interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, lo que en el tiempo presente exige una clara visión favorable a los afectados.
Por tanto y a modo de conclusión, a la vista de lo expuesto en el presente ordinal y especialmente por la conculcación de lo dispuesto en el art. 24.1 CE, proce-dería estimar la nulidad interesada por esta parte, retrotrayendo las actuaciones al momento de su admisión y, en su lugar, dictar nueva resolución por la que se acuerde alguno de los pronunciamientos que se indicarán en los ordinales tercero y cuarto de este escrito.
SEGUNDA: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 21 DE MARZO DE 2013: ANÁLISIS SUCINTO.
A) INTERPRETACIÓN DE SU CONTENIDO.
Las consideraciones obrantes en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 y su confrontación con el panorama que se describió en la Alegación primera de este escrito sitúan a la realidad jurídica española en una posición que, por inédita, permite diversas soluciones, si bien todas ellas pasan por el más escrupuloso respeto a los postulados de la citada Sentencia del TJUE que, precisamente por emanar del mismo, resulta de inmediato y obligado cum-plimiento.
Sin solución de continuidad a lo dispuesto en la citada resolución judicial europea, un sin número de órganos judiciales españoles han acordado la suspensión de sus respectivas ejecuciones hipotecarias.
Así, por ejemplo y sin ir más lejos, el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Arrecife ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto mediante Auto de 21 de marzo de 2013 dictado en el seno de una Ejecución hipotecaria, cuyo tenor literal transcribo parcialmente a continuación dado su evidente interés para la resolución del caso de autos:


  • “La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 confonta el contenido de la Directiva 93/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados por los consumidores, con el contenido de los arts. 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los arts. 131 y 153.bis de la Ley Hipotecaria.



  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza tres ámbitos distintos, cuales son: la desproporción de la atribución a la entidad bancaria del derecho a dar por vencida anticipadamente la totalidad de la deuda por un incumpli-miento del consumidor observado en un periodo muy limitado y concreto, la limitación de los intereses de demora pactados en el ámbito de la contratación hipotecaria, y la imposibilidad de que el consumidor pueda oponerse a la cuantificación de la deuda realizada por la entidad bancaria de forma unilateral.



  • Respecto a la cláusula de vencimiento anticipado de los contratos de larga duración por incumplimientos del consumidor en un periodo limitado, el Juez deberá analizarla para determinar si existe un incumplimiento de una obligación esencial, si el incumplimiento es suficientemente grave, si la facultad atribuída al Banco es una excepción a la normativa aplicable y si el consumidor dispone de mecanismos eficaces para evitar los efectos del vencimiento antici-pado.



  • Respecto a la cláusula de fijación de los intereses de demora, el Juez deberá poner en relación el tipo de interés pactado y el tipo de interés legal para verificar que aquél no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos para los que se establece en la normativa interna, y comprobar igualmente las previsiones de la norma interna para supuestos en que no medie pacto o en que contraten consumidores en otros ámbitos contractuales.



  • Respecto a la cláusula de liquidación unilateral de la deuda por el Banco, el Juez deberá determinar si la misma supone una excepción a las normas aplicables en defecto de acuerdo entre las partes y ponerlo en relación con los medios procesales de que dispone el consumidor para comprobar si su derecho de acceso a la Justicia y su derecho de defensa se ven afectados.



  • (…)



  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea introduce en el análisis de la ejecución hipotecaria otro elemento, cual es la condición de consumidor del hipotecante, incidiendo con ello en el propio art. 51 de la Constitución Española, que impone a los poderes públicos garantizar los legítimos intereses económicos de los mismos. La ejecución hipotecaria queda desnaturalizada al introducir en la misma una fase de cognición que afecta a la esencia del procedimiento, constituída por su condición de vía de apremio, que hasta ahora se consideraba una consecuencia lógica del título en virtud del cual se despachaba ejecución. La expeditiva realización del derecho del acreedor sobre el bien hipotecado cede ante la protección del consumidor.











  • Pues bien, conforme a los anteriores criterios no cabe sino concluir que el presente procedimiento de ejecución hipotecaria no ha permitido al consumidor articular debidamente sus intereses, pues sus posibilidades de defensa han sido limitadas por la aplicación de la tramitación procesal establecida en los arts. 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



B) APRECIACIÓN DE OFICIO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD.
No quisiera concluir este sucinto análisis de lo dispuesto en la Sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (a cuyo texto íntegro, en todo caso, me remito), sin recordar que según dispone el apartado 41 de la misma y recuerda luego su apartado 46, “el juez nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, apartados 31 y 32, y Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 43)”.

TERCERA: PRIMERA SOLUCIÓN A LA DESPROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR: NULIDAD DEL CONTRATO DE CRÉDITO, DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA Y DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Al margen de lo anteriormente expuesto, y tras la publicación de la citada Sentencia del TJUE, el 8 de abril de 2013 el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arrecife -cuyo titular, dicho sea de paso, resulta ser don Juan José Cobo Plana, con amplia y reconocida experiencia en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas- tuvo ocasión de pronunciarse acerca de la posible nulidad de una ejecución hipotecaria, con la consecuencia de que el Auto de 8 de abril de 2013 acuerda la nulidad del proceso de ejecución hipotecaria.

La novedad respecto a otras resoluciones dictadas recientemente al hilo de lo dispuesto por el TJUE radica en que el Auto de 8 de abril de 2013 acuerda además la nulidad del contrato de préstamo concertado entre la entidad bancaria y el matrimonio prestatario y, en consencuencia, también la nulidad de la hipoteca con la que el matrimonio había garantizado aquel préstamo.
Para mayor añadidura, el citado Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arrecife, lejos de ampararse en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de marzo de 2013, busca su fundamento en Jurisprudencia emanda del Tribunal Supremo español.
Así, dedica el Fundamento de Derecho primero a analizar la apreciación de oficio de la nulidad de contratos que contengan cláusulas abusivas a la vista de la interpretación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010, según la cual y como sabemos, “serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas abusivas”, añadiendo que “sólo cuando las claúsulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de una de las partes que no pueda ser subsanada podrá [el Juez] declarar la ineficacia del contrato”, con expresa alusión a diversa normativa del ordenamiento jurídico español y, además, a la Directiva 93/13/CEE, que es precisamente la que se interpreta en la ya conocida Sentencia de 14 de marzo de 2013 emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haciéndose eco de las posibilidades del control judicial a la aplicación del Derecho comunitario en los siguientes términos:



  • “74. Ahora bien, una cosa es que los Estados de la Unión no tengan obligación de control del carácter abusivo de las cláusulas claras y comprensibles, y otra muy diferente que ese control no sea posible en España, ya que:

  • (…)

  • 2) La norma nacional no ha traspuesto el artículo 4.2 de la Directiva, y al tratar de las cláusulas abusivas la legislación de consumo no diferencia entre las cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato y a la adecuación entre precio y contrapartida por un lado, y la cláusulas con otro contenido por otro, por lo que, como afirma la referida sentencia de 3 de junio de 2010 del TJUE, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden "apreciar en cualquier circunstancia, en el marco de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto principal de dicho contrato, incluso en supuestos en que esta cláusula haya sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y comprensible".



Por otro lado, el meritado Auto de 8 de abril de 2013 destina su Fundamento de Derecho segundo a la declaración de nulidad de los préstamos que contengan intereses usurarios y, consiguientemente, de las hipotecas que garantizan dichos préstamos, todo ello con fundamento en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2013 y resto de preceptos que en el mismo se citan.
Tras un pormenorizado análisis de la indicada resolución, pero también de la abundante normativa y resoluciones que en la misma se citan, el Auto de 8 de abril de 2013 concluye que “a la vista de la doctrina jurisprudencial que se acaba de exponer, y que es de obligado acatamiento por este Juzgador, siendo el tipo fijado para los intereses moratorios del préstamo hipotecario que dio origen al presen-te proceso del 19%, este Juzgador entiende que el mismo es abusivo y usurario”.
Como se dijo, el Auto de 8 de abril de 2013 dispone la nulidad de la escritura de préstamo por ser el interés moratorio usurario y en consecuencia la nuli-dad de la hipoteca que garantizaba aquel crédito, la nulidad del procedimiento hipotecario y la de todas las actuaciones practicadas, acordando iguamente su archivo e imponiendo finalmente las costas a la entidad bancaria ejecutante.
Por último, S. Sª. acuerda dar cuenta de la indicada resolución al Secretario Judicial para que ponga sobre la mesa todos los procesos de ejecución hipotecaria pendientes a los efectos de resolver sobre la posible nulidad de cada uno de ellos.
Esta última medida casa además con las recomendaciones practicadas por diversas Asociaciones de Jueces y, por ejemplo, Jueces para la Democracia, que ya en noviembre de 2012 solicitó a los Jueces españoles que suspendieran de oficio y de manera automática todas las ejecuciones hipotecarias que estuvieran tramitando a la vista de que el proceso podría estar viciado de nulidad o, en el mismo sentido, el Foro Judicial Independiente, que en igual fecha recomendó a los jueces españoles suspender los procesos pendientes tras conocerse el dictamen donde la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, doña Juliane Kokott, consideraba que la norma española sobre ejecuciones hipotecarias era incompatible con la europea.


CUARTA: SEGUNDA SOLUCIÓN A LA DESPROTECCIÓN DEL CONSU-MIDOR: DEJAR SIN EFECTO LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Con fundamento en la Sentencia de 14 de marzo de 2013 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Auto de 21 de marzo de 2013 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Arrecife acuerda dejar en suspenso -en realidad, sin efecto- la tramitación de la ejecución hipotecaria remitiendo a las partes al correspondiente proceso declarativo ordinario, proceso que permitiría al deudor hipotecario, en su condición de consumidor, plantear el amplio abanico de causas de oposición que una ejecución hipotecaria, por su carácter de vía de apremio, no permite.
De seguir esta línea, la consecuencia de la nulidad de pleno derecho del proceso de ejecución que se propugnó en la Alegación segunda traería como consecuencia no la nulidad del contrato de crédito y de la hipoteca que lo garantiza, pero si la nulidad del proceso de ejecución hipotecaria en que comparezco, con expresa remisión a las partes al correspondiente juicio declarativo ordinario.

QUINTA: TERCERA SOLUCIÓN A LA DESPROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR: RETROACCIÓN DE LAS ACTUACIONES HASTA SU INICIO PARA PRO-CURAR EL CONTROL JUDICIAL DE LA DEMANDA.



Como hemos visto hasta ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de marzo de 2013 considera tanto en el punto 63 de la misma como en la declaración del primer pronunciamiento del fallo que un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el consumidor afectado no tiene posibilidad alguna de formular oposición alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, supone una vulneración de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril de 1993, por lo que las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario que remite en caso de incumplimiento a dicho procedimiento, o la que recoge el vencimiento anticipado, o los intereses de demora o la determinación unilateral de la deuda exigible en base a la propia contabilidad del banco, deben reputarse contrarias a la Directiva referenciada y por tanto, nulas de pleno derecho.
Y ello, insisto, no porque las mencionadas cláusulas hubieran sido declaradas nulas “per se” en dicho procedimiento, sino porque la naturaleza misma del proceso de ejecución hipotecaria impide al demandado-consumidor entrar siquiera a discutir en el mismo proceso ejecutivo si cualquiera de aquellas cláusulas es nula o si no lo es.
La antes descrita sentencia de 14 de marzo es de inmediato y obliga-do cumplimiento, y contempla en su razonamiento y con cita de otras resoluciones anteriores en el punto 46 que en “este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartados 31 y 32, y Banco Español de Crédito, apartados 42 y 43).“
Hasta el día de la fecha España no ha realizado una transposición correcta y completa de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril de 1993, por cuanto no se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil para adecuarla a sus postulados, de manera que no prevé formular motivos de oposición fundamentados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo. El consumidor no ha podido oponer el carácter abusivo de una o varias cláusulas contractuales (vencimiento anticipado, determinación unilateral de la deuda exigible en base a la propia contabilidad de la entidad financiera, intereses de demora, responsabilidad personal e ilimitada del deudor, o fianza, entre otras), y de acuerdo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero y 14 de marzo de 2013 debió ser el Juez quien in limine litis, previa lectura del contrato de préstamo con garantía hipotecaria en el que se basa el presente procedimiento de ejecución hipotecaria apreciara si contenía una cláusula de este tipo.

Sin perjuicio de que esta parte entiende que se ajustaría más a Derecho cualquiera de las soluciones que se han articulado en las dos alegaciones ante-riores de este mismo escrito, es cierto que determinados colectivos sociales han comprendido que los Jueces y Tribunales españoles y, por tanto, también el órgano judicial al que me dirijo, está más que facultado para ejercer un control judicial, en el sentido de revisar incluso de oficio y desde el mismo momento del inicio del proceso -o, más propiamente, antes de decidir su admisión o inadmisión a trámite- si la existencia de cláusulas abusivas se hallaban en base a la documentación presentada por la entidad bancaria actora ejecutante, debiendo dar traslado a las partes del mencionado control para manifestar cuantas alegaciones consideraran, y toda vez que esta parte no pudo oponerlas, no podrá sino deducirse que el actual proceder ha vulnerado la obligación que remarcan las sentencias europeas invocadas en base a la interpretación de la normativa tuitiva de los consumidores y de los principios jurídicos de equilibrio y contradicción y determinaría una nulidad de actuaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 227.2 LEC.
A mayor abundamiento, la no valoración por parte del Juzgador del carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo supone una violación del principio de legalidad, base de nuestro ordenamiento jurídico, por no respetar la norma comunitaria, y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ambos amparados por el artículo 24 de nuestra Carta Magna, susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por ello, de forma subsidiaria a que una vez declarada la nulidad del proceso se dejen sin efecto las resoluciones dictadas en su curso, se interesa que se declare la nulidad de todas las actuaciones y se retrotraigan las mismas al momento de admisión de la demanda de ejecución con el fin de poder plantear la existencia de cláusulas abusivas en este mismo procedimiento, con efecto suspen-sivo inmediato de la actual ejecución hipotecaria, de tal manera que un mínimo principio de higiene procesal nos llevaría cuando menos a revisar la posible nulidad de cláusulas que hemos considerado abusivas.

SEXTA: RAZONES DE FONDO PARA DECRETAR LA NULIDAD.
LLegados a este punto, y a pesar de que nada impone a este respecto la normativa europea al consumidor, conviene al derecho de esta parte añadir que tengo intención de alegar ante las instancias oportunas la nulidad de al menos tres de las cláusulas contenidas en la Escritura de hipoteca que dio lugar al procedimiento en que comparezco, coincidentes con las tres analizadas en la Sentencia del TJUE. A saber: cláusula de vencimiento anticipado de los contratos de larga duración por incumplimientos puntuales del consumidor, fijación de los intereses de demora y liquidación unilteral de la deuda.
Cabe recordar que la vulneración del derecho del consumidor por cualesquiera de aquellos tres motivos debiera dar lugar por sí misma a la nulidad de la claúsula que lo cobija, con mayor razón aún cuando en el caso de autos concurren las tres circunstancias expuestas.
El proceso de ejecución hipotecaria en que comparezco será nulo en todo caso (a la vista de lo manifestado en las alegaciones primera y segunda de este escrito), quedando pendiente de conocer si aquella nulidad acarrea también la del crédito y su hipoteca (alegación tercera) o sólo del mismo proceso de ejecución hipotecaria (alegación cuarta) o, en defecto de todo ello, si procedería retrotraer las actuciones practicadas para permitir el control judicial de lo actuado (alegación quinta).
Al margen de todo ello, y sin perjuicio de que una vez alcanzada la nulidad de lo actuado pueda deducirse ante las instancias oportunas la nulidad de determi-nadas clásulas abusivas previstas en el contrato de préstamo, o la del contrato mismo en su integridad, no obsta a la resolución de este escrito el que se alegue ahora, siquiera como un pequeño esbozo, algunas de las razones que podrían dar lugar a la nulidad de aquellas cláusulas.
1º. Vencimiento anticipado.
El plazo “pactado” para la amortización del préstamo fue de …………... MESES (Estipulación …………...), lo que hace un total de …………... años de vigencia inicialmente previstos para el contrato, a pesar de lo cual la entidad bancaria prestamista se reserva el derecho de dar por vencido el préstamo con carácter anticipado “por la falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses y plazos de amortización del capital prestado” (Estipulación …………...) resultando manifiestamente injusto y desproporcionado que de la falta de pago de tres cuotas, no digamos ya de una, pueda derivarse una consecuencia tan gravosa como la cancelación anticipada del préstamo, lo que colocaría al consumidor -como de hecho ocurre en el caso de autos- en una situación de auténtica bancarrota económica, con la absoluta imposibilida de abonar la deuda y de continuar con una vida personal, familiar y laboral (en lo económico) mínimamente acorde con la situación anterior al impago.

2º. Intereses de demora.



En concepto de intereses ordinarios las partes “pactaron” un tipo del …………... durante los …………... primeros meses de vida del crédito (Estipulación …………...), con revisiones cada …………... meses a un tipo de interés variable, que quedó fijado en el tipo …………... (Estipulación …………...), mientras que, enfrentándose a todo ello y de forma totalmente desproporcionada, se fijaron unos intereses de demora del …………... POR CIENTO anual, lo que ofrece un indicio de la apariencia de buen derecho que -insisto, a pesar de no ser requerida por la normativa europea ni española, ni por precepto alguno- sin embargo preside las pretensiones de esta parte.
Recordemos que la fijación de tipos de interés del 18% y 19% fue calificada como usuraria por diversos Tribunales, lo que llevó a la nulidad del contrato de préstamo, de la hipoteca y del proceso de ejecución hipotecaria en el caso ya resuelto (alegación tercera de este escrito) por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arrecife mediante Auto de 8 de abril de 2013 y, antes que él, por el Tribunal Supremo en las resoluciones que en aquél se citan.
3º. Liquidación unilateral de la deuda.
A este respecto me remito a lo expuesto en la propia Sentencia de 14 de marzo de 2013 dictada por el TJUE, suficientemente esclarecedora.

4º. Otras causas de nulidad de cláusulas abusivas.
La propia Sentencia de 14 de marzo de 2013 del TJUE indica que “el artículo 3, apartado 3, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas” (apartado 76 de la S. TJUE, de 14 de marzo de 2013) .
A este respecto, la doctrina más reciente, de la que es exponente el TRIBUNAL SUPREMO, resolviendo por ejemplo el Recurso de casación 485/2012, declaró la procedencia de la nulidad de la cláusula del suelo en casos de falta de transparencia a la hora de concertar el crédito con garantía hipotecaria, habiéndose fijado en el caso esta cláusula, con un tipo del …………...% (Estipulación …………...).
5º. Común a todos los puntos anteriores.
Se deja expuesto lo anterior a título meramente enunciativo, sin ánimo de desarrollar ninguno de aquellos motivos y sin perjuicio de lo que esta parte tenga que alegar al respecto y ante los Tribunales oportunos en el caso en que, como solicitamos, se declare la nulidad del proceso en que comparezco.


SÉPTIMA: PLANTEAMIENTO SUBSIDIARIO DE SUSPENSIÓN
En caso de considerar que no procede declarar la nulidad de todo lo actuado, deberá acordarse la suspensión del procedimiento en base al principio de seguridad jurídica en cuanto el Juzgador carece en este momento de un instrumento procesal válido para continuar con el procedimiento de conformidad con la interpretación de la normativa comunitaria, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los tratados internacionales, y con respeto a los derechos fundamentales actualmente violados que son el principio de legalidad por quebrantar la norma comunitaria, y como consecuencia de dicha vulneración, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, y una vez promulgada y entrada en vigor dicha norma declarar la nulidad de todo lo actuado que contravenga la citada normativa.

Esta nueva regulación va a ser aprobada en breve dado que actualmente se está tramitando en el Parlamento la proposición de ley que tiene como origen la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por un millón y medio de personas que reclaman una reforma de la normativa sobre ejecución hipotecaria.

Por todo ello,
SUPLICO AL JUZGADO que habiendo por presentado este escrito y sus copias se sirva admitirlo, unirlo a los autos y, previa la tramitación que por este órgano judicial se considere más apropiada, se dicte nueva resolución donde, tras la previa estimación de las pretensiones de esta parte, se dicte el siguiente pronunciamiento:
1. Se acuerde la nulidad de las actuaciones en que comparezco por los motivos invocados en las Alegaciones segunda y tercera del presente escrito y, en consecuencia, se ordene retrotraer las actuaciones hasta el momento en que se ordenó la ejecución del título del préstamo hipotecario y el despacho de su ejecución, adoptando además y en tal caso alguno de los siguientes pronunciamientos,
a) Declarar la nulidad del contrato de préstamo que se adjuntó a la demanda, la nulidad de la garantía hipotecaria y, finalmente, la nulidad del proceso de ejecución hipotecaria en que comparezco, todo ello con fundamento en lo que se dijo en la alegación tercera de este escrito con relación a las alegaciones primera, segunda y sexta o, en su defecto,
b) Dejar sin efecto el presente procedimiento conforme se argu-mentó en la alegación cuarta de este escrito, de nuevo con relación a lo expresado en las alegaciones primera, segunda y sexta o, en su defecto y sin perjuico de la interposición de los recursos a que pudiera haber lugar,
b) Realizar un “control judicial” de las pretensiones de la adversa con traslado a esta parte para que, seguidos que sean los trámites que en tal caso proceda, se dicte nueva resolución declarando el carácter abusivo de las cláusulas que esta parte destacará en su momento, con todas las consecuencias inherentes, conforme se indicó en la alegación quinta de este esrito con relación a la sexta.
Subsidiariamente a todo lo expuesto hasta ahora, y nuevamente sin perjuicio de los recuersos a que pudiera haber lugar,
2. Se acuerde suspender el procedimiento en que comparezco entre tanto no se lleve a cabo la modificación legislativa que permita desa-rrollar el proceso de ejecución hipotecaria de manera respetuosa con los derechos fundamentales relacionados en este escrito, en este caso tal como se indicó en la anterior Alegación séptima.
En cualquiera de los casos anteriores, con expresa condena en costas a la parte contraria si se opusiera a las pretensiones de esta parte.
Es Justicia que solicito en …………..., a ………. de ………. de 2013.
FIRMA DEL INTERESADO


OTROSÍ PRIMERO DIGO: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a medio del presente escrito manifiesto que considero concucados, cuando menos, los arts. 14, 18 y 24 de la Constitución Española, así como los arts. 39 y 47 CE, con expresa vulneración de lo dispuesto en los arts. 3, 6, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos así como, en su caso, cualesquiera otros se hubieran hecho constar de forma expresa en el cuerpo de este escrito, por todo lo cual SUPLICO AL JUZGADO que se sirva tener por realizadas las anteriores manifestaciones a los efectos legales oportunos.

OTROSI SEGUNDO DIGO: Que esta parte muestra su voluntad de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, de manera que, al amparo de lo dispuesto en el art. 231 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a medio del presente otrosí SUPLICO AL JUZGADO que habiendo por realizadas las anteriores manifestaciones se sirva cuidar de que puedan ser subsanados los defectos en que pueda haber incurrido esta parte en la formalización de este escrito.

OTROSI TERCERO DIGO: Que dado que la presente petición se formula amparándose en el incumplimiento del Estado español de una normativa comunitaria, que en modo alguno me puede ser imputada, en tanto se mantengan las causas de nulidad de todo lo actuado y de suspensión solicito que no me suponga mayores perjuicios derivados de la continuidad en el devengo de los intereses moratorios, en virtud de todo lo cual SOLICITO que habiendo por realizadas las anteriores manifestaciones se sirva acordar conforme lo conducente para su eficacia.

OTROSI CUARTO DIGO: Que haciendo uso del derecho reconocido en el art. 12.2. de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, el dicente ha solicitado el ba medio del presente intereso la suspensión de la ejecución hipotecaria en el trámite en que se encuentra, a los efectos de solicitar el beneficio a la Justicia Gratuita con designación de abogado y de procurador que me asistan y representen, respectivamente, en los trámites sucesivos, por todo lo cual SOLICITO que habiendo por realizadas las manifestaciones anteriores se sirva acordar conforme a las mismas.
Es Justicia que solicito, para todos los otrosíes, en el mismo lugar y fecha indicados al pie del principal.
FIRMA DEL INTERESADO

Pág. de

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