Control de constitucionalidad






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fecha de publicación22.09.2015
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Sobre las leyes, los decretos, las sentencias y los actos no normativos emanados de la autoridad o de los particulares, se prevee un sistema de control dirigido a asegurar, la Supremacía Constitucional. Si no hay control, la supremacía es un simple enunciado.


El control puede llevarse a cabo a través de dos sistemas:

  1. Control político,

  2. Control judicial.

En nuestro país el control es judicial. Este sistema nace con la interpretación de la Constitución de los EE UU que hizo la Corte Suprema de ese país, en el caso “Marbury v. Madison”.


Según los órganos que lo ejercen, el control puede ser:

  1. concentrado,

  2. difuso.



En nuestro país, el control es difuso. La declaración de inconstitucionalidad, la puede efectuar cualquier juez del estado, sin perjuicio de llegar por apelación, hasta el Tribunal Supremo.


El control de la Supremacía, surge del art. 116 de la Constitución Nacional al disponer que “Corresponde a la Corte Suprema o a los Tribunales Inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución y por la Leyes de la Nación ...”.

Asimismo, surge de los arts. 5, 27, 28, 31 de la C.N. y de la Ley 27 que establece la obligación de los tribunales federales de sostener la observancia de la C.N.

Es un control judicial difuso, a cargo de cualquier juez, nacional o provincial y concentrado, cuando lo ejerce en forma exclusiva la Corte Suprema con motivo del Recurso Extraordinario ( Quiroga Lavié, Humberto. Derecho Constitucional. Editorial De Palma. 1984. Pag. 478 y siguientes ).

Se interpone por vía incidental o indirecta en el tramite de una causa judicial concreta.

No procede de oficio, solo procede a pedido de partes. Sin embargo, la Corte Suprema sentó un precedente importante sobre acción de oficio en el caso “Outon” (F. 267:215).

Produce el efecto de declarar la ineficacia de la norma, frente al caso concreto.

Procede solo si la cuestión es actual, es decir, al momento de dictarse sentencia. Y siempre y cuando causen gravamen al titular actual de un derecho.

La cuestión a resolver debe ser justiciable, es decir, no alcanza a las facultades discrecionales de los poderes públicos.

APUNTES




1- Corte Suprema de Justicia

Intangibilidad de sus decisiones – Provincias



La supremacía de la Corte Suprema ha sido reconocida por la ley, desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad acordada al Tribunal de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales – art.16 apartado final , Ley 48 –

Las graves responsabilidades que derivan de la naturaleza misma de las funciones de la Corte Suprema, le imponen la firme defensa de sus atribuciones, cuya cuidadosa preservación es necesaria para la ordenada subsistencia del régimen federal.

Acertadas o no, los fallos de la Corte suprema tienen y encuentran su justificación en el orden público, la paz social, la estabilidad de las instituciones y muy especialmente en la supremacía constitucional.

Las autoridades provinciales no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación. (en LL 1995 A – 491).
2- Caso “Outon” (F. 267:215.).

3- Caso “Colella” (F. 268:352.).

4- Caso “Cullen” (F. 53:420.). S/ Acto político no justiciable.

5- Caso “Soria de Guerrero” (F. 256:556.).

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