Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos; expide la ley reglamentaria del artículo 28






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Seguridad Interior:

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 28 BIS CONSTITUCIONAL; Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO, ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, GENERAL DE PLANEACIÓN, ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, Y ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XIV, 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 26, 29, 73, 74 y 76 de la Carta Magna; se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley General de Planeación, los artículos 10, 11, 12, 14 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, los artículos 2, fracciones IV, V, VI y XV, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 63 y 70 de la Ley Orgánica de la Armada de México, y los artículos 6, 27, 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforman los artículos 11 y 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se adiciona un artículo 14 Bis y se reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mucho se ha escrito sobre seguridad nacional, sin embargo, nuestro texto constitucional no contempla una definición del término. Lo hay de Seguridad Pública y éste, contenido en el artículo 21 Constitucional, ha sido motivo de varias reformas que tienden a perfeccionarlo y a fijar los límites que la propia sociedad está demandando. No obstante, la propia Carta Magna proporciona claros parámetros que nos sirven para establecer esta definición. Es nuestra intención el establecimiento de un marco jurídico normativo que cambie radicalmente el actual concepto de la Seguridad Nacional, establezca nuevas relaciones entre los Poderes de la Unión en este ámbito, tales que contribuyan a un verdadero equilibrio y se garantice, de esta manera, que las decisiones que se tomen en torno a ella, lo serán en beneficio del país, de nuestras instituciones democráticas y del estado de derecho. Como podemos observar en los siguientes artículos constitucionales, la Seguridad Nacional tiene dos componentes: la seguridad interior y la seguridad exterior de la nación.

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:



II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar;

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y



Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:



IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y



Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:



II. Alistarse en la Guardia Nacional;



Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:



XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.



XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.



XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.



Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:



IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.



X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;



Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.



La experiencia legislativa nos ha enseñado, no obstante que el esquema de seguridad nacional que actualmente tenemos en México, resulta no sólo inoperante sino que se constituye en sí mismo, como un grave riesgo para la seguridad nacional.

Preocupados por contribuir en el establecimiento de una nueva relación entre los Poderes de la Unión, es que hemos diseñado una nueva relación entre las instancias de seguridad nacional, a partir no sólo de los principios fundamentales consignados en el proyecto de nación elaborado por nuestros Constituyentes sino en la observación de diversas experiencias internacionales, que ha avivado en nuestro ánimo el interés legítimo por gozar de la seguridad nacional no sólo como un derecho del ciudadano sino como una obligación del Estado mexicano.

Por ello hemos dado forma a un nuevo artículo constitucional, el 28 bis, en el cual se sistematizan los elementos anteriores creando, al mismo tiempo, una nueva instancia deliberativa, a nivel constitucional: el Consejo de Seguridad Nacional, formado por representantes de los tres Poderes de la Unión, de manera equitativa y paritaria, cumpliendo con ello el mandato de los artículos 41 y 49 de nuestra Carta Magna:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Asimismo, en este nuevo artículo constitucional se establece que la evaluación de las políticas en materia de Seguridad Nacional corresponde al Poder Legislativo, por lo cual se introduce, al mismo tiempo, una fracción XIV-B al artículo 73, facultando al Congreso para recibir los informes que emita el Ejecutivo en uso de las facultades concedidas por el artículo 89 fracción VI. Consecuentemente, las reformas que se plantean de los artículos 29 y 73, fracción XIV, tienen el objeto fundamental de armonizar legislativamente los principios antes planteados.

Específicamente, en el caso del artículo 29, nos atenemos a lo establecido por Leandro Despouy, relator de la Organización de las Naciones Unidas, para determinar que "por tratarse de un acto jurídico la declaración del Estado de Excepción debe ser motivada, es decir, debe contener, entre otros elementos, una explicitación clara de los motivos por los que se implanta… De esta suerte, en una situación de paz y normalidad, el criterio que se impone es el goce de los derechos humanos. Si, por el contrario, de lo que se trata es de hacer frente a una situación de crisis… que sí constituye un ‘peligro público’, que entrañe una amenaza grave para el conjunto de la comunidad, entonces podrá declararse el estado de excepción…"1

Por otro lado, partiendo de la naturaleza intrínseca del enrolamiento ciudadano en nuestras Fuerzas Armadas y del tipo de encomiendas que se les atribuyen en el marco de un Estado democrático, es que proponemos que sea la Cámara de Diputados la que ratifique los nombramientos presidenciales de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales, a partir del principio de representación de la ciudadanía que ésta posee.

Por lo anterior proponemos la modificación del artículo 26 para establecer un efectivo mecanismo de participación activa del Poder Legislativo en la planeación democrática y que sea el Congreso de la Unión junto con el Poder Ejecutivo quienes establezcan las bases de participación popular en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente, proponemos la creación de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sustituiría la vigente Ley de Seguridad Nacional, la cual se abrogaría. En este texto legal se contempla la reglamentación de las atribuciones que el artículo 28 bis otorga al nuevo Consejo de Seguridad Nacional y se determina, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que, en el caso de la limitación de garantías individuales deben instituirse, a nivel nacional, reglas claras para su suspensión, en casos de emergencia. Por ello definimos como amenaza "todo acto o hecho que pueda representar un peligro para la estabilidad y viabilidad del orden constitucional, las instituciones democráticas, la soberanía popular, la independencia y el territorio nacionales" y, como peligro real e inminente para la Seguridad Nacional, la actualización de estas amenazas.

En esta ley reglamentaria establecemos también que es facultad de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional el aprobar la Agenda Nacional de Riesgos, contando, para el efecto, con la opinión del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, conformado ahora como una instancia deliberativa tripartita y paritaria, que tomará sus acuerdos por mayoría simple de sus integrantes. Asimismo, se señala que el Consejo de Seguridad Nacional contará con tres miembros del Poder Ejecutivo, tres del Legislativo y tres del Judicial, en el ánimo de hacer corresponsables a los tres Poderes de la Unión en la toma de decisiones en una materia tan sensible como lo es la de la seguridad nacional.

En este sentido, si bien el titular del Ejecutivo federal tiene la facultad innegable de diseñar y aplicar las políticas en la materia, éstas no podrán ser puestas en práctica sin la aprobación previa del Consejo de Seguridad Nacional, salvo en casos de extrema urgencia, cuando podrá hacer frente a los peligros reales e inminentes sin este requisito pero debiendo informar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y al Congreso de la Unión de los motivos que generaron estas acciones y sus resultados, ya que los principios filosóficos en materia de equilibrio de poderes señalan que es al Poder Legislativo, en el caso mexicano como representantes de la ciudadanía y del Pacto Federal, al que corresponde dar seguimiento de las políticas públicas implementadas para la defensa de la soberanía, el territorio, las instituciones estatales y los derechos políticos y sociales de la ciudadanía.

Señala Fortino Delgado:2

El equilibrio de poderes será, por tanto, un baluarte insustituible de toda democracia, y exige también una intensa interlocución con la sociedad, que deberá darse en la representatividad parlamentaria; los flujos de comunicación deben ser directos y bastantes para hacerse oír en el Estado…

Está ya reconocida la necesidad de la evaluación y control legislativo de las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional que emprenda el Poder Ejecutivo. Queda así plasmado en la Ley de Seguridad Nacional sancionada por el Congreso de la Unión y cumplimentada por el Ejecutivo, es así que la intención del legislador fue que este Poder ejerciera facultades fiscalizadoras en la materia. Resulta imprescindible, en el marco de la construcción de un Estado social democrático y de Derecho, la implementación de políticas públicas que obliguen a la corresponsabilidad, en materia de Seguridad Nacional, entre los Poderes de la Unión, para lo cual, debe ser obligatorio para el Consejo de Seguridad Nacional establecer una permanente comunicación con el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para informar de todas las acciones tomadas en respuesta a las amenazas planteadas en la Agenda Nacional de Riesgos, así como la realización de un informe final que comprenda desde el momento de la detección de éstas, las acciones implementadas para contener las posibles situaciones de emergencia y las políticas públicas que se proponen para evitar que éstas se presenten nuevamente.

Toda esta información debe ser evaluada por la propia Comisión de legisladores, quienes emitirán un juicio relativo a la pertinencia de las medidas adoptadas. En este caso, no podrían aducirse motivos de seguridad nacional para no hacer del conocimiento de la Comisión toda esta información ya que, los legisladores, la reciben como representantes de la ciudadanía y garantes del pacto federal. Sin embargo, al no existir en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos disposición expresa respecto de la Comisión a que nos referimos, es que, en la LX Legislatura ha sido habilitada a partir de un Acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política,3 el cual si bien no carece de legalidad, resta institucionalidad a sus trabajos.

Por lo anterior, resulta ineludible asumir la obligación que nuestro marco legal nos impone e institucionalizar, en consecuencia, las acciones de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, al tenor de lo que marca la ley reglamentaria.

En el contexto de una fuerte polémica social y política generada por la falta de institucionalidad e inefectividad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, proponemos redireccionar el sentido de su existencia. Si bien coincidimos en que el Estado Mexicano debe, ineludiblemente, contar con órganos que efectúen labores de inteligencia, consideramos también que éstas no pueden y no deben ser conducidas por una entidad tan fuertemente cuestionada e ilegítima. En este sentido, consideramos que las labores de inteligencia desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos así como las labores de diagnóstico y prevención en materia de protección civil y de desastres ambientales resulta suficiente con una deficiencia fundamental: no existe un órgano que reciba, analice e integre toda esta información.

Por ello, el ahora llamado "Centro de Investigación y Seguridad Nacional", creado por la Ley de Seguridad Nacional, pasará a ser el Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que funcionará como un área integradora de la información generada por las instancias de seguridad nacional y pública con facultades de investigación. Si bien es cierto que las actividades del Centro cambian radicalmente, también lo es que contará con facultades de investigación acotadas de mayor manera ya que, en los casos en que se presenten peligros reales e inminentes para la seguridad Nacional, el Centro podrá hacer uso de las facultades de investigación que esta Ley le otorga. Asimismo, se establece la obligatoriedad para que, en el momento en que un hecho concreto atente en contra de la Seguridad Nacional y éste constituya presuntamente un delito, el Titular del Ejecutivo, a través del funcionario que él designe, deberá presentar la denuncia penal correspondiente, para que el Ministerio Público tome las previsiones correspondientes.

Asimismo, en la iniciativa que proponemos se establece que las instancias que pueden ser consideradas de seguridad nacional son únicamente las que tienen la facultad legal para desarrollar labores de inteligencia, disposición que tiene por objeto determinar las características que deben poseer estas instancias, debido a las importantes labores que desenvuelven a favor de la preservación del Estado mexicano.

Como un organismo encargado de coordinar las labores de inteligencia, dentro del propio Consejo de Seguridad Nacional, se establece la creación del Comité Técnico Nacional de Inteligencia, conformado por aquellas instancias que tienen facultades en esta materia, presidido por el Secretario de la Defensa Nacional agrupando al Secretario de Marina, al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Procurador General de la República y al Director General del Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad Nacional. Este órgano del Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de constituir y dirigir una Red Nacional de Diagnóstico de Seguridad Nacional, que permitirá detectar y enfrentar cualquier riesgo a lo largo del territorio nacional.

El Comité Técnico Nacional de Inteligencia tiene como objeto, el intercambio de la información generada a partir de las labores de inteligencia que pudieran constituir una amenaza para la Seguridad Nacional. Esta información deberá ser procesada por el propio Centro, encargado de elaborar un diagnóstico preciso de la situación y de las mejores formas de enfrentarlo para evitar que ésta pueda afectar la estabilidad del Estado mexicano.

En cuanto hace a la Ley General de Planeación, se propone la modificación de los artículos 1o., 4o. y 5o., como ha sido propuesto con anterioridad por nuestro Grupo Parlamentario, con el sentido de que el Congreso de la Unión tenga un papel activo en la definición del Plan Nacional de Desarrollo y, específicamente en la materia de Seguridad Nacional, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional apruebe la Agenda Nacional de Riesgos.

Respecto de las Leyes Orgánicas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la de la Armada de México, consideramos que la definición del mando que ejerce el Presidente de la República como "Mando Supremo" resulta del todo anacrónica y sin fundamento en el marco de un efectivo equilibrio de Poderes y la construcción de una democracia eficaz, efectiva y operante. Por ello proponemos que se le denomine como Mando Presidencial o Comandante Presidente. De la misma manera, se derogan las facultades atribuidas al Mando Presidencial, en ambos ordenamientos legales, que entran en contradicción con las facultades otorgadas a la Cámara de Diputados y/o al Congreso de la Unión por nuestra Constitución General ya desde los textos fundacionales del Estado Mexicano de 1824 y 1857.

En lo relativo y como parte de la armonización legislativa correspondiente, se modifican los artículos 11 y 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para atribuir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad de designar a los dos ministros que formarán parte del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

Por último, resulta indispensable señalar que, en el desenvolvimiento de nuestras actividades legislativas, hemos sido testigos de cómo, partiendo de una falsa interpretación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las autoridades encargadas de salvaguardar la información reservada sitúan en la misma categoría a los legisladores que al público en general, sin tomar en cuenta, el carácter sustantivo que les da su representatividad. Esto sucede, de manera cotidiana, especialmente en las actividades que tienen que ver con la seguridad nacional.

En este sentido, se nos ha impedido ejercer las facultades que nuestro texto constitucional nos ha atribuido de manera expresa, para fiscalizar el gasto público en instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, sólo por poner algunos ejemplos.

Asimismo, ha sido imposible ejercer un efectivo control legislativo, como la intención del legislador lo determinaba en la formulación de la Ley de Seguridad Nacional, en estas actividades, dado que las propias instancias invocan el texto legal que hoy proponemos modificar, como un escudo infranqueable, imposible e intransitable.

Por ello, para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, proponemos la introducción de un artículo 14 bis en el cual se estipula, explícitamente, que la información reservada en la materia debe ser entregada a los legisladores federales con el fin último de desempeñar las atribuciones que constitucionalmente les han sido encomendadas, como hemos formulado en Iniciativas previamente presentadas ante esta soberanía.

No obstante lo anterior, estamos convencidos que mucha de esta información merece quedar resguardada del conocimiento popular y mediático y que representaría un grave riesgo para la Seguridad Nacional que fuera filtrada y utilizada por agentes que pudieran lesionar la estabilidad del Estado Mexicano. Es esta la razón de que, en ese mismo artículo, se establezca que los legisladores federales que tengan acceso a esta información y que la hagan pública, serán sujetos de responsabilidad y deberán ser sometidos a procedimientos de desafuero, en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal, y a que se les finquen las responsabilidades administrativas, penales y civiles que correspondan, según lo determinado en la legislación aplicable en la materia.

Asimismo, es mi preocupación que, siendo el plazo máximo de reserva el de 12 años y el plazo de prescripción de la promoción de causas de responsabilidad administrativa para los servidores públicos en casos graves es de cinco años, según lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esto quiere decir que, si dentro de la información reservada, de manera indebida, se oculta información de la cual resultan causas de responsabilidad entonces y debido a los plazos antes mencionados, sería imposible fincarle responsabilidades al servidor público, generando un ámbito de impunidad resguardado con el hálito de la seguridad nacional.

Por ello proponemos que el plazo de prescripción para las causas de responsabilidad cuando la información haya sido clasificada como reservada, sea contado a partir del momento en que ésta se haga pública.

Por todo lo anterior, congruente y comprometido en la construcción de un estado social democrático de derecho, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
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