Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano






descargar 49.25 Kb.
títuloFundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano
fecha de publicación07.06.2015
tamaño49.25 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL NUEVO SISTEMA PENAL COLOMBIANO

Edgard Peña Velásquez
Sin lugar a dudas, el estudio del nuevo sistema de juzgamiento penal colombiano, debe abordarse a partir del análisis de sus fundamentos constitucionales, pues son éstos los referentes que darán luces para el correcto entendimiento del alcance de aquellas disposiciones de difícil comprensión, amén de norte jurídico que permita conciliar la solución de conflictos entre valores enfrentados.
GENERALIDADES
Toda Constitución se estructura con dos elementos: su parte dogmática, constituida por el piélago de valores, principios, derechos, deberes e instrumentos de protección que la inspiran, así como de su parte orgánica, que identifica las instituciones oficiales que ejercerán autoridad en los distintos campos de acción del Estado y les distribuye sus competencias. En este trabajo, procederemos a hacer una disección puramente académica, pues todo el conocimiento constitucional está articulado en sí mismo y con los contenidos de ley para conformar aquello que se conoce como el ordenamiento jurídico nacional. Sólo me ocuparé de algunos aspectos respecto de los cuales encuentro una mayor inmediatez en su conexidad con las materias penales.
La Constitución de una Nación, es entonces, la Carta fundamental donde se consagran los marcos político y jurídico dentro de los cuales han de moverse tanto la Administración como los administrados, velando en todo momento porque exista un perfecto equilibrio entre las garantías de la comunidad y del individuo, de manera tal que no exista amenaza ni lesión contra los intereses mayoritarios, pero que en todo momento exista claridad en torno a la prevalencia del ser humano como titular de los derechos y obligaciones, que son el fin último de la organización política de la sociedad, en busca del pleno ejercicio de su libertad como elemento sustancial del orden y la realización personal, cuya sumatoria permite el crecimiento de los pueblos, su desarrollo y progreso de la humanidad, resultantes de la coexistencia pacífica del imperio de la autoridad y el diáfano ejercicio de la libertad y usufructo de los derechos ciudadanos.
Así, surgen al rompe, dos intereses que -eventualmente- pueden verse enfrentados: el de la comunidad, que clama por su seguridad y el del individuo, que muchas veces debe someterse a restricciones en su libertad, como contraprestación de las expectativas generales. La solución de este conflicto no puede sacrificar injustamente uno ni otro de los extremos mencionados, sino que se ubicará en el fiel de la balanza de manera tal que haga imperar los intereses generales, pero con observancia del respeto por los derechos humanos, por el Derecho Internacional Humanitario y por los paradigmas de los Estados demoliberales para los que el individuo es el principio y fin de toda organización política. Esto explica que las Constituciones siempre sean cambiantes, dinámicas, acordes con las necesidades igualmente cambiantes de los hechos producidos por el diario agitar de la vida en comunidad.

En Colombia hemos pasado de una concepción de Estado de Derecho, que no pasa de caracterizarse por ejercer un control legal a la Administración, a manera del esquema liberal tradicional, a un verdadero Estado Social de Derecho, en que toda la actuación estatal guarda armonía con la Constitución y los mecanismos que la aseguran, incorporando en esta última fase de la dinámica constitucional, un sistema penal calificado por algunos como un giro del tradicional sistema continental europeo hacia el Common Law, pero que -como todo lo nuestro- guarda características muy propias, aunque ahora, en verdad, toma algunas notas bien importantes del sistema anglosajón. Otro paso en este tránsito conceptual, ha sido pasar de la subsunción del caso en la norma a la ponderación de los operadores jurídicos; del análisis de los silogismos simples a la hermenéutica de la complejidad de las normas.
La supremacía de la Constitución tuvo su origen en el llamado constitucionalismo norteamericano y la primera declaración en tal sentido data de 1803, cuando el Tribunal Supremo declaró que la Constitución es superior a toda norma ordinaria de la legislatura, autorizando la excepción de inconstitucionalidad en el incidente Marbury vs. Madison, y desde entonces empezó su carrera que llegó hasta nosotros en 1848, año en que se creo el primer control de constitucionalidad, recogido en la Constitución de 1886 y hoy refrendado en el artículo 4° superior.
Y es aquí donde podemos señalar que, en efecto, entre nosotros se ha venido dando una tendencia a darle un mayor contenido constitucional a los procedimientos en todas las ramas del Derecho, en procura de otorgar las garantías mínimas ordenadas por la Carta para todo proceso judicial. De esta realidad emerge el efecto irradiador de los derechos constitucionales. Ahora bien, el solo texto constitucional puede resultar abstracto para el intérprete, quien puede quedar sin claridad frente a lo prohibido, permitido u ordenado por la Carta. Es necesario, armonizar sus preceptos -no sólo con sus propios alcances, sino además con el andamiaje legal y con el sentido común. De ahí que las sentencias de exequibilidad condicionada, que tantas veces dicta la Corte, respondan a que no basta el texto normativo, mientras no se haga su entendimiento en función integral.
Bajo esta lógica, se impone que en las sentencias judiciales se elabore una proposición jurídica completa que parta de los mandatos constitucionales, descienda a las prescripciones legales y concluya con las consecuencias jurídicas del caso concreto. De no hacerlo así, se corre el peligro de elaborar esa proposición limitada únicamente a la ley, pero con ruptura del hilo conductor que lleva a las disposiciones marco, que no son otra cosa que la traducción de los fundamentos de filosofía del Derecho sobre los cuales descansa toda la argumentación.

PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL
En materia de interpretación normativa, es principio constitucional, preferir la solución que restrinja en menor grado la libertad individual. Así, podemos señalar algunos de los más importantes derechos garantistas de los presupuestos constitucionales, como sigue:

  • El respeto por la libertad, y dentro del mismo, las particulares limitaciones en la facultad de someter a captura, detención o condena a los ciudadanos (artículo 28).

  • Como garantía del mismo postulado, las ritualidades del debido proceso (art. 29); la consagración del habeas corpus (art. 30); de los principios del Non bis in idem, posibilidad de apelar las sentencias y la No reformatio in pejus (Art. 31).

  • Las condiciones para el otorgamiento de la extradición (art. 35).

  • La prohibición de imponer penas perpetuas o de destierro (art. 34).

  • El tratamiento igualitario (art. 13).

  • El derecho a ser juzgado por juez natural, con preexistencia del competente, de la tipicidad de la conducta, de la previsión de la sanción y del procedimiento (art. 29).

  • Jueces independientes e imparciales.

  • Posibilidad de acompañar pruebas y controvertir las existentes (art. 29).

  • Concentración de la prueba en el juicio oral.

  • Igualdad de las “armas”.

  • Publicidad de la causa.

  • Libertad en formas instrumentales con separación en las funciones de investigación, acusación y fallo.

  • Integración del “bloque de constitucionalidad” para efectos interpretativos (art. 93).

  • Conocimiento del motivo de la acusación.

  • Plazo razonable para el surtimiento del proceso.

  • Defensa técnica y material.

  • Presunción de inocencia.

  • Derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa.

  • Favorabilidad.

  • Dignidad.


¿Qué son los derechos fundamentales? Son valores determinantes del orden público constitucional que aparecen protegidos a favor de su titular, en razón de conllevar un mínimo vital y el respeto por la dignidad, razón que los reviste de poderes jurídicos para actuar y exigir del Estado y de los demás, el cumplimiento de conductas de acción u omisión. Los derechos fundamentales los clasifica la doctrina según concepciones formal, material y procedimiental, dentro de las cuales la más imperante es la material, esto es, la que atiende al contenido mismo del derecho y que tiene relación más próxima con la dignidad humana, faro ilustrativo más importante y que encabeza la jerarquía de los derechos humanos.
En materia de derechos fundamentales, suelen encontrarse violaciones a los mismos tanto en su núcleo esencial, como en aspectos no tocantes con este núcleo. Esta precisión es importante llegado el momento de establecer jerarquías determinantes de prioridades, pues pueden verse en conflicto derechos fundamentales que en apariencia son equivalentes, pero que, unos son más susceptibles que otros, en función de su núcleo. Es por ello que la regulación de estos derechos se hace por ley estatutaria, si resulta comprometido el núcleo.
A este propósito ha dicho la Corte Constitucional:

“La idea de que los derechos fundamentales operan exclusivamente frente al Estado se deduce de la concepción liberal clásica, ideada por los fisiócratas, en virtud de la cual existe una estricta y reconocible separación entre lo público y lo privado, entre la sociedad y el Estado, siendo aquella -la sociedad- el ámbito de libertad por excelencia, en el cual los ciudadanos, libres, iguales y autónomos, definen sus intereses. El Estado, por el contrario, es entendido como un poder instituido con la finalidad de vigilar el normal desarrollo de la sociedad, y de administrar la justicia y la fuerza pública. Los derechos fundamentales nacen así como límites al poder del Estado que es el único poder que la dogmática clásica reconoce. Los derechos fundamentales son entonces barreras al poder público frente a la órbita de inmunidad -libertad- del individuo. Tales derechos, constituyen bajo estas premisas un catálogo relativamente homogéneo, cuyos efectos son especialmente órdenes de abstención del Estado.
“El replanteamiento teórico que empieza en la segunda mitad del siglo pasado, surge de la evidencia fáctica de la ruptura de los postulados acuñados por la teoría clásica. El Estado, ante agudos conflictos sociales reconoce, incluso a nivel constitucional, que la sociedad no es un ámbito natural de libertad que debe permanecer inmune a la acción pública. La evidente relación de subordinación social que parte de organizaciones como los partidos políticos, los sindicatos o las grandes empresas, presiona la ruptura de la idea de la igualdad social, pues se descubren poderes privados o corporativos que han de ser reconocidos jurídicamente y regulados, con el fin de proteger al ciudadano. Con la fractura de la convicción igualitaria (los hombres son iguales en la medida en que lo son ante la ley) se quiebra una de las categorías que soportan todo el orden constitucional clásico, y con ello, entra en crisis la idea del Estado gendarme y aparece el Estado interventor, que se desarrolla a nivel constitucional en lo que va corrido del presente siglo.
“Desde la Constitución de Weimar, -pero fundamentalmente a partir de la segunda postguerra-, el nuevo Estado constitucional adquiere el nombre del Estado social de derecho, y funda su legitimidad, principalmente, en la protección del hombre concreto, teniendo como base a los derechos fundamentales y reconociendo una necesaria intervención en la sociedad para procurar la igualdad, la libertad y la autonomía real del sujeto.
“La transformación drástica de la teoría del Estado se manifiesta también en la teoría de los derechos fundamentales especialmente en tres puntos:
1. En primer lugar, el catálogo de derechos de libertad, surgidos de la declaración francesa de los derechos del Hombre y del ciudadano y de la declaración de Virginia, se amplía introduciendo en el discurso jurídico constitucional una serie de derechos sociales, económicos y culturales, así como reconociendo, posteriormente los llamados derechos colectivos o difusos.
2. En segundo lugar, el carácter normativo de la Constitución y la introducción de nuevas categorías de derechos, obligan al poder público no solo a abstenerse frente a posibles violaciones de los derechos de libertad, sino a actuar positivamente para garantizar, de una parte los derechos de prestación y de otra, el debido respeto y eficacia de aquellos derechos que en la práctica pueden ser vulnerados en las relaciones privadas.
3. Por último, dado que el Estado adquiere un papel activo en la protección de los derechos, se crea un sistema cada vez más completo de garantías, que hace cierta y eficaz la responsabilidad del poder público frente a posibles vulneraciones. De ahí, la existencia de la justicia constitucional y el establecimiento, en la mayoría de los regimenes constitucionales, de un recurso de amparo o tutela judicial efectivo.
“Así, en el Estado social de derecho -que reconoce el rompimiento de las categorías clásicas del Estado liberal y se centra en la protección de la persona humana atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y no del individuo abstracto-, los derechos fundamentales adquieren una dimensión objetiva, mas allá del derecho subjetivo que reconocen a los ciudadanos. Conforman lo que se puede denominar el orden público constitucional, cuya fuerza vinculante no se limita a la conducta entre el Estado y los particulares, sino que se extiende a la órbita de acción de estos últimos entre sí.
“En consecuencia, el Estado está obligado a hacer extensiva la fuerza |vinculante de los derechos fundamentales a las relaciones privadas: el Estado legislador debe dar eficacia a los derechos fundamentales en el trafico jurídico privado; El Estado juez debe interpretar el derecho siempre a través de la óptica de los derechos fundamentales.
“Ahora bien, en última instancia el responsable de mantener la vigencia de los derechos fundamentales es el Estado. Es él quien tiene la tarea de establecer las normas que regulen -acorde con los derechos fundamentales- las relaciones privadas, así como sancionar las conductas que lesionen los derechos y todo ello de forma eficaz y diligente.” (Sent. C-587/92)

Ahora bien, a través de las consideraciones de la Corte se reitera en que el núcleo de los derechos fundamentales se encuentra en su “mínimo vital”, pero, ¿qué significa “mínimo vital”? ¿cómo se determina constitucionalmente un evento referido a esta situación límite? Contesta la Corte: “Responder a estos interrogantes resulta oportuno con el objeto de precisar los contornos de la mencionada doctrina constitucional que, en este caso, refuerza el derecho de los niños carentes de recursos para acceder a un programa de vacunación gratuita. Aunque las consideraciones previas - relativas al concepto del derecho fundamental a la salud de los niños -, serían más que suficientes para apoyar en ellas la decisión de la Corte, la doctrina del mínimo vital le suministra, si se quiere, sustento adicional. En efecto, la indicada doctrina constitucional se refiere a una institución de justicia elemental que se impone aplicar, como repetidamente lo ha hecho la Corte Constitucional, en situaciones humanas límites producidas por la extrema pobreza y la indigencia cuando quiera que frente a las necesidades más elementales y primarias, el Estado y la sociedad no responden de manera congruente y dejan de notificarse de las afectaciones más extremas de la dignidad humana. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que la flagrante violación de un derecho humano que comprometa de manera radical la existencia misma de la persona, obliga al juez a impulsar la actuación positiva del Estado. Por lo expuesto, la Corte procede en esta ocasión a explicar el fundamento, contenido y alcance de la doctrina sobre el mínimo vital, a la cual se refiere la sentencia SU-111 de 1997, la cual se reitera y desarrolla en los apartados siguientes”. (Sent. SU-225-98)
LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN.
Después de la vida, el primer derecho fundamental es la libertad. El constituyente dio un paso importante en esta materia al expedir la Constitución de 1991, pues abolió facultades restrictivas que existían bajo el articulado de 1886 y eliminó, por ejemplo el antiguo artículo 28 que autorizaba la retención transitoria como mecanismo utilizable bajo estados de excepción y según el cual podía privarse de la libertad hasta por diez días y sin orden judicial, a personas contra quienes recayeran sospechas de poder alterar el orden público. Igualmente, el anterior artículo 23 se fortaleció con la enfática premisa “Toda persona es libre” que inicia el actual artículo 28, del que ha hecho la Corte Constitucional un amplio estudio para concluir que la medida precautelar de la detención preventiva sólo procede por circunstancias especiales que muchos funcionarios se niegan a reconocer, manteniéndose en la vieja tradición de detener para investigar, lo cual riñe con la Ley superior. Otro cambio radicó en que la Constitución del 86 facultaba la detención en virtud de orden de “autoridad competente”, mientras hoy se demanda que dicho mandato proceda de “autoridad judicial”. Quedaban entonces, sin fundamento las sanciones administrativas de arresto que fueron declaradas exequibles por la Corte, pero con arreglo al artículo 28 Transitorio de la Constitución, esto es, mientras se expide la ley que atribuye a autoridades judiciales hechos punibles sancionados con arresto, lo cual se advierte como una salida de emergencia para la imprevisión, pues una cosa es la actividad de policía en su permanente actuar y otra el mandato administrativo de una medida que afecte la libertad personal. Las aprehensiones policiales las condiciona la Corte a razones objetivas fundadas en motivos fundados, claros y urgentes.
El citado artículo 28 de la Constitución anterior, al ser examinado por la Asamblea Nacional Constituyente para su derogación, fue comparado con las “lettres de cachet” del monarca francés en que se revestía de atribuciones desmedidas a la autoridad, pues bastaba con una orden con el sello del rey, para detener por tiempo indeterminado a cualquier súbdito. En época de vigencia entre nosotros de dicha institución, fue utilizada como instrumento de abuso del poder para persecuciones políticas.
La detención preventiva, bajo las condiciones que establece nuestro ordenamiento, es apenas precautelativa y encuentra antecedentes en otras legislaciones, como la española, la italiana, la norteamericana -donde las autoridades policiales pueden efectuar arrestos sin orden judicial, a condición de existir causa probable que justifique el procedimiento-. Francia consagra la garde a vue y Alemania permite las detenciones preventivas en los casos de urgencia que hagan irracional la orden judicial previa. Ahora bien, esas privaciones transitorias de la libertad están autorizadas por los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre y cuando exista un control judicial de su legalidad, que puede ser incluso posterior a la aprehensión material. De todos modos, se pretende proteger la libertad e intimidad de los asociados, y la causa probable es la justificación para esta medida.
TEST DE RAZONABILIDAD
¿Cuáles han sido los instrumentos más importantes considerados por la Corte Constitucional para sus definiciones en torno a la solución de conflictos? Entre otros, del test de razonabilidad, tomado del rational scrutiny y del Derecho Anglosajón, así como de la IV Enmienda a la Constitución norteamericana de 1789 sobre el debido proceso y está basado en el concepto de lo razonable, como elemento útil para fijar, en un ejercicio de ponderación, cuáles son las acciones penales que resultan desproporcionadas en cuanto al posible impacto negativo de un derecho fundamental. Su uso se aprecia extendido a las distintas jurisprudencias norteamericana y europeas y consiste en utilizar el argumento lógico objetivo da la relación medios-fines para definir si una diferenciación es o no compatible con la norma constitucional. Así, es irracional y por ende inconstitucional todo cuanto pretenda ser un medio para alcanzar un fin, pero que, bien estudiado, no tiene nada que ver con ese fin. De ahí la teoría de los medios y los fines.
Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre invitan a comparar las normas dictadas por el poder público, generador de desigualdad, para ver si los motivos que se alegan para esa desigualdad, están o no de acuerdo con los valores constitucionales. Si el resultado del test indica que las razones de la diferencia no son objetivas, el trato desigual es legítimo. Esa estructura básica del test de razonabilidad europeo y americano, es más de grados y Colombia los combina de manera tal que hace uno mixto, en que los autores citados recuerdan las sentencias C-309 de 1997; C-481 de 1998, y C-371 de 2000. La primera, referida a la ley que impone el uso del cinturón de seguridad, en que se analiza “…la importancia de la carga que se impone al individuo en relación con los eventuales beneficios que la propia persona pueda obtener, pues sería irracional imponer obligaciones muy fuertes para el logro de beneficios menores…La Corte declara exequible la norma en tanto que el deber que se exige al conductor es mínimo y en cambio los beneficios obtenidos son sustantivos…”
El test de escrutinio racional estadounidense permite establecer una graduación de leve, media e intensa, que una acción penal pueda tener sobre los derechos fundamentales. Y por esta vía, el test otorga elementos de juicio para concluir la proporcionalidad en la restricción de un derecho constitucional.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Este principio se explica como un criterio consistente en prohibir todo exceso entre la conducta asumida por el ciudadano y la sanción derivada del juicio de reproche que a él se le formule. Son sus fundamentos:
1.- La naturaleza de Estado de Derecho propia de nuestra organización política, para la cual la dignidad humana es factor preponderante, (Art. 1°)

2.- La necesidad de hacer efectivos los principios, los derechos y deberes consagrados en el ordenamiento (Art. 2°).

3.- El reconocimiento y respeto por los derechos inalienables, (Art. 5°)

4.- La responsabilidad atribuida por la Constitución a los funcionarios por extralimitación en el ejercicio de sus funciones públicas, (Art. 6°).

5.- La prohibición de la pena de muerte y de tratos y penas crueles e inhumanos, (Art. 12).

6.- El principio de la igualdad, (Art. 13)

7.- El criterio de la proporción misma, consagrado en el art. 214 referido a las medidas excepcionales.
Los anteriores elementos de juicio obedecen a que nuestro sistema procesal está ligado a la noción de Estado Social de Derecho, comprometido con la realización efectiva de la justicia; a la absoluta independencia del juez; a la puesta en vigencia del modelo penal acusatorio que separa las funciones de investigación, acusación y juzgamiento; a la prohibición de llegar a la condena sin acusación, noción que nos lleva a concluir la existencia de “partes” en el proceso penal, y a la vigencia de los principios de legalidad, inmediación, oralidad, publicidad y no reformatio in pejus, como los más importantes.

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA CONSTITUCIÓN

El principio de oportunidad, consagrado en el Acto Legislativo No. 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, consiste en la posibilidad de optar, la Fiscalía General de la Nación, por adelantar o no la acción penal, teniendo en consideración la política criminal del Estado y valorando consideraciones objetivas tales como la menor alarma social que pueda despertar un hecho punible. Sin embargo, como quiera que, en principio, es obligación de la autoridad adelantar toda investigación penal, esa facultad discrecional no puede entenderse facultativa, subjetiva, pues constituye una excepción al principio de la generalidad y legalidad, que debe considerarse reglada y aplicarse con obedecimiento a una clara interpretación de la política criminal, basada en los principios de proporcionalidad e igualdad, siendo la decisión una manifestación de la ponderación de los derechos en conflicto.
Las anteriores consideraciones nos obligan a estudiar el fundamento constitucional de esta forma de actuación procesal y en entonces cuando encontramos que el artículo 2° del Acto Legislativo No. 03 de 2002, contempla la posibilidad excepcional de dar paso a este principio, dentro de las claras limitaciones propias de la excepción al deber de no suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, presupuesto que amerita, entonces, un pormenorizado estudio en el caso concreto frente a los derechos y libertades en conflicto, a las incidencias de sacrificar uno u otro, y la forma de lograr una armonía social que se traduzca en los fines últimos del Estado.
En esta línea de pensamiento, es de concluir, que el tema es más de contenido constitucional que legal, pues el articulado procedimental apenas abre el camino para que el funcionario pueda asumir la decisión de impulsar o no la actuación, mientras que el análisis ponderativo desde el punto de vista constitucional -basado en la filosofía del Derecho y el correcto entendimiento del alcance de los principios, valores y su traducción en los derechos que se busca proteger.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.

Nuestro cuerpo constitucional consagra en su art. 93 que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Este mandato ha permitido a la Corte Constitucional, elaborar un amplio desarrollo del denominado “bloque de constitucionalidad”, concepto referido a la integridad que guarda esa legislación trasnacional con nuestro contenido dogmático en materia de reconocimiento de derechos humanos, de principios y garantías superiores. Así, la hermenéutica obliga a tener dichos tratados y convenios como pauta de referencia para la comprensión de nuestra teoría constitucional.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos relativos a derechos civiles y políticos y a derechos económicos, sociales y culturales, así como el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, establecen la cláusula de favorabilidad que impide restringir, menoscabar o desconocer los derechos reconocidos en el ordenamiento interno.
El bloque de constitucionalidad queda integrado, entonces, por todas las normas de variada jerarquía que conforman el prepuesto teórico necesario para ejercer el control de constitucionalidad, entendido como el articulado de la Constitución, los tratados internacionales, el derecho internacional humanitario, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias.
Pero, ¿cuáles son los principios de derecho internacional que se integran al bloque de constitucionalidad para el control de los tratados? Hay que distinguir entre los principios del derecho internacional y los principios generales del Derecho aceptados por las naciones civilizadas. Los primeros son un tipo de normas, mientras los segundos son fuente del Derecho internacional. Son estas las herramientas jurídico-conceptuales con las que puede trabajarse el proceso de interpretación del caso en particular.

LOS ACTOS LEGISLATIVOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN.
El Constituyente de 1991 elaboró un Preámbulo donde se condensan unas referencias valorativas que marcan el sendero de la aplicación de la Justicia en Colombia, y particularmente de la justicia penal. A ella están ligados la unidad de la Nación, la garantía a sus integrantes de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Con esos valores está íntimamente comprometidos el marco jurídico, democrático y participativo orientado al mantenimiento del orden político, económico y social justos, diseccionado a la integración y progreso de la comunidad latinoamericana.
Con el Estatuto Constitucional expedido por la Asamblea Nacional Constituyente se abrió camino a la implantación del sistema penal acusatorio, pues la creación de la Fiscalía General de la Nación fue la primera columna levantada para la construcción de ese trípode: acusación, defensa y juzgamiento, que caracteriza el esquema procesal. Sin embargo, por un descuido del constituyente, quedó el artículo 116 huérfano de autorización para que los particulares conformaran los jurados de conciencia que preveía la ley y que no pudieron operar por encontrarlos la Corte, inarmónicos con el texto superior. Fue una falencia que, sin afectar medularmente al sistema acusatorio, lo privó de uno de sus elementos participativos más importantes, como es la presencia del pueblo con su intervención atenuante de la rigidez de la ciencia jurídica. Además, evidenció esta flaqueza, otra deficiencia acusatoria, como es la circunstancia de tener un jurado para cada caso, y no siempre el mismo para cada paquete de situaciones sometidas a consideración del funcionario. Las recientes reformas pretendieron corregir en parte, esta deficiencia, al institucionalizar los jurados de conciencia como autoridades que excepcionalmente pueden juzgar, aunque no se tienen todavía los soportes legales que le den vía libre a esta importante institución. Esta previsión aparece en el artículo 1° del AL. No. 03 de 2002 que subroga el artículo 116 de la Carta.
Otros avances de la reforma se refieren a la previsión de los jueces de garantías, la autorización de las medidas necesarias para la comparecencia de los imputados y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas. Le señala a la Fiscalía General de la Nación la facultad de hacer registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunidades; asegurar los elementos materiales probatorios y la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción; presentar el escrito de acusación, con la previsión de un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, concentrado, contradictorio y con todas las garantías. Refiere, igualmente, la atribución de disponer el restablecimiento del derecho y procurar la reparación integral de los afectados con el delito. Dirigir y coordinar la policía judicial y velar por la protección de las víctimas, jurados, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.
Todo este conjunto de potestades fiscales, conforman el fundamento del nuevo sistema acusatorio, que habrá de ponerse en vigencia con arreglo a las consideraciones precedentes.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconResumen: Con el nuevo Sistema General de regalías un nuevo debate...

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconPrograma: fundamentos legales del comercio exterior colombiano

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconBoletín de doctrina constitucional penal número 29 enero de 2011...
«Boletín de Doctrina Constitucional Penal» contiene extractos de las Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el tercer...

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconBoletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013...
«Boletín de Doctrina Constitucional Penal» contiene extractos de las Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el tercer...

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano icon1. fundamentos históricos, epistemológicos y constitucionales

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconI. Fundamentos constitucionales de la Responsabilidad Administrativa

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconObligatoriedad del precedente jurisprudencial en el sistema jurídico colombiano

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconMarco legal. Estructura del sistema educativo colombiano

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconA continuación se transcriben algunas partes de los fundamentos del...

Fundamentos constitucionales del nuevo sistema penal colombiano iconContrato para la definicióN, desarrollo e implantación del sistema...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com