Promueven accion de amparo. Solicitan medida cautelar






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fecha de publicación21.09.2015
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PROMUEVEN ACCION DE AMPARO.

SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR


Señor Juez:

CARLOS D. LOMBARDI, por los Sres. ROSARIO COLL, argentina, casada, D.N.I. 2.336.710, domicilio Real en calle Laguna Mar Chiquita Nº 2.390, Benegas, departamento Godoy Cruz, provincia de Mendoza; CARLOS EDUARDO VIDELA VALLÉE, argentino, divorciado, D.N.I. 8.151.499 domicilio Real en calle Rufino Ortega Nº 674, Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza; JUANA VIANNEY ENCINA, argentina, viuda, D.N.I. 3.906.780, domicilio Real en Km. 15 El Remanso, Carrizal del Medio y MANUEL CARMONA SOLER D.NI. 6.892.919, argentino, casado, domicilio Real en calle Catamarca 351, Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza; conforme escrito ratificatorio que se acompaña, con el patrocinio letrado del Dr. NATALIO LUIS MEMA RODRÍGUEZ, abogado del foro, matrícula profesional Nº 8369 constituyendo domicilio Legal en calle Pedro Vargas 565, Ciudad, Mendoza; a V.S. respetuosamente me presento y digo:
I. OBJETO

En el carácter invocado, vengo a promover acción de amparo contra el DEPARATAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN con domicilio en la calle Av. España 1776 esquina Barcala, Ciudad, Mendoza.

El objeto de la presente acción tiene la finalidad de que V.S. ordene el Departamento General de Irrigaciónel restablecimiento inmediato del funcionamiento acorde a derecho dela Inspección de Cauce El Carrizal, llamando a elecciones entre los regantes para estos fines, para evitar que se continúen realizando actos violatorios de aquellos derechosconsagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, Constitución y Leyes de la Provincia de Mendozatodo de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Carta Magna.


  1. LEGITIMACIÓN ACTIVA

Que acreditan su legitimación procesal para la interposición del presente Recurso de Amparo con la siguiente documentación:

Escritura Nº 1 que acredita la adquisición en condominio de propiedad por la Sra. Rosario Coll y el Sr. Luis Caruso de un inmueble ubicado en Ruta Provincial Nº16 s/n esquina Carril Viejo ó del Bajo s/n, Distrito el Carrizal, departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Se adjunta como Boleta de Pago emitida por el D.G.I. a nombre del Usuario Caruso Luis y otros.

Oficio emitido por el Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil Nº 2 al Sr. Director del Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza, ordenando inscribir a nombre de Carlos Eduardo Videla Vallée el inmueble ubicado en calle La Turbera s/n de el Carrizal de Abajo, Luján de Cuyo, Mendoza. Se adjunta como Boleta de Pago emitida por el D.G.I. a nombre del Usuario González de Vallée María Elena-Sucesión.

Escritura de Venta por Tracto Abreviado por la que la de la Sra. Juana Vianney Encina adquiere un inmueble rural ubicado en calle El Remanso s/n de El Carrizal, Luján de Cuyo provincia de Mendoza. Se adjunta como Boleta de Pago emitida por el D.G.I. a nombre del Usuario Juana Vianney

Copia Certificada de Autos de adjudicación en condominio y Operaciones de Inventario y Avalúo de bienes del expediente Nº 21.581 caratulados “Carmona Manuel p/Sucesión” originados en el 8º Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza a favor del Sr. Manuel Carmona Soler de un inmueble ubicado el distrito “El Carrizal (Alto)” que limita al Nord-Este con el recorrido del carril Carrizal, al Nord-Oeste con calle Arizu, al Sud-Oeste con Arroyo Carrizal y al Sud-Este con la propiedad de los Hnos. Blanco. Se adjunta como Boleta de Pago emitida por el D.G.I. a nombre del Usuario Soler Vda. De Carmona.

IIIHECHOS

La razón que motiva este extraordinario recurso es la situación por la que están pasando los regantes del Departamento General de Irrigación de la zona de El Carrizal desde hace ya más de tres años debido a la intervención de la Inspección de Cauce de esta zona y sus complejas derivaciones que explicaremos a continuación.

La Constitución de la Provincia de Mendoza en su Sección VI Capítulo Único regula el funcionamiento del Departamento General de Irrigación, y en el artículo 187 concretamente dispone: “Las leyes sobre irrigación que dicte la Legislatura, en ningún casoprivarán a los interesados de los canales, hijuelas y desagües, de la facultad de elegir sus autoridades y administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades superiores de irrigación.” A raíz de esta norma, la Ley General de Aguas de la Provincia de Mendoza, en su Título XV regula la figura de “Los Inspectores”, que a su vez en el art. Art. 221 b) dice: Los Inspectores desempeñarán las funciones de Jueces de canal e hijuela, y tendrán a su cargo la administración de éstos. Y el Art. 221 c) “Serán elegidos el segundo domingo de Enero de cada año, debiendo concurrir al acto un número de interesados que represente la tercera parte más uno de los votos que correspondan al canal o hijuela, según la proporción establecida por la ley.”La ley 322 dela provincia de Mendoza en su art. 40 dispone: Para ser Inspector o Delegado se requieren las siguientes condiciones: 1) Tener domicilio en la Provincia.; 2) Ser poseedor o tenedor de terrenos cultivados, en el canal, hijuela o desagüe de que se trate.; 3) No adeudar contribuciones de agua, ni multas impuestas por las autoridades de Irrigación.; 4) No tener la inhabilitación expresada en el Art. 35 de la presente ley.”

De aquí se desprende que esta relevante institución está a cargo de un propietario, usuario de aguas de la zona, justamente porque son quienes mayor conocimiento tienen de las necesidades de los regantes y se encuentran a una proximidad lógica del resto de los usuarios, que le brinda mayores ventajas a la hora de coordinar los turnos de riego, resolver los conflictos que se suscitan con el uso de este vital recurso y subsanar todo lo concerniente a las tomas y canales de riego, entre otras vitales funciones que bien enumera el art. 1 de la Ley 6.405 de la Provincia de Mendoza en su primer párrafo dice: “COMPETENCIA FUNCIONAL. La administración, uso, control, conservación, mantenimiento y preservación de los canales, hijuelas y desagües de riego de la Provincia así como de las aguas que son conducidas por los mismos, estarán a cargo de las Inspecciones de Cauces, con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo Único Sección Sexta. Departamento General de Irrigación, de la Constitución Provincial.” Y esta misma norma en su art. 9, enumera las funciones del Inspector, a decir: “INSPECTOR DE CAUCE: FUNCIONES. Son funciones del Inspector de Cauce: a) Ejercer la representación legal de la Inspección; b) Proyectar el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la Inspección y confeccionar la Rendición de Cuentas respectiva; c) Administrar y distribuir el agua en función de los distintos usos y las categorías de los derechos empadronados, con criterios de equidad y eficiencia; d) Confeccionar los cuadros de turnos respectivos para la entrega de dotaciones de aguas, dando debida publicidad a los Usuarios; e) Ejercer el poder de policía de las aguas, sus cauces, riberas y zonas de servidumbre, con los alcances previstos en la Ley de Aguas ; f) Resolver en primera instancia, con el carácter de juez de canal o hijuela, los conflictos que se planteen entre los Usuarios con motivo del uso y la preservación de las aguas, con apelación ante el Subdelegado de Aguas de esta jurisdicción o por el Superintendente ante la falta del Subdelegado; g) Contar con una registración actualizada de derechos de agua que contenga: titularidad, tipos de usos, categorías de derechos, dotaciones y vuelcos autorizados; h) Poseer un plano catastral del área territorial bajo jurisdicción de la Inspección con demarcación del recorrido del cauce, ubicación de las tomas generales y derechos empadronados, cultivos existentes, utilización de aguas subterráneas y demás datos conducentes a una mejor eficiencia en la distribución del agua; i) Percibir los recursos y administrar los bienes de la Inspección, llevando a tal efecto los Libros de Inventarios y de Banco; j) Designar o contratar el personal de la Inspección y fijar sus remuneraciones conforme el presupuesto aprobado y disponer su remoción; k) Llevar un libro de Actas donde consten las decisiones y aspectos relevantes de las Asambleas y de las Reuniones del Inspector y Delegados; l) Ejecutar las obras y trabajos necesarios para el mantenimiento, conservación y mejora de los cauces y determinar la limpieza por cupos; m) Disponer la suspensión de la entrega de dotación del agua y aplicar multas en los casos previstos por la Ley de Aguas; n) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, impedir y reducir la contaminación de las aguas o el deterioro de los cauces y preservarlos de cualquier otro efecto nocivo; o) Aplicar las demás disposiciones que integran el Régimen Legal de las Aguas en la Provincia y ejecutar los actos autorizados por las Autoridades del Cauce; p) Adquirir o arrendar bienes.En los supuestos especificados en los incisos b) y j) se requiere la expresa conformidad del Cuerpo de Delegados.”

Todo estos derechos que han sido enumerados ut-supra en la zona de El Carrizal están siendo vulnerados y denegados por el Departamento General de Irrigación, que a través de la Resolución 423 del día 24 de septiembre del año 2.010 emitida por el Honorable Tribunal Administrativo de esta institución, dispuso en su art. 2º: “Intervenir la Inspección de Cauce El Carrizal, encomendando las funciones inherentes al cargo de Inspector de Cauce a la Subdelegación de Aguas del RíoMendoza, a fin de que realice todos los actos útiles para el normal funcionamiento de la Inspección de Cauce, hasta tanto sean designadas nuevas autoridades a través del correspondiente acto comicial.”

Se ha tenido que llegar a esta instancia, luego de tres largos años de solicitudes concretas hechas por los regantes de la zona al Departamento General de Irrigación para lograr recuperar esta institución acorde a derecho, que en la mayoría de las oportunidades han quedado sin respuesta, y en algunas otras han respondido arbitraria y vagamente. Para probar esto que estamos afirmando, ofreceremos como prueba algunas de estas tantas notas que hemos mencionado.

La situación que más inquieta y más urge es que se tiene conocimiento de la posibilidad que en el transcurso de esta intervención se otorguen nuevos permisos de utilización de aguas en esta zona, con una serie de expedientes que se han iniciado en estos últimos años, que están enumerados en una lista que adjuntamos como prueba. Esta situación violaría nuestro derecho de intervenir en las posibles incorporaciones, defendiendo la cantidad de agua con la que contamos en este momento cada uno de los productores, que no en todos los casos satisface las necesidades de nuestras propiedades, teniendo innumerables veces que utilizar pozos de riego para poder llevar a cabo nuestras tareas con normalidad. Por lo tanto el pedido concreto, por medio de la medida cautelar que integra el presente amparo, es que se detengan todo tipo de incorporaciones al padrón de regantes hasta tanto no se haya restablecido la Inspección de Cauce y haya un regante nombrado como Inspector, con el procedimiento que indica la Ley.

La necesidad de participar en este proceso de futuras inscripciones, o poder a través de la Inspección impugnar estos procedimientos, haciendo valer los derechos de los regantes, es de suma relevancia, ya que estamos en una zona que depende de aguas de vertientes, que tienen ciclos en los que el agua alcanza y ciclos de muy poco recurso e incluso hemos pasado largos años con esta vertientes secas, por lo que es imprescindible para poder incorporar nuevos regantes que se tengan en cuenta las particularidades técnicas de este tipo de fuentes de agua, asegurando el derecho y el statu quo de aquellos regantes empadronados, que han estado pagando año a año y realizando por propia cuenta un sin fin de obras para mantener los cauces y las tomas en condiciones, para poder regar como corresponde y mantener así sus producciones de las que dependen ellos y su grupo familiar, así como todos aquellos trabajadores y chacareros de la zona. Se teme también, que una ampliación del padrón de regantes traiga aparejada una modificación en los turnos de riego, facultad que es exclusiva de la Inspección de cauce y por ende de los regantes, por lo que también se solicita en la medida cautelar mencionada ut supra, que ordene al demandado se abstenga de cualquier intento de modificación de los turnos de riego hasta que no se normalice el funcionamiento de la Inspección.

En este en orden de ideas, es dable poner de manifiesto que se han realizado innumerables denuncias ante el Departamento General de Irrigación y algunas ante las autoridades policiales por ROBO de agua por parte de propietarios de la zona que han renunciado a su derecho de regar, o que nunca han estado empadronados para poder hacerlo y sin embargo lo hacen, con una NULA reacción de la demandada para impedirlo, siendo que esta es una tarea innata dela Inspección de Cauce. Para refrendar estos dichos adjuntamos copia de la nota Nº 19777/24 del año 2.013 y copia de un acta que se realizó en la sede de la demandada del 4 de marzo del mismo año en dónde las autoridades reconocen la situación y se comprometen a solucionarlo sin ningún resultado. Asimismo acompañamos constancia de denuncia policial en dónde se constata esto que hemos descripto.

En el marco de esta confusa y anómala intervención y valiéndose de la misma, en el mes de noviembre del año 2.012,el Departamento General de Irrigación impuso de hecho un presupuesto de gastos para el año 2.013 que fue refrendado y aprobado por el Honorable Tribunal Administrativo en la Resolución 717 del 21 de diciembre del 2.012, mediante el que se ha multiplicado el canon que pagan los usuarios por el uso del agua y del que nada se sabe de su cumplimiento, careciendo de todo control,e impuesto a todos los empadronados sin poder participar en la conformación del mismo, ni manifestar cuáles son sus necesidades reales en la zona y sus mayores problemáticas para resolver con estos recursos de los que se han valido. Se corre el riesgo de que este año se repita tan vil maniobra, relegando a los verdaderos interesados de la decisión y administración de sus propios recursos para el bien de toda esta zona. He aquí otra urgente razón para solicitar, por medio de la cautelar que integra la presente acción, se ordene a la demandada que SE ABSTENGA de elaborar un nuevo presupuesto y de prorrogar el anterior, hasta que no sea normalizada la Inspección de Cauce, con un usuario a cargo de la misma y una Asamblea de Usuarios acorde a derecho.

Es importante destacar, que en el año 2.011 se citó a los regantes para una asamblea, que se llevó a cabo el día martes 20 de diciembre de ese año, en la que no se hizo más que reforzar la confusión reinante, y que en ese acto se comprometieron desde el Departamento General de Irrigación a NO elaborar presupuesto sin la anuencia de la Asamblea correspondiente, pero cuándo se firmaron las Actas, la copia que correspondía a los regantes nunca fue entregada y ese Acta misteriosamente “desapareció” y nadie la encuentra, pese a los insistentes pedidos de los usuarios de hacerse con una copia como corresponde. Para probar esto adjuntamos una copia de la Notificación de la realización de la Asamblea Extraordinaria de Usuarios firmada por el Ing. Fernando Escobar, como “Inspector-Interventor Arroyo Carrizal Canal Arizu”. También se adjunta uno de los tantos pedidos de los usuarios de fecha 23 de abril de 2.013 que a la fecha se encuentra sin respuesta alguna.

Para graficar aún más esta elocuente situación de desamparo, transcribimos algunas citas del Considerando de la Resolución 423 del Honorable Tribunal Administrativo del 24 de septiembre del año 2.010 por la cual se dispone la intervención de la Inspección de Cauce del Arroyo Carrizal: “…existen gravísimas irregularidades en el funcionamiento de la Inspección Arroyo Carrizal que están dadas por la inexistencia de actos útiles tendientes a llamar a Asamblea de Usuarios a lo largo de tres años, conducta desaprobable (sic) que se ha mantenido incluso luego de los distintos emplazamientos y requerimientos efectuados en estas actuaciones…”. Aquí vemos que lo que en su momento para la demandada constituían “gravísimas irregularidades” o “conductas desaprobables” como es el hecho de estar tres años sin llamar a asambleas,hoy lo toman con normalidad sin indicar con certeza la fecha en que se normalizará la Inspección y sin exponer qué actos útiles se llevaron a cabo para poner fina estasituación ni conocer qué resultados positivos se han obtenido, descansando en una intervención que ya no tienejustificación ni razón de ser.

Continuamos con la transcripción de algunas líneas de la norma citada: “Que de ello deviene la gravedad del caso en análisis, en cuanto los usuarios de la Inspección El Carrizal han sido vedados, por omisión de las actuales autoridades responsables de la Dirección y Administración del cauce, de su derecho a ejercer la autoridad de la Inspección mediante su actuación en Asamblea, ya sea disponiendo presupuestariamente los fondos y las acciones que debe realizar el Inspector –como la Comisión de Vigilancia-, o ya sea mediante cualquier instrucción o directiva que la Asamblea podría haber debatido y resuelto;” incluso reconoce la demandada más adelante “…haber sido puesto a su disposición el padrón de usuarios que debían ser convocados…”. Por todo lo aquí expuesto podemos sostener que nada de todo esto ha cambiado a más de tres años de esta intervención, resultando un rotundo fracaso la misma, ante la inacción de la autoridades competentes y el deterioro progresivo de la situación institucional de este organismo. Es por todo ello que no encontramos otra salida que este medio para poder proteger nuestros derechos, largamente vulnerados por un Departamento General de Irrigación que ha demostrado ser inerte e incapaz de accionar contra tantas arbitrariedades puestas de manifiesto.

La indefensión de los usuarios frente al organismo demandado y vulneración sistemática de derechos que se evidencia, parece no tener intenciones de cesar, ya que el pasado 1 de octubre de 2013, ante un requerimiento concreto del Sr Carmona, regante de la zona, que se adjuntará como prueba, se le notifica la respuesta de la Directora de Asuntos Jurídicos del Departamento General de Irrigación, Dra. Ana J. Ponte que expresa: “Las razones expuestas por el presentante a fs. 1/2, y que llevan a efectuar pago bajo protesto, no pueden ser recurridas por los administrados, formando parte de las atribuciones discrecionales de la Administración. En efecto, la intervención a la Inspección de Cauce y la designación del Interventor, es una facultad privativa del HTA otorgada por el art. 10 Ley 5302…”. Más allá de haber citado mal la norma, ya que el artículo 10 de la Ley 5302 dice: “En el caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o destitución del Inspector del cauce, el cargo será desempeñado por el primer delegado y éste será reemplazado por el segundo y así sucesivamente. La acefalía que se produzca luego de cumplido este sistema de sucesión será cubierta de oficio por el H. Tribunal Administrativo.” No estamos ante la situación que relata esta disposición, sino que el artículo adecuado es el 11 de esa misma ley, lo que demuestra esto, una vez más es la intención de continuar con esta anomalía, perjudicando fehacientemente el Derecho de Propiedad (en la acepción amplia del mismo) y vulnerando todos los derechos que hemos expuesto del plexo normativo de la Provincia de Mendoza, desde la Constitución hasta las leyes aquí citadas, así como los Derechos y Garantías de nuestra Carta Magna Nacional que vemos lesionados.

Para apoyar todo lo sostenido hasta aquí, se ofrecen como pruebas algunas de las tantas notas que se enviaron al Departamento General de Irrigación, en dónde se pone de manifiesto la situación por la que atraviesa la zona, como consecuencia de esta burda intervención, y se demostrará con ello, que NUNCA tuvieron respuestas claras y precisas a lo solicitado, aun reconociendo las autoridades de la demandada en varias oportunidades las irregularidades que reinan en la zona. Es tal el desconcierto, que hay varias presentaciones que se han realizado bajo el título de “Regantes Auto-Convocados”, debido a carecer estos últimos de la Institución que debe aglomerarlos y representarlos como es la Inspección de Cauce funcionando acorde a derecho.
IVPROCEDENCIA DE LA ACCION: REQUISITOS

Que la presente acción de amparo cumple con los recaudos exigidos por las normas legales y constitucionales que regulan el instituto, a saber:

1. Inexistencia de otro medio judicial o administrativo más idóneo: sus representados no cuentan con otra acción legal por la cual se pueda obtener la protección de sus derechos en tiempo propio.

2. Acto u omisión de autoridad pública o de particulares: la acción de parte del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN de violar sistemática y continuamente los derechos los usuarios de elegir a sus autoridades, de administrar sus respectivas rentas, de ejercer funciones de Jueces de canal e hijuela, de tener a su cargo la administración de éstos, y de propiedad en sentido amplio.

3. Lesión o restricción en forma actual o inminente de derechos y garantías reconocidos en la Constitución, un Tratado o una ley: es necesario, además, que el acto sea manifiestamente ilegal o arbitrario. Y, cuando la ilegalidad o la arbitrariedad son manifiestas, resulta innecesario someter la controversia a un marco más amplio de debate y prueba. Es el caso que nos ocupa, donde el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN actúa lesionando los derechos referidos de los usuarios, de raigambre constitucional.

4. Temporaneidad de la acción: esta acción es promovida dentro del plazo previsto en el Art. 13 del Dec. ley 2586/75 (Modif. por ley 6504), que establece que “la acción de amparo, en los casos del artículo 1, deberá articularse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del hecho, acto u omisión que repute violatorio de sus derechos constitucionales”. En nuestro caso, el pasado 1 de octubre de 2013, ante un requerimiento concreto de uno de los usuarios, Sr. Carmona, regante de la zona, que se adjunta como prueba, se le notifica la respuesta de la Directora de Asuntos Jurídicos del Departamento General de Irrigación, Dra. Ana J. Ponte que expresa: “Las razones expuestas por el presentante a fs. 1/2, y que llevan a efectuar pago bajo protesto, no pueden ser recurridas por los administrados, formando parte de las atribuciones discrecionales de la Administración. En efecto, la intervención a la Inspección de Cauce y la designación del Interventor, es una facultad privativa del HTA otorgada por el art. 10 Ley 5302…”. Más allá de haber citado mal la norma, ya que el artículo 10 de la Ley 5302 dice: “En el caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o destitución del Inspector del cauce, el cargo será desempeñado por el primer delegado y éste será reemplazado por el segundo y así sucesivamente. La acefalía que se produzca luego de cumplido este sistema de sucesión será cubierta de oficio por el H. Tribunal Administrativo”. Este hecho, para los presentantes, constituye el culmen de la violación y lesión de derechos por parte de la demandada.
VPRUEBAS

V.I INSTRUMENTAL

a) Lista de expedientes que contiene los números delos mismos y nombres delos solicitantes, que se están tramitando ante el Departamento General de Irrigación solicitando permisos de riego. En caso de desconocimiento y/o impugnación de la demandada, se solicita que informe sobre el contenido de estas piezas administrativas y en qué estado se encuentran actualmente, ya que se trata de Prueba en poder de la demandada.

b) Nota recibida por la Mesa de Entradas del Departamento General de Irrigación el día 5 de mayo de 2.011 solicitandocopia del expte. Nº 708579, que hasta el momento de presentación de este Recurso de Amparo se encuentra sin respuesta.En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

c) Notificación oficial, firmada por el Ing. Fernando Escobar en la que se convoca a una Asamblea Extraordinaria de Usuarios, que se llevó a cabo el día martes 20 de diciembre a las 18:00 h en la Escuela Pedro Videla, de Carrizal del Medio. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite al firmante a reconocer firma y contenido.

d) Nota presentada ante el Departamento General de Irrigación y recibida el día 24 de julio de 2.012 por el Lic. Edgardo J. Juárez de la Subdelegación Río Mendoza. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite al firmante para reconocer firma y contenido del mismo.

e) Copia de Acta realizada el día 14 de noviembre de 2.012, refrendada por el Sr. Julio Ortega, el Ing. Ricardo Nordenstrom, la Dra. Ana Julia Ponte, el Sr. Mario Ciafrelli y el Dr. Natalio Mema. En caso de desconocimiento y/o impugnación, solicito que se cite a los firmantes a reconocer firma y contenido de la misma.

f) Nota presenta ante el Departamento General de irrigación y recibida por Mesa de Entradas del mismo el día 22 de noviembre de 2.012 en el marco del expte. 722900 y que nunca fue respondida. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

g) Copia de la Resolución 717 del 21 de diciembre de 2.012 en dónde se aprueba un presupuesto elaborado de hecho por la Intervención de la Inspección de Cauce de Arroyo Carrizal. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que la demandada envíe copia fiel de dicha Resolución para poder ser tenida en cuenta por este Tribunal como prueba de lo aquí expuesto, ya que se trata de Prueba en manos de la demandada.

h) Copia de Nota 19777/24 presentada por “Regantes Autoconvocados”, recibida el 1 de febrero de 2.013. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

i) Nota presentada por Manuel Carmona ante el Departamento General de Irrigación, que se adjuntó al expediente 724997 recibida por Mesa de Entradas de dicho organismo el día 28 de febrero de 2.013. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

j) Copia de Acta realizada en los estrados del Departamento General de Irrigación el día 4 de marzo de 2.013, refrendada por el Ing. Ricardo Nordenstrom, el Cdor. Darío González, la Dra. Ana Julia Ponte, el Dr. Agustín Sánchez Sorondo, el Sr. Mario Camacho, el Sr. Rubén Pascual, el Sr. José Angeleri, el Sr. Mario Ciafrelli y el Dr. Natalio Mema. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a los firmantes a reconocer firma y contenido de la misma.

k) Nota 20126/24 presentada por “Regantes Autoconvocados” ante el Departamento General de Irrigación, recibida por Mesa de Entradas de dicho organismo el día 23 de abril de 2.013. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

l) Nota Nº 20127/24 presentada ante el Departamento General de Irrigación, recibida el día 23 de abril de 2.013 y respuesta a la misma, en la que se encuentra la Resolución 423 del 24 de setiembre del 2.010 emanada por el Honorable Tribunal Administrativo, mediante la cual se intervino la Inspección de Cauce Arroyo Carrizal. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

ll) Nota Nº 20894/24 del día 23 de agosto de 2.013 recibida por la Mesa de Entradas del Departamento General de Irrigación.En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

m) Nota 11827/1000 presentada por el Sr. Manuel Carmona ante el Departamento General de Irrigación, recibida por Mesa de Entradas de dicho organismo el día 28 de agosto de 2.013. En caso de desconocimiento y/o impugnación, se solicita que se cite a reconocimiento del sello de recepción, al responsable de esta área del D.G.I. y que envíe el original de dicha pieza administrativa, que obra en poder de la demandada.

n) Constancia de Denuncia, realizada el día 20 de setiembre de 2.013 por el Sr. Rubén Gabriel Pascual Gentile.

ñ) Notificación de contestación del expte 724.997, iniciado por un Pago Bajo Protesto recibida por el Sr. Manuel Carmona el día 1 de octubre de 2.013 a las 9:45 h.
V.IIINFORMATIVA

a)Deberá oficiarse a la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo a fin de que remita ad effectum videndi et probandi el expediente Nº 94.070/13/12.

b) Deberá oficiarse al Departamento General de Irrigación a fin de que remita ad effectum videndi et probandi el expediente Nº 708579.

V.IIITESTIMONIAL

a) Ofrece el testimonio de las siguientes personas: 1.Rubén Gabriel Pascual, con domicilio real en calle del Bajo s/n Carrizal del Medio, Finca Gentile, Luján de Cuyo, Mendoza; 2.Mario César Ciafrelli, con domicilio real en calle Los Fresnos 3095 Bº Parque Drumond, Drumond, Luján de Cuyo, Mendoza. Los mencionados testigos deberán responder a tenor del siguiente pliego interrogatorio: a) Por las generales de la ley; b) Para que diga el testigo si tiene conocimiento de la intervención de la Inspección de Cauce Arroyo Carrizal; c) Para que diga el testigo si ha visto ingresar agua a propiedades que en su conocimiento no están empadronadas en el Departamento General de Irrigación ni autorizadas para hacerlo; d) Para que diga el testigo si tiene conocimiento de que se está analizando dentro del Departamento General de Irrigación la incorporación de nuevos regantes al Arroyo El Carrizal; e) Para que diga el testigo si esto trae como consecuencia la modificación de los turnos de riego de las propiedades que utilizan el agua legalmente a la actualidad; f) Para que diga el testigo si concurrió a una Asamblea Extraordinaria de Usuarios llevada a cabo el día martes 20 de diciembre a las 18:00 h en la Escuela Pedro Videla, de Carrizal del Medio; g) Para que diga el testigo que temas se trataron en dicha Asambleah) Se reserva el derecho de ampliar, modificar y/o sustituir en el acto de la audiencia.

b) Ofrece el testimonio de las siguientes personas que son autoridades del Departamento General de Irrigación: Ing. Ricardo Nordenstrom; Sr. Julio Ortega; Dra. Ana Julia Ponte, se solicita que se notifiquen en su domicilio laboral, cito en calle Av. España 1776 esquina Barcala, Ciudad, Mendoza. Los mencionados testigos deberán responder a tenor del siguiente pliego interrogatorio: : a) Por las generales de la ley; b) Para que diga el testigo si tiene conocimiento desde cuándo data la intervención de la Inspección de Cauce Arroyo Carrizal; c) Para que diga el testigo si tiene conocimiento, por denuncias o notas elevadas por los regantes de la zona, de que propiedades que no están empadronadas en el Departamento General de Irrigación ni autorizadas para hacerlo, hacen uso cotidiano del agua del Arroyo Carrizal; d) Para que diga el testigo si tiene conocimiento de que se está analizando dentro del Departamento General de Irrigación la incorporación de nuevos regantes al Arroyo El Carrizal; e) Para que diga el testigo si esto trae como consecuencia la modificación de los turnos de riego de las propiedades que utilizan el agua legalmente a la actualidad; f) Para que diga el testigo si tiene conocimiento de una Asamblea Extraordinaria de Usuarios llevada a cabo el día martes 20 de diciembre a las 18:00 h en la Escuela Pedro Videla, de Carrizal del Medio; g) Para que diga el testigo si sabe que ocurrió con el Acta que se labró en esta Asamblea y que se ha negado a los Usuarios de la zona h) Se reserva el derecho de ampliar, modificar y/o sustituir en el acto de la audiencia.

VIJURISPRUDENCIA


Tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina coinciden en admitir el amparo “ante la amenaza de una lesión que sea precisa, concreta e inminente, grave, cierta, actual o cuando el acto arbitrario se ha dictado y no se ejecuta pero su proyección es tan patente cual si fuera una expresión de intimidación (....) El amparo trata de salvar en el presente y en el futuro los derechos vulnerados, procediendo cuando los actos de particulares o decisiones administrativas constituyen una amenaza de lesión cierta, actual e inminente (....) actúa en principio ante la transgresión de un derecho constitucional; pero también en circunstancias excepcionales cuando hubiere contra tal derecho una amenaza ilegal de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo e inminente” (Néstor P. Sagües. Derecho Procesal Constitucional. T III Acción de Amparo, pág. 107/108).

Este amparo pretende conseguir el apoyo/tutela judicial necesaria para que se haga efectiva el goce pacífico de los derechos civiles antes precedentemente mencionados. La urgencia y complejidad del asunto aquí tratado no requiere más debate o pruebas que las ya presentadas.

VIIDERECHO

Fundo la presente demanda en el Decreto Ley 2589/75 y sus modificatorias de la Provincia de Mendoza; artículos 2351 del Código Civil; 17 y 43 de la Constitución Nacional, y Ley 23.054 (Pacto de San José de Costa Rica).

VIIISOLICITAN MEDIDA CAUTELAR


Hasta tanto se dicte sentencia solicita que, en el primer pronunciamiento y como medida cautelar de no innovar, se ordene al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN:

  1. Que detenga todo tipo de incorporaciones al padrón de regantes en la zona de El Carrizal hasta tanto no se haya restablecido y/o regularizado la Inspección de Cauce, y haya un regante nombrado como Inspector, con el procedimiento que indica la Ley.

  2. Se abstenga de cualquier intento de modificación de los turnos de riego hasta que no se normalice el funcionamiento de la Inspección.

  3. Se abstenga de elaborar un nuevo presupuesto y de prorrogar el anterior.

En el caso aquí planteado concurren los presupuestos que ameritan la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la exigencia de contracautela.

VIII. I VEROSIMILITUD EN EL DERECHO


El “fumus bonis iuris” surge inequívocamente de la descripción de los derechos amenazados por los actos manifiestamente arbitrarios e ilegales de la accionada. La arbitrariedad de los actos descriptos perturban injustificadamente los más elementales principios del derecho y conculca los derechos constitucionales ya descriptos.

Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí permite considerar que en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad del derecho alegado, no huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa para el análisis de este requisito al señalar que “...las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (conf. C.S.J.N. in re “Evaristo Ignacio Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/Medida de no innovar”, rta. el 20/12/84, Fallos 306:2060).

VIII. II PELIGRO EN LA DEMORA


Sólo ordenando la suspensión de los actos intimidatorios de parte del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN será posible mantener la verosimilitud del derecho planteado por los actores, toda vez que, el interés jurídico que fundamenta el otorgamiento de la medida cautelar solicitada encuentra su justificación legítima en el peligro que implica que la duración del proceso convierta en ilusorios los derechos reclamados.

Acerca de este requisito la Corte ha establecido que “el examen de la concurrencia del recaudo aludido pide una apreciación atenta de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (CS, julio 11-996, ‘Milano, Daniel R. c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social’).

En definitiva, la ejecución de los actos de parte del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN, cuya suspensión se persigue, generaría consecuencias indudablemente graves para mis representados y atentatorias de la seguridad jurídica, principio de indiscutible valor que se solicita que a través del otorgamiento de esta medida cautelar, V.S. ampare.

VIII. III CONTRACAUTELA


Ofrezco como contracautela caución juratoria, en los términos y con el alcance previsto por la legislación vigente, salvo que el alto criterio del Tribunal ordene una diferente.


IXPETITORIO


I. Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal.

II. Se tenga por interpuesta la presente acción de amparo.

III. Se tenga presente la prueba ofrecida.

IV. Se ordene la producción de los informes circunstanciados conforme la legislación vigente.

V. Se otorgue la medida cautelar solicitada.

VI. En su oportunidad, se haga lugar al amparo.
Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA

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