Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el respeto irrestricto de la autonomía del distrito federal, a cargo del diputado gerardo villanueva albarráN, del grupo parlamentario del prd






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títuloCon punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el respeto irrestricto de la autonomía del distrito federal, a cargo del diputado gerardo villanueva albarráN, del grupo parlamentario del prd
fecha de publicación21.09.2015
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA POR EL RESPETO IRRESTRICTO DE LA AUTONOMÍA DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados federales por el Distrito Federal en esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por el respeto irrestricto a la autonomía del Distrito Federal.

I. Antecedentes

El pasado 11 de diciembre, la senadora del María de los Ángeles Moreno Uriegas, junto con otros senadores priistas, presentó en la colegisladora proposición con punto de acuerdo respecto a la utilización de los espacios públicos en el Distrito Federal, en la que se plantea:

Primero. Que se haga un atento exhorto a las autoridades del gobierno del Distrito Federal para que reconsideren la forma de utilización del Zócalo de la Ciudad de México, que pertenece a todos los mexicanos, y merece la consideración que envuelve su realidad y simbolismo histórico y cultural para el país.

Segundo. Que el trato que se dé al Zócalo y, en general al Centro Histórico de la Ciudad de México, quede claramente vinculado con las políticas y programas de cultura, medioambiente y respeto a la ciudadanía diversa y al espacio que comparten los poderes federales.

Tercero. Que en los trabajos del Grupo Interparlamentario para la Reforma Política del Distrito Federal, se trate el tema relativo a la utilización de los espacios públicos en el Distrito Federal, fundamentalmente el Zócalo, y que se dialogue y acuerde la conveniencia de que el Centro Histórico tenga un estatus diferente y específico, no perteneciente a una delegación ni al gobierno local.

Lo anterior era sustentado por los senadores en que, según ellos:

"Tristemente, a partir del año 2000 pareciera que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal se hubieran esmerado en demeritar (la) dignidad y majestuosidad" del Zócalo, por la realización de "eventos que lo demeritan al convertirlo en un centro de espectáculos públicos…"

"Desde hace 7 años, los gobiernos locales han convertido el Zócalo en un predio para instalar lo mismo un circo, que un salón de baile para quinceañeras, una pista para exhibición de patinetas y bicicletas, un espectáculo musical de cualquier tipo y, recientemente, una pista de hielo."

Los senadores afirmaban, en su proposición, estar "en contra de que con actividades ocasionales y sin contexto, se distraiga la atención ciudadana para que no se discutan o conozcan otros asuntos relevantes". Y terminaban indicando que se oponen "a que éste tipo de eventos se realicen en el principal espacio público de la ciudad, con el deterioro físico y de imagen urbana, así como de mercantilización que implica".

Desde ese día hemos estado atentos al curso que ha seguido la proposición encabezada por la senadora María de los Ángeles Moreno.

Parecería que la intentona centralista, más propia del Santa Anna del siglo XIX que del federalismo mexicano del siglo XXI, se caería por su propio peso y no tendríamos que contestarle a los senadores del PRI, a los que no les fueron suficientes 70 años de privación de los derechos de los capitalinos, y ahora, fuera del gobierno federal, pretenden regresarnos a los últimos tiempos del Departamento del Distrito Federal.

Pero, como pasa cada vez que se unen PRI y PAN, no ha habido mesura en este tema, y el pasado martes 12 de febrero, en un albazo, pretendían aprobar un retrógrado dictamen que supera exponencialmente la proposición original de María de los Ángeles Moreno.

El dictamen de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores publicado el martes 12 en la Gaceta del Senado, se abstrae de los últimos once años de vida autónoma de la Ciudad de México, para intentar reinterpretar la reformas de 1993, 1996 y 1997, acordando:

Primero. Es de aprobarse en sus términos, la proposición con punto de acuerdo presentada por los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Jesús Murillo Karam, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Labastida Ochoa, Rosario Green, Raúl Mejía, Fernando Baeza, Heladio Ramírez, Ramiro Hernández, Mario López Valdez, Pedro Joaquín Coldwell y Melquíades Morales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Que el Senado de la República a través de la Mesa Directiva, haga un exhorto a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que reconsideren la forma de utilización del Zócalo de la Ciudad de México, que pertenece a todos los mexicanos, y merece la consideración que envuelve su realidad, simbolismo histórico y cultural para el país.

Tercero. Que haga un llamado a las autoridades locales y federales competentes, para que el trato que se dé al Zócalo y, en general al Centro Histórico de la Ciudad de México, quede claramente vinculado con las políticas y programas de cultura, medioambiente y respeto a las diversas expresiones políticas de la ciudadanía.

Cuarto. Que el Senado de la República exija al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que por muchos años se ha caracterizado por emprender acciones en defensa del patrimonio histórico y cultural de la nación, a que manifieste pública y oficialmente su opinión sobre el deterioro que se está causando al Zócalo de la capital y a algunos inmuebles catalogados por el propio instituto, y que, en el marco de sus atribuciones, imponga las medidas correctivas conforme a derecho.

Quinto. Se exhorta al Ejecutivo federal por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con el marco jurídico aplicable, analicen y verifiquen si en el inventario del patrimonio inmobiliario federal, se encuentra registrado el inmueble sito en la Ciudad de México, capital del país y sede de los Poderes la Unión, conocido como Zócalo o Plaza de la Constitución, representativo no sólo de la ciudad sino de la nación. En su caso, la verificación deberá comprender el registro o no de convenios que hubiese suscrito la federación con el jefe de Gobierno del Distrito Federal para la conservación del inmueble de que se trata, de conformidad con el artículo 96 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de resultar aplicable o bien la verificación sobre la existencia de Acuerdo de Destino para que el inmueble sea usado, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

Sexto. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las dos dependencias referidas, para que comuniquen a la Cámara de Senadores los resultados del análisis y verificación mencionados y, para el caso de concluir sobre la jurisdicción federal de dicho inmueble y no hallarse inscrito en el registro público de la propiedad federal, se emita de inmediato la Declaratoria de Sujeción al régimen de Dominio Público de la Federación a que se refiere la fracción IV del artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Reproducimos las consideraciones sobre las que basaban dichos resolutivos:

11. Que desde el punto de vista jurídico, a partir de las reformas constitucionales de los años 1993 y 1996, sobre el régimen jurídico-político del Distrito Federal, así como a la expedición del Estatuto de Gobierno del propio Distrito, en el año de 1994, así como en una de sus principales reformas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997, la concurrencia en el Distrito Federal de los Poderes de la Unión y de órganos locales que en los términos de la ley fundamental tienen a su cargo el gobierno de la entidad, ameritó una decantación respecto del patrimonio inmobiliario ya que, si bien, el entonces Departamento de Distrito Federal contaba con patrimonio propio de acuerdo con su Ley Orgánica, dicho Departamento era una dependencia de la administración pública federal y, en último término, era el órgano a través del cual el presidente de la república ejercía el gobierno del mismo Distrito. Era por consecuencia, el presidente quien llevaba a cabo los actos de disposición del patrimonio inmobiliario.

12. Que existen una serie de disposiciones jurídicas que, en un ejercicio de interpretación integral y sistemático, al menos permiten presumir fundadamente que determinados inmuebles ubicados en el Distrito Federal, estarían sujetos a la jurisdicción federal por ser bienes del dominio de la federación. A contrario sensu, en el marco de ese conjunto de disposiciones resultaría sumamente cuestionable concluir que esos inmuebles son del patrimonio del gobierno local del Distrito Federal.

13. Que las disposiciones jurídicas que se mencionan corresponden a los siguientes ordenamientos:

a) El artículo 96 del Estatuto de Gobierno del DF, en su parte conducente dice: "Corresponde a la federación la restauración y conservación de monumentos históricos, artísticos o arqueológicos y demás bienes de propiedad federal que se encuentren en el Distrito Federal. El jefe del Distrito Federal podrá participar en dicha restauración y conservación, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la legislación aplicable y los convenios que se suscriban con las autoridades federales competentes, fundamentalmente de aquéllos que en el contexto urbano de la Ciudad de México sean representativos de ella".

El artículo 96 trata de los bienes inmuebles de dominio público de la federación ubicados en el territorio del Distrito Federal. Precisamente, establece excepciones para la aplicación de disposiciones locales de desarrollo urbano (emitidas por la ALDF) respecto a esos inmuebles de la federación.

b) La Ley General de Bienes Nacionales, dispone en su artículo 7o., en su fracción XIII, que son bienes de uso común: "Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del gobierno federal y las construcciones levantadas por el gobierno federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten".

c) La misma Ley General de Bienes Nacionales ordena, en su artículo 8o., que "todos los habitantes de la república pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos" (obviamente, se refiere a disposiciones federales).

De igual forma establece en su artículo 9o., que los bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.

d) La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos regula bienes inmuebles a los que atribuye ese carácter de monumentos. Su artículo 35 dispone que "son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país".

14. Que de acuerdo con el artículo 34, fracción XIV de la Ley Orgánica del entonces Departamento del Distrito Federal, los bienes del dominio público del Departamento los constituían aquellos listados en las anteriores fracciones a la XIV, así como "los demás muebles e inmuebles no considerados en las fracciones anteriores que tengan un interés público y no pertenezcan a la federación ni a los particulares".

15. Que en el artículo Décimo Transitorio del decreto de reformas al Estatuto de Gobierno del DF, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 1997, el Congreso de la Unión determinó que "el patrimonio del Departamento del Distrito Federal pasará a formar parte del patrimonio de la administración pública del Distrito Federal, de conformidad con los registros, inventarios y archivos respectivos". El segundo párrafo de este artículo transitorio trata de los inmuebles de propiedad federal, destinados o que estuviesen siendo utilizados por el Departamento del Distrito Federal, al momento de la transferencia serían usados por el nuevo gobierno local "hasta en tanto la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo… no determine lo contrario de conformidad con la mencionada Ley General de Bienes Nacionales".

16. Que de las anteriores disposiciones puede concluirse lo siguiente:

a) El patrimonio inmobiliario de una dependencia del Ejecutivo federal, como lo fue el Departamento del Distrito Federal, y que pasó o fue transferido al nuevo órgano local ejecutivo de gobierno sólo fue en aquello que mencionaba el artículo 34 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.

b) Dicha Ley Orgánica ya dejaba fuera del patrimonio del Departamento del Distrito Federal a los inmuebles que pertenecieran a la federación. Para determinar cuáles son estos últimos, hay que acudir a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como al artículo 96 del Estatuto de Gobierno del DF.

c) En el Distrito Federal se puede hablar de tres tipos de inmuebles: Uno, los del dominio de la federación, en toda la tipología que regula la Ley General de Bienes Nacionales, incluyendo los bienes de uso común; dos, los de propiedad federal que cuentan con un acuerdo de destino o son utilizados por el Gobierno del Distrito Federal por alguno de los instrumentos que contempla la Ley General de Bienes Nacionales. Es decir, se trata de bienes federales y su uso (por el destinatario) tiene que hacerse conforme a lo dicte la dependencia federal competente, y tres, bienes del dominio de la administración pública.

d) Sería totalmente cuestionable el que se pretendiera sostener que el Departamento del Distrito Federal era "propietario" de ciertos inmuebles, por ejemplo: la Plaza de la Constitución o Zócalo, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, el Monumento a El Ángel de la Independencia, al momento de la transferencia explícita, el 4 de diciembre de 1997, puede afirmarse que esos inmuebles eran de jurisdicción federal.

e) Por si lo anterior no bastara, la presunción de que se habla también tiene un sustento en el propio artículo 96 del Estatuto de Gobierno. El artículo no se refiere o trata, en ninguna parte, del patrimonio del gobierno ejecutivo local, sino de los inmuebles del dominio público de la federación, inclusive el artículo trata de los inmuebles de la federación "que en el contexto urbano de la Ciudad de México sean representativos de ella". Ello debe entenderse articulado con la naturaleza de la Ciudad de México, definida en el artículo 44 constitucional: capital de la república y sede de los Poderes de la Unión. Es más, ¿acaso se puede cuestionar que, inclusive, ciertos inmuebles como los ya mencionados no sólo son representativos de la ciudad sino que también lo son de la nación y constituyen elementos de identidad nacional?

f) La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, dispone que "la bandera nacional se izará diariamente en los edificios sede de los Poderes de la Unión, en las oficinas de migración, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos internacionales; en las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero y en el asta monumental de la Plaza de la Constitución de la capital de la república". Se trata, en todos los casos, de inmuebles sujetos a la jurisdicción federal. ¿Acaso se puede sostener que lo único que es propiedad federal es el asta monumental? Responder afirmativamente sería un absurdo.

En virtud del dictamen aprobado por la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores mencionado, los suscritos, diputados federales por el Distrito Federal, hacemos las siguientes consideraciones para presentar a la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo al respecto.

II. Consideraciones

1. Los razonamientos en los que se basa el dictamen de la proposición con punto de acuerdo respecto a la utilización de los espacios públicos en el Distrito Federal son lógica, jurídica y políticamente absurdos.

Son lógica y jurídicamente absurdos porque:

a) Atribuyen al presidente de la república la determinación de bienes propiedad del Distrito Federal, ignorando que fue el Poder Legislativo el que determinó dicho deslinde, a través de la reforma al Estatuto de Gobierno del 4 de diciembre de 1997. Su artículo 137 señaló los bienes del Distrito Federal:

Artículo 137. El patrimonio del Distrito Federal se compone de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. La ley regulará el régimen patrimonial del Distrito Federal, sus disposiciones serán de orden e interés públicos y de observancia obligatoria.

El artículo 138 señaló los bienes de dominio público, entre los que se encontraba muy claramente el Zócalo capitalino, por tratarse de un bien de uso común, y el artículo 139, los de dominio privado.

b) Confunden por dolo o ignorancia la facultad del Gobierno del Distrito Federal de participar en la "restauración y conservación de monumentos históricos, artísticos o arqueológicos y demás bienes de propiedad federal", y la catalogación de tales, con la propiedad misma de cualquier bien de estas características, lo que en todo caso no sería trascendente tratándose del Zócalo porque no es un inmueble catalogado como monumento histórico, en virtud de que no cumple los requisitos exigidos por los artículos 35 y 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para ser declarado como tal.

c) Intentan hacer creer que es posible declarar como un bien de uso común de la federación al Zócalo capitalino en virtud del artículo 7o. fracción XIII de la Ley de Bienes Nacionales, cuando dicha declaratoria no tiene relación alguna con la plancha del Zócalo, que no es más que una base de cemento, que desde hace 11 años es un bien de dominio público de uso común de los mexicanos.

d) En su intento por retrotraerse a 1997, para intentar hacer una declaratoria que les hubiese gustado que se diera en ese contexto, los senadores sostienen que no se podría decir que "el Departamento del Distrito Federal era propietario de ciertos inmuebles, por ejemplo: la Plaza de la Constitución o Zócalo, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, el Monumento al Ángel de la Independencia, al momento de la transferencia explícita, el 4 de diciembre de 1997, puede afirmarse que esos inmuebles eran de jurisdicción federal".

Tratan de no notar los dictaminadores que no es lo mismo una plancha de concreto con una edificación, es decir, con un monumento así considerado y administrado por el gobierno federal. Igualmente, tratan de confundir la propiedad del Departamento del Distrito Federal con la propiedad del Distrito Federal, que en todo caso estaba surgiendo con la reforma de 1997, de la que, se insiste, formó parte automáticamente todo bien de dominio público no declarado como propiedad de la federación.

e) Finalmente, los senadores pretenden confundir la obligación de izar la bandera en "el asta monumental de la Plaza de la Constitución de la capital de la república" con la propiedad federal del asta y de la plancha misma del Zócalo de la Ciudad de México.

Las consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores son políticamente absurdas porque:

En el punto 17 de ese capítulo, afirman que "los integrantes de la Comisión del Distrito Federal han evaluado los razonamientos históricos, políticos y jurídicos expresados por los proponentes y coinciden en que éste tipo de eventos no debe tener como marco el principal espacio público de la ciudad; principalmente por el deterioro físico y de imagen urbana, así como por la mercantilización que esto implica".

Con esta afirmación el dictamen renuncia a indicar razón alguna de ésta, la única consideración política, que los lleva a intentar trasladar el Zócalo a la administración federal.

Es decir, ¿por qué el principal espacio público de la ciudad no puede albergar eventos culturales, políticos y recreativos?

¿Cuáles fueron los argumentos "históricos" y "políticos" (ya vimos los "jurídicos") que los llevaron a dictaminar en el sentido que pretende que la Cámara de Senadores les apruebe?

¿Cuál "deterioro físico" y de "imagen urbana" motiva su dictamen?, ¿Qué "mercantilización" implica la realización de eventos gratuitos en el Zócalo?

Retoman la consideración de los proponentes de que "pareciera que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal se hubieran esmerado en demeritar su dignidad y majestuosidad" por la realización de "eventos que lo demeritan al convertirlo en un centro de espectáculos públicos…", pero tampoco nos dicen en que consisten todas estas abstracciones subjetivas.

2. Los senadores de la Comisión del Distrito Federal que suscriben el dictamen, además, se abstraen de considerar el Zócalo como el espacio común de los mexicanos que es. Como punto de encuentro cultural, social, político de todos los mexicanos, no sólo de los capitalinos.

Los extranjeros se maravillan cuando visitan y disfrutan nuestros espacios urbanos, sobre todo el Centro Histórico y los eventos en el Zócalo capitalino.

Hasta libros le han dedicado al Zócalo, como el de la antropóloga Kathrin Wildner1, en el que lo mira como un espacio latente, de posibilidad, listo para cualquier uso. Su condición de espacio prácticamente vacío, sólo ocupado por el asta bandera, dice, lo hace receptivo a múltiples sentidos que se renuevan con cada uso.

La riqueza de eventos en el Zócalo provoca cotidianamente que convivan actividades culturales, políticas y sociales al mismo tiempo. Se ha convertido en la zona de la libertad de expresión por excelencia.

¿En qué "demerita" al Zócalo? ¿Qué "daño" le produce?

Al contrario, desde que se devolvió a los capitalinos el derecho de disponer de sus áreas de uso común, entre ellas el Zócalo, la vitalidad de la ciudad se ha mostrado en toda su plenitud. No desde el 2000 sino desde 1997, en que se puso en marcha el programa "La Calle es de Todos", y en la administración pasada con el programa "DFiesta en el Distrito Federal", se realizan conciertos, festivales, exposiciones, obras de teatro, recitales, de artistas mexicanos y extranjeros, de géneros populares y de culto, para público infantil, joven y adulto. Con el único denominador común de que no se cobra, de que son espectáculos de acceso libre.

No nos referiremos a las manifestaciones políticas que se realizan en el Zócalo, que han albergado a millones de mexicanos para protestar lo mismo contra la inseguridad pública que contra los fraudes electorales, contra la violencia hacia las mujeres que contra la privatización de la energía eléctrica o de Pemex, contra gobiernos locales que contra el gobierno federal. No nos referimos a estas manifestaciones políticas porque dicen los dictaminadores que no es lo que les lleva a considerar que debe pasar el Zócalo a la administración federal.

Entonces, sólo nos referimos a las manifestaciones culturales que tanto angustian a los senadores, que creen que la cultura distrae a los ciudadanos mexicanos de su atención en los verdaderos problemas de la capital.

Simplemente vale mencionar que en estos 11 únicos años de vida autónoma de la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo se han presentado miles de artistas como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, U2, Voz en Punto, Shakira, Manu Chao, Milton Nascimento, Miguel Ríos, Mercedes Sosa, Juanes, Inspektor, Robbie Williams, Rebelde, Belanova, El Tri, Carlos Vives, Lila Downs, Eugenia León, La Sonora Santaneca, Charly García, Tania Libertad, Celso Piña, Guillermo Briceño, Betsy Pecanins, la Orquesta tipica de la Casa de Música Mexicana, la Orquesta Mexicana de las Artes, Carlos Cuevas, el tenor César Rodríguez, Carmen Linares (flamenco), Cirko Demente, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Ana Belén y Víctor Manuel, Pepe Aguilar, Chayanne, Maná, Café Tacuba, Alejandro Fernández, Luis Eduardo Aute, Óscar Chávez, Laura Pausini, Moderatto, Belinda, El Cigala, Regina Orozco, Gabino Palomares, el tenor Constantino Echeverría, etcétera, etcétera, etcétera

El Zócalo ha albergado también festivales, concursos, ferias, exposiciones. La Guelaguetza, el Festival del Tambor y la Africanía, la Ceremonia el Árbol de la Vida, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, la Noche de Primavera, el Festival del Centro Histórico, la Feria del Libro, las ofrendas del Día de Muertos, las monumentales roscas de reyes, los desnudos de Tunik, las quinceañeras, los aficionados de la música, la poesía, la literatura, la pintura, la fotografía… El Zócalo es el espacio para transmitirse.

Desde 1997, cada año se realizan miles de eventos. Se calcula que anualmente por lo menos dos millones de mexicanos acuden al Zócalo exclusivamente a sus eventos culturales.

Sí, también se han realizado espectáculos deportivos y recreativos. ¿En qué demerita una pista de patinaje al Zócalo, en la que se divierten miles de personas?

¿Qué es lo que pretenden los senadores? ¿Regresar a los tiempos en que los capitalinos no podíamos usar la ciudad? ¿Quitar a la gente el principal espacio, esos metros cuadrados, que los gobiernos elegidos por los propios capitalinos devolvieron a los mexicanos?

¿Qué quieren los senadores que el Estado Mayor Presidencial bloquee el Zócalo permanentemente? ¿Sitiarlo y llenarlo de militares que resguarden su "dignidad"?

3. Los mexicanos, sobre todo los habitantes de la Ciudad de México, no podemos permitir ninguna regresión al centralismo autoritario del siglo pasado priista. La dignidad que buscamos es la de los habitantes, no la de los poderes ni la del pavimento.

Los capitalinos ya ganamos nuestra incorporación, por fin, al régimen federal. Vamos a empujar nuestra autonomía plena. Para ese camino no hay, no puede haber, concesión alguna.

Los tiempos del Supremo Poder Conservador centralista se acabaron hace dos siglos.

Con base en los antecedentes y consideraciones expresados, los diputados firmantes, proponemos a la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia por el respeto irrestricto a los avances logrados en las dos últimas décadas por la población del Distrito Federal para el ejercicio de su autonomía plena y para ser considerada como entidad integrante de la federación en igualdad de derechos y facultades.

Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia por resguardar al Zócalo capitalino como el espacio por excelencia de la libre expresión cultural, política y social de los mexicanos.

Tercero. La Cámara de Diputados se pronuncia por avanzar en la reforma del Distrito Federal en términos progresistas. Es decir, sin amenazar ni una sola de las facultades y derechos que actualmente ya tienen tanto los ciudadanos como las instituciones de la capital.

Nota 
1) Kathrin Wildner. La plaza mayor, ¿centro de la metrópoli? Etnografía del Zócalo de la Ciudad de México. UAM, México, 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2008.

Diputados: Javier González Garza, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Armando Barreiro Pérez, Maricela Contreras Julián, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Andrés Lozano Lozano, Pablo Trejo Pérez, Víctor Gabriel Varela López, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Miguel Ángel Solares Chávez, Silvia Oliva Fragoso, Valentina Valia Batres Guadarrama, Adrián Pedrozo Castillo, David Mendoza Arellano, Claudia Lilia Cruz Santiago, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbricas). 

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