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Dr. Dante Armando Cervantes Anaya


CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO

PONENCIA
HACIA EL SISTEMA UNIVERSAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Esta gente que vino conmigo han pasado increíbles peligros y trabajos. Suplico a V. A., porque son pobres, que les manden pagar luego y les hagan mercedes a cada uno según la calidad de la persona, que les certifico que, a mi creer, les traen las mejores nuevas que nunca fueron a España.” (Cristóbal Colón. Carta 07 de Julio de 1503)
Para iniciar la presente exposición es necesario hacer algunas precisiones terminológicas a fin de abordar el presente tema.
1.- SEGURO SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL

En principio, es importante señalar que no es lo mismo hablar de Seguro Social y Seguridad Social. Por Seguro social entendemos el régimen legal y administrativo conformado por un conjunto de derechos y obligaciones que se traducen en el otorgamiento de prestaciones contra uno o varios riesgos sociales y en la recepción de los ingresos económicos correspondientes para el pago de esas prestaciones1. Por Seguridad Social entendemos el sistema integral de políticas, normas, actividades de administración y procedimientos destinados a prevenir los riesgos sociales y reparar sus efectos (más adelante precisaremos lo que se entiende por el derecho a la Seguridad Social)

Por ejemplo, según el Foro Regional sobre Seguridad Social en Salud, llevado a cabo en Bogotá a comienzos de 1999, se llegó a formular un concepto de Seguridad Social que fue plasmado en el artículo 48 de la nueva Constitución Política Colombiana. En este artículo, se definió la Seguridad Social como un servicio público dirigido y controlado por el Estado y como un derecho irrenunciable por parte de los ciudadanos. Además, se estableció la necesidad de elaborar la ley correspondiente que le diera mayor concreción al enunciado constitucional.

Es así, que en la actualidad resulta que las Prestaciones de Seguridad Social en Colombia pueden ser otorgadas por entidades oficiales o por particulares ganando sentido en este ultimo caso la dirección, coordinación y control estatales.2

Lo que nos hace asumir que todavía nos encontramos en la etapa de los Seguros Sociales al igual que el Perú en que en el Artículo 10 de la Constitución Política de 1993 se ha definido que “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la Seguridad Social para su protección frente a las contingencias que precise la Ley y para la elevación de su calidad de vida”. Un análisis mínimo de este artículo nos lleva a la conclusión que se ha confundido riesgo social con contingencia social, se ha minimizado la actividad preventiva de la Seguridad Social y se ha considerado a la Seguridad Social como un derecho universal, pero progresivo lo que implica reconocer que hay grupos de personas que no tienen acceso a la Seguridad Social porque serán incorporados progresivamente.
En ese orden de ideas, corresponde revisar la historia y encontraremos que la Seguridad Social se constituyó inicialmente en una técnica para resolver los riesgos y contingencias sociales originados por la revolución industrial, que otras técnicas tales como: el ahorro, la beneficencia, la mutualidad y el seguro privado no podían atender de forma mínimamente satisfactoria.
“La Seguridad Social se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otras. La Organización Internacional del Trabajo, (OIT), en un documento publicado en 1991 denominado "Administración de la seguridad social" definió la Seguridad Social como: "La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos."” (http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social)
2.- LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA HISTORIA

Sin embargo, la Seguridad Social tal como la hemos definido, históricamente fue entendida en forma diferente. Su antecedente inmediato fueron los Seguros Sociales, que se iniciaron en la mayoría de los países europeos a finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. En su primera etapa abarca solo a los trabajadores manuales y de menores ingresos, para irse extendiendo progresivamente al conjunto de los asalariados y a profesionales y autónomos (es importante resaltar el carácter cada vez más extensivo de la Seguridad social)

Los Seguros Sociales surgen entonces para cubrir cada riesgo social aisladamente: enfermedad, vejez, invalidez, cargas familiares, etc. y se organizan de forma separada por cada necesidad cubierta. Se financian mediante cuotas abonadas conjuntamente por los empresarios y los trabajadores o solamente por los empresarios (cuando la situación de necesidad se deba a riesgos profesionales), aunque en una evolución posterior los Estados empiezan a asumir una parte de la financiación.

Los Seguros Sociales son escogidos por el movimiento obrero de forma preferente a las formas de protección asistenciales, por cuanto en éstas la necesidad de probar el estado de necesidad era visto como una humillación, mientras que los Seguros Sociales eran considerados como un salario diferido al que se tenía derecho como consecuencia del trabajo.

Así, el término Seguridad Social en sentido propio surge en los años treinta y cuarenta del siglo pasado (el término se usa por primera vez en la Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos en 1935) y supone una superación de los sistemas de Seguros Sociales en varios sentidos:

a.- Se incrementa la aportación estatal en la financiación.

b.- Se introducen pensiones mínimas garantizadas, lo que implica una diferencia con el método de los Seguros Sociales de estricta correspondencia entre cotizaciones y prestaciones.

c.- Junto a las prestaciones económicas, se incluyen prestaciones de servicios, no sólo recuperadoras sino también preventivas3.

d.- Los riesgos se gestionan conjuntamente y su gestión se hace pública.
En consecuencia, la Seguridad Social fue concebida como un esfuerzo para eliminar la miseria o para la liberación de la necesidad4, cuyos ejes principales se encuentran en el Informe Beveridge y revela que la Seguridad Social deberá ser tratada como una parte de una vasta política de progreso social que se realiza por la cooperación entre el Estado y el Individuo5.
3.- DE LA INVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

Hacia el siglo XIX se produce en América latina el transplante de la Seguridad Social del Modelo de Birmark y se emiten normas para la implementación de seguros sociales estatales de índole laboralista, que tuvieron un buen auge en los primeros 10 años y luego se convirtieron en mecanismo de solución de los problemas fiscales (una especie de caja chica) generándose de esta forma un inadecuado dispendio de fondos que sistemáticamente fueron desprestigiando el sistema y constituyendo una verdadera bomba de tiempo por considerárseles impagables los montos dispendiados (equivalente al 50% de la deuda externa en el caso de Perú a fines de 1993).

Frente a todo ello, surge la alternativa de dividir los Seguros Sociales en Seguros de Prestaciones de Salud que incluían hospitalización, consulta ambulatoria, farmacia, rehabilitación, prótesis y atención odontológica, preventivas y recuperativas; y en Seguros Sociales a cargo del Estado para prestaciones económicas a quienes ya hubiesen alcanzado el derecho a la pensión dentro de un contexto de congelación del sistema y aumento de contribuciones, estableciéndose, además, requisitos para quienes todavía estuviesen en condición de activos.6

El siguiente paso fue la implementación de un proceso neoliberal de aporte y ahorro individual del trabajador para el otorgamiento de las prestaciones contra los riesgos y contingencias, todo lo que es administrado con criterio lucrativo dentro de las reglas de la oferta y la demanda por Sociedades Anónimas denominadas AFPs.

Explicado concretamente el proceso involutivo de la Seguridad Social se presentan las siguientes dificultades para el régimen de ahorro individual de las AFPs.: la falta de representación en el Directorio de la Sociedad de los principales Accionistas de las AFPs como son los trabajadores aportantes, la pulverización de los ahorros por la inestabilidad económica de los Estados, la necesidad de legislar sobre el monto de una pensión mínima que permita una asignación decorosa y no el monto matemático del dinero ahorrado y devaluado. Todo ello al margen del porcentaje de aporte en comisiones, gastos de administración y reaseguros que hacen que el régimen sea mas costoso que el ahorro en la banca comercial privada.

Finalmente, las Prestaciones de las Administradoras Privadas de Pensiones tienen un diseño tanto para salud como para pensiones que estigmatiza a los grupos sociales en función a su capacidad económica con alternativas para salud por capas de atención en función al menor o mayor aporte realizado y para pensiones sus modalidades de retiro programado, renta vitalicia personal, renta vitalicia familiar y una mezcla de la primera con la ultima resultan una tergiversación complicada al que los trabajadores tiene que ser sometidos obligatoriamente sin posibilidad de retorno a los sistemas de pensiones públicos (por lo menos así sucedió en el Perú en los primeros 5 años de implementación del régimen de las AFPs. )
“Aceptando que el principal objetivo de la Seguridad Social es ofrecer un seguro en contra de la pérdida de renta laboral causada por determinadas contingencias, la cuestión relevante se convierte en si el Estado tiene alguna superioridad sobre el sector privado a la hora de diseñar y ofrecer este tipo de seguro.”

(http://www.econ.upf.es/crei/activities/other/jornadas/jimeno.pdf)
4.- DE LA INVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ

La involución del derecho a la Seguridad Social en el Sistema Jurídico Peruano resulta evidente de la enumeración normativa que a continuación se detalla:
1.- DECRETO LEY 19990 “El Gobierno Revolucionario crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social” (publicada el 30 de abril de 1973)

2.- DECRETO LEY 20530 “Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990” (publicada el 27 de febrero de 1974)

3.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1979 (publicada el 13 de julio de 1979) que establecía la intangibilidad y ultractividad de los derechos reconocidos por el decreto Ley 20530 y Decreto Ley 19900.

4.- DECRETO LEY 25967 “Modifican el goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano de Seguridad Social ­ IPSS” (Publicado el 19 de diciembre de 1992)

5.- CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 (publicación 30 de diciembre de 1993)

6.- DECRETO LEGISLATIVO 817 “Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado” (publicado el 23 de abril de 1996)

7.- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 008-96-I-TC “Declaran fundada en parte demandas acumuladas de inconstitucionalidad interpuestas contra diversos artículos de la Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado” (publicado el 26 de abril de 1997)

8.- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 007-96-I-TC (Acumulado) “Declaran fundada en parte demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos y disposición transitoria del D. L. 25967, que modificó el goce de pensiones de jubilación que administraba el IPSS” (publicado el 27 de abril de 1997)

9.- LEY 26835 “Establecen que la ONP es la entidad competente para reconocer y declarar pensiones derivadas de derechos pensionarios legalmente obtenidos al amparo del D. L. 20530” (publicado el 04 de julio de 1997)

10.- DECRETO SUPREMO 004-98-EF “Aprueban Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones” (publicado el 21 de enero de 1998)

11.- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 001-98-AI-TC “Declaran inconstitucionales diversos artículos y disposiciones complementarias, transitorias y finales de la Ley 26835” (publicado el 27 de junio de 2001)

12.- LEY 27617 “Ley que dispone la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19990 y modifica el Decreto Ley 20530 y la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones” (publicado el 01 de enero de 2002)

13.- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 005-2002-AI-TC (ACUMULADAS) “Declaran fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad parcial de la Ley 27617, que modifica los DD. LL. Ns. 19990 y 20530, así como la normatividad aplicable al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones” (publicado el 24 de abril de 2003)

14.- LEY 28047 “Ley que actualiza el porcentaje de aporte destinado al fondo de pensiones de los trabajadores del Sector Público Nacional y regula las nivelaciones de las pensiones del régimen del Decreto Ley 20530” (publicado 31 de julio de 2003)

15.- LEY 28389 “Ley de Reforma de los artículos 11, 103 y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú” (publicada el 17 de noviembre de 2004)

16.- Sentencia del Tribunal Constitucional EXPEDIENTE 050-2004-AI-TC “Declaran infundadas demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 28389 y fundadas en parte demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 28449 que modificaron régimen pensionario regulado por el D. L. 20530” (publicado el 12 de junio de 2005)

17.- Sentencia del Tribunal Constitucional EXPEDIENTE 0030-2004-AI-TC “Declaran Inconstitucional el criterio porcentual de aportaciones establecido en el Art. 1 de la Ley 28047, Ley que actualiza el porcentaje de aporte destinado al fondo de pensiones de los trabajadores del Sector Público Nacional y regula las nivelaciones de las pensiones del régimen del D. L. 20530” (publicado el 20 de enero de 2006)

18.- Ley 28849 Ley que establece las nuevas reglas pensionarias en el Decreto Ley 20530.
Como se puede apreciar del recorrido normativo realizado, en el sistema jurídico peruano resulta evidente la emisión de normas sobre materia previsional en la mayoría de los inconstitucional, situación que reduce sustancialmente el contenido del derecho universal a la Seguridad Social.
5.- LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

"Los sistemas de seguridad social no sólo contribuyen a la seguridad humana, la dignidad, la equidad y la justicia social, sino que constituyen además una base para la inclusión política, la habilitación y el desarrollo de la democracia", planteó el Sr. Somavia. "Los sistemas de seguridad social diseñados con acierto mejoran el rendimiento económico y, de esta manera, contribuyen a la ventaja comparativa de los países en los mercados mundiales. Tenemos voluntad, y ahora debemos encontrar una vía que nos permita dotar a un mayor número de personas de las prestaciones sociales necesarias para sobrevivir y prosperar." (http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/49/socialsec.htm)
Ahora bien, en concordancia con lo señalado, podemos distinguir históricamente dos sistemas de Seguridad Social.
5.1.- SISTEMA UNIVERSALISTA

En primer lugar, tenemos los sistemas de Seguridad Social universalistas o asistenciales. En este sistema el título de inclusión es la ciudadanía, a veces unida a la carencia de rentas. Se financian mediante impuestos. Sistemas de este tipo han sido el inglés7 (diseñado después de la Segunda Guerra Mundial por una de las figuras en la historia de la Seguridad Social, William Beveridge), el neozelandés y los escandinavos. Se financian mediante cotizaciones uniformes e impuestos; inicialmente proporcionaban prestaciones uniformes. En el caso de Inglaterra lo limitado de estas prestaciones ha conducido a que sean complementadas por prestaciones de empresa y sector, basadas en el ahorro forzoso de los asalariados y sin participación de los actores nacionales - estatales de la relación salarial. Las prestaciones se gestionan por la Administración Fiscal para los sectores de menor poder adquisitivo de los trabajadores y por la industria financiera para las prestaciones complementarias del resto. Las situaciones de privación de empleo no son cubiertas según este modelo por los empresarios, sino por los poderes públicos a través de ingresos mínimos. La distribución de los ingresos es confiada al mercado y una cierta redistribución - escasa en Inglaterra, más elevada en los países escandinavos - es confiada al Estado. La falta de un sólido anclaje salarial en el modelo inglés de Seguridad Social le origina una permanente incapacidad para escapar de la asistencia pública.
“El sistema universalista, en el que el Estado asume un papel netamente dominante y se amplían a toda la población, como derechos sociales, los derechos de pensión, prescindiendo del mercado. Es el caso de Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y con matices, Holanda y Dinamarca.” (http://www.politica.ua.es/jornadas/PDF/mateos.pdf)
5.2.- SISTEMA CONTRIBUTIVO

En segundo lugar, encontramos los sistemas de Seguridad Social contributivos que son aquellos que se entroncan de forma más nítida con los Seguros Sociales. El título de inclusión en el sistema se basa en la realización de una actividad profesional. La fuente principal de financiación está constituida por las cotizaciones basadas y proporcionales a los salarios y que son abonadas por empresarios y trabajadores. Se les suele llamar también como continentales, en la medida en que los sistemas más típicos de este tipo son el francés y el alemán. Estos sistemas están orientados hacia el mantenimiento, cuando sobrevenga un riesgo como el accidente o la vejez, del nivel de ingresos de que se disponía con anterioridad. Así, pues, proporcionan prestaciones proporcionales al ingreso al que reemplazan, a menudo con un límite máximo para la cuantía de las prestaciones, paralelo a otro límite para las cotizaciones. Si el nivel de prestaciones es elevado, como ha ocurrido hasta hace poco en el sistema francés, se hace innecesario el ahorro de los trabajadores y la redistribución mediante la fiscalidad. En este tipo de sistemas la protección social es de tipo salarial: junto al salario directo, la cotización es un salario indirecto mediante la cual cada grupo social de los asalariados - jubilados, enfermos, etc. - recupera las cotizaciones de los activos ocupados bajo forma de prestaciones, sin necesidad de previa acumulación en ahorro, ya que son inmediatamente distribuidas. En estos sistemas el salario juega el papel de elemento de distribución que en los sistemas anglosajones desempeñan la redistribución mediante impuestos y el ahorro salarial. La respuesta a las necesidades derivadas de la carencia de rentas ofrece una plasmación importante de la lógica de respuesta de los diferentes sistemas de Seguridad Social. En el último período está surgiendo un importante debate sobre si estas rentas deben ser “incondicionales”, es decir con independencia de la disposición de acceder o no a un trabajo asalariado o estar condicionadas a la imposibilidad de acceder al mismo.
“El Sistema contributivo de la Seguridad Social se estructura en varios regímenes. Por un lado, el Régimen General cubre, con ciertas excepciones, a los trabajadores por cuenta ajena de la industria y de los servicios y, por vía de asimilación, otras categorías profesionales. Por otro lado, existen Regímenes Especiales con un ámbito de aplicación específico y dirigido a colectivos que por sus características socioeconómicas concretas precisan de una acción protectora diferenciada. Los Regímenes Especiales actualmente en vigor son: i) Régimen Especial de la Minería del Carbón, Régimen Especial Agrario por Cuenta Ajena, Régimen Especial Agrario por Cuenta Propia, Régimen Especial de Empleados del Hogar, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y Régimen Especial de Trabajadores del Mar. El sistema otorga cinco tipos de pensiones: incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares.”

(http://www.econ.upf.es/crei/activities/other/jornadas/jimeno.pdf)
“Respecto al sistema de financiación de las pensiones, existen al menos dos grandes sistemas: 1.- Cada individuo durante su vida laboral contribuye con una parte de sus ingresos a la generación de su propio fondo de pensiones, es decir, ahorra hoy para su jubilación el día de mañana. (sistema de capitalización); 2.- O bien, hoy cotiza para financiar las rentas de quienes perciben hoy las pensiones (sistema de reparto con solidaridad intergeneracional)” (http://www.politica.ua.es/jornadas/PDF/mateos.pdf)
6.- EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL

A partir del desarrollo histórico de la Seguridad Social, ésta se fue configurando en un valor, principio, directriz cada vez más inherente a los ciudadanos. La Seguridad Social paso a formar parte del Ciudadano en cuanto tal, surgiendo el derecho humano a la Seguridad Social inherente a cualquier persona humana.
“Por tanto, en esta ocasión nos referiremos al derecho constitucional o fundamental a la seguridad social y no al Derecho de la Seguridad Social. El primero es un derecho subjetivo, el segundo, por el contrario, es por un lado, un Derecho (con mayúscula) objetivo o positivo (normas) y por otro, se trata de la rama de la ciencia jurídica que lo estudia. El derecho a la seguridad social, descrito así, sería objeto de regulación del Derecho (en sentido normativo o positivo) y parte del objeto de estudio del Derecho como ciencia, en nuestro caso, del Derecho Constitucional de la Seguridad Social.” (NAVARRO FALLAS, Román A. El derecho fundamental a la seguridad social, papel del estado y principios que informan la política estatal en seguridad social. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc, 2002, vol.10, no.1, p.13-18. ISSN 1409-1259)
7.- PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Este derecho humano no surgió sólo sino que alrededor de él se configuraron principios que sustancian este derecho.
Para el presente trabajo, tomaremos en cuenta algunos de los principios del derecho a la Seguridad Social, sin perjuicio de la existencia de otros principios.
7.1.- PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD

En primer lugar, tenemos el principio de universalidad mediante el cual la Seguridad Social apunta a proteger a toda persona en estado de necesidad; su universo es la totalidad de la Ciudadanos, e incluso, en su concepción más amplia se extiende a quienes transitoriamente se encuentran dentro de un determinado territorio, ello es en la mayoría de países, solo una meta y no un logro. Por lo general, la Seguridad Social suele estar dirigida sólo a los trabajadores y sus familiares8, razón por la cual es vista como un capitulo del derecho laboral, con el que en realidad solo guarda una relación de coordinación, mas no de subordinación.
“Entre los grandes desafíos de las reformas de la Seguridad Social está el de avanzar hacia sistemas universales que mantengan los equilibrios financieros y permitan un financiamiento sostenido de los beneficios. La construcción de un sistema de previsión social universal hace imprescindible incorporar crecientes grados de solidaridad en el financiamiento. Sin solidaridad no es posible avanzar hacia la universalidad.” (TITELMAN, Daniel ; UTHOFF, Andras y JIMENEZ, Luis Felipe. Hacia una nueva seguridad social en el siglo XXI: sin solidaridad en el financiamiento no habrá universalidad. Rev Panam Salud Publica, jul./ago. 2000, vol.8, no.1-2, p.112-117. ISSN 1020-4989.)
7.2.- PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD

En segundo lugar, encontramos el principio de Integralidad por el que se precisa que la cobertura de los riesgos sociales debe ser total, oportuna y suficiente (ejemplos de riesgos pueden ser: la enfermedad, maternidad, accidente común y de trabajo, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cargas familiares ).
El principio de integralidad, es una garantía derivada del bien jurídico del derecho y de la dignidad humana. La sociedad no le brinda ninguna seguridad a la persona, si se dejan consecuencias (necesidades) importantes sin cubrir (por ejemplo, servicios hospitalarios, intervenciones quirúrgicas de alto coste, etc.).” (NAVARRO FALLAS, Román A. El derecho fundamental a la Seguridad Social, papel del estado y principios que informan la política estatal en seguridad social. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc, 2002, vol.10, no.1, p.13-18. ISSN 1409-1259)
7.3.- PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

En tercer lugar, está el principio de solidaridad por el que se debe de garantizar la redistribución equitativa de riqueza de tal manera que quien más tiene aporte un monto mayor que quien menos tiene, esto es, imponer sacrificios a los sanos frente a los enfermos, a los jóvenes frente a los que no lo son, a los que trabajan frente a los que no lo hacen9. Por lo tanto una manera de soportar mejor el costo social incluso del desempleo y el subempleo radica en la Seguridad Social. 10
“Aceptando la necesidad de que las reformas de la seguridad social avancen hacia esquemas universales que incorporen tanto a trabajadores formales e informales como a la población indigente, el tema del financiamiento de la solidaridad adquiere un lugar primordial en la agenda política futura. De hecho, si la introducción del criterio de equivalencia entre contribuciones y beneficios no está bien diseñada, puede contravenir el principio de solidaridad que debería guiar el sistema de contribuciones a la seguridad social.” (TITELMAN, Daniel ; UTHOFF, Andras y JIMENEZ, Luis Felipe. Hacia una nueva seguridad social en el siglo XXI: sin solidaridad en el financiamiento no habrá universalidad. Rev Panam Salud Publica, jul./ago. 2000, vol. 8, no.1-2, p.112-117. ISSN 1020-4989.)
8.- LA OIT Y LA SEGURIDAD SOCIAL

El reconocimiento de la Seguridad Social como un derecho humano universal y la existencia de principios que la sustentan, implico la regulación de este derecho a través de organismos supranacionales como es el caso de la OIT.
“En 1944, la Conferencia reconoció «la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan (…) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa». Ha llegado el momento de
renovar la campaña de la OIT para mejorar y extender la cobertura de la seguridad social a quienes la necesiten. Se invita al Director General a que examine las conclusiones que figuran a continuación con el rigor y la urgencia que merecen con objeto de eliminar una injusticia social de primer orden que afecta a cientos de millones de personas en los Estados Miembros. La seguridad social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de toda la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social. Forma parte indispensable de la política social11 de los gobiernos y es una herramienta importante para evitar y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad nacional y la distribución justa de la carga, puede contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia social. También es importante para la integración política, la participación de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia. La seguridad social, administrada correctamente, aumenta la productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales. En conjunción con una economía creciente y unas políticas de mercado laboral activas, es un instrumento para el desarrollo socioeconómico sostenible. Facilita los cambios estructurales y tecnológicos que requieren una fuerza laboral adaptable y móvil. Cabe señalar que la seguridad social, aunque represente un costo para las empresas, es también una inversión en las personas o un apoyo a las mismas. Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural, la seguridad social es más necesaria que nunca.”

(http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/segsoc/general/resolucion.html)
En efecto, a través del Convenio 102 “Convenio sobre la seguridad social (norma mínima)” de 1952 la OIT dio algunos alcances sobre la regulación de este derecho. De esta regulación es importante resaltar las siguientes normas:
“Artículo 7.- Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o curativo, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.”
Es de resaltar de esta norma el carácter vinculante respecto de los Estados Miembros.
“Artículo 8.- La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias.”
En esta norma, se puede verificar la amplitud de contingencias que se deben de garantizar.
“Artículo 11.- Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos, o a los miembros de las familias cuyo sostén haya cumplido dicho período.”
Se puede verificar, aunque en forma tímida, el carácter universal de la seguridad social.
9.- PROPUESTAS

De esta manera, en concordancia con lo antes señalado, nuestras propuestas son las siguientes:


  1. Un solo sistema mixto de Seguridad Social que combine el sistema universalista y contributivo. Sistema universal de Seguridad Social de prestaciones de salud de carácter universal para todos los Ciudadanos Latinoamericanos. El Ciudadano Latinoamericano por el sólo hecho de ser persona, en cualquier tiempo y lugar tendrá acceso a los sistemas de Seguridad Social.12

  2. El sistema de Seguridad Social propuesto en el punto anterior comprenderá a todos los ciudadanos comprendidos entre los 18 (promedio de mayoría de edad) y 28 años de edad (teniéndose en cuenta el tiempo para terminar una actividad profesional, técnica, etc.). Entendiéndose que este sistema de Seguridad Social no sólo implica la asistencia social sino a la Seguridad Social en su conjunto.13

  3. Un único sistema universal de Seguridad Social de prestaciones económicas y/o de especie y/o de servicios14 por vejez, con carácter vitalicio. Prestación que será equivalente a un sueldo mínimo vital para todos los ciudadanos latinoamericanos que tengan más de 70 años de edad (el promedio de vida de un ciudadano latinoamericano)15.

  4. La generación de Políticas de Estado (v. g. establecer un porcentaje del producto bruto destinado a la Seguridad Social) insertadas en lo posible en los Textos Constitucionales que determinen un financiamiento cierto e ineludible de redistribución de riqueza que permita elevar la calidad de vida de los Ciudadanos Latinoamericanos y reducir las desigualdades e iniquidades sociales existentes. 16

  5. El restablecimiento y/o reestructuración de los sistemas de Seguridad Social “Públicos” para evitar la ausencia de solidaridad y el enmascaramiento de Técnicas primarias de protección social a través del ahorro individual y el lucro por el tratamiento de riesgos sociales.17

  6. El tratamiento autónomo de la Seguridad Social a través de personas jurídicas distintas a las del Estado y con participación minoritaria de éste, que impida el uso inapropiado de los fondos de Seguridad Social los mismos que serán intangibles.

  7. El restablecimiento del Sistema de Prima Escalonada para el soporte financiero de Prestaciones Económicas, y del Sistema de reparto para Prestaciones de Salud con una participación solidaria intergeneracional que cuente con la participación de la Sociedad Civil, el Estado18, los Trabajadores y Empleadores ( Aporte cuatripartito )19.

  8. Por último, consideramos que la etapa sobreviniente a la concepción constitucionalista de la Seguridad Social como derecho humano esencial es la de un Sistema Universal de Seguridad Social que permita el surgimiento de el derecho a la realización humana a través de políticas, mecanismos, actividades, sistemas y regímenes que permitan una equitativa redistribución de riqueza, el destierro de la miseria y un sistema mínimo indispensable de prestaciones contra los riesgos de enfermedad común y profesional, y de vejez para la población que supere los 70 años de edad pudiendo este último aspecto ser progresivo en base a un crecimiento estable sostenido y saludable de la economía de cada país. En otras palabras, intuimos que el derecho a la Seguridad Social se constituirá en un derecho humano esencial que como eje de desarrollo permitirá políticas de Estado, planes de gobierno y creación de sistemas que hagan viable la solidaridad, la equidad y la redistribución económica como mecanismos que tangencialmente cruzan este nuevo “derecho a la realización humana” por la Seguridad Social.
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