Habeas corpus






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títuloHabeas corpus
fecha de publicación21.09.2015
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Nelson Mandela DD. HH.”
Centro de Estudios e Investigación Social

Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500 Tel/fax: (54 - 03722) 428475

Página web: http://ar.geocities.com/centromandela E mail: centromandela@yahoo.com.ar





ALCAIDIA DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA

LA CASA DEL HORROR

HABEAS CORPUS




El día 17 de noviembre del corriente año familiares de detenidos en la Alcaidía de la ciudad de Resistencia promovieron un habeas corpus ante el propio Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

El colapso estructural del establecimiento donde funciona la Alcaidía de Resistencia es una realidad que ya no se puede discutir desde ningún punto de vista. Sin embargo, el actual Ministro de Gobierno, Dr. Hugo Matkovich, representando la visión el actual gobierno, pretende que los internos no reclamen y continúen alojados en las condiciones inhumanas de mayor hacinamiento que recordemos en las cárceles de nuestra provincia. Es evidente que el Ministro y la Alianza Frente de Todos se inclinan por el sufrimiento y el castigo de los imputados y procesados, además de los condenados, violando expresamente las pautas establecidas en el art. 18 de la Constitución Nacional, en el art. 17 de la Constitución Provincial y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en nuestro país desde la última reforma constitucional. Esta sola circunstancia demuestra la inhabilidad política y moral del actual ministro para continuar ejerciendo sus funciones como tal; no obstante ello, aún ante el pedido expreso de su renuncia por parte de numerosos sectores sociales, continúa en el cargo ayudado por circunstancias inexplicables que auspician su permanencia en el poder político chaqueño, aún cuando las cuestiones más delicadas de interés público siempre culminan vinculándolo de una u otra manera.

Ahora, queda la instancia de la intervención del Superior Tribunal de Justicia para que haga cesar la sistemática violación de los derechos humanos que afecta a la totalidad de la población detenida en la Alcaidía de la ciudad de Resistencia. Es de esperar una pronta y rápida resolución por parte del órgano superior del Poder Judicial y, especialmente, que el pronunciamiento que dicte imponga al poder político la exigencia del cumplimiento de las pautas de detención y condiciones de los establecimientos carcelarios al mandato constitucional y a los preceptos incorporados a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El texto de la presentación de habeas corpus
Cardozo, Seferina, DNI N° 23.188.159, domiciliada en quinta 74, Presidencia de la Plaza, Zayas, Marta Susana, DNI N° 14.496.849, domiciliada en Carrasco 1511, Núñez, Soledad Beatriz, DNI N° 35.689.579, domiciliada en Gabriel Carrasco 1511, Delgado, Mariana Soledad, DNI N° 31.699.256, domiciliada en 444 viviendas, Barrio Nueva Esperanza, Fontana, Rodríguez, Silvia Elizabeth, DNI N°22.379.571, domiciliada en Brown 1685, Gomez, Patricia Verónica, DNI N° 28.318.815, domiciliada en Pasteur y Pasaje Bolivia 1.700, Barranqueras, Muñoz Norma Beatriz DNI N° 16.489.382, con domicilio en La Paz 219, Asentamiento Carlos Menem Jr,, Algarbe, Marcela, DNI N° 23.285.272, con domicilio Villa María Cristina, B° La Toma, Medina, Ramona Ester, DNI N° 12.105.746, con domicilio en Av. Belgrano 2115, De Pepe, Lidia Beatriz, DNI N° 18.324.807, domiciliada en Libertad 905, Villa Ercilla, Villalba Diaz Nadia, DNI N° 33.072.216, con domicilio en Jujuy 951, Solis, Verónica Nancy, DNI N° 25.973.091, con domicilio en Misionero Klein 1430, Correa, Rosa Olga, DNI N° 13.719.921, domiciliada en Italia y calle 16, Aquino, Juliana, DNI N° 17.905.687, domiciliada en 400 viviendas, Barrio Nueva Esperanza, Fontana, Espíndola, Claudia, DNI N° 26.212.680, domiciliada en J. Ramón Lestani 5.520, Monzón, Hilda, DNI N° 20.102.157, domiciliada en Pasaje Sargento Cabral 954, Rolón Diana Noelia, DNI N° 24.066.975, con domicilio en Cuberlli 560, Villa Río Negro, Mansilla Catalina Rosa, DNI N° 11.905.356, con domicilio en Pasaje Pueyrredón 1350, Navarro, Eustaquia, DNI N° 18.620.418, domiciliada en Pasaje Fortín Rivadavia 1.824, Vera, Lucía Alejandra, DNI N° 28.858.615, domiciliada en Francisco Solano 1.145, Ruiz Diaz, Rocío Marisel, DNI N° 29.465.480, con domicilio en Duvivier N° 3.000, Espíndola María Ester, DNI N° 6.213.701, con domicilio en Muricio Felman 272, ciudad; en nombre de personas detenidas en la Alcaidía de Resistencia, por derecho propio y con el patrocinio letrado de los Dres.: Rolando Nuñez, Mario F. Bosch, Laura B. Tissembaumm, Roberto Mena, Daniel De Sena, Marcelino Leiva, José Ballesta, constituyendo domicilio en Av. Alberdi 338, ciudad, respetuosamente a Vs. Exs. DECIMOS:

OBJETO


Venimos por la presente a interponer Hábeas Corpus a favor de los internos de la Alcaidía de Resistencia, de conformidad a los arts. 43 de la Constitución Nacional, 19 de la Constitución Provincial, art. 1 inc. c), de la Ley 4.327.

Facultad de denunciar


De conformidad al art. 2 de la Ley 4.327 nos encontramos facultados a denunciar sobre las condiciones que se detallarán a continuación, toda vez que la citada normativa faculta a terceras personas que en su nombre, sin necesidad de representación y sin ninguna formalidad procesal tenga conocimiento de un acto u omisión de autoridad pública comprendidos en el art. 1 de la Ley 4.327.
Presupuesto constitucional

La presente acción se interpone a los efectos de solicitar el cese de los agravamientos ilegítimos en que se cumplen las condiciones de privación de libertad de los internos de la Alcaidía, de conformidad al art. 19, 2do párrafo de la Constitución Provincial y art. 1 inc. c) de la Ley 4327.
ANTECEDENTES

En menos de 2 meses se produjeron 2 rebeliones por parte de los internos de la Alcaidía de Resistencia, en la primera permanecieron las visitas en los pasillos del edificio varios días y en la última el 3 de octubre de 2005 se tomó como rehén a 3 agentes de la Policía de la Provincia del Chaco, permaneciendo la visita en los pasillos de la Unidad por varios días.

El 5 de octubre de 2005 se interpuso un hábeas corpus ante el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Susana Gutierrez, Expediente N° 26388/05; quien ordenó un control e informes diarios sobre la situación de la Unidad así como un relevamiento, a cerca de los internos, estado sanitario de los mismos y condiciones de habitabilidad edilicia. Esta medida fue dispuesta por 30 días.

El día 24 de octubre un grupo de familiares manifestó que las condiciones de hostilidad de la custodia hacia los internos se había agravado desde el último incidente.

Refirieron un estado de descontrol y desorden en los pabellones internos, asegurando solo el perímetro de la Unidad con fuerzas especiales – COE-.

No se presta el servicio alimentario mínimo adecuado.

Se refiere golpes y maltrato en los traslados, al salir de la Unidad y al regresar a ella.

El régimen para las visitas se volvió vejatorio y humillante; tanto para internos como para visitas. A modo ilustrativo señalamos que la Sra. Mónica Estela Bonilla DNI 23.293.866, familiar de Calos Samuel Jiménez, refirió que delante de sus 4 hijos fue dejada desnuda y obligada a exhibir sus partes pudendas; así como a 3 de sus hijos de 8 (varón) , 5 (varón) y 7 ( nena) años quienes quedaron totalmente desnudos a la vista del personal de Drogas Peligrosas que se encarga de esta tarea.

Convive una población de 460 internos cuando el máximo de la capacidad es de 160. La convivencia se desenvuelve entre condenados y procesados.

En las actuaciones ante el Juzgado de Garantías se presentaron familiares de custodios de la Unidad reclamando asignación de mayor cantidad de agentes, actualmente prestan servicio menos de cuarenta en 2 turnos; especialización de los recursos humanos, atención psicológica y mayor tiempo de descanso debido a la tensión con que se trabaja en la Alcaidía.

El Juzgado interviniente elevó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General un informe donde advierte de manera contundente la inminencia de un colapso y el peligro latente dada las condiciones no adecuadas de seguridad de la Alcaidía de Resistencia.

Dentro del marco de la competencia que le fija la ley al Juzgado de Garantías y en cuanto a lo estrictamente dispuesto por la Constitución Nacional – art. 18 y Provincial – art. 27- sobre el no agravamiento de las penas que ya soportan los internos y las condiciones sanitarias de alojamiento en las Unidades penales de la Provincia del Chaco; el Juzgado de Garantías N° 1 insta a las máximas autoridades del Poder Judicial a encontrar mediante las vías institucionales una salida al conflicto, toda vez que la política carcelaria así como todo lo atinente al régimen penitenciario provincial lo fija el Poder Ejecutivo y concretamente el Ministerio de Gobierno.

La Alcaidía de la ciudad de Resistencia y las condiciones de vida de los internos allí alojados, es preocupante. Por su parte el Ministro de Gobierno Hugo Matkovich abiertamente promueve y aprueba la continuidad de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se producen en cada una de las alcaidías y cárceles del sistema chaqueño. Mientras tanto, el estado nacional propone una política de derechos humanos que reconoce no solo la necesidad de que se investiguen las violaciones ocurridas durante la última dictadura militar, sino que auspicia y promueve la plena vigencia de los Tratados Internacionales que protegen los derechos, las garantías y las libertades públicas y privadas de los ciudadanos, en coincidencia con las pautas constitucionales. En esa línea de política nacional es que debe interpretarse la nueva composición de los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque esta nueva visión evidentemente no se ha trasladado a todas las provincias argentinas, en particular a la nuestra, representada en este caso por las salvajes e inapropiadas opiniones del actual ministro de gobierno, que a través de sus opiniones terminó por exteriorizar que inscribe su pensamiento en el derecho penal autoritario y, por lo tanto, en la política penal carcelaria que se aplicaban para castigo, mortificación y degradación de las personas privadas de libertad. En cualquier caso, en el intento de encontrar un eslabón positivo en esta situación tan desgraciada, es que rescatamos que pudimos escuchar la confesión más inesperada e insospechada de un ministro, que acabó por dar a conocer su verdadero pensamiento, absolutamente inhumano e ilegal.
Un rancho que funciona como alcaidía

Conviene recordar que cuando la Alcaidía de Resistencia fue construida, tenía una capacidad para 160 internos; sin embargo, actualmente aloja a 460 personas, además de haberse reducido significativamente su superficie porque una parte de su estructura originaria fue utilizada para habilitar la Cárcel Provincial Nº 1, con lo cual de hecho se triplicó su capacidad de alojamiento, generándose una congestión y un hacinamiento inhumano y absolutamente degradante. Las distintas dependencias de este establecimiento se encuentran prácticamente destruidas; los sucesivos arreglos que se intentaron estuvieron orientados únicamente a ampliar la capacidad o alojamiento, sin que estuvieran dirigidas a mejorar la estructura y el funcionamiento de la Alcaidía. A tal punto ha crecido la población carcelaria que 8 internos viven en un baño, que no es precisamente de un hotel.

La comida que se brinda a los internos, según dichos de familiares, es sucia e incomible, casi una basura que no se puede tragar. Los baños no funcionan o están absolutamente colapsados. El sistema de desagües y de circulación de líquidos cloacales también se encuentra en su punto más crítico de funcionamiento. El sistema eléctrico es una invitación al desastre. Se carece de todo elemento de mantenimiento e higiene, de modo que adentro reina la mayor de las mugres y los olores más fétidos que uno se pueda imaginar.

Un problema sistémico


Otro problema sistémico en el funcionamiento cotidiano de la Alcaidía de Resistencia deriva del relacionamiento promiscuo e irregular de un sector policial con algunos internos. En ese marco se inscribe el tráfico de drogas y de otras sustancias prohibidas, como también la comercialización de armas informales, ante la inercia de los Jefes de Turnos y la impotencia de la conducción del establecimiento. Mientras tanto, el personal policial que desea trabajar responsablemente está sometido a factores que permanentemente desalientan sus desempeños.

Antes del último motín, la guardia interna rutinariamente se componía de 5 empleados y un oficial de servicio, ante una población de internos que ya era de 460; naturalmente que con esta intervención no se puede construir ni preservar ninguna acción de seguridad en los pabellones.
Tormentos y castigos

El último motín, con toma de rehenes, dejó profundas secuelas de rencores y revanchas cruzadas. Un sector del personal carcelario y extracarcelario somete a los internos a los peores vejámenes y castigos; familiares refirieron que sistemáticamente son sometidos a todo tipo de situaciones crueles. En los traslados a tribunales, los internos son especialmente maltratados, hasta que recurren a las mordeduras de los perros, según sus propias denuncias.

La requisa personal que se efectúa a los familiares para que visiten a los internos es realizada por personal de Drogas Peligrosas, que no tiene capacitación carcelaria, incurriéndose en todo tipo de abusos y vejaciones, que afectan en particular a niñas menores de edad, a quienes se obliga a desvestir ante la mirada de adultos.

El COE, cuya creación obedeció a causas especiales y determinadas, ajenas al funcionamiento de las alcaidías, tiene a su cargo el control externo de la Alcaidía y es la Unidad que ingresa con violencia a efectuar requisas, a ocupar los pabellones y a trasladar a los internos.

Existen internos que todavía presentan lesiones por haber sido sometidos a castigos; algunos presentan heridas de armas blanca, seguidos de cuadros infecciosos. Otros padecen diabetes, cáncer, tumores y otras patologías, sin contar con tratamientos ni medicación adecuados. Conviven adultos, con menores de edad, con enfermos que pueden contagiar a otros internos porque padecen patologías infecto-contagiosas, hasta Sida. Sin embargo, los portones de los pabellones continuaban abiertos al momento en que se producían las visitas de los familiares, generándose una notable inseguridad entre los mismos, los internos y carceleros, con características que definen a las zonas liberadas y fuera de control.
Visión autoritaria e inhumana

Ante esta realidad, el ministro de gobierno parece que desconoce que la Argentina ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, que establece pautas muy claras y definidas sobre las condiciones de alojamiento y tratamiento de presos. También parece desconocer la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, complementario de los derechos y garantías establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 27 de la Provincial, que garantizan cárceles sanas y limpias, con programas de readaptación social, enseñanza y trabajo para los internos, en donde no se los debe someter a castigos, mortificaciones, tratos crueles, degradantes e inhumanos.

El ministro debería haber entendido que la Alcaidía de la ciudad de Resistencia ha colapsado y que de hecho es un campo de concentración, en donde no tiene vigencia ninguna regla que proteja la salud, la integridad y la vida de los internos, de los familiares y de los integrantes del personal policial, especialmente de los que trabajan como celadores en los pabellones.

Solamente el Ministro Matkovich puede intentar convencer a la comunidad que desconoce esta degradante realidad, intentando ocultarla tras una penosa frase que relaciona hoteles y delincuentes. Es indudable que la opinión del ministro refleja los peores pensamientos de la política penal carcelaria, que ha sido ya abandonada por los países verdaderamente democráticos justamente porque son inaceptables desde el punto de vista humano. La postura del ministro refleja un típico caso de pensamiento autoritario, públicamente presentado bajo la apariencia de un ropaje democrático.

Esta actitud, olvida que “el interno no está desprovisto de derechos, y que no está entregado al arbitrio de la Administración Penitenciaria. Por el contrario se trata de un sujeto con derechos, que tiene además una relación jurídica con el Estado y de la cual surgen Derechos y Obligaciones recíprocas” (en, Los objetivos Constitucionales de la Ejecución Penitenciaria, Edit. Alveroni, 1997, pág. 91/92).

Por ello, el desinterés de las instituciones y del sistema por los hombres que trasponen la fría puerta de hierro considerado como materia humana desechable, debe ser extirpada de una vez por todas y resguardar la calidad de ciudadano y ser humano que ningún detenido ni alojado lo pierde, por lo que se debe respetar los objetivos constitucionales y de los tratados internacionales en materia de ejecución y el respeto para con los principios de legalidad y de reserva, de tal manera que no excedan los límites que la pena legal afecte a los detenidos y alojados en la Unidad Carcelaria.
Realidad-Inseguridad-Solución al Conflicto

Del estimable Trabajo realizado por Marcel de Jesús Festorazzi (Ex juez de Instrucción y Garantías de P. R. Sáenz Peña, Actualmente Secretario de Juzgado de Instrucción N°5), llamado: “Eficacia de la Función de la Pena”, al término del Curso de Posgrado de Derecho Penal llevado a cabo por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la Ciudad de Villa Angela, en el año 2004, observamos que la pretensión que anima ese trabajo es, ver si es eficaz el actual sistema de políticas carcelarias para la contención del interno y si colabora con la prevención y seguridad ciudadana en pos de obtener una pacificación social que favorezca a las partes del conflicto, del cual se extraen importantes consideraciones a tener en cuenta.

De tal forma, refiriéndose a los alcances, consecuencias y efectos de la política carcelaria, en referencia a la seguridad ciudadana, destaca esta realidad y entre otras cosas refiere: “... debemos distinguir primeramente los sistemas carcelarios nacionales o federales de los provinciales; el sistema penitenciario federal, sin perjuicio de su celo en la aplicación de la ley 24.660 en todo su ámbito, está pasando por un estado crítico, por la realidad existente, ya que la población recluida no cesa de aumentar, y con ello el problema de la situación material , por la ingobernabilidad de los detenidos con prisión preventiva. Este estado se agravó aún más con la nueva sanción de leyes que aumentaron el mínimo de la pena y consecuentemente restringen la libertad condicional -llamadas leyes del efecto Blumberg-. En las provincias no es menos grave la situación. Por el contrario, se acentúa no sólo con la superpoblación que acarrea su hacinamiento, sino las diversas enfermedades -especialmente dermatológicas-, la promiscuidad -con el riesgo de adquirir enfermedades venéreas y SIDA-, la ausencia de asistencia médica-psicológica, la falta de contención de los internos, la carencia de talleres para la preparación laboral y/o educacional. Además existe una despreocupación muy intensa del interno, desde su salida transitoria y luego en su libertad definitiva bajo la forma condicional, debido a que los sistemas de patronato o de seguimiento de los internos no funcionan adecuadamente.

Se hace mérito a la frase "nadie experimenta con cabeza ajena". Una exteriorización de lo señalado precedentemente, fue lo que aconteció el 5 de mayo de 1990, por motivos no esclarecidos, fue el “incendio” en la Unidad Penitenciaria de Olmos, a consecuencia del cual perdieron la vida 35 internos. Familiares de éstos, luego de accionar contra la Provincia de Buenos .Aires, obtiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con fecha 19 de octubre de 1995 hizo lugar a la demanda, condenando a la provincia al pago de la indemnización correspondiente ("Badin, Rubén y otros vs. Prov. de Buenos Aires",19-X-1995,J.A.,1995-IV,pp.141 ss-). Dicho decisorio evidencia las gravísimas condiciones que existían al tiempo del siniestro en la unidad penitenciaria y destaca en sus argumentaciones el deber del Estado de tutelar la integridad física y psíquica de los reclusos internados. Este fallo deja entrever las diversas irregularidades existentes: 1. Superpoblación. 2. Precariedad en la higiene; seguridad; estructuras edilicias obsoletas; instalaciones eléctricas vetustas y aptas para generar incendio; falta de medios de extinción y prevención de focos ígneos; inexistencia de salida de emergencia; falta de capacitación del personal penitenciario para actuar en caso de un siniestro. 3. Corrupción e irregularidades administrativas: sustracción de carne destinada a los internos por parte de personal penitenciario para su consumo personal y familiar. 4. "Compra de pabellones": que posibilita al interno que dispone de dinero de ser ubicado en un área de menor conflictividad, con disminución de riesgo personal. 5. Promiscuidad. 6. Pago compulsivo de dinero al personal penitenciario para obtener visitas higiénicas. 7. Requerimientos de distinta naturaleza por el personal penitenciario para conceder favores tendientes a mejorar la calidad de vida del interno o para no confinarlos en celdas de castigo.

Desde el dictado de aquella sentencia transcurrieron solo nueve años, para cobrar actualidad con un hecho de similar envergadura ocurrido en Mendoza, en donde perdieron la vida 5 internos en un incendio en una granja penal (Diario Clarin del 2/5/04), mereciendo el concepto de "chiqueros humanos " por parte de la Suprema Corte de Justicia de esa provincia (Diario " Primera Línea " de fecha 8/6/04 pag.13). Desde el aspecto del tratamiento individual de los internos se observa la ausencia de gabinetes interdisciplinarios y/o metodologías carcelarias de contención, llevando a hechos lamentables, como el ocurrido en Alcaidía local de Resistencia, Chaco, por el ahorcamiento del interno Carlos Alberto Vargas, de 21 años, suceso ocurrido el día 27/6/04, por el estado del deterioro físico y psicológico. (Diario "Norte" del 30/6/04 pag.32)...”

Asimismo considera que: “La ejecución penal debe ser un instrumento de pacificación”. Continua: “...Una ejecución en las condiciones actuales en vez de resocializar al individuo lo disocializa, e inevitablemente, en oportunidad del recupero de su libertad se produce nuevamente la crisis e infracción a las conductas sociales impuestas por la ley, llevándonos a la clásica reincidencia y a la inseguridad ciudadana.”

De ello refiere que: “...La solución que se propone para una convivencia más segura y una mejor calidad de vida debe darse sobre la base de dos premisas: la equitativa pacificación social y fundamentalmente el respeto de la dignidad humana, sin las cuales no podremos llegar a una posible solución del conflicto.

Para eso primero debemos saber qué papel y responsabilidad le cabe a cada uno de los agentes que intervienen en el conflicto: El Estado por un lado, con sus tres poderes, y por el otro la comunidad. No incluyo como una categoría separada o aislada a los presos, por considerar que no existe motivo alguno para tal discriminación y que debe partirse desde una premisa cierta, válida e indiscutible: que ellos son parte de una sola comunidad con la particularidad de encontrarse privados de su libertad. No son, como pretenden algunos llamarlos, "ciudadanos de segunda categoría".

El papel del Estado: "Poenam petere nequit qui in illam incidit" : No puede pedir pena para otro quien en ella incurre. (Decio).

Es así que le cabe al Estado apostar fuerte a las condiciones de hábitat de las unidades carcelarias, lo cual le va implicar una inversión que redundará en beneficios futuros de la prevención del delito, ya que el 44 % de los egresados del servicio penitenciario federal vuelve a ingresar a la cárcel a cabo de seis años -informe de Unidos por la Justicia, pág. internet ut cit.-. Aquello llevará consigo el respeto de la dignidad humana en todos sus enfoques y el fiel cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales sobre el trato de los detenidos.

Hay que acompañar esto con una política social que otorgue fuentes de trabajo, apostando a una política de lucha contra el analfabetismo y la desnutrición. Y esto no es sólo una simple teoría o postura pragmática utópica o maravillosamente inalcanzable. En la práctica se dio en el proceso de industrialización de Inglaterra, Francia y Alemania que va desde fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Administración y Justicia

Desde que se dictó la Resolución del Juzgado de Garantías N° 1, se informó al Superior Tribunal de Justicia, se dictó Acordada conminando al Poder Ejecutivo a normalizar la situación en la Alcaidía, que pese a ello sigue igual y peor aún en cuanto al sistema represivo implementado por la Policía de la Provincia del Chaco para con los internos.

En efecto, que la ejecución de la pena sea puesta en práctica por la Administración, no significa que los jueces o fiscales se desvinculen de los condenados, detenidos o alojados, por el contrario el control de esa ejecución y de las condiciones siempre será una función del Poder Judicial, en algunos supuestos impuesto por la Ley 24660 y Ley Provincial 4425 y en otros por Acuerdo N°: 2789, pto 1, de fecha 04/09/02 del Superior Tribunal de Justicia.(Dr. Marcel De Jesús Festorazzi, en Fallo Nº 61,Presidencia Roque Sáenz Peña, 03 de mayo de 2004,)

Es así que hay que legitimar o auto legitimar de una vez por toda, la justicia en forma auténtica, en la medida en que se busca fortalecer los fines de las instituciones de administración de justicia. De lo contrario estaríamos ante una postura “aséptica” descomprometida de la administración de justicia.

Razones suficientes fueron para que se judicialice la ejecución de la pena, lo que importa que el Juez de Ejecución, deba velar que la pena efectivamente cumpla las finalidades de readaptación, reeducación, reincersión (de marco constitucional) todas de prevención especial para obtener por parte del autor del delito una conducta respetuosa con la ley y los derechos de los demás, por ello la ejecución de la pena, será: restablecer en quien ha delinquido el respeto por esas normas básicas, haciéndole corresponder en el futuro a las expectativas en ellas contenidas y evitando de esa forma la comisión de nuevos delitos, por ello el interrogante que nos hacemos ante esta realidad fáctica: Hoy la forma y condiciones de detención y alojamiento en la Alcaidía de Resistencia: ¿Sirve para el fin de readaptación o reeducación o reinserción?¿Es eficaz la pena impuesta en relación con sus finalidades? ¿Se respetan lo principios de Legalidad, Democratización y Reserva? ¿Existe plena vigencia de los Derechos Humanos de Jerarquía Constitucional?

Si bien los lugares de cumplimiento de pena y/o detención y/o alojamiento son establecimientos administrativos que determina la ley, es el Poder Judicial a través de sus órganos (Jueces o Fiscales) quienes ejecutan sus propias resoluciones, aunque para su cumplimiento deba valerse de establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo, debiendo velar aquél Poder del Estado por la inalterabilidad de las Garantías Constitucionales.

Siendo manifiesta la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, que viene soportando la mayoría de la población carcelaria de la Alcaidía de Resistencia, por actos y omisiones de la autoridad, se torna impetuosamente necesario, instrumentar, cesar y restablecer, condiciones dignas y humanas de detención, en dicha Unidad Carcelaria. Encontrándose como remedio específico, rápido, eficaz y al alcance de los mas allegados a los protagonistas de los hechos degradantes mencionados, intolerables en un Estado de Derecho comprometido con la Dignidad del Hombre, el presente Habeas Corpus correctivo, y que el Juzgado de Garantía como parte integrante del Poder Judicial de ésta Provincia, logre garantizar que la detención y alojamiento, legítimamente ordenada, sea de cumplimiento en condiciones dignas y razonables, a fin de que concluyan aquellos actos y omisiones de la autoridad carcelaria(Art. 43 de la Const. Nac.; Art. 19 de la Const. Prov. y Arts. 1 inc. c, y 2 de la Ley 4327).-

El día 9 de noviembre del corriente año, a partir de las 11:30 horas, se inició una inspección integrada por el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia Dr. Jorge Canteros, el Dr. Valusi, funcionario de la Procuración, el Fiscal Nº 4 Dr. Mario Algarate y el Juez de Garantías Nº 2, Dr. Héctor Felipe Geijo, conjuntamente con los Dres. Roberto Mena, Rodolfo Amado Sobko y Rolando Núñez, como integrante del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela DD.HH. En la oportunidad se inspeccionó la Alcaidía de Resistencia, transitándose por los espacios comunes, sin ingresar a los pabellones cuyos portones de ingresos se encontraban cerradas, aunque se efectuaron entrevistas con los internos a través de las rejas de dichos portones. En cualquier caso se confirmó el estado ruinoso del Establecimiento, las condiciones de hacinamiento de los allí privados de libertad, resaltando la inexistencia de condiciones mínimas de bioseguridad puesto que los sistemas sanitarios, cloacales y eléctricos se encuentran colapsados, lo cual surgió a simple vista. Además, resaltaba la falta de higiene en todas las áreas, alguna de las cuales se presentaban casi inundadas, con tachos de basuras llenos de moscas y basurales en los espacios que a cielo abierto rodean el pabellón de planta baja. Impresionó el estado de la edificación, la mugre existente en todos los lugares, las moscas que pululan y el estado de los internos, muchos de los cuales se mostraron harapientos y muy desmejorados, refiriendo que prácticamente no reciben atención médica ni medicamentos. En suma, la Alacaidía de Resistencia se evidencia como un establecimiento colapsado por su total deterioro y falta de mantenimiento adecuado, fenómenos que se ha acelerado hasta precipitarse producto de la superpoblación de presos que cuadriplica la capacidad de alojamiento si consideramos que prácticamente el 30% de la superficie de la originaria alcaidía se destinó al funcionamiento de lo que se conoce como Cárcel Provincial Nº1.

En definitiva, en la Alcaidía de Resistencia se viola sistemáticamente y de manera continua los derechos humanos de la totalidad de los internos allí alojados.
Conclusión

De las consideraciones ut supra expuestas surge claramente que a pesar de haberse informado, evaluado de manera suficiente, y dictaminado con acierto por parte de las autoridades judiciales; la situación del la Alcaidía de Resistencia empeoró desde la intervención del Poder Judicial evidenciando una problemática estructural en la política carcelaria de la Provincia del Chaco, fijada por el Poder Ejecutivo.

PRUEBAS


Todas y cada una de las pruebas producidas en el Expediente N° 26388/05 del Juzgado de Garantías N° 1, y la ACORDADA del Superior Tribunal de Justicia que se dictó en consecuencia y obra en autos.
CONSTATACION JUDICIAL DE LUGAR: a los fines de que quede acreditado en autos los extremos que hemos alegado como violatorios de las pautas entabladas por el art. 18 de la Constitución Nacional, en el art. 27 de la Constitución Provincial y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a través de lo dispuesto por el inc. 22, del art. 75 de la Constitución Nacional, es que se propone que se produzca la prueba de constatación judicial de lugar a los efectos de inspeccionar integralmente la Alcaidía de la ciudad de Resistencia; la constatación deberá ser plena e integral, de modo que comprenda la totalidad de las dependencias, lugares, secciones y sitios que forman parte de dicho establecimiento.


PETITORIO

Por todo ello SOLICITAMOS:


1) Se tenga por interpuesta acción de habeas corpus a favor de los internos de la Alcaidía de Resistencia.

2) Conforme lo que se acredite en autos, corresponderá que oportunamente se dicte resolución ordenándose al Poder Ejecutivo provincial que adopte y ejecute todas y cada una de las medidas, acciones e inversiones que determinen que la alcaidía de la ciudad de Resistencia constituya y funcione como un establecimiento de detención estatal que se ajuste a las pautas fijadas en el art. 18 de la Constitución Nacional, en el art. 27 de la Constitución Provincial y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a través de lo dispuesto por el inc. 22, del art. 75 de la Constitución Nacional.

Las medidas, acciones e inversiones que se impartan deberán ser taxativamente detalladas en el pronunciamiento, describiéndose el modo y el tiempo de cumplimiento de cada una de aquellas, de manera que no se desnaturalice el proceso en el marco de la ejecución a cargo del Poder Ejecutivo, dado que en última instancia éste podrá decretar la emergencia operativa y funcional del establecimiento carcelario, con lo cual puede asignar medios y recursos extraordinarios a los fines requeridos.

Interín se ejecuten las soluciones de fondo, judicialmente deberá disponerse las medidas extraordinarias que correspondan sean adoptadas para hacer cesar de inmediato la violación de los derechos humanos que sistemáticamente y de forma continua se producen en la Alcaidía de Resistencia. En cualquier caso, la resolución que se dicte sobre esta especie encontrará andamiento y oficiosidad constitucional en la responsabilidad del juez que menciona el último párrafo del art. 18 de la Constitución Nacional, pauta que impedirá que el pronunciamiento pueda ser interpretado y calificado como expresión de un conflicto de poderes del Estado o de injerencia inter-poderes por cuestiones supuestamente vedadas al Poder Judicial, a propósito de que el funcionamiento de la Alcaidía de la ciudad de Resistencia depende del Poder Ejecutivo Provincial.

3) Se informe del presente Recurso de Habeas Corpus al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a fin de que tome razón y para que por su intermedio informe a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS con sede en Washington, E.E.U.U..

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