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R E S U E L V E
PRONUNCIAR VEREDICTO CONDENATORIO respecto de M M RZ, de las demás circunstancias personales apuntadas al comienzo, por resultar autora penalmente responsable de los ataques contra la integridad sexual, demostrados en la primer encuesta.

En consecuencia, no siendo para más se dio por concluido el acto, firmando los señores Jueces, por ante mi, de lo que doy fe.

Ante mi:

SENTENCIA
En la Ciudad de Morón, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal 4 del Departamento Judicial Morón, doctores Pedro Rodríguez, Cr Roberto Torti y Rodolfo Castañares, con la presidencia del nombrado en primer término, a fin de dictar sentencia conforme lo estatuye el art. 375 del Código adjetivo, en la causa 7777 de los Registros de este Tribunal (IPP 10-00-44/11), seguida a M M RZ, de las demás circunstancias personales anotadas al inicio del Veredicto, y; continuando el mismo orden de estudio que resultó del sorteo practicado para el veredicto, resuelven plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1. ¿Cuál es la calificación legal de los hechos que progresan de la Primera Cuestión del Veredicto?

2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I O N
A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez doctor Castañares expresó:

1. La calificación legal

Las acusaciones pública y privada coincidieron en señalar que la calificación legal que corresponde a los hechos cometidos por el enjuiciado y que damnificaran a M g constituyen los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar grave daño en la salud mental de la víctima por ser su ascendiente y por haberse aprovechado de la situación de convivencia preexistente con el mismo, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la condición de guardadora, cometido en perjuicio de M g, todo ello en los términos de los arts. 54, 119 párrafos 1° y 3° apartados a), b) y f) y 125 párrafos 2° y 3° del Código Penal.

Para la defensa, y superado el primer planteo absolutorio, se trata de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción agravada por la condición de ascendiente.

Ahora bien, la discusión principal pasa por saber si los hechos verificados configuran acceso carnal. Con la nueva estructura a los delitos contra la integridad sexual de la Ley 25.87, han surgido a mi modo de ver nuevos aspectos que merecen ser revisados, entre ellos los sujetos que participan en el delito. Y, si bien queda claro que tratándose de sujeto pasivo pueden serlo, tanto el hombre como la mujer, las dudas aparecen, como en este caso, sobre el sujeto activo. En efecto, la disposición castiga cuando “hubiere acceso carnal por cualquier vía”, por cierto presentándose acallado el debate sobre la vía escogida en este particular caso. En general, se ha interpretado que solo podría ser autor material de la violación un hombre, pues solo éste puede acceder. La mujer en cambio, como solo podría ser accedida carnalmente debe ser excluida de tal calificación, dado que su comportamiento no podría quedar comprendida; sin embargo es el criterio teleológico que debe prevalecer.

Si bien es cierto el punto de partida de todo examen interpretativo debe ser el gramatical, en cuanto a remitirnos a los términos empleados por la ley, ello solo sirve para fijar el contexto en el que ha de moverse el intérprete. Pero, para llenar de significado no basta una referencia la lenguaje común, incluso aquellas expresiones aparentemente claras, sino que es necesario un proceso valorativo para desentrañar la voluntad de la ley, en la medida que un comportamiento solo puede ser estimado como un injusto punible en la medida que lesione un bien jurídico. Así “el término acceso carnal debe traducirse como cópula, coito, acoplamiento sexual, yacimiento, etc., en la que intervienen dos personas una de las cuales debe ser necesariamente un varón, de manera que se produzca la penetración de su órgano genital en la cavidad vaginal o anal de la otra persona. Si acceso carnal quiere decir cópula, ayuntamiento, coito, yacimiento, etc., no puede dudarse que estos comportamientos pueden realizarlos tanto un hombre como una mujer que se acoplan genitalmente entre sí” (así Jorge E. Boumpadre en “Derecho Penal, Parte Especial”, pág. 380/381, Mario Viera Editor), para en la misma obra exponerse que “El acceso carnal, en esta modalidad, solo cumple el rol de ser la razón determinante del incremento de la pena, pues lo que caracteriza al tipo penal vertebralmente es la conducta sexual abusiva” (pág. 382 ob. cit.) .

Otro aspecto está referido al reemplazo del verbo típico “tuviere” de la anterior redacción de la norma, por el nuevo “hubiere” de la actualidad que, como también señala el autor citado precedentemente, sostiene D’Alessio: que la actual redacción de la norma ha cambiado la fórmula. El tercer párrafo del artículo ya no refiere “el que tuviere acceso carnal”, sino que dice “cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía”. Este cambio de redacción ha permitido a algunos considerar, ahora con mayor fundamento, que la introducción dedos, lenguas u objetos es un caso de acceso carnal, al igual que aquel en que la mujer obliga al hombre a que la penetre. Así también se abre la posibilidad de involucrar a la mujer como sujeto del delito en cuestión” (A. J. D’Alessio y M. A. Divito en “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, tomo II, p. 243, La Ley, 2009).

También habrá de tenerse especialmente en cuenta el bien jurídico protegido situado dentro de la esfera de la libertad personal en cuanto al ejercicio de la autodeterminación de las facultades sexuales. Libertad sexual apreciada desde la capacidad de ejercer esas facultades de autodeterminación sexual. En el caso se trata de un menor que carecía de la suficiente capacidad para decidir responsablemente sus alternativas sexuales.

Esta propuesta interpretativa de la norma, además, es la que corresponde si se observa que actualmente con la evolución en el campo de las ideas de igualdad de las personas, de la proscripción sobre todas formas de discriminación por sexo, se llega al caso de que más allá de la realidad biológica que puede suponerse en algunos aspectos de la legislación civil, lo cierto es que hoy en aquellos casos de identidad e imagen sexual auto percibida y que de alguna manera la actual legislación nacional respecto del otorgamiento de documentación de identidad recepta estos nuevos principios, ponen en evidencia que quien es considerada hoy normativa y valorativametne mujer, bien lo convierte en sujeto activo desde la perspectiva de la función penetradora para lo que biológicamente está dotado.

No puede discutirse, a esta altura, que la identidad sexual es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia identidad, el que forma parte a su vez, del plexo mayor de derechos humanos sustanciales, protegidos en la Constitución Nacional arts. 33 y 75 inc. 19 y que luego toma la Ley 26.743 de Derecho a la Identidad de Género de las Personas.

Así, con soporte en los Principio de Yogyakarta sobre la aplicación de Derechos Humanos en realción a la Orientación Sexual y la Identidad de Género en cuanto que “los Estados asegurarán que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos mentales o sexuales” (PPio .9, 26 de marzo de 2007), el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó la Res. 1.181/2011, estableciendo, entre otras, que las personas trans deberán ser reconocidas por la identidad de género adecuada a su percepción y aclara que, en relación a las personas trans ajenas a las Fuerzas dependientes del Ministerio, se establecieron directivas para que el personal de las Fuerzas respete el género y nombre de pila adoptado.

Así planteadas las cosas, por mi parte entiendo, además, que por principio de especialidad las agravantes del abuso sexual estás contenidas en la condición de la sujeto activo que desplaza las demás. En consecuencia, las razones expuestas me llevan a calificar los hechos verificados en la Primera Cuestión del Veredicto como constitutivos del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ascendiente de la autora en concurso ideal con corrupción de menores agravada también por la condición de ascendiente, todo ello en los términos de los arts. 54, 119 párrafos primero, tercero y cuarto ap. b) y 125 segundo párrafo todos del Código Penal.

ASI LO VOTO. Gobierna el art. 375 regla 1), CPP.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el señor Juez doctor Torti manifiesta:

Adhiero en todo al voto del señor juez Castañares, contribuyendo, únicamente, con otros fundamentos, convergentes, sobre la exegesis razonable del concepto del tipo penal, relativo a lo que debe entenderse por acceso carnal y cuál su sujeto activo.

El principal cuestionamiento de la defensa sobre la calificación legal en la que la fiscalía y la acusadora particular subsumen el hecho abusivo es el relativo a imposibilidad de que la madre del niño puedo ser comprendida como sujeto activo del acceso carnal; en otras palabras, que hacerse acceder analmente por el pene de su hijo menor de once años de edad, configure el acceso carnal previsto en el párrafo tercero del art. 119 del CP.

Una primera interpretación teleológica respecto de que cualquiera puede ser sujeto pasivo del tipo penal, impone también una respuesta similar respecto de que cualquiera puede ser sujeto activo, sea mujer o varón, con arreglo a la doctrina de la evolución de las ideas, conceptos y conductas que se desarrollan en el plano de la criminalidad sexual, recogidas en el tipo penal argentino.

Ante todo, debe señalarse que los tratados y convenios internacionales que hoy integran el bloque federal constitucional (art. 75 inc. 22, de la CN), proscriben la discriminación por sexo, por lo cual, el tipo penal argentino no puede excluir a uno u otro de los sexos, ya sean como sujetos activos o pasivos de una agresión sexual (art. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts.1 y 2 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En tal sentido, debe tomarse en cuenta que los legisladores que elaboraron la Ley 25.087, en el Dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados, Orden del Día 403/98, hicieron hincapié en que las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad, consideraron los proyectos de ley presentados por los diputados que enumera y que por razones de brevedad se omiten (verlos en “Antecedentes Parlamentarios”, La Ley, 1999-B, p. 1.549).

De tales proyectos de ley con los que se compuso el tipo penal vigente, en lo que aquí interesa, es decir, el párrafo tercero del art. 119 del CP, “cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía”, el núcleo duro aportado por esos proyectos de ley, permite interpretar sin duda alguna que, “[l]a víctima o el autor pueden ser, según la nueva definición, de uno u otro sexo, dado que la gravedad de la ofensa no debe ser ligado al género de la víctima” –fundamento del proyecto de los Diputados Carrió, Carca, Bravo y Fayad- (íd. ob. cit., pp 1.555-1.559).

Igual concepción, se encuentra entre los fundamentos del proyecto del Diputado Sat, cuando puntualiza que “[t]ambién siguiendo las nuevas doctrinas y -tratando de adecuar las figuras penales de este título, a las modalidades que actualmente se utilizan para cometer estos ilícitos- las distintas variacioens que la experiencia diaria nos indica, es que entendemos coveniente reconocer y establecer que el autor del delito de violación puede ser hombre o mujer, descartando el antiguo concepto de que solamente el varón podía ser autor del delito de violación […] Ilícitos acaecidos recientemente en Estados Unidos, demuestran que una mujer adulta puede obtener mediante la violación de la libertad sexual de un o una menor, acercamiento y hasta acceso carnal. Estos fundamentos y los que daremos oportunamente en el recinto, hacen que propongamos sustituir el texto del artículo 119 del Código Penal, por una nueva redacción dirigida a la protección de la libertad sexual, que incluya: A la mujer como posible autora, las nuevas modalidades utilizadas y el aumento de la pena” (ibíd.. op. cit., p. 1.575).

En otro de los proyectos, se argumentó que “proteger menos la libertad sexual del hombre que la de la mujer viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley, y los pactos internacionales incorporados a nuestra constitución que prohíben expresamente las discriminaciones por razón del sexo […] La víctima o el autor pueden ser, entonces, con el nuevo encuadramiento, de uno u otro sexo” -fundamento del proyecto de los Diputados Fernández Meijide, Storani, Rodil, Álvarez, Raimundi, Parentella y Garré- (ibíd.. ob. cit., p. 1581). Idéntica posición asumió el Diputado Cafiero en su proyecto de ley, cuando define que “[l]a víctima o el autor pueden ser, entonces, con el nuevo encuadramiento, de uno u otro sexo” (id. op. ref., p. 1.592).

La Diputada Godoy, explicó su proyecto de ley, expresando que “[u]na de las modificaciones más importantes incorporadas en este capítulo en la nueva descripción del delito de violación. Mediante ella, se amplía sensiblemente el espectro, de conductas incluídas en el tipo penal […] De esta manera, pueden ser sujetos activos tanto el hombre como la mujer” (ver ob. cit., pp. 1.607-1.608).

Por último, es menester recordar las palabras del Diputado Cafferata Nores, en la Inserción que acompañó el debate en la Cámara de origen, al destacar que : "Se ha redefinido el bien jurídicamente protegido, que pasa a ser la integridad sexual de la persona y no un concepto público de honestidad o la honra de los varones allegados a la víctima, como ocurre ahora. Una percepción de las agresiones sexuales acorde con el estado actual de nuestra cultura debe considerar el crimen sexual estrictamente como una injuria a la integridad física y psíquica y a la libre decisión de la víctima, no una injuria a la pureza o castidad de ella, ni al honor de algún varón. La vieja idea del honor, asociada a ciertos tipos penales, refleja no sólo una dimensión ideológica, ligada al temor por el escándalo, sino que facilitan la imposición de valores culturales dominantes, propios del mundo masculino" (misma obra, p. 1.614).

Siguió expresando el diputado por Córdoba que: "En definitiva, las agresiones de referencia afectan, no el honor o la honestidad de las víctimas de esas acciones, sino su integridad y dignidad como personas. Y aunque también afecta a la vez su libertad y a menudo equivalen a una privación de esa libertad, las personas afectadas viven esas situaciones sobre todo como atentados a su propia integridad, privacidad e identidad, más allá que esos delitos afecten también a sus familiares, tutores, al Estado, etc., correspondiendo, por lo tanto, concebir a estos delitos como delitos contra las personas al igual que otros delitos concebidos como tales" (íd. op. y pág. cits.).

Para desentrañar los alcances de la fórmula legal “cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía”, deben recurrirse a las añosas pero vigentes guías hermenéuticas, que deben enunciarse.

Un aspecto preponderante en la interpretación de las leyes, es el elemento subjetivo, proveniente del propio legislador en la formación de la ley; de allí que la hermenéutica de las leyes tiene como objetivo dar plena efectividad a la voluntad del legislador (M. Schweizer de Caride y N. Lugones, “Pautas de Hermenéutica de la ley en la Corte de Suprema de Justicia de la Nación” en ED 97-903). De algún modo, el juez está vinculado a la decisión valorativa política jurídica del legislador histórico, sin que se pueda desligar fácilmente de los objetivos originarios (C. Roxin, “Derecho Penal”, Parte General, tomo I, pp. 149-150, nros. 30 y 32, Ed. Civitas, Madrid, 1999).

La deferencia a las intenciones del legislador, exige identificar estas intenciones y establecer el modo en que se relacionan con las formulaciones lingüísticas empleadas, pues la sistematización de las normas de un conjunto normativo presupone alguna adscripción de significado a los textos; y a los efectos de lograr esa adscripción de significado, la intención del emisor del texto no puede ser soslayada, pues ello se vincula definitivamente con la comprensión del significado de las formulaciones normativas (P.E. Navarro, A. Bouzat y L. M. Esandi, “Juez y ley penal”, pp. 38-39 y 47, Alveroni Ediciones, 2001).

Ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención o voluntad del legislador (Fallos, 143:118; 183:241; 189:248; 194:371; 241:267; 281:146; 302:973; 303:248 y 612, 578, 600 y 957), sin forzar su contenido (Fallos, 300:558 y 687, 301:595 y 958) y atendiendo su contexto general (Fallos, 301:1149), en tanto, las normas se integran y complementan sistemáticamente en el ordenamiento al que pertenecen (Fallos, 294:383 y 300:1087).

Es doctrina consolidada desde el año 1864 que no se presume la inadvertencia, impericia, inconsecuencia o falta de previsión del legislador (CSJN, Fallos, 1:300; 304:794; 307:518), por lo cual, no es dable la contradicción o el absurdo en los términos de la ley, debiendo ser interpretados tales términos de modo que armonicen sus disposiciones (Fallos, 214:612), pues deben ser entendidos como coherentes, evitando la aniquilación de una disposiciones por otras (Fallos, 223:227).

Sin embargo, la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley; los jueces, en cuanto servidores del derecho y, para la realización de la justi-cia, no pueden prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma (CSJN, Fa-llos, 302:1284) o los fines que las informan (íd., Fallos, 264:152; 265:256 y 272:219), pues la hermenéutica debe responder razonablemente no sólo a su espíritu, sino a la observación y precisión de la voluntad del legislador, por lo cual, la primera fuente para rastrearla es la misma letra de la ley (Fallos, 223:227).

No puede preterirse que en la hermenéutica de la ley penal están vedados los instrumentos o procedimientos analógicos (L. Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal”, tomo II, pp. 523-524, Losada S.A., 4ª. edic., 1977). Por lo cual, no se puede adoptar un modelo de interpretación extensiva, prohibida en los términos constitucionales, porque ello sería directamente en perjuicio del imputado, pues “no corresponde suplir las deficiencias reales o presuntas de las leyes remitiéndose a otros principios analógicos incompatibles, contradicto-rios, rectificadores o destructores de la naturaleza y los propósitos de la ley” (CSJN, Fallos, 211:1063).

No obstante, en la hermenéutica penal corresponde ser en extremo riguroso, porque si bien es válido realizar una interpretación dinámica o progresiva a la luz de las transformaciones sociales y científicas, atendiendo a las nuevas formas de comisión de delitos, debe cuidarse de no producir un análisis extensivo que desnaturalice la definición legal del tipo penal. Se ha sostenido incluso que como generación de la misma dinámica interpretativa, en aquellos casos en que el juez se inclina por el significado literal de un texto, la decisión de usar ese método interpretativo expresa una opción en la que intervienen consideraciones de justicia, imparcialidad o seguridad jurídica (Navarro-Bouzat-Esandi, ob. cit., p. 28 con cita de Bacigalupo).

Con tales directivas interpretativas, la letra del párrafo tercero del art. 119 del CP, debe ser contemplada, ante todo, con arreglo al principio de que los sujetos activos del tipo penal pueden ser persona de uno u otro sexo, pues no pueden ser excluídos por estar proscripta constitucionalmente la discriminación por razón de sexo; de igual manera, porque los tipos penales están enmarcados por el principio de igualdad entre los sexos. Esta primera conclusión, sigue el método de la compatibilidad constitucional, el cual presupone que siempre debe preferirse la interpretación que sea conforme o más conforme a los instrumentos que integran el bloque de supralegidad. Esto significa que “obtenida una respuesta hermenéutica “desde la Constitución”, se desciende a la legislación infraconstitucional a fin de que esta última guarde coherencia y armonía con las normas del texto constitucional” (V. García Toma, "En Torno a la Interpretación Constitucional", en Revista del Foro. Colegio de Abogados de Lima, año LXXXVI, N° 2, Junio-Diciembre 1998, p. 38).

Asimismo, si el criterio que debe inspirar siempre toda actividad interpretativa en el nivel que sea, es el sistemático y teleológico que está presente en el sentido y voluntad del legislador, éste debe presidir el alcance para el cual fue concebida; y este sentido, el legislador tomó en cuenta la nueva dimensión del bien jurídico protegido contra la integridad sexual (entendido también como una injuria a la integridad física y psíquica y a la libre decisión de la víctima), sino también, las diversas modalidades de comportamiento sexual que pueden vulnerar ese bien jurídico, para así determinar que tanto sujeto activo podía serlo persona de uno u otro sexo, tal como surge de los proyectos de ley que confluyeron sobre la construcción de los tipos penales consagrados por la Ley 25.087.

La idea restrictiva que era inherente al texto legal reformado, por el cual, la “violación” implicaba un acceso carnal únicamente entendido por la conducta activa del varón, quien efectuaba la función penetradora ya sea en la cavidad vaginal o anal, por lo cual, así interpretado, pareciera que sólo podía ser autor material el hombre que sólo puede acceder, ha quedado desplazada con la nueva formulación; ahora, la mujer, en cuanto “accedida carnalmente”, también puede ser sujeto activo cuando se “hiciese acceder carnalmente”, mediante cualesquiera de los supuestos previstos (por menor de trece años, por violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción).

La expresión legal empleada, comprende, ya sea la actividad —el acceder—, como la pasividad —ser accedido—. Así, ocurre, por ejemplo, al desentrañarse el concepto legal de “acceso carnal”, en la doctrina española que ha estimado que ambos sexos pueden configurar la conducta típica (F. Muñoz Conde, “Derecho penal”, Parte Especial, p. 206, 12° ed., Valencia, 1999, aunque admite ciertas reservas; en cambio, J. Bustos Ramírez, “Manual de Derecho Penal”, p. 115, 2° ed., Barcelona, 1991, considera que no hay obstáculos para ello, por cuanto "la expresión acceso carnal no exige que la penetración sea necesariamente por parte del sujeto activo, sino que basta con que éste logre el acceso y, por tanto, basta con que logre ser penetrado".

El desarrollo del ser humano es un fenómeno integral de maduración de las esferas física, fisiológica, cognitiva, intelectual, psicológica, social y valorativa. La maduración de estas esferas no se hace de manera sincronizada. El hecho de que los cambios físicos y fisiológicos se den cada vez a edades más tempranas no significa, necesariamente, que simultáneamente el individuo esté preparado desde los puntos de vista cognitivo, intelectual, psicológico, social y valorativo para asumir los eventos que se den como consecuencia de mantener relaciones sexuales.

Por consiguiente, el régimen penal argentino dota de mayor protección a los menores de trece años de edad, al presumirse juris et de jure que hasta esa edad los niños se encuentran incapacitados para comprender la naturaleza de los actos corporales que implican el abuso sexual o, en otras palabras, el sentido de la conducta de su autor, y, por ende, la imposibilidad de prestar consentimiento para el acto (C. E. Edwards, "Delitos contra la integridad sexual", pp. 14-15, Ed. Depalma, 1999; E. A. Donna, "Delitos contra la integridad sexual", p. 24, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000; V. F. Reinaldi, "Los delitos sexuales en el Código Penal Argentino", p. 44, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1999); también, se ha adoctrinado que en estos casos la ley le niega al menor de trece años, "la posibilidad de consentir válidamente la acción desplegada por el delincuente, entendiendo que por falta de desarrollo de sus facultades intelectuales y volitivas, no se encuentra en condiciones de comprender cabalmente la significación del acto" (E. A. Gavier, "Delitos contra la integridad sexual", p. 24, Marcos Lerner Editora Córdoba, 2a. edic., 2000).

El logro de una sexualidad plena y madura en el ser humano conlleva un proceso que justamente es de integración de esa sexualidad. En el caso de los menores, el bien jurídico tutelado está protegiendo este proceso de integración de la sexualidad de los mismos (la sexualidad vista como un todo inescindible). Y tal protección surge claramente del esquema de consentimiento que emerge de tal normativa. Así los menores de edad hasta los doce años inclusive, no pueden consentir válidamente ningún tipo de acto sexual, ni aún el más ínfimo (L. Luengo, “Delitos sexuales”, p. 20, Ediciones Gráfica Sur, 2004).

De esta manera, debe contextualizarse la acción abusiva del adulto, en este caso, la de la madre contra su hijo, entonces, de once años de edad, cuando tras excitarlo por el manoseo de sus genitales, se hizo acceder analmente, aspecto material del deseo libidinal o erótico de aquella, que es el motivo placentero personal que explicaría su comportamiento sexual. Esta es la realidad que lo caracteriza. Es precisamente el placer lo que persigue el sujeto activo, independientemente del medio que usa para obtenerlo; en este caso, el placer de la madre del niño, al hacerse penetrar analmente por él; esto es, de servirse del cuerpo del niño, para obtener placer sexual.

La ley penal al requerir “cuando mediando las circunstancias […] hubiere acceso carnal”, no atiende a quien realiza activamente la función penetradora, sino que debe entenderse como aquel acto de haber accedido carnalmente a algunas de las cavidades, es decir, el que se haya introducido el órgano sexual masculino ya sea en la vagina, ano o boca. En definitiva, no resulta relevante quien realiza activamente la penetración, sino el que se encuentre el pene en alguna de aquellas cavidades. Y es que no puede olvidarse, como se indicó supra, de que las conductas típicas más bien adscriben responsabilidad por un determinado comportamiento, que es algo más que una pura despcripción. En consecuencia, se castiga penalmente no a quien desde una perspectiva puramente naturalística cause la actividad penetradora, sino que se sanciona todo aquel comportamiento dirigido a la realización de la cópula, siendo irrelevante, por tanto, si el sujeto activo es quien accede o si es carnalmente accedido; de lo contrario el bien jurídico tutelado incurriría en una desigual protección por razón de sexo.

Esto último relacionado con el bien jurídico protegido no desatenderse, porque precisados los objetos de protección en la noción jurídica “integridad sexual” (a saber, la libertad sexual, la indemnidad física y psíquica sexual y en el caso de los menores el caso de los menores, la protección del proceso de integración de la sexualidad de los mismos), no cabe más que afirmar la inclusión de la mujer como sujeto activo del delito de violación. Aseverar lo contrario, llevaría a brindar una protección desigual, como en el caso, respecto del niño menor de 13 años. Como es de suponer, ninguna distinción del bien jurídico se desprende ni del telos de la ley ni tampoco de la voluntad del legislador. El fin de la norma es comprender como un injusto punible todos aquellos comportamientos que afectan el bien jurídico en cuestión, sin atender cómo se lleva a cabo el acceso carnal y quién lo realiza.

Tutelados como sujetos pasivos los varones y las mujeres y siendo el bien jurídico protegido la integridad sexual de ambos, cualquiera que sea aquel de quien parta la imposición del acceso carnal en las condiciones del tipo penal, lesionando con ello el bien jurídico de la integridad sexual del sujeto pasivo, será autor del correspondiente delito. En consecuencia, cuando quien imponga el acceso carnal sea una mujer, también ésta estará ejecutando la acción típica. Hay que romper con el estereotipo tradicional de que la mujer es la protagonista inactiva de la relación sexual, en la que toda iniciativa corresponde al varón, manteniendo también en esto la igualdad de sexos (M. Bajo Fernández y J. Díaz-Maroto y Villarejo, “ Manual de Derecho Penal: Parte Penal: delitos contra la libertad y seguridad, libertad sexual, honor y estado civil”, pp. 204-205, 3° ed. España. Centro de Estudios Ramón Areces. 1995, con cita de la Circular 2/1990 de la Fiscalía General del Estado).

El bien jurídico indemnidad o intangibilidad sexual se relaciona con las personas que son menores de 13 años de edad, las que normativamente no tienen capacidad para decidir sobre su comportamiento sexual. La carencia de esta capacidad es lo que hace imposible que este tipo de personas puedan ejercer la libertad sexual conscientemente, razón por la que el objeto de tutela es el derecho de permanecer libre de todo daño o perjuicio en su esfera sexual, y a desarrollarse en forma normal y saludable en el ámbito sexual. En esto la indemnidad o intangibilidad sexual es concebida como el derecho de toda persona a no verse involucrada en contextos sexuales que no puede entender, de manera de verse libre de daño o perjuicio alguno que pudiera afectar su desarrollo sano y normal en el ámbito sexual. En otras palabras, consiste en la preservación de las condiciones fundamentales que permitan en el futuro ejercitar adecuadamente las facultades sexuales, esto es, impedir en el sujeto la vivencia de experiencias que lo puedan afectar en su desarrollo posterior.

A esta altura, deben repasarse las ideas que imperan en la doctrina argentina.

Enfáticamente, se destacó que “la afirmación suscripta prácticamente por la unanimidad de la doctrina nacional (con la solitaria excepción de Eusebio Gómez) y por la jurisprudencia (con la excepción también solitaria de algún fallo de la Suprema Corte de Tucumán, de la década del 40) de que sólo el hombre puede cometer el delito de violación, deberá revisarse. En efecto, tratándose de abusos sexuales de diferente grado, según se trate del párr.. 1°, del 2° o del 3°, incluyendo sólo este último el acceso carnal, resultará que la mujer podrá ser autora del delito acuñado en este último párrafo, en el caso de que el sujeto que le penetre, tenga menos de 13 años de edad […]” (O. A. Pandolfi, “Delitos contra la integridad sexual (Ley 25.087)”, pp. 58-59, Ediciones La Rocca, 1999).

También pondera la teoría de la progresividad del abuso sexual para descartar el concepto restrictivo que, con anterioridad a la reforma de la Ley 25.087, describía al sujeto activo del acceso carnal, el que “ha dejado de tener vigencia […] cuando el sujeto activo del abuso sexual, hombre, penetra o tiene acceso carnal con el sujeto pasivo, como cuando el sujeto activo del abuso sexual, mujer u hombre, se hace penetrar o que la accedan carnalmente por el sujeto pasivo. En ambos supuestos, se trata de un abuso sexual en que ha habido acceso carnal. Debe señalarse también, que a diferencia del derogado art. 119 que reprimía solamente la violación, como delito autónomo, el delito de violación previsto por el apartado tercero del vigente art. 119, constituye una forma agravada del abuso sexual previsto en en el primer párrafo. El artículo contempla un tipo progresivo, por lo que necesariamente, en los supuestos previstos por los apartados segundo y tercero, deben concurrir las exigencias materiales y subjetivas del primer apartado. Y si para el tipo básico de abuso sexual […] es criterior uniforme que resulta indiferente el sexo del sujeto activo, que puede ser tanto el hombre como la mujer, resulta claro que también puede ser sujeto activo de violación, prevista por el tercer apartado, tanto el hombre que penetra como la mujer que se hace penetrar. Conclusión que resulta compatible con el cambio del verbo “tuviere” utilizado por la figura derogada, por el del verbo “hubiere”” (O. A. Estrella, “De los delitos sexuales”, p. 109, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, 2005).

Mayor tratamiento a la cuestión le dedica Jorge Buompadre, para quien “dos son las diferencias que advertimos frente al texo derogado: la primera reside en la clase de verbo que colorea al tipo; mientras el anterior art. 119 empleaba el verbo “tuviere”, la nueva redacción dice “hubiere”, los cuales, al parecer, tienen significados diferentes. En el primer caso, recordamos, la doctrina dominante había entendido al acceso carnal como la penetración del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima y casi unánimemente se había sostenido […] que sólo el hombre podía ser sujeto activo del delito, porque era el único que podía “tener” acceso carnal. Con la nueva normativa, el cambio de verbo pareciera indicar que ya no se requiere que el autor “tenga” acceso carnal sino que “en” el abuso sexual “hubiere” acceso carnal, circunstancia de la cual puede inferirse que tanto el hombre como la mujer pueden se autores del delito. En el derecho español, frente a un texto que plantea similar cuestión, la doctrina ha sostenido este criterio […] –si seguimos esta línea de pensamiento-, bien podría darse al concepto de acceso carnal del art. 119 una interpretación equivalente a coito vaginal heterosexual, vale decir, al acoplamiento de los órganos genitales de un hombre con una mujer, al que deeríamos añadir la posibilidad del acomplamiento por vía anal teniendo en cuenta de que el párr.. 1° del mencionado artículo hace referencia a “persona de uno y otro sexo”. Si seguimos esta línea de pensamiento, que nos parece la correcta, queda claro que la mujer también puede ser sujeto activo del delito que estamos comentando, toda vez que en el acto sexual “hubo” acceso carnal” (aut. cit., “Delitos contra la integridad sexual -algunas observaciones a la ley 25.087 de reformas al Código Penal”, en DJ 1999-3-732, esp. p. 735; ver también la ampliación argumental del mismo autor en su obra “Derecho Penal”, Parte Especial, tomo 1, pp.380-383, Mario A. Viera Editor, 2000).

Así, se ha sostenido que “[l]a actual redacción de la norma ha cambiado la fórmula. El tercer párrafo del artículo ya no refiere “el que tuviere acceso carnal”, sino que dice “cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía”. Este cambio de redacción ha permitido a algunos considerar, ahora con mayor fundamento, que la introducción dedos, lenguas u objetos es un caso de acceso carnal, al igual que aquel en que la mujer obliga al hombre a que la penetre. Así también se abre la posibilidad de involucrar a la mujer como sujeto del delito en cuestión” (F. Klappenbach y J. F. Giúdice Bravo, en A. J. D’Alessio –dir- y M. A. Divito –coord-, “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, tomo II, p. 243, 2da. edic., La Ley, 2009).

En idéntico sentido que el anterior, se ha prenotado que “ahora existe consenso en que la reforma prevé la posibilidad de la llamada “violación inversa” […] pudiendo entonces la mujer ser sujeto activo de violación, dada la posibilidad de hacerse penetrar” (C. Parma, “Delitos contra la integridad sexual”, p. 76, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1999). Igualmente, se afirma que el tipo penal “se conforma con que “hubiera acceso carnal”, esto es, con que exista un acceso de esa índole, y sea que el sujeto activo desempeñe un rol activo en la relación sexual, ya sea que cumpla un rol meramente pasivo” (G. A. Arocena, “Delitos contra la integridad sexual”, p. 59, Advocatus, 2001).

“La reforma efectuada […] al sustituir la expresión “el que tuviere acceso carnal” por “hubiere acceso carnal por cualquier vía” […] aunque no haya sido explicada por los legisladores […] obliga al doctrinario a tomar en consideración ese cambio y determinar si las expresiones utilizadas por el texto legal anterior y las que emplea el ahora vigente, en definitiva, están diciendo o no lo mismo. Para nosotros no dicen lo mismo […] Porque la expresión “tener acceso” hace referencia a la actividad que debe cumplir el sujeto activo, que es la de “penetrar” mientras que la actual expresión, se conforma con que “hubiere acceso carnal”, esto es, con que exista un acceso de esa índole, lo que ocurre tanto cuando el sujeto activo del delito es el sujeto que cumple un rol activo en la relación sexual, como cuando aquel sujeto desempeña en ella un papel pasivo. Es éste el caso de la mujer o del varón homosexual que se hacen penetrar aprovechándose de la edad del otro (varón menor de trece años, que asiente pero su voluntad es jurídicamente irrelevante) o violentando o amenazando al varón para obligarlo a hacderlo contra su voluntad […] o abusando coactiva o intimidatoriamente de una relación de dependencia, de autoridad o de poder” (V. F. Reinaldi, “Los delitos sexuales en el Código Penal Argentino Ley 25.087”, p. 70, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1999).

De consuno a la posición interpretativa que asumimos sobre el tipo penal tomando en cuenta su teleología, el doctrinario argentino ha puntualizado que “[e]l término “acceso carnal” plantea un problema conceptual que debe resolverse desde una mira teleológica”, por lo cual, “[e]l análisis del tema en cuestión debe partir de un presupuesto fundamental. Tras haber concluido que la expresión “acceso carnal” importa la penetración del pene en vagina o ano, resulta que el único supuesto en el que debe analizarse la posibilidad de que la mujer puede cometer el tipo penal de violación, es el caso en que ésta obliga a un hombre a penetrarla anal o vaginalmente […]. Al ser el nuevo verbo típico “haber” (en lugar de “tener”) y no hacer ninguna referencia respecto de cu´pal debe ser la conducta del sujeto activo, como lo hacía la redacción anterior (“el que tuviere”), no cabe duda alguna de que con la nueva redacción del art. 119 la mujer pede ser autora del delito de violación, con los alcances y lilmitaciones que hemos señalado y subrayado” (A. M. Tenca, “Delitos sexuales”, pp. 93-94, Ed. Astrea, 2001).

Por todo lo antes expuesto por los especialistas de doctrina que se han invocado, afirmamos que acceso es equiparable a coito, y éste es definido como cópula sexual predicable en ambos intervinientes. Es claro que tales conceptos son aplicables tanto al varón como a la mujer, debiendo entenderse que en casos de cópula, o de introducción del miembro viril en las cavidades de la mujer ya mencionadas, ambos participantes tienen acceso carnal. Concepto que, de otro lado, coincide con el socialmente aceptado de modo general. Así entendido el precepto, se plantea doctrinalmente la posibilidad de que la mujer sea sujeto activo del delito cuando la acción consiste en penetración del miembro viril, o, mejor dicho en hacerse invadir o dirigir la penetración. Como ya hemos dicho, no existe ninguna razón para que la protección del bien jurídico sea distinta en función del sexo del sujeto activo o del pasivo. Tampoco la conducta pierde significado o potencialidad lesiva para el bien jurídico si afecta a la libertad sexual en forma semejante, pudiendo tenerse en cuenta en este sentido la entidad y características de las conductas equiparadas. Ya la noción jurídica de cuando “hubiere acceso carnal” no puede ser identificada con una visión restrictiva y caduca de penetración sexual.

De manera que el delito del párrafo tercero del artículo 119 del código sustantivo, lo comete tanto quien penetra a otro por las vías señaladas como quien se hace penetrar. Lo definitivo en estos casos sería la existencia del acceso carnal, determinado por la penetración, mediando las circunstancias del primer párrafo de la norma, y resultando responsable de la agresión quien la utiliza o la aprovecha. El legislador ha previsto que ese acceso carnal supone la introducción del órgano sexual masculino que puede realizarse en las cavidades que el tipo penal admite (“cualquier vía”: vaginal, anal o bucal), rellenándose la tipicidad cuando es la víctima la que es obligada a realizar la conducta contra su voluntad o sin su consentimiento, como en el caso, en razón de la menor edad de trece años, introduciendo su órgano sexual en alguna de las cavidades típicas del sujeto activo.

Entendemos que el criterio que sostenemos sobre la calificación legal de la conducta que se juzga, responde a las pautas axiológicas que inspiran nuestro ordneamiento constitucional desde los modelos aceptados por la comunidad jurídica, respetando el contenido teleológico del tipo penal, esto es, los valores inherentes al mismo y exteriorizados por los legisladores en su construcción, pues no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada, sino que también son constitucionalmente rechazables aquellas que conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma.

Por último, la redacción actual del tipo penal, plasma la evolución de las conductas humanas en el plano de la agresión o abuso sexual; el concepto de acceso carnal debe así entenderse, siendo indiferente quien actúe como sujeto activo, en cuanto puede ser un hombre o una mujer. Esto, además, como se explicitara extensamente, no se aparta de los valores tomados en cuenta por el legislador con arreglo al tenor literal del verbo típico empleado en la ley penall. Y lo hacemos sobre la base de esa progresión que en los últimos tiempos han experimentado los delitos contra la integridad sexual, por el que se manifiestan las tendencias de comportamiento quebrantadoras de la integridad sexual, por lo cual, ha quedado desplazada la noción restrictiva del autor del abuso, únicamente concerniente a quien llevaba a cabo la acción activa de la penetración por alguna de las vías penalmente sancionadas. Por otro lado la existencia de acceso carnal ya no puede hacerse depender del género de los sujetos activo y pasivo.

Nada más.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez doctor Rodríguez expresó:

Adhiero a todo lo expresado con excelencia por mi colega, salvo en cuanto considero que la figura penal del abuso sexual con acceso carnal, tal como se encuentra legislada en el art. 119 del Código Penal, implica la penetración del órgano sexual del sujeto activo en el cuerpo de la víctima y en este sentido coincido con la doctrina mayoritaria que sostiene que sólo puede ser ejecutado directamente por el varón con su pene.

En contra sólo Núñez sostenía que “la mujer podía cometer la violación de un varón menor de doce años haciéndose acceder carnalmente por él mediante las debidas excitaciones” (Derecho Penal Argentino, Tomo IV pág 250 Ed. Ameba); no obstante Soler lo descartaba indicando que “el sujeto activo de violación sigue siendo un hombre según lo aconsejan la gramática y el sentido común”, más allá de que “una mujer puede cometer actos impúdicos como sujeto activo, pero esos actos o serán ultrajes al pudor o serán corrupción, o no serán nada” (Soler, S. Derecho Penal Argentino, tomo III, p. 285, Ed. Tea).

Actualmente así lo entienden Donna (“Delitos contra la integridad Sexual” Rubinzal pág.60), Figari (Delitos de índole sexual, pág. 153 Ed. Cuyo), Laje Anaya-Gavier (“Notas al Código…” , Ed. Lerner, pág. 345) que hasta señala que en casos como el presente la mujer “sólo será autora de abuso sexual”. También parece así sostenerlo la Sala II del Tribunal de Casación Penal Provincial cuando define que la característica esencial del concepto de acceso carnal viene constituida por la idea de penetración sexual. Es decir, que la expresión “acceso carnal”, que conceptualiza normativamente la conducta punible, debe interpretarse en el sentido de penetración del órgano sexual masculino en orificio corporal de la víctima, de modo de posibilitar la cópula o un equivalente de la misma” (Sala II, 20-11-2007 ca 18856).

Otros autores (Buompadre, D. Penal T° I, pág. 380, ed. Mave) sostienen que el texto de la reforma de 1999 (ley 25087) implica una ampliación del concepto al sustituirse el núcleo típico del art. 119 diciendo “cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía” y es cierto en cuanto ello amplió las vías del acceso carnal a la “fellatio in ore” y otros abusos, pero ello no debe entenderse que extiende el sujeto activo que mantuviere el acceso carnal a la mujer, cuando cambio tan notorio debiera haber sido incluido en el texto legal en forma más concreta.

Es que si el legislador cuando quiso incluir expresamente la “fellatio in ore” y otros abusos como accesos carnales, frente a la jurisprudencia mayoritaria que los excluía como tales, lo explicitó en la reforma (“por cualquier vía”); puede inferirse que si hubiera querido incluir casos como el presente, la autoría femenina en la violación, lo hubiera aclarado debidamente, en forma expresa, como deben ser los textos legales que definen delitos y no con una formulación elíptica como la impersonal del “cuando … hubiere acceso carnal”, por “el que tuviere acceso carnal” del texto anterior a la reforma.

De cualquier modo, más allá de la intención legislativa, “rex voluntas”, en esto lo que cuenta es fundamentalmente la expresión que define la acción típica, “acceso carnal”, que lleva directamente a representarse exclusivamente la conducta del que accede carnalmente, ya que estrictamente no accede carnalmente a otro el que se hace acceder por otro.

Conforme la Real Academia Española el vocablo “acceder” tiene varias acepciones: “1. intr. Consentir en lo que alguien solicita o quiere. 2. intr. Ceder en el propio parecer, conviniendo con un dictamen o una idea de otro, o asociándose a un acuerdo. 3. intr. Entrar en un lugar o pasar a él. 4. intr. Tener acceso a una situación, condición o grado superiores, llegar a alcanzarlos. Acceder el colono a la propiedad de la finca.”.

De todas ellas la que cuenta aquí es la tercera: “entrar”, con lo que la expresión acceder en este caso implica “entrar en un lugar o pasar a él”, en el caso del acceso carnal es entrar en las carnes o en el cuerpo de otro, algo muy diverso de ser accedido o de hacerse acceder, que para constituir esta forma agravada de abuso sexual debió ser específicamente descripta por el tipo penal. En este sentido me resulta muy descriptivo lo que se señala en el Código Penal comentado de Baigún, Zaffaroni y otros (tomo 4, Pág. 606, ed. Hammurabi) “En español, en tales casos, el verbo (entrar, penetrar, acceder) no tiene acusativo, es neutro con respecto a lo que es objeto de penetración. Yo puedo entrar un clavo en la pared (sentido activo); pero entonces lo entrado no es la pared, sino el clavo…Lo dicho permite descartar a las mujeres como autoras de este delito…”.

Y así tiene una lógica la mayor punición del abuso sexual con acceso carnal, en cuanto es una mayor ofensa en el abuso sexual el verse o sentirse penetrado o invadido en el interior de su humanidad, a diferencia de ello, que el autor se hiciere penetrar por la víctima en este sentido no la involucra en ese compromiso tan íntimo, lo que sin dejar de ser grave (sería sí gravemente ultrajante), ubica al hecho en otra escala inferior.

Esto, por supuesto, no significa discriminar a uno u otro sexo por el género, sino atender a la diversidad anatómica y sus distintas aptitudes, más allá de que nadie podría verse discriminado ni reclamar por esto, en tanto no es ser desvalorado, el no poder ser considerado autor de un delito más grave.

A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez doctor Castañares, dijo:

1. Medida de la Pena

En atención a las pautas de mensuración que surgen del Veredicto, y lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del Código Penal, encuentro justo se imponga a MS Ne Rodríguez la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso.

Abogó el defensor por la imposición del mínimo legal para el concurso establecido, con el argumento de la existencia de la atenuante y, contrariamente, no se propusieron agravantes.

A su respecto sostengo que es inveterada doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia que no existe para las penas divisibles un punto de ingreso fijo a la escala penal (Ac. P 79.708, del 18-VI-03; P 111.426, del 12-IX-2012), por lo cual, ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal, pues la inexistencia de atenuantes y agravantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del CP (así Acs. P. 38.661, del 6-II-1990; P. 56.481, del 27-II-1996; P. 65.320, del 17-X-2001; P. 66.728, del 29-V-2002; P. 62.632, del 23-IV-2003; P. 71.085, del 30-IV-2003; P 79.708, del 18-VI-2003; P. 63.849, del 10-IX-2003; P. 63.849 y P. 74.955, del 10-IX-2003; P 82.858, del 21-XII-2005; P 61.510, 24-VIII-2005; P 78.422, del 6-VI-2007; P 95.068, del 13-II-2008; P 93.639, del 27-II-2008; P 105.625, del 29-XII-2009; P 102.136, del 14-IV-2010).

En el primero de los precedentes citados de la Suprema Corte, se aludió que tal criterio no implica de por sí la "menor peligrosidad" que haga acreedor al condenado al mínimo legal de pena (cit. Ac. P 38.661; íd. cit. Ac. P 74.955; 74.894, del 16-VII-2003). También, debe afirmarse que en los arts. 40 y 41 del CP, “no se fija la incidencia que debe tener cada una de las pautas mensurativas ni se impone tampoco a los jueces partir siempre del extremo inferior de la escala” (TCP, Sala II, causa 18.487, del 12-4-2007). Y todo ello es así, porque “no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas” (TCP, Sala I, causas 20.677, del 26-3-2009 y 36.870, del 25-3-2010).

En el monto propuesto al acuerdo encuentro los principios de proporcionalidad y equilibrio, de manera tal que la intensidad de la sanción conlleva armonía con el nivel de injusto.

2. Honorarios profesionales

Se impone en este capítulo establecer los honorarios profesionales de quienes a lo largo del proceso estuvieron sucesivamente a cargo de la defensa, abogados,…., y actualmente la Unidad Funcional de Defensa xx departamental, retribuciones que, en orden a la labor realizada y el resultado obtenido, estimo deben ser fijados en las sumas de cuarenta jus para cada uno de los profesionales de la matrícula, con más los adicionales de Ley, y; setenta jus para la defensa pública. Del mismo modo para con la actuación de la abogada representante del particular damnificado, doctora …, remuneración que debe establecerse en setenta jus, con más los adicionales de Ley.

Rigen arts. 1, 2, 9-I-16 a) III, 9-I-16 b) II, 9-I-17 d), 15, 16, 51 y 54 de la Ley 8.904 y sus modif.; 12 inc. a) Ley 6.716, 1 de la Ley 10.268 y 7, Ley 8.480; todas de esta Provincia y 534 del Código Procesal Penal.

3. Documental presentada en el juicio

El particular damnificado al declarar durante la audiencia del debate pidió acompañar prueba documental, que se aceptó con la aquiescencia de las restantes partes. Ahora, dictado el pronunciamiento y una vez notificado se impone su devolución al presentante.

Arg. art. 523 DEL Código Procesal Penal.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, los señores Jueces doctores Torti y Rodríguez, compartiendo las razones expuestas por el doctor Castañares, a las que adhieren, VOTAN EN EL MISMO SENTIDO. Rige el derecho invocado.

En consecuencia, el Tribunal por unanimidad;
R E S U E L V E
I. CONDENAR a M M RZ, de las demás circunstancias personales consignadas en autos, a la pena de CATORCE AÑOS DE PRISION, ACCESORIAS LEGALES Y EL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO, por ser autora penalmente responsable de los delitos de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR SU CONDICION DE ASCENDIENTE, en concurso ideal con CORRUPCION AGRAVADA POR SU CONDICION DE ASCENDIENTE, que damnificara a M g, cometido en el transcurso del año 2009 en Car, partido de Morón.

Rigen los arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3ro. 40, 41, 54, 119 párrafos primero, cuarto apartado b) y último y 125 párrafos segundo y tercero del Código Penal; 375, 530 y 531 del Código Procesal Penal.

II. REGULAR los honorarios profesionales de quienes a lo largo del proceso estuvieron oportunamente a cargo de la defensa, doctores con más los adicionales de Ley.

Rigen arts. 1, 2, 9-I-16 a) III, 9-I-16 b) II, 15, 16, 51 y 54 de la Ley 8.904 y sus modif.; 12 inc. a) Ley 6.716, 1 de la Ley 10.268 y 7, Ley 8.480; todas de esta Provincia y 534 del Código Procesal Penal.

Regístrese. Dese lectura en los términos del art. 374 “in fine” del Código Procesal Penal, imponiendo a la condenada del art. 54, Ley 8.904. Concluida la lectura de la presente a las partes, devuélvase al particular damnificado la documental aportada durante el debate; remítase la causa a la fiscalía conforme fuera solicitado por el señor fiscal del juicio, y; firme que se encuentre esta sentencia, practíquese el cómputo de Ley remitiéndose el legajo respectivo a la instancia de Ejecución Penal. Fecho, archívese.


Ante mi:


A-1


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