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CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA

NACION.-

LIBRO I Disposiciones Generales
TÍTULO I Ejercicio de la acción.
Capítulo 1. Interpretación y aplicación de la ley.
Art. 1.- Interpretación.

Este Código deberá interpretarse como un reglamento de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Argentina.

Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente.

El procedimiento se ceñirá al principio acusatorio y la intervención de los jueces se regirá por los principios de imparcialidad, inmediación y oralidad.
Art. 2.- Duda a favor del imputado. Carga de la prueba. Inocencia.

En caso de duda sobre cómo ocurrieron los hechos investigados deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado. En todos los casos incumbirá a la acusación probar la culpabilidad del imputado.

Toda persona imputada será considerada inocente hasta que se establezca legalmente su culpabilidad.
Capítulo 2. Promoción y ejercicio de la acción por el Ministerio Público Fiscal.
Art. 3.- Ejercicio de la acción.

Las acciones penales públicas se iniciarán de oficio, por denuncia o querella.

Cuando se trate de delitos dependientes de instancia privada, se iniciarán por instancia del ofendido o su representante legal, excepto cuando las excepciones legales admitan la promoción de oficio.

La acción por delitos de acción privada será ejercida por el ofendido o su representante legal. En caso de mandato se acompañará poder especial para el acto, bajo consecuencia de inadmisibilidad de la denuncia o querella.

Art. 4.- Ejercicio de la acción por el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción pública y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional cuando este código lo establezca expresamente. La promoverá de oficio, siempre que no dependa de instancia privada.

Nadie podrá ser perseguido ni encausado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la forma de participación atribuidos.
Art. 5.- Objetividad.

En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país y la ley.

Investigará tanto las circunstancias que permitan comprobar la acusación como las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado y formulará los requerimientos e instancias conforme a ese criterio de objetividad.
Art.6.- Excusación y recusación de los magistrados del Ministerio Público Fiscal.

Los magistrados del Ministerio Público Fiscal deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los Jueces, con excepción de las causales fundamentadas en prejuzgamiento. La excusación será resuelta en la forma que establezca la reglamentación pertinente. La recusación será resuelta en audiencia por el Juez competente para entender en la causa.

Capítulo 3.- Ejercicio de la acción por el particular damnificado.- Querella

Art. 7.- Querella.

Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta su total finalización y una vez constituídas serán tenidas como parte para todos los actos esenciales del proceso.

La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus responsabilidades.

Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso como terceros coadyuvantes.

En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales previstas en este Código.
Art. 8.- Legitimación. Oportunidad.

Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito, personalmente o con mandatario con poder especial para el caso en particular, con patrocinio letrado, ante el Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado el requerimiento de juicio por el Fiscal.

Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar al autor en lo posible, los datos del damnificado y demás informaciones de interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado, bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se pretende querellar.

Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.

Cuando el Fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.
Art. 9.- Acción Civil.

El querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables solamente cuando también se hubiera promovido contra el imputado.
Art. 10.- Término.

La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no procederá el ejercicio conjunto con la penal.
Art. 11.- Abandono de la acción.

El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.

La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:

1) a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba para cuya práctica sea necesaria su presencia; y

2) a la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.

En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible.

También se considerará abandonada la querella cuando no formule en tiempo y forma el requerimiento de juicio.

El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.

El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este Código.

_

Art. 12.- Pluralidad de actores.

Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a pedido del Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.
Título II. Ejercicio de la jurisdicción.
Capítulo 1. Competencia.
Art. 13 . Competencia Federal.-

Los tribunales federales conocerán:

  1. En los delitos previstos en los arts. 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 210 bis, 212, 213 bis y Titulo X del libro segundo del Código Penal.

  2. Los delitos de contrabando en general, elaboración y tráfico de estupefacientes en todas sus formas, incluídas las materias primas, que resulten punibles conforme las leyes especiales, lavado de activos de orígen delictivo y tráfico de personas.

  3. Los delitos cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas ciudadanos nacionales o extranjeros.

  4. Los delitos cometidos en aguas, islas o puertos argentinos.

  5. Los cometidos en el territorio de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en violación a las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía o la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus emplados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos o otros medios de comunicación o falseen las elecciones nacionales o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional o de billetes de banco o títulos públicos autorizados por el Congreso.

  6. Los delitos de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción.


Art. 14.- Competencia.

Entenderán en el hecho el órgano del Ministerio Público Fiscal y el órgano jurisdiccional competentes al tiempo en que se hubiere cometido el delito, según lo determinen las leyes y los reglamentos pertinentes.
Art. 15.- Declaración de oficio.

La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.

Art. 16.- Control de la competencia. Inhibitoria y declinatoria.

En cualquier estado del proceso el Fiscal o cualquiera de las otras partes que lo considere pertinente planteará ante el Tribunal que corresponda la declinatoria de competencia por razón del territorio o por razón de la materia.

También, promoverá la inhibitoria ante el juez que considere competente.

El que optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al interponer la cuestión, deberá manifestar que no ha empleado el otro medio y si resultare lo contrario sele impondrán las costas, aún cuando la cuestión se resuelva conforme su petición o sea desistida. Si por haberse empleado ambos medios se llegase a soluciones contradictorias, prevalecerá la que se dicte primero.
Art. 17.- Trámite.

La declinatoria e inhibitoria se sustanciarán en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento cuando la cuestión sea controvertida entre las partes y/o sea necesario substanciar pruebas para justificar la petición o su rechazo.

Si la cuestión no fuera controvertida o no fuera necesaria la substanciación de pruebas, podrá resolverse sin audiencia.

Cuando se haga lugar a la declinatoria, se pondrán a disposición del tribunal competente las personas detenidas, si las hubiera, y las actuaciones que correspondan para la continuación del proceso conforme las formas pertinentes.

Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, se acompañarán las constancias pertinentes para fundamentar la competencia

El Tribunal requerido por otro para que se inhiba resolverá conforme el procedimiento correspondiente. Si estuviera regido por este Código, escuchará a las partes en audiencia y decidirá de inmediato. Si hiciera lugar a la declaración de su incompetencia, remitirá los elementos de convicción pertinentes y pondrá los detenidos que hubiera a disposición del Tribunal requirente.

Si el Tribunal requerido de inhibitoria la rechazara, lo hará saber al Tribunal requirente, con la debida fundamentación, y lo invitará a que remita la cuestión a conocimiento del órgano que deba dirimirla. En caso de mantener su criterio inicial, el Tribunal requirente enviará las actuaciones pertinentes al órgano que deba dirimir la competencia. En caso contrario, comunicará al Tribunal requerido que acepta su competencia.
Art. 18.- Órgano competente para resuelver el conflicto de competencia.

Si dos (2) jueces se declararan simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de Apelaciones con competencia en el ámbito del Juez que previno.

Si el conflicto de competencia se planteara entre un tribunal provincial y un tribunal nacional, será resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 19.- Continuación de la investigación preparatoria.

Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que será continuada por el Fiscal que primero conoció en el caso.

Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento del caso en la misma fecha, continuará la investigación preparatoria el que planteó la cuestión.

Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.
Art. 20.- Validez de los actos practicados.

Los actos procesales y las investigaciones del Ministerio Público Fiscal practicados hasta la decisión de la competencia será válidos, sin perjuicio de que las partes se requieran su ratificación, rectificación o ampliación en el ámbito competente para adecuarlos a las normas a las que deba ajustarse el proceso.

Art. 21.- Conexidad. Unificación de casos.

Los casos serán conexos cuando hubiera de concurso real o ideal de delitos.

Cuando se sustancien investigaciones preparatorias por casos conexos, se unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.

En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.
Art. 22.- Unificación de juicio.

No procederá la acumulación material de casos para juicio cuando ello determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el mismo Tribunal.

Capítulo 2. Recusación y excusación de los Jueces.
Art. 23.- Excusación. Causas.

Son causas legales de excusación:

1. el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguno de los interesados;

2. tener el Juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados.

3. tener el Juez pleito pendiente con alguno de los interesados;

4. ser el Juez, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con excepción de los bancos oficiales;

5. ser o haber sido el Juez actor, denunciante o querellante contra alguno de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con anterioridad a la iniciación del pleito;

6. haber sido el Juez defensor de alguna de los interesados, emitido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado;

7. haber recibido o recibir el Juez su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los interesados;

8. tener el Juez con alguno de los interesados amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato;

9. tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por ataques u ofensas inferidas al Juez después de que haya comenzado a conocer en el asunto;

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