El origen de nuestros municipios se remonta al derecho romano, cuya influencia y organización fue recogida por el derecho español






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INTRODUCCION
El origen de nuestros municipios se remonta al derecho romano, cuya influencia y organización fue recogida por el derecho español.-

En nuestro país, su “comienzo” hay que ubicarlo en los Cabildos Coloniales, cuya importancia política derivada de la participación de pueblo en su gobierno y la posibilidad de adoptar resoluciones y actos de indudable naturaleza política, cuando lo exigieron urgentes y graves motivos de interés general.-

La Institución Municipal constituía ya en 1853, fecha de la sanción de nuestra Constitución Nacional, una realidad, esto se ve en virtud de que el artículo 5º exige a las provincias, como condición para el goce y ejercicio de sus instituciones, que aseguren el régimen municipal.- A pesar de ello, hasta hace relativamente poco tiempo, tanto en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema como en la doctrina del derecho administrativo, se imponía la concepción que consideraba a los municipios como entidades autárquicas o meras delegaciones del poder provincial. A su vez, en el ámbito del derecho constitucional, las opiniones formuladas por la doctrina estaban divididas entre una mayoría de autores partidarios de la autonomía de los municipios y quienes entendían que éstos eran entes autárquicos.- En definitiva, todo depende siempre, de la manera como se han deslindado las respectivas atribuciones y el reconocimiento o no de los poderes originarios a favor de los municipios, no se puede desconocer que su aplicación constante y reiterada contribuyó a la seguridad jurídica; y como tampoco ha impedido el desarrollo de los poderes de imposición tributaria y ni siquiera el ejercicio del poder de policía local en materias como urbanismo, higiene, moralidad, etc.-

La situación comienza a cambiar después del fallo de la Corte dictado en la causa “Rivademar c/ Municipalidad de Rosario", donde con apoyo en numerosos argumentos jurídicos, reconoció la llamada autonomía municipal, e incluso en base a la interpretación de la cláusula 5º de la Constitución Nacional.-

En la actualidad, aún en el artículo 123 de la Constitución Nacional, conviven sistemas diferentes en punto a la atribución de competencias, dándose dos situaciones distintas: 1) La competencia se encuentra limitada por las leyes orgánicas provinciales; 2) El reconocimiento de poderes a los Municipios para dictar sus cartas orgánicas, lo que implica un grado mayor de delegación; sin embargo, en ambos supuestos, como los poderes de los Municipios se encuentran siempre sometidos al poder constituyente provincial, se trata de una autonomía relativa.-

En los Municipios no existen poderes originarios, ni reservados, y por lo general, la atribución de sus competencias funcionales ha sido materia de la ley provincial y no de los poderes constituyentes provinciales que se han limitado a reconocer la facultad de dictar sus propias cartas orgánicas.-

EL MUNICIPIO
Es el asentamiento poblacional estable, sobre un espacio territorial delimitado, con capacidad de desarrollo y organizado jurídicamente en forma autónoma pero armonizada por la estructura general del Estado.- Es la institución básica, la célula primaria del Estado como “sociedad jurídicamente organizada”.-

En él, encontramos los elementos esenciales del Estado: Población, en el vecindario; Territorio, en el ejido urbano; y Gobierno; en el Gobernante Municipal.-

En lo que hace a la definición legal de Municipio, suelen distinguirse, un Criterio Cuantitativo que lo explica en función de un número mínimo de habitantes; y otro Cualitativo que lo remite a variables socioeconómicas y culturales más complejos.-

En torno a la extensión territorial del Municipio o de lo local, existen tres posibles respuestas: a) la que circunscribe el municipio al área poblada (municipio-ciudad); b) la que extiende el radio de acción a un ámbito periférico destinado al futuro crecimiento o expansión del municipio (municipio-condado); c) la que le asigna una superficie aún mayor, de modo de impedir que existan áreas de jurisdicción municipal (municipio-partido).-

Por fin, corresponde diferenciar al municipio de la municipalidad, tal como lo hacen algunas normas provinciales, en tanto que el primero, es una realidad que surge por el reconocimiento de caracteres tales como la competencia y el status jurídico; y el segundo, es la expresión institucional, revestida de potestad estatal, de la organización de los servicios e intereses que administran y gobiernan un municipio.-
FUENTES DEL DERECHO MUNICIPAL

A) Fuentes Normativas:

a) Constitución Nacional, como base de todo el ordenamiento jurídico de un Estado y establecido por el art. 31;

b) Leyes Nacionales: El Código Civil en el art. 33 le otorga al municipio la índole de persona jurídica de carácter público; y el art. 2344 le reconoce la existencia de un patrimonio propio;

c) Leyes Orgánicas y Cartas Orgánicas Municipales;

d) Ordenanzas, decretos y resoluciones municipales;

e) Jurisprudencia: hay una gravitación indudable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también la de las Provincias.-

B) Fuentes Informativas:

a) Derecho Comparado;

b) Doctrinas;

c) Institutos nacidos de las relaciones de vecindad que cabe considerar previos en el tiempo, la Costumbre, etc.-
CARACTERES

Atributos:

1-Cuerpo Electoral propio: se trata de un órgano ‘propio’ en razón de que emerge del cuerpo social local o vecindario y a diferencia del Cuerpo Electoral General, en el Municipal también participan los extranjeros, y tiene éste funciones y facultades que aquel no tiene, como la iniciativa, la revocatoria y el referéndum.-

2- Autoridades Electivas propias: no designadas por otro nivel político para gobernar, sino originadas en el cuerpo electoral del propio Municipio.-

3- Competencia Territorial: la CSIN en el caso “Rivademar, A. c/ Municipalidad de Rosario” sostuvo la conceptualización del Municipio por encima de un mero ente autárquico, entre otras razones por ‘el alcance de su Circunscripción territorial”…El poder municipal tiene un alcance ‘fisico’, se hace efectivo dentro de un ámbito delimitado llamado “ejido”. Los límites del ejido son fijados por el Poder Ejecutivo Provincial contemporáneamente con el reconocimiento de existencia del Municipio.-

4-Recursos propios: medios materiales con que cuenta el Municipio para la consecución de sus fines. Pueden ser:

* De origen fiscal: General = Coparticipación, o propio — poder de imposición (tributación - tasas. impuestos y contribuciones);

* De la titularidad de Bienes y Rentas: derivados de la capacidad patrimonial y económica que posee el Municipio (la explotación comercial o industrial de sus bienes).-

5- Personalidad Jurídica: es el Código Civil en su Art. 3 el que le asigna la capacidad de persona jurídica de carácter publico, pasando a ser por ello de existencia necesaria y no meramente contingente dependiente de la voluntad estatal.-

Atribuciones:

Capacidad de obligar al vecindario a observar determinados comportamientos, y se plasma en el dictado de ordenanzas generales que tienen validez de ley dentro del ejido urbano. Debe estar referido a “Materia Propia”, es decir a la competencia material de la autoridad municipal, y debe emanar de los órganos municipales institucionalmente aptos y legítimos;

Capacidad de Imposición: es la atribución que se le reconoce de establecer impuestos, tasas retributivas por los servicios que presta y contribuciones por las mejoras para el recupero de lo que invierte en obras de infraestructura comunitaria;

Capacidad de Ejecución: configura la función operativa “del Municipio, es la gestión” del gobierno municipal, como atribución del órgano ejecutivo;

* Funciones de Administración de sus propios recursos (autarquía municipal);

* Realización material de la obra y servicio público;

* Ejercicio del poder de policía.-

Funciones:

Competencias propias:

a) En lo político:

* Convocar a elecciones de sus miembros;

* Juzgar de la validez de ellas;

* Juzgamiento del Intendente por el Concejo Deliberante por mala conducta, delitos comunes, mal desempeño, etc.;

* Facultades disciplinarias del Concejo Deliberante sobre sus miembros.-

b) En lo económico-financiero:

* Establecer impuestos, tasas y contribuciones;

* Contraer empréstitos;

* Formular su presupuesto de gastos y recursos;

* Invertir libremente sus rentas;

* Aprobar las cuentas de inversión;

* Fomentar el turismo;

* Tener mercados de concentración de abasto, ferias mataderos etc.;

* Asegurar el expendio de los artículos alimenticios en las mejores condiciones de precio y calidad organizando, si fuera menester, la elaboración y venta de ellos;

* Aceptar o rechazar legados o donaciones y arrendar bienes comunales.-

c) En lo social:

* Establecer centros de salud, hospitales, salas de primeros auxilios, dispensarios, institutos de beneficencia, asilos de inmigrantes, hogares de niños y ancianos, servicios fúnebres, cárceles de encausados, servicios de previsión y asistencia social;

* Crear institutos de cultura intelectual o física e instrucción primaria bibliotecas y museos realizar o controlar espectáculos públicos y fomentar la educación y cultura popular.-

d) En lo jurisdiccional:

* Ejercer el poder de policía represivo en las materias de competencia local y crear tribunales de faltas.-

e) En lo administrativo:

* Nombrar y remover los funcionarios y empleados, administrar los bienes municipales, prestar los servicios públicos en forma directa ó indirecta por medio de municipalizaciones, empresas o sociedades de economía mixta, concesiones, locaciones, etc.;

* dictar normas de organización, planificación y control administrativo.-

f) En lo urbanístico y en rural:

* Sancionar planes de urbanismo, ornato y estética, regular la urbanización y zonificación. Deslindar el dominio público y privado municipal;

* Organizar el catastro municipal, efectuar expropiaciones para fines de utilidad pública;

* Prestar los servicios de: agua potable, barrido, eliminación de residuos, gas, cloacas, transporte, teléfonos, alumbrado público y otros servicios análogos;

* Realizar la apertura y construcción de calles, avenidas, puentes, plazas y paseos;

* Regular el uso de calles y subsuelos;

* Controlar la seguridad e higiene de la construcción;

* Promover la salud pública;

* Regular el transito y el transporte público;

* Asegurar el saneamiento ambiental, conservar, administrar y regular cementerios, mantener caminos y calles en general;

* Realizar las obras públicas;

Competencias especiales:

* Facultad de constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de super usinas de energía eléctrica;

* Fomentar el establecimiento de escuelas municipales;

* Ordenar el allanamiento de inmuebles en el ejercicio de1 poder de policía;

* Organizar el tribunal fiscal que cumple función jurisdiccional en los aspectos tributarios municipales.-
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Autoridades Municipales: Cada Municipalidad se compondrá de un Departamento Ejecutivo y un Concejo Municipal:

A) Departamento Ejecutivo :

La titularidad del órgano ejecutivo local es ejercida por un funcionario denominado “intendente” (en algunos países latinoamericanos se lo llama “alcalde’, “prefecto”, “síndico” o “presidente municipal”).-

Se trata de un órgano “unipersonal”, “permanente” en su existencia y en su funcionamiento al que se faculta para designar sus colaboradores inmediatos (normalmente llamados secretarios), encargados de titularizar las distintas áreas del gobierno de la ciudad.-

El intendente y sus secretarios conforman el departamento Ejecutivo.-

I) Designación

El Intendente es elegido por el pueblo, y una vez en sus funciones designa y eventualmente remueve, a sus secretarios, encargados de llevar a la práctica sus decisiones políticas y a refrendar los actos que firma aquél y que incumben a éstos según su competencia.-

II) Perfil

La discusión respecto del perfil de un buen intendente se ha centrado tradicionalmente en la disyuntiva respecto, de si resulta más importante su capacidad política o su capacidad de gerenciamiento; es decir si debe presentarse ante los votantes como un conductor o un administrador. Y obviamente, que ambos aspectos son importantes y no deben ser confrontados.-

Es imprescindible que el político tradicional se capacite y aprenda respecto de los problemas y sus posibles soluciones en las cuestiones ciudadanas, metropolitanas, regionales y aún universales, y es igualmente imprescindible que los técnicos comprendan que su función no debe agotarse en el diagnóstico de las situaciones, sino que involucra la recomendación de las alternativas pan mejorar la calidad de vida cotidiana.-

III) Funciones

a) Función de representación: El intendente ejerce la representación institucional (en su dimensión protocolar, política y simbólica) y la representación jurídica (tanto para la celebración de actos jurídicos dentro de su competencia como para la representación del municipio enjuicio) de la ciudad;

b) Función de gobierno: Es la actividad estrictamente política, integrada por una multiplicidad de actos heterogéneos vinculados con la toma de decisiones en un marco de discrecionalidad (por ejemplo: convocatoria a consulta popular, decisión de consecionar o municipalizar un servicio, etc.);

c) Función administrativa: Es la actividad que permite garantizar la prestación continua de los servicios básicos a la población e involucra tanto a aspectos internos a la organización municipal (logística, contabilidad, disciplina, etc.) cuanto a aspectos externos a la misma (controles sobre actividades de terceros, resolución de reclamos administrativos, etc. Comprende una multiplicidad de actos heterogéneos vincula dos con la actividad de ‘ejecución’ que se desarrollan dentro de un contexto normativo fuertemente regulado,

d) Función colegislativa: Comprende la intervención del Ejecutivo en las etapas de iniciativa, constitutiva (a través de la facultad del veto) y de eficacia (promulgación y publicación);

e) Función reglamentaria: Se integra con la atribución reconocida para especificar normas de contenido general (sin violentar su texto ni su espíritu) o bien para regular distintas actividades propias de su organización interna;

f) Función institutiva: Se concreta con la participación (por vía de una propuesta) para la designación de funcionarios que requieren acuerdo de otro órgano;

IV) Formas de Expresar la Voluntad:

1) Por Decreto: Es un acto administrativo motivado cuyo contenido puede ser “general” o ‘individual’ y responder a algunos de los siguientes objetivos:

a) reglamentar una norma general (ordenanza);

b) organizar una actividad propia del órgano;

c) disponer medidas especificas respecto a temas tales como del personal municipal (ingreso, egreso, jubilación, etc.), presupuesto (modificación de partidas), etc.;

d) observar un proyecto de ordenanza aprobado por e1 Honorable Concejo.-

Los decretos deben ser refrendados por el o los Secretarios con competencia en la materia; son fechados y llevan numeración correlativa, recomenzando cada año calendario (aunque suele ser normal en los cambios de gobierno que se producen dentro de un mismo año calendario, iniciar una nueva numeración).-

2) Por Resolución:

Se trata de la típica expresión de la definici4p_adi4nistrativa sobre situaciones particulares de variables; normalmente se trata de cuestiones debatibles o controversiales (por ejemplo: definición de una licitación, aplicación de una sanción al personal, definición de un recurso administrativo).-

La resolución es la forma de manifestación administrativa propia de los secretarios del intendente y aún de funcionarios subalternos a ellos (cada uno dentro de su competencia).-

El titular del Ejecutivo suele recurrir a la resolución cuando actúa como jefe directo de un sector del personal (aquel que le reporta directamente).-

Al igual que el decreto, la resolución lleva fecha, número y refrendo.-

3) Por Mensaje:

Se trata de la típica expresión de la comunicación entre el Ejecutivo y el órgano deliberante y acompaña las decisiones o proposiciones que aquél le remite a éste.-

El mensaje puede tomar un cariz argumentativo (cuando contiene la Exposición de Motivos o fundamentos de un proyecto de ordenanza), puede asumir un rol institutito (cuando contiene la propuesta de un nombre

para ocupar un cargo público requerido) o puede cumplir una función solamente comunicacional o de estilo (cuando acompaña a un decreto de veto a una ordenanza).-

En cualquier caso el mensaje lleva fecha, número y refrendo.-

V) Responsabilidad en el ámbito de su actuación

a) Responsabilidad Política: Se analizan actos concretos de Ja gestión bajo la mira dominante -aunque no excluyente- de su acierto o desacierto;

b) Responsabilidad Jurídica: Se analizan también actos concretos ponderándose su licitud o ilicitud. Aquí la responsabilidad puede ser:

* Penal: cuando se vincula el obrar del funcionario en relación a una tipificación delictual preestablecida, requiriéndose una relación subjetiva (personal y directa) entre ambos extremos. Responde personalmente el funcionario (es intransferible);

* Civil cuando se vincula al obrar concreto con el perjuicio económico directo generado en su consecuencia. Responde el órgano representado, sin perjuicio del oportuno reintegro -si correspondiere- de aquél hacia éste (esta última hipótesis encuentra especial andamiaje cuando el funcionario se ha enriquecido o ha sacado algún provecho económico concreto de su accionar antijurídico).-

VI) Modalidad de Evaluación de la Responsabilidad del Intendente:

En un sistema representativo, republicano y democrático, quien debe juzgar a un funcionario -y eventualmente hacerlo cesar en su mandato- es quien lo instituyó en el cargo.-

Este principio, en apariencia tan obvio, no ha sido sin embargo respetado como criterio liminar evaluatorio en la azarosa vida política argentina. Normalmente la cesación anticipada del mandato de un funcionario ejecutivo, derivado de causas políticas, ha provenido de “intervenciones” o “destituciones” dispuestas por instancias de poder territorialmente más abarcativas, mediante el uso abusivo de facultades inicialmente reconocidas con carácter de excepción.-

Cuando los intendentes eran designados por los gobernadores de provincia, la destitución de aquéllos estaba dentro de la competencia de éstos. Tal forma de designación (y consecuentemente de destitución) constituía la negación misma del mínimo de autonomía jurídica reconocible a los municipios.-

La reforma constitucional de 1994 ha venido a reconocer la autonomía municipal (Art. 123) y aunque el perímetro de ella queda librado a cada provincia, es evidente que -aun en la hipótesis más cerril- la elección popular del titular del ejecutivo no puede quedar fuera de ese contorno básico.-

Si quien instituye es quien puede destituir, entonces tal atribución debe serle reconocida -en un sistema representativo- al titular de la capacidad instituyente (electorado), llamado Revocatoria Popular; y a sus representantes directos (concejales), llamándose “Juicio político”.-

B) El Concejo Deliberante:

I) Estructura

El Concejo es un órgano ‘pluripersonal’, esto es, está compuesto por varias personas que reciben el nombre de ‘concejales’), ‘simple’ (no está compuesto por otros órganos), ‘permanente’ en su existencia (no está sujeto a convocatorias constitutivas, y en su funcionamiento (las legislaciones locales tienden a evitar los largos recesos y -aun en el caso que el órgano no sesione en plenario- procuran mantener activas a las comisiones internas permanentes).-

La autoridad máxima del Concejo es su presidente, quien ejerce la representatividad del órgano y cumple funciones de ‘dirección’ del proceso legislativo y aun de “decisión’ mediante su voto en caso de empate.-

En cualquier caso, el presidente del Concejo reemplaza al intendente en caso de ausencia, muerte, renuncia, inhabilidad o destitución.-

El Concejo se divide típicamente en Comisiones internas permanentes para el estudio previo de los temas que debe tratar en plenario. Las Comisiones están integradas por un número reducido de concejales, asistidos por asesores; el fundamento de la Comisión es asegurar un tratamiento especializado de cada tema, seleccionar las cuestiones que deben ser oportunamente analizadas por el Concejo in totum y opinar fundadamente -mediante dictamen- sobre el criterio a seguir por el pleno.-

El número de Comisiones y las materias que tratarán es fijado por el propio Concejo a través de su Reglamento interno. Al igual que el órgano en pleno (salvo el caso de la presidencia cuando existe vice intendente), las Comisiones eligen sus autoridades.-

Además de las Comisiones internas permanentes ya citadas, los reglamentos del Concejo prevén la constitución de comisiones internas especiales para el análisis de un tema concreto que el Concejo estima relevante o para la investigación de un tema o de una dependencia municipal.-

Paralelamente a la estructuración formal interna del Concejo conviven los bloques parlamentarios, expresión política del agrupamiento de concejales en razón de su afinidad doctrinaria. Los bloques parlamentarios son normalmente reconocidos por los reglamentos para la conformación de la ‘labor parlamentaria’; es decir, para la confección de la agenda de los temas a tratar en el plenario. Durante las sesiones suele reconocérselos igualmente para garantizar un trato equitativo en los momentos protocolares y en el uso de la palabra, de modo que ninguno de ellos quede excluido.-

II) Funcionamiento

Suele caracterizarse el Concejo Municipal como el órgano legisferante de los municipios argentinos que adoptaron el sistema de ‘Alcalde-Concejo”. Tal caracterización no es errónea pero sí incompleta, pues lo que distingue al Concejo -dentro del esquema de división de funciones e indepçndencia orgánica locales- es su carácter deliberativo.-

La nota distintiva de la deliberación se afirma en el carácter pluripersonal del Concejo (esto lo diferencia del otro órgano representativo local que es el Ejecutivo) y en su composición pluralista (derivada de la adopción de sistemas electorales que garantizan la representación de las minorías políticas).-

III) Funciones

1) Función preconstituyente: Tal el caso de la intervención del Concejo previo a la reforma de la Carta Orgánica loca;

2) Función legislativa strictu sensu: Creación normativas (ordenanzas);

3) Función política de colaboración: Convocatoria al electorado en caso de consulta;

4) Función política de control: Solicitud de interpelación al intendente o sus colaboradores, pedidos de informe, control de las cuentas públicas, etc.;

5) Función institutiva: Participación en la designación de funcionarios que requieren acuerdo;

6) Función jurisdiccional: Juicio político al intendente;

7) Punción autorganizativa: Comprende las siguientes sub funciones que, al desarrollarse en un marco de autonomía, garantizan la independencia del órgano:

- Actividad reglamentaria: destinada a regular el funcionamiento interno del órgano para su mejor desempeño;

- Actividad administrativa: vinculada al diseño de los sistemas de ingreso, retribuci6n, carrera administrativa, régimen disciplinario y sancionatorio del personal; como así también a las tareas que garanticen la continuidad de las actividades del órgano;

- Actividad financiera interna: fijación del propio presupuesto y control de su gestión.-

IV) Sanciones- Inmunidades

En razón de su fundamento último, las inmunidades deben considerarse vinculadas al cuerpo legislativo o al legislador en tanto tal (es decir en términos funcionales) y no al legislador en tanto individuo (es decir en términos personales); caso contrario se convertirían en verdaderos privilegios.-

a) Desafuero:

Consiste en la necesidad de obtener un pronunciamiento expreso del Concejo, normalmente con mayoría especial, para que un legislador quede a disposición del juez competente cuando ha sido acusado penalmente.-

- Alcance de a inmunidad: El juez competente puede y debe iniciar la causa y proseguirla. Debe requerir al Concejo el desafuero pan poder privar de su libertad al legislador involucrado.-

- El Concejo debe analizar las actuaciones remitidas por el juez, donde se tramita la acusación al concejal y meritarlas para decidir si otorga o no el desafuero.-

INTERVENCION PROVINCIAL A LOS MUNICIPIOS – SANCION:

Las municipalidades sólo podrán ser intervenidas por ley de la Legislatura o decreto del Poder Ejecutivo, encontrándose ésta en receso, únicamente en los casos de subversión del régimen municipal establecido por esta ley. La intervención podrá ser total o limitada a una sola de las ramas del poder municipal, y tendrá por único objeto restablecer su normal funcionamiento. Se considerará subvertido el régimen municipal, cuando:

a) El Concejo Municipal haya hecho abandono de sus funciones dejando de reunirse y actuar duran tres meses consecutivos dentro de los cuales deba funcionar;

c) Se haya producido la acefalía total de la intendencia y del Concejo Municipal;

d) Cuando exista entre los departamentos ejecutivo y deliberativo un estado de conflicto que haga imposible el régimen municipal.-

El comisionado que se nombre, deberá comunicar al Poder Ejecutivo de la provincia para que convoque a elecciones de concejales dentro de los treinta días de iniciada su gestión, debiendo hacerse dicha convocatoria por un término no menor de treinta días. -

El Poder Ejecutivo informará a la Legislatura en la primera reunión que ésta celebre, cuando hubiere enviado alguna intervención en el período de receso.-

Los actos administrativos que el representante provincial produjese durante su desempeño como comisionado interventor, serán válidos si se ajustan a la Constitución provincial, a la Ley Orgánica Municipal y a las ordenanzas municipales que no fueren incompatibles con las mismas. La violación de esta disposición importa mal desempeño de la función pública y quien ejercitase acto en contrario, responderá personalmente por los mismos.-

Justicia Municipal de Faltas:

Una de las consecuencias derivadas del desconocimiento del status jurídico autonómico a los municipios argentinos (status reconocido solamente a las provincias según la interpretación jurisprudencial dominante en el marco de la Constitución originaria de 1853/60), consistía en la imposibilidad de que las comunidades locales estructuraran un gobierno tripartito, conformado por los ‘poderes’ legislativo, ejecutivo y judicial, a semejanza de lo acontecido en las escalas nacional y provincial.-
El esfuerzo por ‘distanciar’ al ejecutivo local de las funciones materialmente jurisdiccionales se tradujo en la creación de tribunales municipales de faltas, dotados de creciente autonomía funcional y especialización temática. Surgidos en ese contexto, los tribunales municipales de faltas -aunque cuestionados desde su origen en su constitucionalidad- constituyen órganos administrativos que ejercitan función jurisdiccional.-

El proceso municipal de faltas desarrollado por jueces administrativos se enmarca en el ejercicio de la función jurisdiccional (porque tiene como objetivo “decir el derecho”, en el caso concreto) no judicial (porque los órganos encargados del juzgamiento no integran el llamado Poder Judicial). Este debe verbalizarse con estricto seguimiento de las pautas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales asignadas al “debido proceso legal” o “derecho a la jurisdicción en el proceso.-

La resolución dictada por el tribunal municipal, queda sujeta a “control judicial suficiente”, o sea que el particular que se considere agraviado puede instar la revisión del pronunciamiento en sede judicial. Consecuentemente, toda disposición reglamentaria, acto de autoridad y/o interpretación administrativa que viole o menoscabe los principios señalados podrá ser atacada por inconstitución.-

Sanciones del Tribunal Municipal de Faltas:

A) Multa: Es la sanción que se aplica con m asiduidad en materia de infracciones a las normas municipales. Su percepción contribuye a nutrir las arcas del tesoro municipal.-

B) Inhabilitación: Es la incapacidad para el ejercicio de determinados derechos . Se trata de una sanción ‘correctiva” para el infractor y -a la vez- “defensiva” para la comunidad.-

C) Arresto: Sólo puede encontrar justificación cuando se trata de punir la comisión de faltas graves (algunas de las cuales lindan el terreno de lo delictual), o cuando la conducta del infractor revela una flagrante desaprensión (por la acumulación de infracciones en un corto período de tiempo) o contumacia (por incumplimiento de sanciones anteriormente impuestas).-

D) Concurrencia obligatoria a cursos de educación ciudadana: Este tipo sancionatorio (lindante entre la “pena” y la “carga”) se afirma en un presupuesto radicalmente distinto al correspondiente a las otras especies punitivas. se trata de prevenir culturalmente la ocurrencia de nuevas transgresiones.-

E) Comiso o decomiso: Generalmente, funciona como sanción accesoria de la condena contravencional, importa la pérdida de los instrumentos de 1ª infracción y, aunque generalmente incide o puede incidir sobre el patrimonio, tiene el carácter una medida preventiva.-

F) Clausura: Según Matienhoff, “este tipo de sanción importa la cesación o suspensión del ejercicio de una actividad, ya sea comercial o industrial de cualquier tipo, pudiendo aplicarse definitivamente, temporariamente o por tiempo indeterminado en forma accesoria o juntamente con otra especie punitiva. Obviamente, recae sobre el local o establecimiento donde se ejerce la actividad que dio margen a la sanción”.-

LA CONSTITUCION REFORMADA EN 1994
Modificaciones en el sistema federal:

En el título Segundo se trata sobre los Gobiernos de Provincia en los artículos que van desde el 121 al 129.-

Preceptúa cómo se organiza horizontalmente el poder, o sea, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.- Ya aquí se observa la existencia en el estado federal de varios centros de poder político: NACION, PROVINCIA y MUNICIPIOS, Y DENTRO DE ESTO POR SUPUESTO, LA CIUDAD ESTADO DE BUENOS AIRES.-

Disposiciones constitucionales sobre el régimen municipal:

La reforma incluyó el nuevo Art. 123, en el cual se reconoce a los municipios como entidades autónomas dentro del territorio provincial, al reforma corto la vieja discusión doctrinaria y jurisprudencial, que oscilaba entre considerar a los municipios como meras descentralizaciones administrativas del gobierno provincial, o bien como entidades autónomas de segundo grado (provincias y municipio). Claro esta que los limites alcances y demás características de tales autonomías deben estar establecidos en cada constitución provincial, conforme a sus peculiaridades.-

Art. 123; cada provincia dicta sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Conforme a lo dispuesto en el articulo 5º asegurando la autonomía municipal y reglando sus alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.-

Art. 5; cada provincia dictara para si una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional; y que aseguren su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de esas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.-

Se introduce el artículo nuevo 129, donde le da a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la categoría de Ciudad-Estado, dado que al igual que el resto de las provincias tiene un gobierno autónomo, deberá dictar un Estatuto Organizativo de sus Instituciones, lo que en los hechos configurará su propia Constitución política; posee facultades legislativas y jurisdiccionales; elige a sus propias autoridades. Existen cláusulas transitorias que la complementan; tales como la Séptima: el Congreso ejercerá funciones legislativas sobre la Ciudad de Buenos Aires mientras continúe siendo la Capital de la Nación; Decimoquinta: El Jefe de Gobierno será elegido en el año 1995; el Estatuto Organizativo de sus Instituciones deberá ser sancionado dentro del plazo de doscientos setenta días a partir de la vigencia de esta Constitución. Hasta tanto no se dé la organización autónoma prevista, sobre ella legisla el Congreso y designa sus jueces el Consejo de la Magistratura según el procedimiento constitucional nacional.-

Art. 129; la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.-

En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones.-

Por ello, el municipio de la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, no ha perdido su naturaleza federal, lo que resulta lógico y razonable en la medida que su territorio alberga nada menos que a los tres poderes u órganos que conforman el llamado gobierno federal. Pero, además, tampoco hay que perder de vista que ese destino federal fue condición de la cesión territorial que en su momento, efectuó la Provincia de Buenos Aires.-
Mariana Serrano.




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