Derecho Constitucional Unidad 20 – Poder Judicial






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Derecho Constitucional

Unidad 20

Derecho Constitucional

Unidad 20 – Poder Judicial



Es el conjunto de órganos encargado de llevar a cabo la “administración de justicia” o “función jurisdiccional”. Esta integrado por La corte suprema de justicia, los demás jueces y tribunales de diferentes instancias, el consejo de la magistratura y el jurado de enjuiciamiento.

La función jurisdiccional consiste en aplicar la ley para resolver conflictos.

El PJ es independiente de los otros 2 poderes, no recibe instrucciones ni presiones de nadie, de esta firma se logra la imparcialidad del PJ.
La CN estable dos pautas básicas para lograr la independencia del PJ:

a) Inamovilidad de los jueces: los jueces conservan su empleo mientras dure su buena conducta, por lo tanto no podrán ser removidos ni cambiados de sede o grado, salvo que presten su conformidad. (dura hasta la edad de 75 años)

Si pueden ser removidos por jurado de enjuiciamiento si no cumplen con la buena conducta, ósea:

- mal desempeño

- delito en el ejercicio de sus funciones

- por crímenes comunes.

Solo pueden someterse al jurado de enjuiciamiento los jueces federales de los tribunales inferiores a la corte suprema, la remoción de los jueces de la corte suprema es posible sólo por juicio político.
b) Intangibilidad de las remuneraciones: El sueldo del juez no puede ser removido, es fijado por la ley y puede ser actualizado.
Estructura del poder judicial

Art.108 establece “El poder Judicial de la Nación será ejercido por una corte suprema de justicia, y por los demás tribunales inferiores que el congreso estableciere en el territorio de la nación”

a) En cada punto de nuestro país coexisten 2 órdenes jurisdiccionales: federal y provincial. El art. 108 se refiere sólo a la justicia federal, ya que la organización de las justicias provinciales corresponde a las respectivas constituciones provinciales.
b) La corte suprema de justicia es la cabeza del poder judicial. Ejerce la jefatura de todo el poder judicial de la nación y es su órgano máximo.

c)Los tribunales inferiores a los que se refiere el art.108 son todos los juzgados (tribunales federales de 1° instancia) y tribunales federales, excluida la corte

suprema (Tribunales federales de 2° instancia, cámara de apelaciones)
d)Estos tribunales federales son creados y establecidos por el congreso.
Los tribunales provinciales no forman parte del poder judicial de la nación, sino del poder judicial de cada provincia.

En las provincias no solo actúan los jueces provinciales, sino que coexisten tribunales federales y provinciales.

La intervención de uno o de otro va a depender de las características de cada caso.
La corte suprema de justicia

La corte de justicia fue creada y regulada por la constitución nacional (Art.108 y sig)

Composición

Deben ser 9 los miembros de la corte (ley 25.774), uno de ellos cumple el rol de presidente de la corte.

Requisitos

1) Ser abogado argentino y haber ejercido la profesión durante 8 años.

2) Reunir los mismos requisitos que para ser senador: Tener 30 años de edad, ser argentino, 6 años de ciudadanía en ejercicio y tener una renta anual de 2000 pesos fuertes.

Juramento

Lo prestan al presidente de la corte.
El presidente de la corte adquiere importancia en las siguientes situaciones:

a) En caso de juicio político al presidente de la nación, el senado es presidido por el presidente de la corte. (art.59)

b) En caso de acefalia total del poder ejecutivo.

c) En caso de integrar un nuevo miembro la corte, debe prestar juramento a el.

El presidente de la corte es designado por los mismos miembros de la corte, y su renuncia la debe presentar a la misma corte.

La designación de los jueces de la corte la realiza el poder ejecutivo con acuerdo de los 2/3 miembros presentes del senado.
La remoción se hace por juicio político y se debe producir alguna de las causales de enjuiciamiento.
Tribunales inferiores

Son los tribunales de 1° instancia (juzgados) y los tribunales de 2° instancia (cámara de apelaciones), ésta cámara revisa las sentencias definitivas dictadas por los juzgados de 1° instancia, cuando se pide su apelación.
Son creados y establecidos por el congreso, es decir los crea y los establece en diferentes puntos del país.
Requisitos para ser juez de 1° instancia:

1) Ser ciudadano argentino

2) Ser abogado con título de una universidad nacional

3) Tener 4 años de antigüedad como abogado

4) Tener 25 años de edad.
Requisitos para ser juez de 2° instancia:

1) Ser ciudadano argentino

2) Tener titulo de abogado con validez nacional

3) Tener 6 años de ejercicio de la abogacía o de una función judicial que requiera ese titulo

4) Tener 30 años de edad
Para el nombramiento se deben cumplir los siguientes pasos:

a) El consejo de la magistratura realiza una pre-selección a través de un concurso público.

b) Luego elige 3 candidatos y eleva la propuesta al PE

c) El PE debe elegir 1

d) Para que sea nombrado candidato elegido por el PE se necesita la aprobación (mayoría absoluta de los miembros presentes)

e) Una vez que el senado presta acuerdo se produce el nombramiento del nuevo juez.

La remoción se lleva a cabo por un jurado de enjuiciamiento conformado por 3 legisladores, 3 magistrados y 3 abogados de la matricula federal. Para ello se deben producir alguna de las causas de enjuiciamiento.
Consejo de la magistratura

Art.114 Sus atribuciones son:

1) Seleccionar candidatos para cargos de jueces inferiores.

2) Administrar los recursos del poder judicial a través de reglamentos económicos, y ejecutar su presupuesto.

3) Ejercer facultades disciplinarias sobre los jueces: Apercibimientos, multas, etc.

4) Dictar la apertura del procedimiento de remoción, suspender a los jueces.

5) Dictar los reglamentos sobre la organización judicial de los jueces inferiores.

6) Dictar los reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la efectiva administración de justicia.
Composición.

20 miembros.

- El presidente de la corte suprema

- 4 jueces del poder judicial de la nación

- 8 legisladores (4 diputados y 4 senadores)

- 4 abogados de la matricula federal

- 1 representante del poder ejecutivo

- 2 representantes del ámbito científico y académico (profesores de derecho o juristas reconocidos)

El presidente de la corte actúa como presidente del consejo.
El jurado de enjuiciamiento

Art. 115 Su función consiste en juzgar a los jueces inferiores de la nación, para removerlos de sus cargos.

Composición

9 miembros

- 3 Jueces (1 de corte y 2 de cámara)

- 3 legisladores (2 senadores y 1 diputado)

- 3 abogados de la matricula federal (1 por el colegio publico de abogados de la Cap. Fed. Y 2 por la federación Argentina de colegios de abogados)
El miembro de la corte es el presidente del jurado
Duran 4 años, se renuevan cuando comienza el período de sesiones ordinarias del congreso.

Plazo de caducidad del procedimiento es de 180 días para su pronunciamiento.


El Ministerio público

Es un órgano independiente de los 3 poderes

Tiene autonomía funcional, no recibe instrucciones de ninguna autoridad

Tiene autarquía financiera, administra sus propios fondos.
Esta compuesto por:

- 1 Procurador general de la Nación

- 1 Defensor general de la Nación

- Otros miembros los cuales surgen de un concurso publico.

Gozan de 2 garantías:

Inmunidad funcional e intangibilidad de sueldos.
Son designados por el PE con el acuerdo de 2/3 de los miembros del senado.

La remoción es a través de juicio político.
Requisitos para se miembro:

1) Ser ciudadano argentino

2) Tener titulo de abogado con 8 años de antigüedad

3) 30 años de edad

4) Una renta anual de 2000 pesos fuertes
Estructura del ministerio público

- El ministerio público fiscal, cuyo jefe es el procurador

- El ministerio público de la defensa, cuyo jefe es el defensor.
Atribuciones:

Las funciones del ministerio publico son:

1) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad

2) Representar y defender el interés público.

3) Velar por:

- La observancia de la Constitución nacional y las leyes de la republica

- El efectivo cumplimiento del debido proceso

- La defensa de los derechos humanos.
Los tribunales administrativos son órganos dependientes del poder ejecutivo que se encargan de resolver controversias entre particulares y la administración, pero las decisiones son recurribles al control judicial correspondiente, ya que el PE no esta facultado para ejercer facultades judiciales.

Atribuciones del poder judicial

1) Atribuciones de justicia

2) Atribuciones “cuasi-legislativas”

3) Atribuciones administrativas
1) Aplicar la ley para resolver conflictos.

Cuando el juez dicta sentencia para resolver un conflicto, dicha sentencia solo tiene efectos para ese caso concreto.

Conceptos relacionados con la administración de justicia:

- Derecho a la jurisdicción: derecho que tienen todas las personas para acceder a la justicia, concurrir a un órgano judicial.

- Juez Natural: Son jueces naturales los juzgados y tribunales creados por el congreso.

- Causa: juicio o proceso judicial.

- Acción: es el medio con el que cuentan las personas para solicitar la intervención de la justicia.

- Sentencia: Es el medio con el que cuenta el juez para aplicar la ley y ponerle fin a un proceso.

La sentencia es una norma individual para un caso concreto, el juez impone una conducta obligatoria, la diferencia que hay entre una norma y una sentencia es que la sentencia alcanza solo a las partes intervinientes en el proceso.
Requisitos de la sentencia:

a) Debe ser imparcial

b) Debe ser justa

c) Debe estar motivada

d) Debe estar fundamentada

e) No debe ser arbitraria

f) No debe caer en “exceso ritual manifiesto”
Control de constitucionalidad: el juez es quien lleva a cabo este control.
2) Los “fallos plenarios” son actos que presentan similitud con la función legislativa.

Las cámaras nacionales de apelaciones están divididas en salas, y puede suceder que estas diferentes salas den diferentes soluciones a casos similares.

Para solucionar estos problemas se convoca a la cámara de apelaciones en plenario, es decir a todos los jueces integrantes de las diferentes salas, ésta debe decidir su postura sobre el tema en discusión.

3) El art.113 CN otorga a la corte suprema la faculta de dictar reglamentos internos, la cual es una atribución de carácter administrativo.

Jurisdicción federal y jurisdicción ordinaria

Cuando surge un conflicto, lo primero que hay que determinar es si debe intervenir la justicia federal (nacional) o la justicia ordinaria (provincia), va a depender del caso.
Jurisdicción federal

Art.116 CN

Tanto la corte suprema como los tribunales inferiores de la nación forman parte de la justicia federal.

Serán competencia federal:

Causas que versen por:

a) La constitución

b) Leyes nacionales

c) Tratados internacionales

d) Embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros

e) De almirantazgo y jurisdicción marítima

f) Asuntos que la nación sea parte

g) Causas entre: Dos provincias o más, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero.

No importa donde se halla suscitado el conflicto.
Características de la jurisdicción federal:

1) Es de excepción: Solo tendrá competencia en los asuntos establecidos en el art.116.

2) Es privativa: prohíbe a los tribunales de provincia entender en aquellos casos de jurisdicción federal.

3) Es improrrogable: Las partes no pueden renunciar a la jurisdicción federal en razón de la materia pero si en razón de las personas.

4) Es restrictiva: en caso de duda sobre jurisdicción entenderá la justicia ordinaria.
Competencia originaria de la corte suprema

Art. 117 La corte actúa como tribunal único.

a) Todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros.

b) Los asuntos en que alguna provincia fuese parte.
Competencia apelada de la corte

a) Recurso extraordinario federal: Cuando las sentencias definitivas de los tribunales sean contrarias a la CN, mediante este recurso llegan a la corte.

b) Recurso de apelación ordinaria: En este caso la corte actúa como tribunal de 3° instancia, este recurso procede contra la sentencia firme de la cámara de apelación en los casos:

- Causas en que la nación sea parte directa o indirecta y el valor disputado sea superior a determinada cantidad de pesos.

- Extradición de criminales reclamados por países extranjeros

- Causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra.

Jurisdicción ordinaria

El inc 12 del art. 75 menciona a los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social.

Por eso, si una causa versa sobre puntos regidos por alguno de estos códigos, en principio tendrán competencia los tribunales provinciales (competencia ordinaria), salvo que por las características de las cosas o personas en conflicto debe intervenir la justicia federal.

Los tribunales provinciales no forman parte del poder judicial de la nación, pertenecen al poder judicial de la provincia respectiva, ya que cada provincia crea y organiza su propio poder judicial.


La justicia de la capital federal

La ley 24588 dispone que la justicia local de la Ciudad de Bs. As. mientras ésta sea capital de la nación solo podrá intervenir en materia de:

- Vecindad

- Contravencional y de faltas

- Contencioso-administrativo y

- tributaria local.

En casos de jurisdicción federal intervienen los tribunales federales al igual que en las provincias, en los demás casos intervienen los denominados jueces nacionales. Estos jueces pertenecen al poder judicial de la nación e integran la justicia nacional ordinaria.
Mientras la Ciudad de Bs. As. sea la capital federal rige esa ley y tiene tres tipos de justicia, justicia federal (art.116,117), justicia nacional ordinaria (derecho común), justicia local.

Anexo

Relaciones exteriores – Derecho internacional


El siguiente anexo sirve de complemento del programa, especialmente respecto a lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores de la Nación y las facultades de los distintos poderes del estado: el poder ejecutivo y el poder legislativo.

1) El derecho constitucional y el derecho internacional
a) Los principios constitucionales de la política internacional

El régimen de los tratados internacionales esta regulado por la Convención de Viena que data de 1969 y entró en vigencia en 1980 por ratificación o adhesión de treinta estados. Esta incorporado al derecho argentino, razón por la cual nos resulta de aplicación obligatoria.

Cuando el derecho internacional se incorpora al derecho argentino puede suceder que coincida con la constitución y sirva de refuerzo a la supremacía constitucional o que haya discrepancia, en cuyo caso debido al artículo 27 debe darse prioridad a la constitución. La discrepancia que pueda ocurrir entre los tratados y las leyes se resuelve en el art. 75 inc. 22 en el cual se afirma que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a la leyes. Los tratados con jerarquía constitucional coinciden con nuestra constitución por lo que no se plantea problema alguno dados los similares contenidos de ambos.
b) La conducción de las relaciones exteriores

Con respecto a la conducción de las relaciones exteriores están incluidas en el art. 27. El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

El presidente como jefe de estado asume la representación diplomática en el ámbito internacional. Según el art. 99 inc. 11 el presidente tiene como atribución la de concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibir sus ministros y admitir sus cónsules.
2) Los tratados internacionales
a) Distintos tipos

Los tratados son acuerdos internacionales celebrados por escrito entre sujetos de derecho internacional y regido por el derecho internacional. La Constitución Nacional reconoce al menos seis tipos diferentes de acuerdos internacionales a los cuales les otorga tratamiento constitucional distinto. Ellos son: 1) Los tratados internacionales con otros estados y los concordatos, tienen jerarquía superior a las leyes. (Art. 75 inc. 22, 1er párrafo). 2) Los tratados, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos, mencionados en el art. 75 inc. 22, segundo párrafo, tienen jerarquía constitucional. 3) Los tratados y convenciones de derechos humanos, que el congreso apruebe, en el futuro, con las mayorías especiales requeridas por el art. 75 inc. 22, tercer párrafo. Ellos también adquieren jerarquía constitucional. 4) Los tratados de integración con estados latinoamericanos que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales, tienen jerarquía superior a las leyes. Art. 75 inc. 24, primer párrafo. 5) Los tratados de integración con países no latinoamericanos que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Estos tienen jerarquía superior a las leyes. 6) Los convenios internacionales que celebran las provincias en virtud de la autorización del art. 124, entendemos que están subordinados a la constitución y las leyes federales, por lo tanto ocupan un grado inferior a ellas.

Entre los tratados sobre derechos humanos se encuentran: La Declaración Americana de la Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la convención contra la Tortura y otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño
b) La competencia del poder ejecutivo

El poder ejecutivo tiene a su cargo el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras y además tiene a su cargo la negociación y firma de los tratados y concordatos correspondientes. (Art. 99 inc. 11)
c) Las atribuciones del congreso de la nación

Las atribuciones del congreso en materia de tratados internacionales están aclaradas en el art. 75 inc. 22 y 24. En ellas podemos citas:

- Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede

- Aprobar o desechar otros tratados y convenciones sobre derechos humanos que luego de lograr el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara podrá gozar de jerarquía constitucional.

- Aprobar o desechar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Para la aprobación se requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara
después de ciento veinte días del acto declarativo.

– Puede denunciar los tratados de integración con estados latinoamericanos con la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
d) La ratificación

Luego de la aprobación por el congreso, el tratado necesita para entrar en vigor en sede interna, la ratificación en sede internacional, que es cumplida por el poder ejecutivo. Si el tratado no es autoaplicativo se hace necesaria una ley posterior para permitir su funcionamiento.

Decir que la vigencia de un tratado comienza a partir de su ratificación significa que la obligación internacional se asume en ese derecho interno. Ello no impide que los efectos del tratado se retrotraigan, es decir que la vigencia que adquiere el tratado desde su ratificación cobra retroactividad. En el derecho internacional, el vocablo ratificación es sinónimo de aceptación, aprobación y adhesión conforme lo estipula la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados y significa el acto internacional por el cual un estado hace constatar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.
e) Las reservas en los tratados

Con respecto a las reservas en el derecho interno argentino la problemática que se nos plantea es el de que órgano de poder tiene competencia para formularlas y ello ha de examinarse en una pluralidad de hipótesis.

- Si conforme a la Convención de Viena la reserva se formula en el momento de firmarse el tratado por el poder ejecutivo, es obvio que el congreso estará en condiciones de tomarla en cuenta cuando apruebe o deseche el tratado, por lo que la ratificación que en su caso efectúe después el poder ejecutivo habrá de atenerse a la decisión del congreso.

- Si el congreso en la etapa optativa de aprobación o rechazo del tratado le introduce modificaciones (lo que implica alterar unilateralmente el texto del tratado) tales modificaciones habrán de ser tomadas en cuenta por el ejecutivo al ratificar el tratado, consignándolas como reservas (ello si las mismas modificaciones no hacen retroceder a una renegociación del tratado).

- Si el congreso al aprobar el tratado decide que la ratificación deberá hacerse con reservas, el ejecutivo esta obligado a formularlas si es que decide ratificar el tratado.

- Si el congreso aprueba un tratado sin consignar modificaciones ni reservas, entendemos que al no prohibir que se introduzcan, deja a cargo del poder ejecutivo la opción y la habilitación para que las formule por su propia voluntad en la etapa de la ratificación.
f) El rechazo de los tratados por parte del congreso

Luego de firmado un tratado, el presidente envía el tratado al congreso, si contiene materia impositiva va a la cámara de diputados. Si el congreso no acepta alguna cláusula se debe volver a negociar. El congreso no puede introducir enmiendas al tratado. La aprobación o rechazo por parte del congreso es considerado un acto político.
g) La denuncia de los tratados

En sede internacional nuestro estado está obligado a incluir la denuncia de los tratados en las normas que contiene la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados respecto a su extinción (art. 54 y subsiguientes).

No obstante es menester analizar el procedimiento que constitucionalmente adopta o exige nuestro derecho interno para proceder a la denuncia. La alternativa se plantea entre: 1) considerar que la denuncia por el poder ejecutivo requiere la previa aprobación de dicha denuncia por el congreso, 2) considerar que tal aprobación no hace falta y que la denuncia la puede decidir por si solo el poder ejecutivo.

Si un tratado establece expresamente que el poder ejecutivo podrá denunciarlo creemos que no hace falta la intervención del congreso con carácter previo a la denuncia, porque el congreso al aprobar ese tratado antes de su ratificación, ya anticipó conformidad para que luego el poder ejecutivo lo denuncie por sí solo. Si tal cláusula no existe la denuncia del tratado debe converger la voluntad del congreso y la del poder ejecutivo. En general el poder ejecutivo no puede denunciar tratados sin intervención del congreso.

Para los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, la constitución incluye una previsión específica y obligatoria en el art. 75 inc. 22. Solo se los puede denunciar por el poder ejecutivo con la previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. Los tratados de integración supraestatal también requieren previa aprobación del congreso con la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, para luego poder ser denunciado por el poder ejecutivo.
h) La derogación del congreso de la aprobación de un tratado

Conforme a los principios del derecho internacional y a la buena fe que debe presidir la interpretación y aplicación de los tratados, el congreso no puede derogar después de ratificado un tratado la ley que le dio aprobación anterior. Si acaso la deroga, persisten no obstante los efectos del tratado, tanto en sede interna como internacional. La derogación solo puede servir de antecedente para presumir que el congreso presta conformidad para que el poder ejecutivo proceda a la denuncia internacional del tratado.
3) Los tratados y el derecho interno
a) La relación de los tratados con la constitución y las leyes: jurisprudencia

Todo tratado internacional incorporado a nuestro derecho interno es una norma de naturaleza federal. Reconocer naturaleza federal a los tratados no es una cuestión puramente teórica, porque tiene como efecto práctico el hacer judiciable por tribunales federales toda causa que verse sobre puntos regidos por un tratado y hacer viable el recurso extraordinario ante la Corte para su interpretación. En un fallo de 1995, la Corte afirmó que los tratados son normas federales cuya interpretación provoca la instancia final de la Corte por recurso extraordinario.
b) La ley anterior y el tratado posterior

Cuando nuestro estado se hace parte en un tratado que discrepan con una ley anterior, nos hallamos ante un caso típico del ley que, sin ser originalmente inconstitucional al tiempo de su sanción, se vuelve inconstitucional posteriormente al entrar en contradicción con una norma ulterior, que para nosotros reviste jerarquía superior a la ley. Hay quienes dicen, en ese caso, que mas que de inconstitucionalidad sobreviniente, hay que hablar en la hipótesis de derogación de la ley anterior por el tratado posterior que la hace incompatible con sus disposiciones.
c) Los tratados en infracción al derecho interno

El art. 46 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, del que es parte nuestro estado, dispone que el hecho de que el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno no podrá ser alegado por dicho estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

Frente a esta norma es opinable, por ejemplo, decidir si la ratificación de un tratado sin la aprobación del congreso configura una violación manifiesta del derecho interno argentino. Que tal violación resulta de importancia fundamental en nuestro derecho interno parece indudable. Pero dudamos de que la misma violación resulte objetivamente evidente para otro estado, como que tal otro estado puede ignorar de buena fe si internamente se ha cumplido o no la etapa aprobatoria por nuestro congreso. Como principio nos inclinamos a considerar que cuando se ratifica un tratado habiéndose omitido la aprobación del mismo por el congreso, Argentina no puede alegar internacionalmente el vicio, por ende: a) la obligación y la responsabilidad internacionales subsisten, b) la inconstitucionalidad del tratado defectuoso limita su efecto a la aplicación en jurisdicción argentina pero no descarta la responsabilidad internacional.
d) Las leyes reglamentarias de los tratados

Si un tratado es de naturaleza federal, la competencia para desarrollar y reglamentar internamente sus normas a efectos de la aplicación en jurisdicción interna cabe suficientemente entre las propias del congreso, con independencia de que en el reparto interno de competencias entre el estado federal y las provincias la materia pueda pertenecer a las competencias provinciales.

La tesis admite que el congreso reglamente por ley una o mas normas de un tratado internacional con vigencia para todo el territorio obliga a excepcionar algunos casos en los que, tiene inhibida esa competencia. Por ejemplo cuando el Pacto de San José de Costa Rica implanta la instancia doble para el proceso penal, parece evidente que el congreso no puede crear por ley ni los tribunales provinciales de alzada ni los recursos locales para acceder a ellos. De tal modo la capacidad legislativa que es del congreso para reglamentar tratados internacionales, debe analizarse con precaución caso por caso.
e) Las relaciones internacionales y las competencias de las provincias

Según el art. 24, las provincias podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación con conocimiento del Congreso Nacional. Cuando topamos con el tratado entre una provincia y un estado extranjero o un organismo internacional se lo suele llamar tratado extranacional – provincial. Si las provincias celebran un tratado que para el derecho internacional encuadra en la Convención de Viena como tratado internacional abría que someterlo para su validez al régimen propio de la Constitución Nacional.


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