Voces: carga de la prueba comunicación del despido despido con causa sanciones disciplinarias






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fecha de publicación19.09.2015
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Voces: CARGA DE LA PRUEBA - COMUNICACIÓN DEL DESPIDO - DESPIDO CON CAUSA - SANCIONES DISCIPLINARIAS

Partes: Sánchez Sonia Mabel c/ Dutra Leandro y otros s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 14-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85297-AR | MJJ85297 | MJJ85297

Ilegitimidad del despido decidido por la empleadora, al no haberse acreditado la conducta injuriosa endilgada a la trabajadora y resultar genéricas las demás causales invocadas.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido directo decidido por la empleadora, pues la adulteración en el horario de ingreso endilgada a la trabajadora no fue corroborada, como tampoco la falta de respeto hacia superiores, siendo que el resto de las causales son generalidades sin determinación suficiente.

2.-Más allá de que el telegrama de despido -salvo en la causal que hace a la falsificación- incumple ostensiblemente el art. 243 LCT, ha de considerarse que, no habiendo podido suceder al mismo tiempo todos los incumplimientos genéricos que imputa, la empleadora debió comenzar a la primer tardanza, falta de respeto, incumplimiento de órdenes, etc. por aplicar una sanción no disolutiva que, justamente, tiene por finalidad corregir al trabajador que no cumple acabadamente con sus deberes, y así tender a la realización del principio de continuidad.

3.-Si ante tantas inobservancias sucedidas en el tiempo, el empleador no utilizó su facultad disciplinaria, no puede trocar abruptamente su conducta, despidiendo a la actora por imputadas faltas que resultan meras generalidades, y respecto de la única concreta, no expresa la recurrente cómo la estima probada.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 14 días de marzo dos mil catorce, se reunieron en Acuerdo los señores vocales de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral, Dra. A. Ana Anzulovich, Dr. Ángel Félix Angelides; y Dr. Eduardo E. Pastorino para resolver en autos caratulados "SÁNCHEZ, SONIA MABEL C/DUTRA LEANDRO Y OTROS S/COBRO DE PESOS" Expte. N° 168 Año 2013, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de Rosario.

Hecho el estudio del pleito se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1- ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2- ¿CUÁL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Angelides, Anzulovich y Pastorino.

1.- A la primera cuestión. el Dr. Angelides dijo: La sentencia de primera instancia N° 1346 de 28/11/12 (fs. 180/3), a cuyos fundamentos de hechos y de derecho me remito, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a CATERING GOURMET SRL a pagar a Sonia Mabel Sánchez la suma que resulte de la planilla de autos con intereses. Impone las costas al vencido. Asimismo, hace lugar a la falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado Leandro Germán Dutra, con costas. Difiere la regulación de honorarios.

Contra el acto decisorio, ambas partes apelan parcialmente (fs. 184 y 186). Concedidos los recursos y elevadas las actuaciones, la recurrente actora expresa sus agravios mediante el memorial de fs. 202/3, los que son replicados por la contraria a fs. 208/9. A su turno, la demandada formula los propios en su presentación de fs. 205/7, contestados seguidamente por la contraparte (fs. 211/4).

AGRAVIOS

Se agravia la demandante en cuanto la sentencia de grado rechaza la indemnización prevista por el art. 80.

Por su lado, la demandada reprocha que aquélla:sostiene que los testimonios de Serravalle y Medina carecen de validez por formar parte del plantel de Catering Gourmet SRL; afirma que Sonia Sánchez detentaba la categoría de repostera; admite en sus considerandos la tacha de la testigo Romina Righi imponiendo las costas, no procediendo de igual modo -expresa- en la parte dispositiva.

Efectuado el estudio pertinente, arribo a la conclusión de que los agravios -que trataré en el orden que considere más adecuado- no revisten de entidad para modificar la sentencia impugnada, salvo en la integración que se expresará.

En efecto:

1. De una breve síntesis de los antecedentes de la causa -para facilitar la comprensión del planteo de la demandada- surge que la otrora trabajadora de Catering Gourmet SRL, Sonia Mabel Sánchez, incoa demanda tendiente a controvertir que el despido directo de 27 de febrero de 2008 haya tenido justa causa en razón de los incumplimientos enunciados en la epístola de esa jornada: "haber ingresado el día 07 de febrero de 2008 con un retraso de 3 horas a su jornada de trabajo y haber firmado la planilla de horarios como que hubiese ingresado en su horario habitual de entrada, haberle faltado el respeto a sus superiores (nutricionistas Cortese Laura y Teruya Lorena) en varias oportunidades, no cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores, organizar reuniones durante la jornada de trabajo desatendiendo sus tareas y perturbando a sus compañeros de trabajo, y por último, ausentarse de su jornada de trabajo sin permiso ni autorización de sus superiores en repetidas ocasiones" (fs. 42 y 64).

La jueza, al evaluar la efectiva ocurrencia -o no- de los hechos imputados, y su importancia en orden a excepcionar la vocación de continuidad del contrato laboral, entiende que no se rindió prueba hábil.

En resumen, encuentra que la adulteración en el horario de ingreso no es corroborada, como tampoco la falta de respeto hacia superiores que, a su vez, aduce es una generalidad que afecta el derecho de defensa de la trabajadora. Este último argumento es reiterado para:desacreditar la causal atinente a que no se cumplían las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores, ya que no se describen cuáles eran; la relativa a la organización de reuniones o la ausencia de su lugar de trabajo sin autorización, dado que -otra vez- no habría determinación suficiente (cfr. fs. 181 y vta.).

2. La quejosa demandada sostiene agraviarse de la conclusión de la magistrada de grado en el sentido que no se ha probado la causa del despido, expresando que de los testimonios de Serravalle, Medina y Piccaluga se acreditan, argumentando respecto de la eficacia de las declaraciones y equívoco de la jueza al restringir el de las dos primeras.

El agravio es notoriamente inconsistente.

Es que aún cuando -como hipótesis de trabajo- se le otorgue plena eficacia probatoria a la testimonial que alude, como toda conclusión del análisis que efectúa, la apelante indica que "de dichos testimonios ... surge que (la actora) no desempeñaba su labor con dedicación adecuada, contracción al trabajo y respeto ... han coincidido en que...no era una buena empleada, era mal contestada, cuestionaba a sus superiores, tenía un mal trato con sus compañeros, etc.... La testigo Piccaluga sostiene lo mismo...la actora tenía malos modales y tratos" (fs. 205 vta./206).

Es evidente, de lo hasta aquí expuesto, que la recurrente no contradice fundadamente la afirmación de la jueza de grado aludida en el último párrafo de punto precedente, en cuanto a que no fue acreditada la adulteración del horario, y que el resto de las causales son generalidades, sin determinación suficiente. Sin crítica, tengo por conforme a la apelante con las afirmaciones en cuestión (art.118 CPL), quedando prácticamente echada la suerte del agravio.

Es que no explica la recurrente cómo entiende que los dichos que de los testigos destruyen la vaguedad imputada, no aludiendo a cuáles, concretamente, habrían sido los hechos calificados como incumplimientos contractuales, época y circunstancia en que fueron cometidos, etc.

Abundando, es de decir que a estas alturas, resulta prístino que el único motivo que queda incólume como causal, por su confección no genérica (art. 243 LCT), a los fines de analizar la justeza del despido directo, es la referida a "haber ingresado el día 07 de febrero de 2008 con un retraso de 3 horas a su jornada de trabajo y haber firmado la planilla de horarios como que hubiese ingresado en su horario habitual de entrada". En tal sentido, Serravalle, Medina ni Piccaluga corroboran tal hecho. El primero declara que un determinado día Sánchez llegó entre dos o tres horas tarde, pero nada aclara sobre la adulteración. Sobre la falsificación, Medina explica ".eso me enteré que han dicho pero yo no lo vi, fueron comentarios" (f. 121, pta. 6°). Finalmente, Piccaluga es todavía menos certero: "No lo sé" (f. 120 vta., idem). De todas formas, siquiera la recurrente ensaya razonamiento alguno para cimentar su eventual existencia y acreditación.

Entonces, no hay hesitación en que decidir la eficacia probatoria de los mencionados termina siendo insustancial porque aunque se llegase a concluir que eran convincentes para probar la tardanza ocurrida -ya que ninguno afirma haber visto la falsificación aducida- lo real es que se comprobaría un incumplimiento menor para una empleada con una antigüedad de nueve años, irrelevante también por la falta de circunstancia de tiempo que permita evaluar la contemporaneidad. Es que la pertinencia de la prueba testimonial es devaluada inicialmente por una deficiencia del planteo recursivo que ha de interpretarse como una conformidad con las consideraciones de la jueza a quo.

Obsérvese además que se deja firme (art.118 CPL) la consideración de la sentenciante de grado que expresa ".llama la atención que si las inconductas fueron tantas y tan diversas oportunamente no merecieran sanción con el fin de corregir la falta a obligaciones contractuales para mantener la confianza bilateral típica de todo contrato y no acumular una serie de hechos -no justificados- para despedir a la trabajadora" (fs. 181 vta./182).

Más allá de que el telegrama de despido -salvo en la causal que hace a la falsificación- incumple ostensiblemente el art. 243 LCT, ha de considerarse que, no habiendo podido suceder al mismo tiempo todos los incumplimientos genéricos que imputa, la empleadora -en su postura- debió comenzar a la primer tardanza, falta de respeto, incumplimiento de órdenes, etc. por aplicar una sanción no disolutiva que, justamente, tiene por finalidad corregir al trabajador que no cumple acabadamente con sus deberes, y así tender a la realización del principio de continuidad. Pero si ante tantas inobservancias sucedidas en el tiempo, no utilizó su facultad disciplinaria, no puede trocar abruptamente su conducta, despidiendo a la actora por imputadas faltas que, más aún, como se expuso, resultan meras generalidades, y respecto de la única concreta, no expresa la recurrente cómo la estima probada.

En consecuencia, la sumatoria de argumentos firmes de primera instancia lejos de ser una reiteración inútil dan cuenta de que, incluso probada la tardanza, de todas formas el despido directo no es justificable (arts. 118 CPL; 242, 243 LCT).

No se me escapa que, finalmente, la quejosa expresa que la actora "ya tenía una sanción previa en su legajo personal, hecho que S.S soslayó al momento de analizar el despido..." (fs.206), en crítica que se autodescalifica atento no contener un condigno razonamiento de la apelante respecto de cómo debió haber sido considerada la misma en relación al despido, sin que siquiera exprese el motivo -para la correspondiente evaluación- y magnitud.

De todas formas, ocurriendo a la contestación de demanda, la sanción refiere a una suspensión de un día, casi dos años antes del despido, razón por la cual carece de toda entidad como antecedente para la única falta concreta y de distinta índole, invocada en el telegrama de despido.

He de rechazar el agravio.

3. La recurrente demandada expresa que el CC T de la actividad (405/01) no prevé la categoría de "postrero" y, por lo tanto, el acto decisorio extralimita la demanda cuando afirma que la actora era repostera, alegando que son situaciones cualitativamente diversas. Dice el quejoso que si la magistrada se basa en el testimonio de Ardison, que declaró que Sánchez se encargaba de preparar meriendas o desayunos, no se entiende cómo luego se concluiría en que era repostera.

Yerra la quejosa cuando imputa a la sentencia el vicio de incongruencia.

Es que en el escrito de demanda se afirma que la actora era "postrera". El término, aunque no se refleje como tal en las categorías del convenio, inequívocamente refiere a quien hace "postres". Pero lo relevante para la calificación es la descripción de las tareas que se efectúa seguidamente, esto es "preparación y elaboración de los postres" (fs. 32 vta.), cuestión introducida a la litis, y que fue tenida en cuenta por la jueza de grado -más allá del acierto o error en la valoración del plexo probatorio- al considerar que "las tareas desempeñadas consistían en la preparación y elaboración de postres ("Pastelero")..." (fs.182 vta.).

Se ajusta entonces lo resuelto a lo propuesto en el escrito de inicio, y la categoría declarada por la sentenciante es la de "pastelero", y no la de "postrero" o "repostero".

De todas formas, el agravio resulta inoficioso.

En la sentencia impugnada, la única relevancia que tiene la categoría que menciona la jueza, lo es a los fines de la conclusión de que la relación estaba deficientemente registrada, resultando procedente la indemnización del art. 1ro. de la ley 25323 (ver fs. 182 vta.). Debió consecuentemente la demandada -para intentar modificar la condena respectiva- sostener fundadamente, que el supuesto no debe considerarse de deficiente registración a los fines de la sanción, y/o que la trabajadora se encontraba correctamente registrada.

Pero la queja se agota en sostener la incorrecta valoración judicial de la categoría, sin referir la recurrente a la de "pastelero" -que es la declarada-, ni sostener que la correcta era la de "peón general", extremo que la misma parte descarta al citar en su apoyo prueba de que la actora "se encargaba de preparar las meriendas o desayunos" (fs. 206), como que la suspensión a la que alude el responde, lo fue por "no cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos" y, finalmente, una de las "causas" imputadas en el despido, señala que los superiores de la actora eran "nutricionistas", todo lo cual hace concluir que lejos de probar el correcto registro, es la postura de la demandada la que avala a la jueza de grado cuando sostiene la deficiencia.

El agravio resulta entonces inoficioso a los fines de modificar segmento alguno de la sentencia.

Obsérvese, a mayor abundamiento sobre la conclusión precedente, que no se reclaman diferencias salariales, y la liquidación -conforme tramo firme de la sentencia- deberá efectuarse "sobre la base del informe pericial contable", que considera el mejor salario percibido por la actora (ver fs.183 y 139) que lo es, obviamente, en la categoría en que se encontraba registrada.

He de rechazar el agravio.

4. Sostiene el quejoso que en los considerandos de la sentencia se admitió la tacha de la testigo Romina Righi y se impuso las costas a la actora, pero que en la parte dispositiva del fallo no se lo expresa. Para contestar este agravio, la parte contraria asegura que debe eximírsela de costas en virtud del allanamiento tempestivo que ejerció.

Inicialmente, ha de notarse que la demandante apeló parcialmente el veredicto, y no anticipó como motivo de agravio la imposición de costas aludida, por lo que la exención que peticiona debe ser rechazada de plano (cfr. f. 184).

Por otro lado, si bien la pretensión de la demandada debiera haberse encarrilado por el recurso de aclaratoria, no puede soslayarse que interpuso la apelación también contra la imposición de costas y que en esta Sede, la omisión, fue objeto de sustanciación; cuando la aclaratoria siquiera prevé posibilidad de contradicción. En conclusión, no puede haber reparo serio a que se proceda a corregir la omisión.

He de receptar el agravio.

5. La recurrente actora apela el rechazo de la indemnización del art. 80 de la LCT porque -argumenta- que el decreto N° 146/01 es inconstitucional y arbitrario ya que impone al trabajador una obligación que no está prescripta en el claro texto del artículo 80, conforme ley 25345. Prosigue su análisis asegurando que el Poder Ejecutivo, con su facultad reglamentaria (art. 99, inc. 2 de la CN), transgredió la letra de la ley al imponer la intimación fehaciente una vez transcurrido el plazo de treinta días como requisito adicional para que la indemnización proceda. Cita un antecedente jurisprudencial que estima aplicable a su caso.

La ley santafesina 7055 que rige localmente el control constitucional de las normas establece como recaudo de admisibilidad el planteo oportuno de la cuestión, si ello fuera posible (art.1, último párrafo). No sólo en miras de que el contrincante pueda contraargumentar con razonamientos y pruebas, sino también para que todo juez pueda pronunciarse dado su deber irrenunciable de custodiar la Ley Suprema.

Observando detenidamente el escrito introductorio de la demanda, se evidencia que la actora no discrepó contra el orden jurídico positivo que -ahora- parecería extremadamente disonante (cfr. fs. 32/6). Nótese que la acción judicial está fechada el 22 de mayo de 2008 y la normativa en cuestión databa del 14 de febrero de 2001. Así, no puede avalarse la aspiración de invalidez afirmada desde que la presunta discordancia normativa era de fecha anterior a la interposición de demanda, y la problemática es intrínsecamente jurídica, es decir que no acaeció algún factor exógeno y sorpresivo que tornase una norma repentinamente inconstitucional.

A su vez, ningún argumento es valedero para sostener en este caso la posibilidad de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad, atento que cuanto menos se trata de una cuestión discutida por fundadas y respetables posturas disímiles.

He de rechazar el agravio.

6. En cuanto a las costas, con igual resultado sobre el principal, la jueza de grado las impuso a la demandada, sin que dicho extremo hubiere sido cuestionado -para el caso de mantenerse el resultado- por ninguna de las partes. Razón por la cual debe entenderse que éstas la consideraron ajustada a lo dispuesto por el art. 102 CPL, y mantenerse en esta instancia, atento la conclusión a la cual se arriba sobre el fondo.

Por lo tanto, a la primera cuestión, voto por la afirmativa.

A similar cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Coincido con las razones manifestadas, por lo cual, voto en similar sentido.

A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: Advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10160).

2.- A la segunda cuestión. El Dr. Angelides dijo: Corresponde:1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la actora y por la demandada, con la salvedad de la integración relativa a imponer las costas a la actora por las costas de la incidencia de tacha a la testigo Romina Righi. 2) Confirmar, en cuanto fue objeto de recursos y agravios la sentencia impugnada. 3) Imponer las costas a la demandada. 4) Los honorarios de la Alzada se regulan en el 50% de los que se fijen en primera instancia.

A la misma cuestión la Dra. Anzulovich dijo: Adhiero al fallo propuesto por el Dr. Angelides, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: Que como dije precedentemente, y de conformidad al art. 26 de la ley 10160, me abstengo de emitir opinión.

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral;

RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la actora y por la demandada, con la salvedad de la integración relativa a imponer las costas a la actora por las costas de la incidencia de tacha a la testigo Romina Righi. 2) Confirmar, en cuanto fue objeto de recursos y agravios la sentencia impugnada. 3) Imponer las costas a la demandada. 4) Los honorarios de la Alzada se regulan en el 50% de los que se fijen en primera instancia. Insértese, hágase saber y fecho, bajen. (Autos "SÁNCHEZ, SONIA MABEL C/DUTRA LEANDRO Y OTROS S/COBRO DE PESOS" Expte. N° 168 Año 2013).

Angelides - Anzulovich - Pastorino

Netri -Secretaria en suplencia-

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