Capítulo I principios Constitucionales : Acceso a la justicia. Derecho a la defensa. El Proceso como instrumento fundamental de la justicia. Oralidad. Procedimiento. Competencia. Capitulo II casación Laboral. Capitulo III jurisprudencia de la Sala de Casación Social






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-ORIENTACIONES JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE CASACIÓN SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-

Dr. Juan Rafael Perdomo Magistrado de la Sala de Casación Social

-.Sumario. Capítulo I Principios Constitucionales: 1.-Acceso a la justicia. 2.-Derecho a la defensa. 3.-El Proceso como instrumento fundamental de la justicia. 4.-Oralidad. 5.-Procedimiento. 6.- Competencia. Capitulo II 7.-Casación Laboral. Capitulo III 8.-Jurisprudencia de la Sala de Casación Social. 8.1. Responsabilidad Objetiva. 8.2..- Teoría del Riesgo Profesional. 8.3.- Enfermedad Ocupacional. 8.4. Existencia de un Riesgo Especial: Transportistas. 8.5. Existencia de un Riesgo Especial: Otros Trabajadores. 8.6. Exceso de Horas de Trabajo como causa del accidente laboral. Parámetros de la Sala de Casación Social para Cuantificar el Daño Moral. 8.7 Contestación de la Demanda y Distribución de la Carga de la Prueba. 8.8. Ajuste por Inflación. 8.9 Indexación del Daño Moral. 8.10 Contrato con Terceras Personal No Desvirtúa la Relación Laboral. 8.11 Disposición Transitoria. Régimen de Prestaciones. 8.12 Subordinación en la Relación de Trabajo 8.13. Territorialidad de la Legislación Laboral. 9. Conclusiones Finales.
Las sentencias que se pronuncian en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, tienen su fundamento en la Constitución de la

. República Bolivariana de Venezuela. 1 Esa normativa Constitucional permite una labor judicial de mayor amplitud y eficacia. Se ha entendido que los derechos y sus garantías tienen un contenido específico que puede ser descrito y tutelado con la mayor claridad y precisión deseable porque un primer aspecto es lograr la justicia con independencia del formalismo no esencial para evitar las reposiciones inútiles y que en todo caso predomine la justicia; otra cuestión es la consagración y funcionamiento de los principios constitucionales incorporados al texto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Pues bien, sobre este primer aspecto se consagran en dicha ley los siguientes principios de naturaleza constitucional y de naturaleza procesal que orientan el acto de dictar sentencia; en cuanto al último aspecto desde el art. 1 hasta el 11 de la ley antes citada queda claro que se han consagrado en dicho texto los principios constitucionales y procesales que hacen pertinente el funcionamiento del proceso laboral.

1.- ACCESO A LA JUSTICIA

De acuerdo con el artículo 26 de la CRBV, toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. Este tema comprende la necesidad de que los procedimientos sean públicos para garantía y transparencia del proceso laboral. Ello implica un control, no sólo del justiciable sino de la comunidad que puede verse reflejada en el procedimiento. El Juez, por su parte, está consciente de hacer justicia con control público. La seguridad, el fácil acceso y la comunidad son factores que se relacionan con el acceso a la justicia. En tal circunstancia se habla de cómo llegar hasta el Tribunal o hasta los órganos encargados de administrar justicia. Asimismo significa participación efectiva del justiciable y operadores del sistema judicial. Debe intervenir una comunidad que controle la actividad jurisdiccional para que la individualidad del acto de hacer justicia conlleve la participación colectiva. No está demás recalcar que el funcionario encargado de recibir al público y a todas las personas involucradas debe atenderlos con respeto y consideración. Se trata de un Derecho Humano admitido por instrumentos internacionales sobre esa materia, que Venezuela les ha dado jerarquía constitucional según consta en el artículo 23 de la Constitución vigente. El trámite procesal estatuido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo pretende facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas sobre los organismos administrativos y judiciales que se ocupan del Derecho Social.
2.-DERECHO A LA DEFENSA
Este principio está consagrado en el artículo 49 de la Constitución venezolana vigente y comprende lo que ha sostenido la Sala Constitucional cuando comenta la norma antes citada y expresa: “La referida norma constitucional, recoge a lo largo de su articulado, la concepción que respecto al contenido y alcance del derecho al debido proceso ha precisado la doctrina más calificada, y según la cual el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre las cuales se mencionan las del ser oído, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la de un proceso sin dilaciones indebidas y por supuesto, la de ejecución de las sentencias que se dicten en tales procesos. Ya la jurisprudencia y la doctrina habían entendido, que el derecho al debido proceso debe aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la causa, sea ésta judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del principio de igualdad frente a la ley, y que en materia procedimental representa igualdad de oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se trate, a objeto de realizar -en igualdad de condiciones y dentro de los lapsos legalmente establecidos- todas aquellas actuaciones tendientes a la defensa de sus derechos e intereses.2
En sintonía con la norma antes citada la Ley Orgánica Procesal del Trabajo cuando establece el recurso de casación, señala en el artículo 160 la nulidad de la sentencia cuando se agrede a este derecho por parte del juez superior e incurre en las siguientes faltas: 1.- Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior (art. 169 L.O.P.T.) 2.- Por haber absuelto la instancia. 3.- Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido y 4.- cuando sea condicional o contenga ultrapetita. La nulidad de la sentencia dictada se produce en los cuatro supuestos anteriores toda vez que el juez inobservó las precisiones del artículo 159 que se refiere a la publicación del fallo, que debe ser redactado en términos claros, precisos y lacónicos sin necesidad de narrativas ni de transcripciones de actas, ni de documentos que consten en el expediente, pero contendrá la identificación de las partes y su apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre el cual recaiga la decisión; pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto con un único perito, el cual será designado por el tribunal (art. 159 L.O.P.T.)


3.- PROCESO COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA:
En efecto el artículo 257 CRBV dispone que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Se indican como características de las normas procesales, la uniformidad, simplificación y eficacia de los trámites, adopción de un procedimiento breve oral, público. Agrega que el proceso se debe caracterizar por la brevedad y contradictorio, que se apreciarán sólo las pruebas aportadas al mismos conforme a las disposiciones de la ley procesal. Como complemento de estas afirmaciones, al seguir la orientación del artículo 257 de la Constitución, del proceso como instrumento de la justicia, se impone a los jueces el deber de actuar en forma activa en el mismo, conducirlo hasta el momento de dictar el fallo. Según estas afirmaciones el juez es el rector del proceso, puede impulsarlo a petición de parte o de oficio hasta su terminación. (art. 6 LOPT, el juez como rector del proceso). Esta obligación no excluye la utilización de los medios alternativos de solución de conflictos: conciliación, mediación y arbitraje.

Una nota resaltante de este nuevo mecanismo de administrar justicia, es que el juez de la audiencia preliminar facilita la mediación y promueve la solución del conflicto, aun cuando no decide el fondo de lo litigado. El juez de juicio, por el contrario, sí decide porque presencia el debate probatorio, es decir, las alegaciones, el establecimiento, la valoración de los hechos y de las pruebas. Esa función rectora lo conduce a ordenar el pago de conceptos, como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la Ley, tomando en consideración lo alegado y probado en los autos.


4.- ORALIDAD
Los artículos 26, 257 y la disposición cuarta transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acogen la oralidad como principio procedimental para la realización de la justicia laboral. Este principio se integra con los medios alternativos de solución de conflictos previstos en el artículo 258 del texto constitucional, que se refiere a la mediación, conciliación y arbitraje para resolver cuestiones litigiosas.

La oralidad cobra fuerza tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio. En la primera, el Juez de Mediación, Sustanciación y Ejecución reúne a las partes en el décimo día siguiente a la notificación del demandado. Esta comparecencia es obligatoria, la mediación no lo es. Significa que las partes están obligadas a acudir al tribunal, pueden mediar o no, pero deben comparecer por las consecuencias que produce en el derecho del no compareciente.
5.- PROCESO POR AUDIENCIA:

Audiencia preliminar y audiencia de juicio

Tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio son dirigidas por un juez de sustanciación, mediación y ejecución y por el juez de juicio; la mediación se caracteriza porque es voluntaria, confidencial y no vinculante, es decir, las partes conservan la independencia y autonomía de su posición dentro del proceso. El juez, en la medida de sus posibilidades, puede fijar la idea de resolver el conflicto, mediante la negociación que debe llevarse a cabo en el seno de esa audiencia preliminar de mediación, básicamente esa es su función. Al final el proceso resulta exitoso si los comparecientes deciden solucionar los diferendos que existen entre ellos. Por otra parte este Juez de Mediación, Sustanciación y Ejecución no decide la causa. Por lo tanto una vez concluido el tiempo para la mediación (4 meses) el juez si no tuvo éxito remite el expediente al Juez de Juicio quien recibirá tanto el libelo de demanda, pruebas como la contestación a la demanda que haya formulado el demandado en al audiencia preliminar. Debe agregarse que el juez de la audiencia preliminar realiza un grupo de funciones altamente positivas, porque además de conducir la mediación, que es esencial como se dijo antes, también conduce algunos trámites procesales como es el desistimiento del procedimiento o bien la admisión de los hechos alegados por el demandante y mediante acta dejará constancia de este hecho. Igualmente practica el despacho saneador que tiene la finalidad de purificar el libelo de la demanda y los presupuestos de validez procesal, finalmente remite el expediente al juez de juicio en todos aquellos casos necesarios. Para el demandante también la incomparecencia al tribunal producen el desistimiento del procedimiento. Como puede verse de la descripción anterior la oralidad juega una función esencial en la audiencia preliminar, es oportunidad magnífica para resolver las cuestiones controversiales suscitadas entre las partes.

En la Audiencia de Juicio el Juez presencia las alegaciones de las partes y el debate probatorio. Se trata de un procedimiento sencillo fijado por el juez: El día y hora para la realización de la audiencia de juicio, deberán acudir las partes con sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en al demanda y en su contestación, ya no podrán alegarse hechos nuevos. Si el demandante no comparece se entiende desistida la acción y si es el demandado el no compareciente se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por el demandante en su libelo, en cuanto sea procedente en derecho. En ambos casos se dicta la sentencia y la misma tiene apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar de la publicación del fallo.
Estas actuaciones van al Tribunal Superior del Trabajo respectivo, quien en forma oral e inmediata dictará sentencia, previa audiencia de partes fijada en un lapso no mayor de 5 días hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. En caso de que ninguna de las partes acuda a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta.
El juez de juicio está obligado a decidir la causa una vez que terminó el debate probatorio y lo hará oralmente, a reserva de la publicación del fallo en los 5 días siguientes a esta audiencia. Hemos de decir que este juez de juicio tiene amplias facultades en el aspecto probatorio y puede dar por terminados los actos de examen de testigos cuando los considere inoficiosos e impertinentes. También esta audiencia puede ser prolongada según las necesidades del proceso. Indica la L.O.P.T. que el juez está obligado a sentenciar.
Concretándonos al principio de la oralidad diseñada en nuestro proceso laboral nos hacemos eco de las palabras del profesor Hernando Davis Echandía 3 quien opina, en relación con la dicotomía entre oralidad y escritura, que la existencia de uno u otro principio dependen de la orientación general del proceso, y la acogida que tengan los principios anteriores: "Se destaca que la oralidad permite la concentración e inmediación.

El juez adquiere una mayor capacidad para juzgar, en razón del conocimiento y apreciación directa que hace de las personas y hechos sometidos a su examen y dispone por último de una mayor actividad y amplias facultades". En fecha 13 de agosto de 2004 se promulgó la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conforme a los principios Constitucionales vigentes en nuestra carta Magna

.

Ahora bien La Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha consagrado la oralidad junto con la escritura en el juicio laboral, por lo cual, puede afirmarse, se trata de un proceso mixto. Puede afirmarse que antes de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (30 de diciembre de 1999) el proceso era y sigue siendo escrito y presenta las particularidades que ha señalado el profesor Mauro Cappelletti "Las características hasta aquí delineadas estaban, como es claro, estrechamente conectadas entre sí: todas confluían en un tipo de proceso exasperadamente lento, con una neta separación del juez de los hechos y por consiguiente con una forma de exaltación de las cuestiones abstractas de derecho con respecto a aquellas concretas de hecho, con un exceso de formalismo paralizante, especialmente, pero no únicamente, en la admisión, asunción y evaluación de las pruebas, y en fin con un sistema procesal que no corresponde a la filosofía experimental, a las exigencias de eficiencia y al sentimiento de justicia del mundo moderno". 4

Vale incluir en este trabajo, además, el acertado juicio del autor antes mencionado para completar un panorama jurídico que permita reforzar la inclusión de la oralidad en el proceso laboral, este criterio está sostenido del modo que sigue:
La oralidad significa, en este enfoque, un cierto tipo de procedimiento que se opone a aquel que aparece en el área iberoamericana (dentro de la familia del civil law) en el que apare­ce un absoluto predominio de la escritura. Según Mauro CAPPELLETTI, este proceso tiene varias características las cuales, generalmente" aparecen relacionadas íntimamente y que son las que distinguieron al proceso común (romano-canónico). En primer lugar es el de la escritura, presidido por el principio de que quod non est in acta non, est in mundo; en segundo lugar la ausencia de todo contacto directo entre el juez y las partes y también los peritos y testigos o toda otra fuente de información como lugares y cosas. El tercer carácter es el criterio de apreciación legal de la prueba (o prueba tasada), quitándole al juzgador toda posibilidad de buscar por sí la verdad. El cuarto carácter es el de la realización del procedimiento en etapas separadas y clausuradas por términos preclusivos en las cuales se va desarrollando el trámite Las escrituras provocan las contra escrituras, dice el maestro florentino, que se van escalonando en un interminable lapso provocando la excesiva duración del trámite (Procédure orale et procédure écrite, Milano, -1971. También "Social and political aspects of civil procedure. Reforms and trends in Western and Eastern Enrope", en Michigan Law Review. Vol. 69. Núm. t. apr. 1971. pp. 847 Y ss. También en processo e ideologie, Bologna, 1969, etc.).
Gracias a los principios constitucionales ha sido posible la toma de decisiones novedosas que han tenido por objeto hacer justicia y desaplicar normas contrarias al espíritu de la Constitución, pues "todos los órganos judiciales tienen la potestad, primero, de observar directamente las normas constitucionales o de aplicar las reglas del ordenamiento jurídico desde una interpretación conforme con aquéllas; segundo, de desaplicar las normas legales o sublegales contrarias a ésta; tercero, de asegurar la integridad de la Constitución y, cuarto, de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales. Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7, 334 (primero y segundo incisos) y 26, todos de la Constitución."5
Esta técnica de elucidación del significado y de integración de la norma, denominada en doctrina "interpretación conforme a la Constitución", ha sido expuesta por el profesor español Eduardo García de Enterría6, así:
La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación -por operadores públicos o por operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o administrativos- en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la materia de que se trate.

Este principio es una consecuencia derivada del carácter normativo de la Constitución y de su rango supremo y está reconocido en los sistemas que hacen de ese carácter un postulado básico. Así, en Estados Unidos, todas las Leyes y los actos de la Administración han de interpretarse in harmony with the Constitution; en Alemania el mismo principio impone die verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen, la interpretación de las Leyes conforme a la Constitución. En ambos casos, como prácticamente en todos los países con justicia constitucional, el principio es de formulación jurisprudencial.
Se ha dicho que tras el conocido aforismo dura lex, sed lex -la leyes dura, pero es la ley- se esconde un error de interpretación o de integración de la norma jurídica, pues la ley no es dura sino justa; y si su aplicación, que no debe ser mecánica sino razonada, conduce a resultados injustos, deberá el juez examinar la interpretación que hace y confrontarla con el resto del ordenamiento jurídic07, y muy especialmente con los derechos humanos, los cuales no son sólo los enumerados en la Constitución, pues la formulación de los derechos del hombre en el texto constitucional "no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos"8.
Con todo, en el sistema español la interpretación conforme a la Constitución tiene sus límites que si se rebasan, desnaturalizan, a juicio de la doctrina, la función de los tribunales, para inundar competencias del poder legislativ09. Podemos resumir diciendo que la interpretación conforme a la Constitución es el principio o máxima hermenéutica según la cual, de entre los varios entendimientos posibles de una regla de derecho, el intérprete ha de optar por aquél que mejor se acomode a los dictados constitucionales.10
En nuestro sistema de protección constitucional, que incluye la facultad del juez de desaplicar la norma inconstitucional -control difuso de la constitucionalidad- las posibilidades son aun más amplias, pues no puede una ley contrariar la Constitución, ni en su letra ni en su espíritu, por tanto los derechos y garantías constitucionales deben ser el norte que guíe nuestra interpretación e integración del Derecho. Entre varias interpretaciones posibles debe optarse por aquella que garantice esos derechos, aun cuando no sea la más apegada al texto legal, y si no es posible, insistimos, interpretar la ley de manera que no se lesionen los derechos constitucionales, debemos entonces desaplicarla, pues para ello tiene facultad nuestro juez.11
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