Inexistencia juridica del articulo109 fraccion XI






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INEXISTENCIA JURIDICA DEL ARTICULO109 FRACCION XI

SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR).

Lic. Gustavo Sánchez Soto1


El artículo 109 fracción XI segundo párrafo de la LISR ha sido declarado por nuestro máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una norma inexistente, declaración que será objeto de análisis en el presente artículo a fin de definir el contenido y alcance de tal determinación.


ANTECEDENTES:


Con fecha enero veintinueve del dos mil tres, el Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 109 fracción XI segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que se fundó en lo regulado por el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), precepto normativo que literalmente regula:


“Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
………

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos…..”


Es decir, se planteó por parte del Abogado de la Nación, la eventual contradicción que existe entre el texto normativo a que se contrae el artículo 109 fracción XI segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nuestra Carta Magna. En este contexto, es conveniente aclarar que este medio de control constitucional, sólo puede ser promovido por el Procurador General de la República, las minorías parlamentarias y los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral, regulación que evidentemente hace procedente la legitimación activa del Procurador General de la República para interponer la acción de inconstitucionalidad de referencia. Cabe hacer notar que en la acción de inconstitucionalidad que se revisa, se esgrimieron medularmente como conceptos de invalidez, los consistentes en acreditar la violación a los artículos 133 y 31 fracción IV Constitucionales, alegándose en primer término la violación al principio de supremacía Constitucional que se consigna en el primero de los dispositivos jurídicos invocados, el cual a la letra dice en la parte conducente:


“Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.


Es decir, sin lugar a dudas el texto Constitucional debe de prevalecer frente a cualquier disposición jurídica que la contravenga o extralimite, hipótesis que en el caso que nos ocupa se actualiza toda vez que el texto del artículo 109 fracción XI segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, violenta directamente al principio de equidad tributaria consignado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, artículo que ordena lo siguiente:


Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos:
……..

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes
(El énfasis es nuestro)


En este contexto, resulta incuestionable que se ha estimado categóricamente que el principio de equidad tributaria estriba en dar un trato idéntico a los contribuyentes que se ubiquen en igualdad de circunstancias frente a la misma norma, así lo ha consignado la interpretación jurisdiccional, mediante la confección de la siguiente tesis jurisprudencial:


Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XI, Marzo de 2000

Tesis: P./J. 24/2000

Página: 35
IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.
Amparo directo en revisión 682/91. Matsushita Industrial de Baja California, S.A. de C.V. 14 de agosto de 1995. Unanimidad de diez votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.
Amparo directo en revisión 1994/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 10 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.
Amparo directo en revisión 3029/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 10 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.
Amparo directo en revisión 324/99. Universal Lumber, S.A. de C.V. 1o. de junio de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.
Amparo directo en revisión 1766/98. WMC y Asociados, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Miguel Moreno Camacho.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número 24/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

(El énfasis es nuestro)


En el mismo sentido:


Séptima Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 199-204 Primera Parte

Página: 144
IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.
Séptima Epoca, Primera Parte:
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 2598/85. Alberto Manuel Ortega Venzor. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 2980/85. Jesús Farías Salcedo. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretario: Roberto Terrazas Salgado.
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 2982/85. Rubén Peña Arias. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Herminio Huerta Díaz.
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 4292/85. Juan Carlos Francisco Díaz Ponce de León. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 4528/85. Jean Vandenhaute Longard. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria: Fátima Sámano Hernández.
Nota: En el Informe de 1985 y Apéndice 1917-1995, la tesis aparece bajo el rubro "IMPUESTOS SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD."
(El énfasis es nuestro)


En consecuencia, claramente se desprende del análisis de las ejecutorias firmes antes citadas que se debe de dar un trato igual a aquellos contribuyentes que actualicen las mismas hipótesis normativas tributarias, lo cual de ninguna manera implica que el legislador no se encuentre facultado para establecer categorías o clasificaciones de contribuyentes, al contrario, se encuentra obligado a ello, siempre y cuando tal diferenciación obedezca a una razón objetiva. En el caso que nos ocupa, la controversia estribaba en que los trabajadores al servicio del Estado o Entidades Federativas, no eran objeto de retención para efectos del impuesto sobre la renta respecto de las gratificaciones que percibían, es decir, se encontraban exentos, en cambio, los trabajadores que prestaban sus servicios a iniciativa privada si lo eran. Este esquema diferencial de causación de impuesto sobre la renta, evidentemente no se encontraba sustentado en ninguna razón objetiva, lógica ni jurídica, lo cual da lugar a una flagrante violación al principio de equidad impositiva multirreferido, lo cual fue reconocido en el mes de noviembre del año dos mil dos a través de la siguiente jurisprudencia:


TESIS JURISPRUDENCIAL Núm. 50/2002

(PLENO)
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha sostenido que el aludido principio constitucional radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; en otros términos, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares; además, el propio Máximo Tribunal de la República ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Acorde con lo antes expuesto, el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores asalariados por la obtención de los mismos ingresos, toda vez que da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores al servicio del Estado y de las Entidades Federativas, sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley una justificación objetiva y razonable. Lo anterior se corrobora con el hecho de que ambos tipos de trabajadores son personas físicas que obtienen ingresos, en efectivo, regulados por el capítulo I del título IV de la ley citada, relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; obtienen el mismo tipo de ingreso: gratificaciones; experimentan modificación patrimonial positiva, al percibir ingresos derivados de gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, de manera que al encontrarse en la misma hipótesis de causación, en principio, deben estar sometidos al mismo régimen tributario, por lo que si la ley de la materia no contempla, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las Entidades Federativas, éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria, con los demás trabajadores asalariados.
Amparo en revisión 170/2002.- Verónica Huerta López.- 31 de octubre de 2002.- Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán).- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 233/2002.- Mauricio Munguía Ramírez.- 31 de octubre de 2002.- Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán).- Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 241/2002.- Ricardo García de Quevedo Ponce.- 31 de octubre de 2002.- Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán).- Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 373/2002.- María Cristina Alcalá Rosete y otros.- 31 de octubre de 2002.- Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán).- Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 442/2002.- Luis Ángel Villa Piñera.- 31 de octubre de 2002.- Mayoría de ocho votos; votó en contra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ausentes Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán).- Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.
(El énfasis es nuestro)


He de decir que paralelamente a la emisión de la jurisprudencia antes referida, se emitieron otros criterios jurisprudenciales que esencialmente reconocieron y ratificaron que no era jurídico establecer dos clases de trabajadores, una de ellas situada en en un régimen privilegiado de exención y la otra tributando en forma convencional. En este orden de ideas, el planteamiento de inconstitucionalidad que realizó el Procurador General de la República ya había sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los juicios de amparo que habían interpuesto los contribuyentes que recurrieron la inconstitucionalidad del artículo de la LISR objeto de esta reflexión.


EFECTOS DE LA RESOLUCION DE INVALIDEZ.


Ahora bien, entrando en materia de análisis de la definitiva dictada en el medio de control constitucional en comento, el segundo punto resolutivo tercero de la resolución recaída a la acción de inconstitucionalidad de mérito estableció lo siguiente:


SEGUNDO.- Se declara la invalidez de la fracción XI, segundo párrafo, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre del dos mil dos”


En consecuencia, debe de aclararse que por invalidez se debe de entender la inexistencia jurídica de la norma, es decir, la fracción XI, segundo párrafo, del artículo 109 de la LISR equivale a la nada jurídica. Con motivo de la resolución en trato, teniendo tal mandato efectos erga omnes y no de carácter relativo como sucede en materia de juicio de amparo, procedimiento que culmina con sentencias definitivas que únicamente surten efectos para las partes que promovieron el juicio de garantías. A mayor abundamiento, es necesario puntualizar que la resolución de referencia al declarar la invalidez de la norma jurídica, declara la inexistencia de la misma y con efectos generales, toda vez que fue aprobada por la mayoría del Pleno de la Corte. Este criterio ha sido sostenido por nuestro máximo Tribunal, a partir de la siguiente ejecutoria firme:


Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Agosto de 2000

Tesis: P./J. 71/2000

Página: 965
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.
Controversia constitucional 15/98. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 11 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 71/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.


Complementariamente debe de indicarse que en términos del resolutorio TERCERO de la resolución definitiva de la acción de inconstitucionalidad materia de esta colaboración, la declaración de invalidez de la norma jurídica tildada de inconstitucional, surtirá efectos a partir del día siguiente de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación, consecuentemente, deberá de surtir efectos plenos a partir del martes diecisiete de junio de los corrientes


CONCLUSIONES.


1. Se declara la invalidez del artículo 109 fracción XI segundo párrafo de la LISR, toda vez que tal disposición jurídica contradice nuestra Carta Magna, conculcando el principio de equidad tributaria consignado en el artículo 31 fracción IV Constitucional.


2. La declaración de invalidez surte efectos plenos a partir del día martes diecisiete de junio de año dos mil tres


3. La declaración de invalidez debe entenderse como una declaración de inexistencia de la norma jurídica combatida y, en consecuencia, ningún trabajador, sea al servicio del Estado, Entidades Federativas o Sector Privado, será objeto de exención por lo que respecta a la percepción de gratificaciones.


4. Aquellas personas que interpusieron juicio de amparo en contra del artículo 109 fracción XI segundo párrafo de la LISR, antes de la entrada en vigor de la resolución que aquí se comenta, serán objeto de la protección constitucional en términos de las sentencias que hayan obtenido.



1 Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Postulante, consultor y asesor jurídico en materia fiscal y de comercio exterior. Conferenciante a nivel nacional. E-mail: sanchez@soto.com.mx Página web: www.sanchezsoto.com.mx

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