Tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana






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RECURSO NÚMERO 657/14
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

S E N T E N C I A NUM. 107/2015

En la ciudad de Valencia, a 21 de enero de 2015.
Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. don José Bellmont Mora, Presidente, doña Rosario Vidal Más, don Fernando Nieto Martín, doña Begoña García Meléndez y don Antonio López Tomás, Magistrados, el presente procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona número 657/14, interpuesto por el Procurador DOÑA MARIA CARMEN NAVARRO BALLESTER, en nombre y representación de DOÑA MONICA OLTRA JARQUE, Diputado de Les Corts, que se asiste a sí misma como Letrada, contra la denegación de documentación por el Conseller de Sanidad de 18.6.14 respecto a la solicitud formulada de copia de la documentación relativa a los comprobantes del pago de la obra de construcción del edificio que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, por el Conseller de Governació y Justicia de 17 de junio de 2014 de la Copia de documentación relativa a los costes de las reformas efectuadas durante los últimos quince años en la vivienda que alberga el edificio del TSJCV que viene siendo ocupada por quien ostenta la presidencia de dicha institución; por el Conseller de Gobernación y Justicia de 4.3.14 de la misma petición anterior; habiendo sido parte en los autos la Administración demandada, CONSELL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA, representada por su Letrado, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dña. ROSARIO VIDAL MAS y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-Interpuesto el presente procedimiento y seguidos los trámites prevenidos por los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplica que se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.
SEGUNDO.-El representante de la parte demandada, contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
TERCERO.-No habiéndose recibido el proceso a prueba, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 20.1.15.
QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTACION JURIDICA


PRIMERO.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la denegación de documentación por el Conseller de Sanidad de 18.6.14 respecto a la solicitud formulada de copia de la relativa a los comprobantes del pago de la obra de construcción del edificio que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA; por el Conseller de Governació y Justicia de 17 de junio de 2014 de la Copia de documentación relativa a los costes de las reformas efectuadas durante los últimos quince años en la vivienda que alberga el edificio del TSJCV que viene siendo ocupada por quien ostenta la presidencia de dicha institución; por el Conseller de Gobernación y Justicia de 4.3.14 de la misma petición anterior.

Destaca la demanda que se formularon dichas solicitudes dirigidas a la Mesa de las Cortes Valencianas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Les Corts, obteniendo como respuesta, en el primero de los casos relacionando las fechas de los pagos llevados a cabo, sin facilitar documentación ni información y se informa de que las cuentas son auditadas por la Intervención General cuyos informes están en la web de la Consellería de Hacienda. En cuanto a los otros dos la respuesta fue que se trata de un contrato de mantenimiento de todas las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana.

Estima la demanda que estas respuestas suponen una negativa a la entrega de la documentación solicitada y, con ella, la vulneración del artículo 12 del Reglamento de las Cortes Valencianas, a través del que se lleva a cabo una vulneración de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Española, invocando al efecto Jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional, así como sentencias precedentes de esta misma Sala.

El Ministerio Fiscal considera que se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales y que debe estimarse la demanda y declarar que es contrario a la CE no facilitar la información solicitada.

La Administración demandada se opone en base a la corrección de la actuación administrativa y que se ha dado debida satisfacción a la petición, debiendo seguirse el procedimiento adecuado.
SEGUNDO.- Se trata por tanto de una cuestión ya reiteradamente resuelta por esta Sala, lo que implica, como en todos los casos anteriores, destacar en primer lugar y por ser los preceptos básicos sobre los que se sustenta la acción, que el derecho constitucional que se considera vulnerado es como hemos visto, el contemplado en el art. 23 de la CE “1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes...”

En cuanto al art. 12 del Reglamento de la Cámara –también invocado por ambas partes- establece que “Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias los diputados...tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos... de las administraciones públicas de La Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes de la misma” (párrafo 1) Que a tal efecto se formulará solicitud, por conducto de la Presidencia de les Corts y que la Administración requerida “deberá facilitar la información o documentación solicitadas o manifestar ...las razones fundadas en derecho que lo impidan (párrafo 2) Que en caso de incumplimiento, el solicitante podrá formular una pregunta oral ante la comisión competente y si su Grupo parlamentario estima que las razones no son suficientes “puede presentar una proposición no de ley ante la comisión correspondiente que tendrá que ser incluida en el orden del día de una sesión a realizar en el plazo de quince días desde su publicación.” (párrafo 3).

Y como también hemos señalado en ocasiones anteriores, debemos partir de una consideración previa cual es la irrelevancia, a los efectos que nos ocupan, del argumento de la Administración demandada en torno a que los demandantes no han seguido este procedimiento reglamentario ya que se trataría de una cuestión de legalidad ordinaria que queda al margen del presente procedimiento en el que lo que se está cuestionando no es sólo la negativa obtenida por los demandantes sino la trascendencia constitucional que la misma puede haber alcanzado y en la medida en que es constante la Jurisprudencia que no exige en este tipo de procedimiento especial el agotamiento de la vía administrativa, a diferencia de las normas generales contenidas para el procedimiento ordinario en la Ley Jurisdiccional, este argumento carece, como decimos, de la trascendencia que podría alcanzar en un procedimiento seguido por vulneración de la legalidad ordinaria, saliendo con estos argumentos, a su vez, de la afirmación del Ministerio Fiscal en torno a que concurre una inadecuación de procedimiento por ser este precepto –y no otro- el vulnerado, cuando del tenor de la demanda vemos claramente que se está invocando el derecho constitucional del art. 23 de la CE.

Por otra parte y en cuanto a la interpretación de estos preceptos, como ya hemos declarado reiteradamente, la STC nº 190/2009 de 28 de septiembre que aunque venga referida a la denegación de una comparecencia (no de documentación) y por la propia Mesa de las Cortes (no de los órganos de Gobierno), supuesto por tanto, distinto del de autos, consagra una interpretación constitucional de plena aplicación puesto que nos hallamos también ante una negativa de información con el denominador común (de ahí su aplicación) de la vulneración o no del derecho fundamental de participación.

Señala la misma que existe una abundante doctrina constitucional sobre las inadmisiones de iniciativas de esa naturaleza en relación con el derecho invocado:

“...venimos señalando que el art. 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la Ley disponga. De este modo, hemos declarado que estamos ante un derecho de configuración legal, en el sentido de que compete a los Reglamentos parlamentarios fijar y ordenar los derechos y atribuciones que a los parlamentarios corresponden; ahora bien, una vez creados quedan integrados en el estatuto propio del cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren (por todas, SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 141/2007, de 18 de junio, FJ 3; 74/2009, de 23 de marzo, FJ 3).”

De singular importancia, a los efectos del caso de autos, es la afirmación que a continuación contiene la citada sentencia:

“Sin embargo, no cualquier acto que infrinja la legalidad del ius in officium lesiona el derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como es, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción del Gobierno...”

Y a continuación (siempre referido, en aquel caso, a la negativa de la propia Mesa) estima que existe tal vulneración constitucional si se viene a contrariar la naturaleza de la representación y que por ello se impone una interpretación restrictiva de cuantas normas puedan suponer una limitación “al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y el deber de motivar las razones de su aplicación (STC 141/2007, de 18 de junio, FJ 3)”

Y tras concretas referencias al supuesto de hecho planteado, afirma que la petición formulada “en cuanto su finalidad sea el control del Gobierno, dicha facultad ha de entenderse incluida dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el art. 23.2 CE”.

En este mismo sentido, aunque también con las diferencias en cuanto al supuesto de hecho –que no altera la esencia del argumento aplicado- la STC 44/2010 de 26 de julio.
TERCERO.-Sentado todo ello, debemos analizar las respuestas que da la Administración.

En el primero de los casos, petición de 14.5.14 de las copia de la documentación relativa a los comprobantes del pago de la obra de construcción del edificio que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, el Sr. Conseller contesta el 18 de junio del mismo año que el 2 de junio de 2010, el Patronato de l´INCLIVA aprobó destinar parte de las reservas de la entidad a la construcción de la sede y el contrato, tras la licitación, se comunicó al Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Señala que los comprobantes del pago de las obras tienen las fechas que relaciona a continuación y que las cuentas anuales de la fundación son auditadas anualmente por la Intervención General de la GV, cuyos informes y cuentas anuales son públicas y están disponibles en la página web de la Consellería de Hacienda y una vez aprobadas por el Patronato, dichas cuentas son depositadas en el Registro de Fundacionees así como el Plan de actuación de la entidad.

No obstante, como ya hemos señalado otras veces en reclamaciones similares, la cuestión no es la relativa a la adecuada formalidad seguida en la tramitación de los expedientes y mucho menos la referencia al control posterior, dentro de la propia Administración, que nada tiene que ver con el control parlamentario de que se trata, la cuestión es si esta respuesta es la adecuada o no lo es y en este último caso, si entraña la vulneración constitucional denunciada y no puede entenderse como adecuada una respuesta que facilita exclusivamente las fechas de los comprobrantes reclamados, no constando en la respuesta razón jurídica alguna para no haber facilitado las copias, incidiendo con ello en la vulneración denunciada, por lo que hay que estimar esta primera reclamación.

Por lo que se refiere a la segunda de las peticiones, salvando que se trata de una vivienda deshabitada desde la toma de posesión de la actual Presidenta de este Tribunal, a diferencia de lo que señala la demanda, la existencia de un contrato de mantenimiento relativo a todas las sedes judiciales no es óbice para atender la petición que se le formula habida cuenta de que cualquiera que sean los términos del mismo –que desconoce la Sala- lo que es indudable es que las actuaciones a que de lugar –más allá de las que pueden ser irrelevantes por su escasa entidad- deben tener una constancia documental y, del propio modo, de no haber existido, también es posible certificar dicha inexistencia, en cualquier caso, la respuesta debe estar dotada de un contenido que, desde luego, no tiene la mera remisión al tipo de contrato en que el mantenimiento está englobado y sólo puede provenir del órgano titular del edificio y encargado de su gestión, porque sólo su respuesta tiene eficacia.

En consecuencia de todo ello, aplicando los criterios anteriormente expuestos al presente caso, siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa, carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada.
CUARTO.-El articulo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vigente al tiempo del presente procedimiento, establece que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación

F A L L A M O S

1) La estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador DOÑA MARIA CARMEN NAVARRO BALLESTER, en nombre y representación de DOÑA MONICA OLTRA JARQUE, Diputado de Les Corts, que se asiste a sí misma como Letrada, contra la denegación de documentación por el Conseller de Sanidad de 18.6.14 respecto a la solicitud formulada de copia de la documentación relativa a los comprobantes del pago de la obra de construcción del edificio que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, por el Conseller de Governació y Justicia de 17 de junio de 2014 de la Copia de documentación relativa a los costes de las reformas efectuadas durante los últimos quince años en la vivienda que alberga el edificio del TSJCV que viene siendo ocupada por quien ostenta la presidencia de dicha institución; por el Conseller de Gobernación y Justicia de 4.3.14 de la misma petición anterior que se declara contraria a la Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos solicitados.
2) La imposición de las costas causadas en el presente expediente a la demandada.
A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretaria de la misma, certifico.

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