Juicio sobre suscripción de un instrumento o constitución de una obligación






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EL JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA EN LA OBLIGACIONES DE HACER

Fuentes Legales:

Las contenidas en el título II del Libro III del Código de Procedimiento Civil, artículos 530 al 543, los cuales son de aplicación preferente. Además, las contenidas en el párrafo 1° del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, artículos 434-478 “en cuanto sean aplicables y no parezcan modificadas por los artículos siguientes…” (Artículo 531 del Código de Procedimiento Civil).

El artículo 1.553 del Código Civil establece: “Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir al acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:

1ª.- Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;

2ª.- Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;

3ª.- Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”

La obligación de indemnizar perjuicios es una obligación ilíquida. Para proceder a su liquidación es menester previamente que se materialice en un juicio ordinario. Si la sentencia es favorable dará lugar a una ejecución pero de una obligación de dar. Ahora bien, sólo se podrá perseguirse por esta vía el derecho de apremiar para la ejecución del hecho convenido y del derecho para pedir que se autorice al acreedor para que ejecute el hecho por un tercero a expensas del deudor.

En cuanto a los requisitos de procedencia, ya nos referimos a ellos, pero resumiendo podemos decir que la obligación de hacer debe constar en un título ejecutivo, debe ser actualmente exigible y la obligación debe ser determinada (Artículo 530 del Código de Procedimiento Civil). Además, no debe estar prescrita (Artículos 442 y 531 del Código de Procedimiento Civil).

Se clasifica, según el objeto de la obligación, en juicio ejecutivo sobre suscripción de un instrumento o constitución de una obligación y juicio ejecutivo sobre realización de una obra material. Estudiaremos ambos por separado:

Juicio sobre suscripción de un instrumento o constitución de una obligación

El procedimiento ejecutivo se inicia con la presentación de la demanda ejecutiva que debe ir aparejada de un título ejecutivo que contenga la obligación por parte del deudor de suscribir un documento o la constitución de una obligación, cumpliendo con las demás exigencias propias de la pretensión. Además, se solicitará se despache mandamiento de ejecución en contra del deudor a fin de que suscriba el documento o constituya la obligación dentro del plazo que señale el tribunal a contar a contar desde el requerimiento y bajo apercibimiento que si así no lo hiciere, procederá en su nombre el juez que conoce del litigio. (Artículo 532 del Código de Procedimiento Civil). El juez examinará el título y despachará el mandamiento de acuerdo a las reglas generales de las obligaciones de dar. Requerido el deudor podrá suscribir el documento o constituir la obligación dentro del plazo fijado por el tribunal. En este evento el juicio ha concluido sin perjuicio del pago de las costas hasta allí causadas (Artículos 490 y 531 del Código de Procedimiento Civil). Sin embargo, el deudor también puede oponerse en cuyo caso se aplicarán las normas ya estudiadas de las obligaciones de dar. La sentencia condenatoria será sinónimo de sentencia de pago (Artículo 531 del Código de Procedimiento Civil). Si transcurrido el plazo para oponer excepciones el deudor nada dice, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento para que el acreedor pueda perseguir el pago. (Artículos 472 y 531 del Código de Procedimiento Civil).

El procedimiento de apremio consiste en requerir al deudor para que dentro de cierto plazo, fijado por el tribunal, suscriba el documento o constituya la obligación bajo apercibimiento de proceder en su nombre por parte del juez. El momento oportuno para ello será, si no ha opuesto excepciones, cuando haya transcurrido el plazo para hacerlo. Si, por el contrario, ha opuesto excepciones, cuando éstas hayan sido rechazadas por sentencia ejecutoriada. Sin embargo, en este último caso conviene recordar que la sentencia, no obstante que, haya sido apelada puede cumplirse siempre que el acreedor caucione las resultas de dicho recurso (Artículos 475 y 531 del Código de Procedimiento Civil). Asimismo, cuando haya sido recurrida de casación por el deudor, sin que este último pueda exigir fianza de resultas (Artículo 473 del Código de Procedimiento Civil).

Juicio sobre realización de una obra material

El procedimiento ejecutivo se inicia con la presentación de la demanda ejecutiva presentada de acuerdo a las reglas generales. (Artículo 531 del Código de Procedimiento Civil), acompañándose el título ejecutivo que deberá contener la obligación por parte del deudor de ejecutar una obra material. Se pedirá se despache mandamiento de ejecución en contra del deudor para que cumpla con la obligación dando principio a los trabajos en el plazo que allí se le señale. El juez examinará la solicitud y despachará o no el mandamiento solicitado, según concurran o no las exigencias legales de la pretensión ejecutiva.

El mandamiento deberá contener las menciones señaladas en el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil: Cuando la obligación consista en la ejecución de una obra material, el mandamiento ejecutivo contendrá:
1. La orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación; y
2. El señalamiento de un plazo prudente para que dé principio al trabajo”.

Una vez requerido de pago el deudor puede iniciar los trabajos en el plazo señalado por el tribunal en cuyo caso habrá terminado el juicio ejecutivo, sin perjuicio de perseguirse el pago de las costas (Artículos 490 y 531 del Código de Procedimiento Civil). También, puede oponer excepciones en conformidad a lo preceptuado en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Además “la de imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida” (Artículo 534 del Código de Procedimiento Civil). Estas excepciones se tramitarán de acuerdo al procedimiento estudiado de las obligaciones de dar. La sentencia podrá ser absolutoria o condenatoria. En esta última eventualidad estaremos frente a una sentencia de pago. Sin embargo, en este último caso conviene recordar que la sentencia, no obstante que, haya sido apelada puede cumplirse siempre que el acreedor caucione las resultas de dicho recurso (Artículos 475 y 531 del Código de Procedimiento Civil). Asimismo, cuando haya sido recurrida de casación por el deudor, sin que este último pueda exigir fianza de resultas (Artículo 473 del Código de Procedimiento Civil).

El procedimiento de apremio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.553 del Código Civil, tratándose de una obligación de hacer permite al acreedor, una vez que el deudor haya incurrido en mora de cumplir, a su elección, pedir que se le autorice (al acreedor) para hacer ejecutar la obra por un tercero a expensas del deudor, o bien, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho. Esta elección normalmente la podrá llevar a cabo el acreedor una vez que la sentencia de pago se encuentre ejecutoriada. Sin embargo, también podrá realizarla cuando la sentencia de pago se encuentre apelada por el deudor y el acreedor haya otorgado fianza de resultas, o bien, haya sido recurrida de casación por el mismo deudor. (Artículos 475, 531 y 773 del Código de Procedimiento Civil). Sin embargo, las exigencias legales en cada caso son diversas:

Ejecución por un tercero a expensas del deudor:

El artículo 536 del Código de Procedimiento Civil: “El acreedor podrá solicitar que se le autorice para llevar a cabo por medio de un tercero, y a expensas del deudor, el hecho debido, si a juicio de aquél es esto posible, siempre que no oponiendo excepciones el deudor se niegue a cumplir el mandamiento ejecutivo; y cuando desobedezca la sentencia que deseche las excepciones opuestas o deje transcurrir el plazo a que se refiere el número 2. del artículo 533, sin dar principio a los trabajos.
Igual solicitud podrá hacerse cuando, comenzada la obra, se abandone por el deudor sin causa justificada.”


Ahora bien, el deudor podrá hacer uso de este derecho, de acuerdo a la disposición citada, en los siguientes casos: En primer lugar, cuando el deudor deja transcurrir el plazo otorgado por el tribunal para dar inicio a los trabajos, sin que ello ocurra. Un segundo caso, cuando el deudor no opone excepciones y tampoco da cumplimiento al mandamiento de ejecución. Del mismo modo, cuando el deudor ha opuesto excepciones y estas son desechadas y tampoco, da cumplimiento a la sentencia definitiva. Finalmente, cuando comenzada la obra se abandona por el deudor sin causa justificada.

Concurriendo cualquiera de estos casos, el acreedor presentará una solicitud para que la obra sea ejecutada por un tercero a expensas del deudor. Acompañará un presupuesto de lo que importe la obligación. Este presupuesto se pondrá en conocimiento del deudor para que en el plazo de tres días haga valer sus derechos. Si nada dice se tendrá por aceptado. Si lo objeta, se hará el presupuesto por medio de peritos, procediéndose en la forma que establecen los artículos 486 y 487 del Código de Procedimiento Civil para la estimación de los bienes raíces en caso de remate. (Artículo 537 del Código de Procedimiento Civil). Determinado que sea el presupuesto, el deudor estará obligado a consignarlo dentro de tercero día a la orden del tribunal, para que se entreguen al ejecutante los fondos necesarios a mediada que el trabajo lo requiera. (Artículo 538 del Código de Procedimiento Civil). Agostados los fondos consignados sin que la obra haya terminado de ejecutarse, podrá el acreedor solicitar el aumento de ellos justificando que ha habido que ha habido un error en el presupuesto o que han sobrevenido circunstancias imprevistas que aumentaron el costo de la obra (Artículo 539 del Código de Procedimiento Civil). Una vez concluida la obra deberá el acreedor rendir cuenta de la inversión de los fondos suministrados por el deudor. (Artículo 540 del Código de Procedimiento Civil).

En el evento que el deudor no consignare los fondos decretados se procederá a embargarle bienes suficientes, en conformidad a las reglas del juicio ejecutivo de las obligaciones de dar, para que con su realización hacer la consignación requerida “sin admitirse excepciones para oponerse a la ejecución”. (Artículo 541 del Código de Procedimiento Civil).
Apremio del deudor:

Si el acreedor no puede o no quiere hacerse cargo de la ejecución de la obra debida, podrá pedir el apremio del deudor. Sin embargo, no podrá hacerlo cuando el deudor haya consignado los fondos exigidos para la ejecución de la obra y cuando se le haya rematado bienes para tal fin. (Artículo 542 del Código de Procedimiento Civil).

El apremio podrá consistir en arresto hasta por quince días o multa proporcional y repetir estas medidas para obtener el cumplimiento de la obligación. Este apremio cesará si el deudor paga las multas impuestas y rinde, además, caución suficiente, a juicio del tribunal, para asegurar la indemnización completa de todo perjuicio al acreedor. (Artículo 543 del Código de Procedimiento Civil).


EL JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA EN LA OBLIGACIONES DE NO HACER

Fuentes Legales:

El artículo 544 del Código de Procedimiento Civil establece: “Las disposiciones que preceden se aplicarán también a la obligación de no hacer cuando se convierta en la de destruir la obra hecha…” De este modo, tenemos un doble grupo de normas: Las contenidas en el título II del Libro III del Código de Procedimiento Civil, artículos 530 al 543, los cuales son de aplicación preferente. Además, las contenidas en el párrafo 1° del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, artículos 434-478 “en cuanto sean aplicables y no parezcan modificadas por los artículos siguientes…” (Artículo 531 del Código de Procedimiento Civil).

El artículo 1.555 del Código Civil establece. “Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho.

Pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor.

Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo.

El acreedor quedará de todos modos indemne”

De acuerdo a lo expuesto infringida una obligación de no hacer previamente deberá determinarse si se puede o no destruir la obra hecha en contravención a aquélla.

Si se no puede destruir la obra, la obligación se convierte en la de indemnizar perjuicios al acreedor burlado.

Por el contrario, si se puede destruir, en este caso, es preciso, hay que subdistinguir si dicha destrucción es necesaria o no para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de contratar. Si la destrucción es necesaria, el deudor será obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si esta destrucción no es necesaria, en este caso, la obligación también se convertirá en el pago de los correspondientes perjuicios. Sin embargo, aún cuando la destrucción sea necesaria, si el objeto que se tuvo en vista al contratar puede cumplirse por “otros medios”, será oído el deudor que se allane a prestarlos.

Si el acreedor de una obligación de no hacer pretende el cobro de los perjuicios, por su naturaleza ilíquida deberá hacerlo a través de un juicio declarativo. Por el contrario, su busca la destrucción de la obra hecha en contravención, siendo éste necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar, podrá hacerlo por la vía ejecutiva. En este mismo juicio podrá el deudor sostener que el objeto que se tuvo en vista al contratar puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en cuyo caso será oído siempre que se allane al mismo tiempo a prestarlos, lo que se resolverá en un procedimiento incidental (Artículo 544 inciso final del Código de Procedimiento Civil).

LAS TERCERIAS

Las tercerías en un sentido restringido es la intervención de un extraño en el juicio ejecutivo. Para algunos, es la única de forma que podría actuar un tercero en el juicio ejecutivo. Se encuentran reglamentadas en los artículos 518 al 529 del Código de Procedimiento Civil.

Se las clasifica en tercería de dominio, de posesión, de prelación, de pago y de otros derechos (Artículos 518, 519 y 520 del Código de Procedimiento Civil)

Tercería de Dominio:

Tiene lugar cuando adviene al juicio ejecutivo, un tercero extraño pretendiendo un derecho de dominio sobre los bienes embargados. Su finalidad será, en consecuencia, el reconocimiento de un derecho de dominio, toda vez que, el ejecutado puede ser un simple tenedor o poseedor.

La oportunidad para deducirla será desde que se ha trabado el embargo hasta cuando no se haya efectuado la tradición de los bienes embargados al subastador, esto es, la entrega material si son bienes muebles y si son bienes inmuebles, hasta antes que se produzca la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces. Después de ello, sólo le que deducir la acción reinvindicatoria.

En cuanto a su tramitación, el interesado deberá presentar una solicitud ante el tribunal que conoce del juicio ejecutivo. Esta presentación deberá cumplir con las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (Artículo 523 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil). Se seguirá en ramo separado con el ejecutante y el ejecutado de acuerdo al procedimiento ordinario pero sin los trámites de réplica y dúplica. (Artículo 521 del Código de Procedimiento Civil).

En lo que dice relación con sus efectos, su interposición en ni ningún caso suspenderá los trámites del procedimiento ejecutivo (Artículo 522 del Código de Procedimiento Civil). Por regla general, tampoco suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se apoye en un instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. (Artículo 523 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil). Para algunos autores este instrumento público debe constituir una prueba de dominio de los bienes embargados.

Si la tercería de dominio no ha suspendido el procedimiento de apremio, el remate se practicará entendiéndose que la subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre los bienes embargados. Las resoluciones que se dicten son apelables y la apelación se concederá en el solo efecto devolutivo. (Artículo 523 incisos 2° y 3° del Código de Procedimiento Civil). Conviene tener presente que el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso final, permite al tercerista sustituir el embargo consignando una cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas, siempre que no recaiga en la especie o cuerpo cierto debido a que se refiere la ejecución.

La tercería de dominio se la suele clasificar en total o parcial según recaiga sobre el total o parte de las especies embargadas. En este último caso, el procedimiento de apremio se seguirá sin restricción alguna respecto de los bienes no afectados por la tercería. (Artículo 526 del Código de Procedimiento Civil).

La sentencia que acoge la tercería de dominio ordenará excluir del embargo los bienes de dominio del tercerista y su devolución al tercerista. Asimismo, el alzamiento del embargo en lo que dice relación con estos bienes. Por el contrario, si se rechaza la tercería, se reanudará el procedimiento de apremio si estuviese suspendido o bien, quedará firme la subasta que se hubiese realizado sobre los derechos del deudor.

Tercería de Posesión:

Tiene lugar cuando un tercero adviene al juicio ejecutivo, pretendiendo alzar el embargo en razón que al momento de la traba del embargo estaba en posesión de los bienes que fueron embargados, presumiéndose su dominio en conformidad a lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 700 del Código Civil. Su finalidad es el reconocimiento de la posesión del tercero.

Su fundamento legal está contenido en la citada disposición del artículo 700 en cuanto el poseedor es reputado dueño. Además, de acuerdo al N°2 del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, señala que debe embargarse bienes del deudor.

La oportunidad para deducirla será la misma que la tercería de dominio, esto es, desde que se ha trabado el embargo hasta cuando no se haya efectuado la tradición de los bienes embargados al subastador, esto es, la entrega material si son bienes muebles y si son bienes inmuebles, hasta antes que se produzca la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces.

Su tramitación será incidental en conformidad a las reglas generales, de ahí que la resolución que recaiga en la presentación “Traslado” se notificará por el estado diario. Sin embargo, hay algunos autores que sostienen que debe ser por cédula para darle la posibilidad a las partes de ejercer sus derechos. El tercerista siempre podrá sustituir el embargo, como lo dispone el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso final, consignando una cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas, siempre que no recaiga en la especie o cuerpo cierto debido a que se refiere la ejecución.

En cuanto a sus efectos, podemos decir que su formulación no suspende la tramitación del procedimiento ejecutivo.

Por regla general, tampoco suspenderá la tramitación del procedimiento da apremio, salvo que “se acompañen a ella antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca” (Artículo 522, parte final del Código de Procedimiento Civil).

La tercería de posesión también se la clasifica en total o parcial según recaiga en el total o parte de las especies embargadas.

Si se acoge la tercería de posesión se ordenará hacer entrega de los bienes, materia de la tercería, al interesado, si el procedimiento de apremio ha sido suspendido, en caso contrario, le quedará a salvo su derecho su derecho para ejercitarlo por la vía ordinaria. Si es rechazada se reiniciará el procedimiento de apremio.

Tercería de prelación:

Tiene lugar cuando se apersona un tercero al juicio ejecutivo pretendiendo un pago preferente sobre el ejecutante respecto de los bienes subastados o a realizarse.

Su fundamento no es otro sino que se respete las normas de las prelaciones de créditos contenidas en los artículos 2.465 y siguientes del Código Civil.

La oportunidad para formular el correspondiente incidente será desde la notificación de la demanda ejecutiva hasta que se haga pago al acreedor.

Su tramitación, como se ha dicho, es la de un incidente que deberá formularse obviamente ante el tribunal donde se tramita el juicio ejecutivo. Se acompañará a la solicitud el título ejecutivo en que conste el crédito cuyo cobro preferente pretende el tercero. Además, el tercerista podrá sustituir el embargo (Artículo 521 del Código de Procedimiento Civil).

En cuanto a sus efectos esta tercería no suspende los trámites del procedimiento ejecutivo. El procedimiento de apremio “seguirá el procedimiento de apremio hasta que quede terminada la realización de los bienes embargados.
Verificado el remate, el tribunal mandará consignar su producto hasta que recaiga sentencia firme en la tercería.”
(Artículo 525 del Código de Procedimiento Civil).

Si la tercería es rechazada por sentencia firme, se pagará al ejecutante de acuerdo a las reglas generales. Si por el contrario, es acogida se pagará al tercerista con preferencia al ejecutante y el remanente, si lo hay, se aplicará al crédito de este último.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, si la tercería es rechazada y no “teniendo el deudor otros bienes que los embargados, no alcanzan a cubrirse con ellos los créditos del ejecutante y del tercerista, ni se justifica derecho preferente para el pago, se distribuirá el producto de los bienes entre ambos acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos ejecutivos que hagan valer.” En consecuencia, si el tercero no tiene éxito como acreedor preferente, puede tenerlo como acreedor concurrente, en la eventualidad anotada, esto es, que con los bienes embargados no se alcance a cubrir los créditos del tercero y del ejecutante y el deudor no tenga otros bienes. Pendiente la tercería de prelación el ejecutante no puede pedir ni la adjudicación de los bienes embargados ni la entrega en prenda pretoria, porque ello equivaldría a burlar al tercerista de prelación, cuya tercería impone continuar el procedimiento de apremio hasta que quede terminada la realización de los bienes (Artículo 525 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil).
Tercería de pago:

Tiene lugar cuando un tercero se presenta en el juicio ejecutivo pretendiendo derecho para concurrir con el ejecutante en el pago, a falta de otros bienes del deudor. Su pretensión tiene como finalidad obtener el pago de su crédito a falta otros bienes del deudor.

Su fundamento es que el embargo no confiere ninguna preferencia.

Para que prospere la pretensión del tercero es necesario que su crédito conste de un título ejecutivo (Artículo 527 parte final del Código de Procedimiento Civil). Además, que el deudor no tenga otros bienes (Artículos 518 N°4 y 527 parte primera del Código de Procedimiento Civil). De acuerdo, a las reglas generales, esta última circunstancia debe probarse.

El tercerista de pago tiene dos caminos:

Formular la tercería de pago

Si se decide por esta vía tendrá que formular el correspondiente artículo ante el tribunal donde se sigue el juicio ejecutivo. Su solicitud deberá ir aparejada del correspondiente título ejecutivo. Su tramitación será la de un incidente. (Artículo 521 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil). Podrá sustituir el embargo (Artículo 521 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil).

Si la tercería es acogida, el producto de los bienes embargados se repartirá entre el ejecutante y el tercerista, proporcionalmente, según sus créditos (Artículo 527 del Código de Procedimiento Civil). Si la tercería se rechaza sólo logrará ser pagado el ejecutante.

Inicia un nuevo juicio ejecutivo

Se tramitará de acuerdo a las reglas generales. En este juicio pedirá que se dirija oficio al tribunal que está conociendo de la primera ejecución para que retenga de los bienes realizados la cuota que proporcionalmente corresponda a dicho acreedor. En esta segunda ejecución podrá embargarse, los mismos bienes que ya estaban embargados sin que valga el nombramiento de nuevo depositario, si ya existía en la primera. El ejecutante a sabiendas de existir depositario, o no pudiendo menos de saberlo hace retirar los bienes embargados en la segunda ejecución por el nuevo depositario será sancionado con las penas asignadas al delito de estafa (Artículo 528 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil).

En cuando a los efectos de esta tercería de pago, como todas las tercerías, no suspende el procedimiento ejecutivo. Tampoco suspenderá el procedimiento de apremio, pero verificado el remate el tribunal consignará su producto hasta que recaiga sentencia firme, según lo dispone el inciso 2° del artículo 528 del Código de Procedimiento Civil que, si bien, se refiere a la tercería de prelación, se aplica a esta tercería por el adagio “a una misma razón, debe existir una misma disposición”.

Al tercerista de pago le asisten dos importantes derechos consignados en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil: podrá solicitar la remoción del depositario alegando motivo fundado; y, decretada la remoción, se designará otro de común acuerdo por ambos acreedores o por el tribunal si no se avienen.
Podrá también el
tercerista intervenir en la realización de los bienes, con las facultades de coadyuvante. Con las mismas facultades podrá obrar el primer acreedor en la ejecución que ante otro tribunal deduzca el segundo”.
La jurisprudencia, por analogía, hace aplicable la disposición transcrita a las tercerías de dominio y de prelación.

Tercerías sobre otros derechos

Además, de los estudiados, existen otros derechos que un tercero, o bien, el mismo ejecutante, pueden hacer conforme al procedimiento de las tercerías. Estos son: el del comunero sobre la cosa embargada y el del ejecutado invocando una calidad distinta en que se le ejecuta. (Artículos 519 y 520 incisos 1°s. del Código de Procedimiento Civil).

El derecho del comunero sobre la cosa embargada

De acuerdo a lo establecido en el inciso 1° del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil este derecho se reclama en la forma establecida para las tercerías de dominio y tiene lugar cuando la cosa embargada no pertenece en su totalidad al deudor por hallarse este en comunidad con otras personas. El acreedor, en todo caso, de acuerdo al artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, podrá “dirigir su acción sobre la parte o cuota que en la comunidad corresponda al deudor para que se enajene sin previa liquidación, o exigir que con intervención suya se liquide la comunidad. En este segundo caso, podrán los demás comuneros oponerse a la liquidación, si existe algún motivo legal que la impida, o si, de procederse a ella, ha de resultar grave perjuicio.”

El derecho del ejecutado que invoca una calidad distinta de aquella en que se le ejecuta
A este respecto el ejecutado tiene dos caminos los cuales están indicados en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil: “Podrán también ventilarse conforme al procedimiento de las tercerías los derechos que haga valer el ejecutado invocando una calidad diversa de aquélla en que se le ejecuta. Tales serían, por ejemplo, los casos siguientes:
1. El del heredero a quien se ejecute en este carácter para el pago de las deudas hereditarias o testamentarias de otra persona cuya herencia no haya aceptado;
2. El de aquél que, sucediendo por derecho de representación, ha repudiado la herencia de la persona a quien representa y es perseguido por el acreedor de ésta;
3. El del heredero que reclame del embargo de sus bienes propios, efectuado por acción de acreedores hereditarios o testamentarios que hayan hecho valer el beneficio de separación de que trata el Título XII del Libro III del Código Civil, y no traten de pagarse del saldo a que se refiere el artículo 1383 del mismo Código. Al
mismo procedimiento se sujetará la oposición cuando se deduzca por los acreedores personales del heredero; y
4. El del heredero beneficiario cuyos bienes personales sean embargados por deudas de la herencia, cuando esté ejerciendo judicialmente alguno de los derechos que conceden los artículos 1261 a 1263 inclusive del Código Civil.
El ejecutado podrá, sin embargo, hacer valer su derecho en estos casos
por medio de la excepción que corresponda contra la acción ejecutiva, si a ello ha lugar.”

En resumen: el ejecutado podrá recurrir al procedimiento de las tercerías, para algunos autores referido específicamente a la tercería de dominio, toda vez que, se pretende impedir la realización de los bienes embargados. La excepción que podrá hacer valer será la del N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones legales para que el título tenga mérito de ejecutivo en contra del deudor principal.

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