La jurisprudencia en México y Estados Unidos de América






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MODULO III

MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

La Jurisprudencia

Los medios de control constitucional son instrumentos mediante el cual se busca mantener el Estado de Derecho y el orden creado por nuestra constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de un conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas en el ejercicio del poder. Uno de estos medios más importantes se trata de la jurisprudencia que puede definirse como la interpretación de la ley que constituye una de las fuentes formales del derecho. Es una de las influencias institucionales más importantes en la toma de decisión judicial, aunque no la única. Se dice que es la ley misma con un criterio de interpretación que resulta obligatorio cuando se reitera en ejecutorias que resuelven el mismo problema por las autoridades judiciales

Los precedentes de los tribunales, es decir, la jurisprudencia que éstos asientan, cobra la mayor importancia en los países cuyo sistema judicial se funda en el derecho consuetudinario. La función que desempeña la jurisprudencia es reguladora en tanto que mantiene la exacta observancia de la ley y unifica su interpretación. La razón primordial que motivó la aparición de la jurisprudencia en México está íntimamente relacionada con la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la nación para interpretar y custodiar a la Constitución.

 La jurisprudencia en México y Estados Unidos de América

 En materia de jurisprudencia, México constituye un avance en el contexto de los sistemas jurídicos latinoamericanos, pese a estar ubicado entre los países que han tratado de conciliar el sistema norteamericano y el austríaco. La legislación ha venido otorgando carácter obligatorio general a los pronunciamientos emanados de ciertos tribunales federales en materia de amparo y el sistema se empeña en otorgar cierta fuerza normativa general al precedente. En la Constitución quedó plasmada la aspiración del Constituyente en lo relativo al juicio de amparo, de que una norma que fuera declarada reiteradamente como inconstitucional por la Suprema Corte pudiera dejar de estar en uso.

La jurisprudencia es obligatoria, hasta que los organismos que la crearon fundamentan algún cambio y resulta obsoleta cuando el legislador abroga o deroga la ley que interpretó la jurisprudencia.

 En el fuero común no se reconoce ninguna eficacia a la jurisprudencia de los tribunales, aunque los fallos más notables en el ramo civil y el penal deben ser publicados en la ciudad de México por una revista que se denomina Anales de Jurisprudencia, conforme lo expresa el artículo 160 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal vigente a partir de marzo de 1996 y tiene por objeto dar a conocer estudios jurídicos y los fallos más notables que sobre cualquier materia se pronuncien por dicho tribunal.

 

La regulación sobre la aplicación y efectos de la jurisprudencia fueron objeto de la adición del párrafo quinto al artículo 94 constitucional, enmienda realizada en 1967 y que entró en vigor en octubre de 1968. Dicha adición expresa:

La ley fijará en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

Al efectuar esta adición en el artículo 94, relativo al Poder Judicial de la Federación mexicana, culmina la evolución de la obligatoriedad de jurisprudencia. Su trascendencia consiste en que amplía su universo de aplicación, haciéndola obligatoria para todos los tribunales del país, en todos los asuntos de su competencia y respecto de la constitución y las leyes y reglamentos, tanto federales como locales.

En los Estados Unidos, la jurisprudencia tiene una larga tradición y sustenta definitivamente la opinión de la Suprema Corte, así como la mayor parte de los casos, en la defensa o la acusación en los juicios ante los jurados populares. El modelo norteamericano de control de constitucionalidad tiene antecedentes que se remontan a las prácticas coloniales. Los planteamientos de inconstitucionalidad se pueden efectuar ante cualquier tribunal y el juez de causa resuelve en forma incidental y prejudicial; la decisión final corresponde a los tribunales supremos, a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad que tiene efectos inter partes, es decir sólo afecta a las partes litigantes, sin determinar la derogación de la ley.

La doctrina de los precedentes y del stare decisis es un principio fundamental de la jurisprudencia norteamericana que una decisión tomada por la Corte más alta constituyente un precedente obligatorio para las cortes inferiores. La tesis de que respuestas similares deben darse a cuestiones similares aunque éstas surjan con posterioridad, es conocida en el derecho norteamericano como "la doctrina de los precedentes" o del "stare decísis". Esta última frase es una abreviación de la expresión latina "stare decisis et non quieta muovere", que significa mantener lo decidido y no cambiar las cuestiones establecidas. Esencialmente, esas cuestiones establecidas o decisiones tomadas, configuran precedentes, que deben servir de guía normativa para resolver casos similares a aquéllos que fueron resueltos en el pasado y cuyas sentencias constituyen precisamente los "precedents".

De acuerdo a lo doctrina de los precedentes, se requiere que un juez, al resolver un caso concreto, siga las decisiones de uno o varios casos previos en los que las situaciones son parecidas a las que caracterizan al asunto de que conoce. Como no todas las situaciones de hecho son idénticas, el juez está obligado a distinguir si el caso bajo su jurisdicción es parecido a tal o cual litigio resuelto en el pasado, con el objeto de saber qué precedente debe aplicar. Esta actividad hasta cierto punto discrecional del juez, que lo ubica más como un creador de normas (judicial activism) que como un mero intérprete de ellas, hace posible que diferentes jueces emitan diversas determinaciones, con base en precedentes distintos, a pesar de juzgar casos en lo general, caracterizados por las mismas situaciones de hecho6.

Esta posibilidad se atempera mucho cuando, mediante la aflicción de la doctrina del "stare decisis", un juez debe atender los precedentes de la Corte Superior de su misma jurisdicción, aún cuando pueda, en cambio, apartarse de los criterios de otras cortes ajenas a su ámbito jurisdiccional. Por lo que respecta a la Corte Suprema, a pesar del principio fundamental del stare decisis, este alto tribunal no necesariamente lo respeta particularmente en cuestiones de constitucionalidad.

Es necesario señalar que técnicamente, una corte no está obligada a guiarse por todo aquello que haya sido establecido en un precedente, sino exclusivamente por la regla de derecho (rule of law) contenida en él, la cual resulte relevante y que deba aplicarse para resolver el caso o litigio. En los sistemas jurídicos como el mexicano, la obligatoriedad y la aplicabilidad de una norma jurídica a un caso concreto, están objetivamente determinadas por la ley. La jurisprudencia, en aquellos ordenamientos jurídicos de esta familia, tiene carácter vinculatorio por disposición expresa. En cambio en los sistemas de common law como el norteamericano y el canadiense, la fuerza obligatoria de los "precedents" depende da varios factores no prescritos expresamente en reglas de derecho. En términos generales, se considera que la doctrina de los precedentes ofrece una ventaja práctica consistente en que al surgir las decisiones judiciales pasadas, el juez evita el riesgo de realizar nuevas y tal vez peligrosas formas de interpretación de la ley.

De la prudencia y de la racionalidad con que se aplique la tesis del stare decisis a la judicial review de la Corte Suprema en cuestiones de constitucionalidad, depende el éxito de este alto tribunal en calidad de guardián de la Constitución. Como se sabe el sistema de control norteamericano se caracteriza por ser difuso. En él cualquier juez puede y debe examinar la constitucionalidad de una ley, decidiendo si la aplica o no, una vez resuelto el problema de su conformidad con la ley suprema

Acciones de Inconstitucionalidad: Procedencia artículo 105, fracción II

De acuerdo al artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Controversias Constitucionales

En lo que respecta a las controversias constitucionales, con fundamento en el artículo 105, fracción I de la Constitución Política, refiere lo siguiente: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

 a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

 b) La Federación y un municipio;

 c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

 

d) Un Estado y otro;

 e) Un Estado y el Distrito Federal;

 f) El Distrito Federal y un municipio;

 g) Dos municipios de diversos Estados;

 h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

 i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

 j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

 k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

Planeación Nacional, la ley de planeación

Tipos de Convenios (artículo 34 Ley de Planeación)

Con fundamento en el artículo 34 de la ley de planeación, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas.

 I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que estimen pertinentes;

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación;

 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción;

IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 14 de este ordenamiento; y

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad.

Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones.

Asimismo, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de planeación, el el Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. El Ejecutivo Federal podrá signar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate.

Plan y Programas

El Plan Nacional de Desarrollo, es el documento en el que se fijan los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país, por tanto, deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

Dicho plan, establecerá los programas a desarrollar por el gobierno federal para alcanzar los objetivos planteados y precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática. La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

En resumen, el plan nacional de desarrollo es un Instrumento rector de la planeación nacional del desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social y política del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado.
Objetivos de la Planeación Democrática del Desarrollo Nacional (artículo 26 Constitucional, primer párrafo)

Los objetivos de planeación democrática del desarrollo nacional está sustentada en el aartículo 26 constitucional, al establecer que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Principios de la Planeación (artículo 2 de la Ley de Planeación)

Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Planeación, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

 II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

 III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos;

 V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; y

 VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.

Participación Social en la Planeación (artículos 20 y 20 bis de la LP)

La participación de diversos sectores para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, es fundamental, ya que así lo establecen los artículos 20 y 20 bis de la Ley de Planeación, entre ellas se puede mencionar, Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. Y en su artículo 20 bis, se señala que en los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.

LIC. ANGEL HUMBERTO SONDA MONTOY,

DELEGACION DEL RAN EN CAMPECHE

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