Proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal






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MINISTERIO

DE JUSTICIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD




Madrid, 15 de julio de 2015
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

I
El administrador concursal desempeña un papel esencial en el procedimiento concursal, cuyo buen desenvolvimiento depende en gran parte de su actuación. La configuración de la administración concursal debe responder a un modelo de mercado organizado en el que diferentes profesionales suficientemente cualificados presten sus servicios.
Desde la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las sucesivas reformas de esta norma han venido incidiendo en el régimen jurídico de la administración concursal con el doble objetivo de reforzar su profesionalización e incidir en su retribución tanto para asegurar una retribución mínima como para moderar su coste para la masa del concurso.
Así sucedió ya con el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Norma que tuvo su continuación en la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual reforzó sus funciones y su responsabilidad, así como los requisitos para ser nombrado administrador concursal, con la finalidad de permitir una mejor valoración por el juez del concurso de la experiencia y formación específica para el desempeño del cargo.
En esta línea se situaron dos medidas fundamentales: la generalización de la composición unimembre, frente a las tres personas que lo integraban con anterioridad y el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal.
II
La última reforma que ha modificado el régimen jurídico de la administración concursal ha sido la reciente Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Esas modificaciones se pueden ordenar en tres grupos de cuestiones.
La primera es la deslegalización de las condiciones para ser administrador concursal, que se sustituyen por la previsión de las directrices que guiarán el nuevo sistema de requisitos para llevar a cabo esta función, incluyendo la novedad de abrir la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan.
La segunda está ligada a la anterior en la medida que esa nueva sección cuarta del Registro Público Concursal sustituirá a las actuales listas en los decanatos de los juzgados. Además, una nueva clasificación de los concursos en función de su tamaño permitirá modular los requisitos exigidos a la administración concursal en atención a la complejidad previsible de cada concurso. Con esta reforma el Registro Público Concursal está llamado a proporcionar al juez que conozca del concurso el administrador concursal que reúna las condiciones exigidas por un sistema de turno correlativo, salvo en el caso de los concursos de gran tamaño, en los que se mantiene un espacio de discrecionalidad acotada para la designación. Este nuevo sistema sustituye a la actual designación directa por el juez. Además, se ha efectuado una detallada enumeración de las funciones de los administradores concursales.
La tercera y última modificación de la Ley 17/2014 ha afectado a los principios rectores de la remuneración de la administración concursal, incorporando un principio de eficiencia que relaciona la remuneración de la administración concursal con la calidad y los resultados de su trabajo, e insiste en la concepción del arancel como mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal.
III
Precisamente y sobre la base de los nuevos principios establecidos tras la reforma de la Ley 17/2014, este real decreto viene a desarrollar el estatuto de la administración concursal, y se centra en la regulación de los requisitos de acceso a la misma, su designación en función del tamaño de los concursos y el nuevo régimen de retribución. En este sentido, este real decreto continua la línea seguida en anteriores reformas persiguiendo el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema concursal a través de la profesionalización de la administración concursal. Para ello, se refuerzan los requisitos de acceso, se determinan distintos elementos del nuevo sistema de designación, se revisa el diseño del arancel de la administración concursal y se regula la nueva sección cuarta del Registro Público Concursal.
Por lo que se refiere a los requisitos de acceso a la administración concursal la regulación parte del mantenimiento de las profesiones que estos últimos años vienen siendo designados para el desarrollo de esta función, pero admitiendo también a otros profesionales distintos de abogados, economistas y titulados mercantiles y auditores, siempre que cuenten con experiencia profesional en los ámbitos jurídico y económico. El requisito básico para el ejercicio de la administración concursal pasa a ser el examen de aptitud profesional, cuya realización se encomienda a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, así como al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a partir del ejercicio que se acuerdo por los expertos que se designan cada año. Este examen cumplirá una función de garantía de la competencia, homogeneización de los requisitos de entrada y especialización de los administradores concursales, así como de profesionalización de esta actividad. Este real decreto incluye una disposición transitoria en atención a la cual se determinará la exigencia o no de examen a los profesionales que hoy vienen desarrollando esta función.
La superación del examen de aptitud profesional, junto con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, posibilitarán la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
IV
El capítulo II de este real decreto se dedica a desarrollar la nueva clasificación legal de los concursos en función de su tamaño como aproximación a su complejidad. Los criterios a los que se atiende para efectuar esa clasificación son el número de trabajadores empleados en la concursada, el número de acreedores, la estimación inicial de pasivo y del activo y la cifra de negocios. No obstante, el tamaño no es la única variable que indica la complejidad del concurso, por lo que se prevén algunas especialidades. Por un lado, los concursos de las personas naturales que no lleven a cabo actividades empresariales o profesionales se consideran siempre concursos de pequeño tamaño. Por otro lado, la concurrencia de algunas circunstancias como que el deudor sea una entidad de crédito o de seguros o que esté sometida a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores provocará que el concurso sea clasificado como de gran tamaño.
El nombramiento del administrador concursal en concursos de cada vez mayor tamaño vendrá dado por la experiencia en el desempeño de la función, a lo que se sumará en los concursos de gran tamaño la exigencia de contar con un equipo de trabajo adecuado a la complejidad que estos conllevan.


V
Por lo que se refiere al nuevo régimen del arancel de los administradores concursales, se efectúa su ajuste a los principios que no se encuentran recogidos en el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. Se trata de los principios de limitación, de efectividad y de eficiencia, que ahora recoge el artículo 34 de la Ley Concursal. Además, se revisan algunos complementos retributivos y se rediseña el cálculo de la remuneración en la fase de liquidación.
Estos nuevos principios se traducen en el establecimiento de un tope máximo de la retribución a percibir por la administración concursal por su intervención en el concurso de acreedores, sin más excepciones que las relativas a las cantidades complementarias cuya posibilidad de percepción, vinculada a casos taxativos, ya conocía el real decreto anterior como instrumento para incentivar la actuación del órgano en la reintegración de la masa activa y en la sección de calificación.
Asimismo, en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, se crea la cuenta de garantía arancelaria, con cargo a la cual se hará efectivo el pago de la retribución de la administración concursal en aquellos concursos sin masa o con masa insuficiente. Esta cuenta de garantía arancelaria se dotará con las aportaciones obligatorias que se detraerán de un determinado porcentaje de las retribuciones percibidas por los administradores concursales.
El propósito último del régimen que se establece es asegurar que los profesionales más cualificados tengan suficientes incentivos para desempeñar las complejas tareas del cargo, posibilitando al mismo tiempo que las cantidades que se perciban en concepto de retribución se ajusten a las tareas efectivamente realizadas por la administración concursal en atención también a la complejidad del concurso y la duración del procedimiento.
VI
La parte final de este real decreto contiene también normas importantes del nuevo modelo, como son las que de manera transitoria regularán el nombramiento de los administradores concursales hasta que se instaure el turno rotatorio a partir de la sección cuarta del Registro Público Concursal, o la modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, regulador de esa nueva sección y del portal de liquidaciones.
Este real decreto ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con las previsiones del artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día de septiembre de 2015,
DISPONGO

CAPÍTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de la norma
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar las previsiones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con el régimen jurídico de la administración concursal.
Artículo 2. Ámbito subjetivo.
Las normas previstas en este real decreto serán de aplicación a los administradores concursales. También serán de aplicación a los auxiliares delegados y a los mediadores concursales las especialidades que para ellos se establecen en este real decreto.
CAPÍTULO I

Requisitos de acceso a la administración concursal
Artículo 3. Requisitos para la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
1. Únicamente podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:
a) Poseer titulación universitaria.
b) Acreditar al menos cinco años de experiencia profesional en los ámbitos jurídico o económico.
c) Haber superado el examen de aptitud profesional.
d) Acreditar la cobertura de la responsabilidad civil mediante un contrato de seguro o garantía equivalente.
2. Únicamente podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal aquellas personas jurídicas en las que se integren, al menos, un profesional de la especialidad jurídica y otro de la especialidad económica que reúnan los requisitos del apartado anterior y que además acrediten la responsabilidad civil mediante un contrato de seguro o garantía equivalente.
En todo caso, la dirección de los trabajos y la representación de la persona jurídica que haya sido designada deberán recaer sobre un administrador concursal persona natural integrado en la estructura de aquella. Igualmente, se habrán de reunir, en su caso, los requisitos adicionales exigidos para los concursos de tamaño medio y grande. A los efectos de la consideración de la experiencia profesional, también se le reconocerá al administrador concursal que actúe en representación de la persona jurídica la que le corresponda por su intervención en los concursos en los que la misma hubiera sido designada.
Artículo 4. Examen de aptitud profesional.
1. Para acceder al examen de aptitud profesional será necesario cumplir con carácter previo los requisitos de titulación y experiencia profesional inicial.
2. El examen de aptitud profesional tendrá por fin comprobar de manera objetiva los conocimientos de los candidatos y su capacidad para aplicarlos al desempeño de las funciones de la administración concursal.
3. El examen será una prueba escrita objetiva que consistirá en un máximo de 100 preguntas planteadas en relación con un supuesto práctico referido a un concurso de tamaño medio o grande y constará de dos partes:
a) Una general, que será común a todos los aspirantes y que ponderará un 60 por ciento en la calificación final del examen.
b) Una específica, que comprobará los conocimientos en la especialidad jurídica o económica elegida y que ponderará un 40 por ciento en la calificación final del examen. De la especialidad jurídica únicamente podrán examinarse los candidatos que tengan la condición de abogados.
4. El examen, los criterios de calificación y las bases de la prueba se aprobarán por un comité examinador integrado por:
a) Un juez de lo mercantil designado por el Consejo General del Poder Judicial, que será el presidente del comité examinador.
b) Un profesor o un catedrático de Derecho mercantil designado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación.
c) Un abogado designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española.
c) Un economista designado a propuesta del Consejo General de Economistas.
d) Un auditor designado a propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Cada uno de los proponentes designará un suplente que sustituirá a la persona designada en primer lugar en los casos de ausencia o enfermedad.


Artículo 5. Organización del examen de aptitud profesional.
1. Antes del 20 de enero de cada año, el Ministerio de Justicia solicitará a los presidentes de los órganos señalados en el artículo anterior que procedan a designar a los miembros del comité examinador, que se constituirá formalmente ante el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia antes del 15 de febrero, dando inicio al proceso para la celebración del examen. El comité examinador velará por el cumplimiento de los plazos establecidos, la calidad del examen y su propia independencia.
Antes del 31 de marzo el comité examinador aprobará las bases reguladoras de examen, incluidos los criterios de calificación, y su convocatoria, que se publicarán en la página web del Ministerio de Justicia y de las instituciones u organizaciones a las que corresponde la proposición de sus miembros. Esta publicación incluirá la composición del comité examinador.
La convocatoria tendrá lugar con una antelación mínima de dos meses a su realización, sin que en ningún caso pueda contener limitación del número de plazas.
2. En la fecha y hora que se determine por el comité examinador tendrá lugar la realización del examen. El examen tendrá lugar de manera simultánea en todos los centros que se habiliten para su realización.
La corrección y calificación de los exámenes de acuerdo con los criterios uniformes que se fijen corresponderá también al comité examinador.
Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España proporcionarán la infraestructura necesaria para la celebración de la prueba, correspondiéndoles también comprobar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes para su admisión al examen. A tal fin, podrán cobrar un derecho de examen a los aspirantes que cubra los costes de su realización y que será igual para todos ellos.
Los aspirantes podrán realizar el examen en la corporación que consideren oportuno, sin que pueda exigirse que estuvieran colegiados o fuesen miembros de la misma.
3. El comité examinador resolverá las incidencias que se puedan suscitar durante la celebración del examen.
4. Corresponde a las corporaciones profesionales señaladas en este artículo entregar a los candidatos aprobados un certificado electrónico con el resultado de su examen y en el que constará también su titulación y la especialidad jurídica o económica de la que se hubieran examinado.
5. Concluida la realización del examen el comité examinador, a través de su presidente, presentará al Ministerio de Justicia, en el plazo máximo de un mes, un informe explicativo del proceso de realización del examen de aptitud profesional, que incluya, al menos, el ejercicio del examen, los criterios de calificación y las bases de la prueba, el número de aspirantes presentados y el número de aprobados.
Artículo 6. Inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
1. Se inscribirán en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos del artículo 3 y soliciten su inscripción manifestando su voluntad de ejercer las funciones de la administración concursal en el ámbito nacional o en el de determinados juzgados con competencia en el ámbito mercantil. Asimismo, podrán manifestar su disposición para ser nombrados auxiliares delegados.
2. En el Registro Público Concursal los administradores concursales harán constar la información relativa a su titulación, experiencia profesional, especialidad y formación.
CAPÍTULO II
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