República de Colombia Casación Fallo sistema acusatorio N° 33. 833 L corte Suprema de Justicia






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República de Colombia

Casación Fallo sistema acusatorio N° 33.833

L
Corte Suprema de Justicia
uis Fernando Gómez Ramírez



Proceso n.º 33833

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS


Aprobado Acta N° 267
Bogotá, D. C., agosto veinticinco (25) de dos mil diez (2010).
VISTOS:
Se procede a resolver el recurso de casación interpuesto por Rita Stella Bohórquez Páez en su calidad de víctima a través de apoderado, contra la sentencia del Tribunal de Bogotá que confirmó la dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esa ciudad, mediante la cual se condenó a Luis Fernando Gómez Ramírez como autor responsable del delito de lesiones personales, y se modificó de manera parcial lo decidido por concepto de perjuicios morales y materiales.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1.- Los primeros fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera:
Se estableció que el 24 de abril de 2006, siendo aproximadamente las 5:a.m., en el sector de la Avenida Boyacá con carrera 24 cuando en sentido este-oeste se desplazaba la motocicleta de placas AUI-14 conducida por la señora Rita Stella Bohórquez Páez, quien fue arrollada por el vehículo Mercedes Benz de placas TEV-853 que se desplazaba por la Avenida Boyacá en sentido norte-sur, conducido por el señor Luis Fernando Gómez Ramírez. Como consecuencia del choque la señora Bohórquez Páez resultó lesionada dictaminándosele una incapacidad médica legal por 120 días, con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la excreción urinaria de carácter permanente y perturbación funcional del sistema nervioso periférico de carácter permanente.

2.- Por los anteriores acontecimientos, el 23 de diciembre de 2008 la Fiscalía 32 Local formuló imputación ante el Juzgado 77 Penal Municipal con funciones de control de garantías contra Luis Fernando Gómez Ramírez como autor del delito de lesiones personales.
3.- Se vinculó a Jorge Humberto Molano Díaz y a la empresa “Auto Llanos S.A.” como terceros civilmente responsables, y a la sociedad “Seguros La Equidad” como tercero llamado en garantía.
4.- El 10 de febrero de 2009 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento, se le formuló acusación por el delito referido.
5.- El 10 de agosto de ese año el despacho en cita profirió sentencia condenatoria contra Luis Fernando Gómez Ramírez por la conducta punible referida y le impuso las penas de nueve (9) meses dos (2) días de prisión, multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, privación del derecho de conducir vehículos automotores por tiempo de un (1) año, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual. Condenó al acusado y de manera solidaria a las empresas “Autollanos S.A” y “Seguros La Equidad”, al pago de indemnización de perjuicios por concepto de daños materiales y morales a favor de la víctima, en el equivalente en moneda nacional de ciento ochenta y seis, punto cincuenta y cinco (186.55) salarios mínimos mensuales vigentes.
6.- La anterior decisión fue apelada por el apoderado de la víctima, de los terceros civilmente responsables, de la compañía aseguradora llamada en garantía y el defensor del procesado, y el 3 de diciembre siguiente el Tribunal la confirmó, pero modificó la condena al pago de indemnización de perjuicios morales y materiales, los cuales fijó en ciento sesenta y uno punto veintinueve (161.29) s.m.m.l.v.
7.- Contra la sentencia de segunda instancia el apoderado de la víctima interpuso el recurso de casación y por auto del 26 de marzo de 2010 se admitió la demanda al reunir las exigencias legales previstas en el artículo 182 y siguientes de la ley 906 de 2004.
LA DEMANDA:
El apoderado de la víctima formuló tres censuras, así:
1.- En el cargo primero acusó al Tribunal de incurrir en violación indirecta de los artículos 2341 y 2347 del Código Civil, por error de hecho derivado de falso raciocinio en la valoración del dictamen pericial rendido por el perito del Instituto de Medicina Legal Gladys Cecilia Zambrano Caro, los testimonios de Fabio López Guerrero, Sonia Lucía López Bohórquez y de Ricardo Alberto Suárez Castro, Psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz Adenaduer.
Según el demandante, con los medios de convicción referidos, se acreditó que como consecuencia de las heridas y secuelas sufridas por Rita Stella Bohórquez Páez, se han derivado alteraciones en su salud que tienden a empeorar día tras día, al punto que deberá someterse a futuras intervenciones quirúrgicas, como tratamiento psicoterapéutico de por vida.
Manifestó que a pesar de lo así demostrado, el ad quem arribó a una conclusión contraria a la lógica y a las máximas de experiencia, al afirmar que la recuperación de la víctima ha sido exitosa, se observa una mejoría que normalizó su relación con la familia, el entorno social y laboral, cuando los medios de prueba citados indican todo lo contrario.
Cuestionó que como consecuencia de ese desacierto en la valoración probatoria, la Corporación de segundo grado confirmó la condena al pago de indemnización por concepto de perjuicios morales en cuantía de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, desestimando de esta manera la magnitud de los daños causados a Bohórquez Páez, los cuales han avanzado al extremo que con el transcurrir de los días su cotidianidad, valga decir, su vida de relación se ha tornado invivible, tortuosa y, por sobretodo, irrecuperable.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar el fallo y proferir uno de reemplazo que fije la condena al pago de perjuicios por ese concepto en mil (1000) s.m.m.l.v. que fueron pedidos como pretensión en la apertura del incidente de reparación.
2.- En el cargo segundo acusó al Tribunal de incurrir en violación directa por interpretación errónea de una norma de derecho sustancial.
Planteó que el ad quem dispuso en la sentencia impugnada que la condena al pago de perjuicios materiales y morales sería igual a 151.29 (sic) s.m.m.l.v., para el año 2009, suma de dinero que se debe actualizar desde la fecha del fallo de primer grado hasta el día en que se pague la indemnización teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor.
Precisó que los daños materiales probados en el proceso suman $26.350.000.oo (sic), los cuales solicitó se actualizaran conforme las matemáticas financieras como variante del i.p.c al momento de liquidarse, sumando los intereses corrientes, a partir de la sentencia de primera instancia y hasta la cancelación total de la obligación, de conformidad con lo establecido por los artículos 1615 del Código Civil y 884 del Código de Comercio.
Adujo que el Tribunal en forma contraria a esa pretensión, asemejó la actualización del dinero a la conversión en salarios mínimos, fenómeno extraño a la norma invocada. Así mismo, habló de intereses moratorios, “por cuanto estos como perjuicio anticipado al rédito que ha de producir el capital, se causan con la falta de pago de un capital”.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar el fallo y sustituir la condena al pago de perjuicios materiales con la correspondiente actualización en la forma indicada y se cobren intereses comerciales.

3.- En el cargo tercero acusó al Tribunal de incurrir en violación directa por falta de aplicación de una norma sustancial.
Manifestó que de acuerdo con el artículo 107 del cpp, el tercero civilmente responsable es la persona que debe responder por el daño causado por la conducta del condenado. Se trata de un sujeto procesal que podría ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del autor de los hechos o su defensor.
Expresó que en el caso, se vinculó legalmente a Jorge Humberto Molano Díaz en su calidad de propietario del vehículo automotor, quien estuvo representado por apoderada en todas las actuaciones.
Adujo que en los fallos de instancia se omitió pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil en los perjuicios de este tercero, pese a la solicitud que el representante judicial de la víctima hizo al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado.
Por lo anterior, solicitó a la Corte corregir el yerro, y en su lugar condenar de manera solidaria a Molano Díaz al pago de $26.350.000.oo por concepto de perjuicios materiales probados, más la actualización de ese dinero conforme a las matemáticas financieras a partir del mes de abril de 2007 y los intereses moratorios a partir del fallo de primera instancia, como también a la suma de mil (1000) s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales probados.

INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA:
1.- Apoderado de la víctima:

Cargo primero:

Se refirió a las consecuencias que las lesiones infringidas por la conducta del procesado se produjeron en la víctima en su ámbito personal, laboral, social y familiar, razones por las cuales la parte que él representa reclamó una indemnización equivalente a 1000 salarios de los cuales el juez de primera instancia solamente reconoció 100.
Manifestó que el Tribunal incurrió en error de hecho derivado de falso raciocionio en la valoración de las pruebas que se acopiaron en el incidente de reparación integral mediante las cuales se demostró la magnitud de los perjuicios, y como consecuencia de ese dislate solamente reconoció el 10 por ciento de lo pedido, valor que no corresponde al daño probado.
Cargo segundo:

Hizo referencia al artículo 97 de la ley 599 de 2000 en el cual se establece que en relación con el daño derivado de la conducta punible, el juez podrá señalar como indemnización una suma equivalente en moneda nacional hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales. Planteó que el Tribunal fijó por el daño material la suma de $26.350.000.oo, valor que convirtió a salarios mínimos legales mensuales más el interés corriente que le corresponde de conformidad con los artículos 165 del Código Civil y 864 del Código de Comercio, cuando en su opinión la condena al pago de indemnización de perjuicios no la podía elevar a salarios mínimos y aplicarle el interés corriente.
Cargo tercero:
Adujo que de conformidad con el artículo 107 de la ley 906 de 2004, se vinculó como tercero civilmente responsable al propietario del vehículo automotor con el cual se causó el accidente, sujeto procesal que fue representado por su apoderado. Sin embargo, en los fallos de instancia se omitió emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad de este tercero.
Por lo anterior, solicitó que para llenar tal vacío se le condene en forma solidaria al pago de indemnización de perjuicios.
2.- Fiscalía General de la Nación (No recurrente)
Cargo primero:
Luego de tratar el concepto de daño moral con cita jurisprudencial (radicado 32007), lo señalado en el numeral 4° del artículo 181 del cpp y la reparación integral, precisó que el Tribunal dejó por fuera el daño moral o extrapatrimonial sobre el cual el demandado pidió una condena equivalente a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De otra parte, aludió a los conceptos de daño en la vida de relación y el perjuicio fisiológico para indicar que este debe distinguirse del daño emergente y del lucro cesante, al igual que del daño moral.
Argumentó que en el asunto tratado y de acuerdo con las pruebas allegadas en el incidente de reparación, se demostró las afectaciones a la vida de relación de la víctima y, sin embargo, el Tribunal no realizó la ponderación requerida frente a la evidencia.
Por lo anterior, solicitó que la manera de corregir el desacierto es fijar la indemnización de esa clase de perjuicios en lo máximo pedido por el demandante, esto es, en 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cargo segundo:
Ante la violación a lo previsto en el artículo 97 del cp este reparo se integra al cargo anterior.
Cargo tercero:
Puso de presente que el juez de primera instancia sí hizo alusión al tercero civilmente responsable.
3.- Ministerio Público
Cargo primero:
Solicitó que el testimonio de la médico ortopedista Gladys Cecilia Zambrano Caro quien intervino en el juicio oral, pero no fue solicitado en el incidente de reparación, se debe excluir de análisis.
El juez de primera instancia hizo alusión a los daños, pero interpretó de manera indebida que se trataba de daño moral y no de daño de relación y los fijó en 100 salarios, es decir, en un diez (10) por ciento de lo solicitado por el apoderado de la víctima que lo fue por 1000 s.m.l.v.
Planteó que el Tribunal hizo alusión a los daños de relación, pero no corrigió el yerro del funcionario de primer grado en la medida que las pruebas acopiadas, esto es, las declaraciones del esposo de la víctima, su hijo, el psicólogo forense y la misma ofendida aluden a las afectaciones personal, laboral y familiar, de manera que ha debido actualizar el monto de la indemnización de perjuicios por ese concepto.
Consideró que le asiste razón al casacionista, razón por la cual solicitó a la Sala casar la sentencia y efectuar una nueva tasación en un monto no inferior al equivalente en moneda nacional de 250 s.m.l.m.v. ($124.225.000).
Cargo segundo:
Planteó que al demandante le asiste razón por cuanto los jueces de instancia sin argumentación alguna fijaron el quantum de la indemnización de perjuicios en s.m.l.m.v., y el Tribunal, además, la adicionó al indicar que dicho monto se incrementaría hasta el día en que se cancele, en el porcentaje del índice de precios al consumidor (IPC).
Si bien el artículo 97 de la ley 599 de 2000 establece que el monto de la indemnización por los daños derivados de la conducta punible, tiene como límite tratándose de los morales la suma equivalente a 1000 s.m.l.m.v., y por expresa disposición el monto de la pena de multa en la misma norma se halla fijado en dicho equivalente (s.m.l.m.v), para efectos de su actualización, no se cuenta con ningún fundamento legal para que esta se verifique en s.m.l.m.v.
Además de las disposiciones citadas por el libelista y lo señalado en el artículo 1617 del Código Civil, emerge el error de las instancias para fijar el monto de los perjuicios patrimoniales y extramatrimoniales, así como su actualización.
No obstante, en su criterio, no procede la aplicación del interés bancario corriente (I.B.C.) como lo solicita el censor, por no tratarse de un perjuicio derivado de una transacción comercial, sino el índice de precios al consumidor (IPC) y el interés legal (6% anual) contemplado en el artículo antes citado, como formas de actualización del monto, al momento de fijar el valor de los daños en pesos y ajustarlo al tiempo del pago, tal como así lo tiene precisado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de noviembre 19 de 2001, citada en el fallo de 25 de abril de 2003, y de 21 de septiembre de 2005, radicado 1999-28053-01.
Por lo anterior, solicitó casar el fallo y proferir uno de reemplazo para (i) diferenciar el monto de los daños materiales y los extra patrimoniales, (ii) fijarlos en pesos por separado, y (iii) determinar que se actualizarán desde la fecha de la sentencia de primera instancia con base en el IPC, más los intereses civiles del 6% anual, éstos desde la fecha máxima fijada para su cancelación.
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