Gestión del libro en la ciudad de Buenos Aires






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Gestión del libro en la ciudad de Buenos Aires

Por María Julia Arcioni
1. Introducción
En el presente trabajo abordaremos la industria editorial de libros y su incidencia en el desarrollo cultural, social y económico de la Ciudad de Buenos Aires. Partiremos de los diferentes agentes que intervienen en esta industria cultural, de los marcos normativos que definen y regulan de alguna manera las políticas atinentes a cada uno de ellos, tanto a nivel nacional como de la Ciudad, y, consecuentemente, de las diferentes tareas de fomento y promoción que se implementaron –y las que se implementan hoy en día–, para contribuir al desarrollo productivo de este sector de las industrias culturales en particular.
A nivel global, y la ciudad de Buenos Aires no es la excepción, la gestión del libro abarca mucho más que a la industria editorial en sí; por lo tanto, involucra a varias áreas dentro de la estructura administrativa que van más allá de las relacionadas con las industrias culturales, y esto se refleja, consecuentemente, en las partidas presupuestarias destinadas al sector.
Es el propósito de este trabajo presentar ciertas líneas de debate sobre el funcionamiento del libro en la Ciudad, para concluir con algunas propuestas referidas a la gestión del sector, con el eje puesto en el desarrollo económico, social y cultural, atendiendo a la división comunal de Buenos Aires.

2. Los derechos culturales en la Ciudad de Buenos Aires
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubica a la cultura dentro de las “políticas especiales”, a la par de las áreas de salud, educación, medioambiente, hábitat, deporte, seguridad, igualdad entre varones y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y turismo.
Así, el artículo 32 –que se encuentra en el Libro Primero, “Derechos, garantías y políticas especiales”, Título Segundo, “Políticas especiales” de la ley fundamental porteña–, establece, entre otros derechos culturales, que la ciudad “asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma nacional...”.
Si bien dicha cláusula fue considerada como “excesivamente programática, en una materia en la que podrían haberse incluido regulaciones concretas y directamente operativas, vinculadas a la administración y goce de los bienes culturales existentes en la Ciudad” (Sabsay – Onaindia, 1997), consideramos que, por las líneas extraídas del texto, éstas ofrecen un adecuado marco para el establecimiento de políticas específicas para el sector y por eso las transcribimos aquí. Sin embargo, toda política pública requiere, más allá de una declaración de derechos, los adecuados marcos normativo y presupuestario que hagan posible llevar a la práctica los derechos allí enunciados.
El Informe de Indicadores Culturales 2006 recaba, en su segunda parte, las ponencias presentadas a las Primeras Jornadas Nacionales de Políticas Culturales, que tuvieron lugar en Buenos Aires el 11 y 12 de agosto de 2004. Allí, Patricio Lóizaga (1954-2006), entonces director del Instituto de Políticas Culturales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y director de las Salas Nacionales de Exposición – Palais de Glace, afirmó que, en cualquier política cultural (aunque no la hubiere), es el presupuesto el que fija las prioridades. “No hay una política sin un diagnóstico y no hay diagnóstico sin indicadores”. “La legitimación del gasto público en cultura tiene una instancia primaria vinculada al derecho a la cultura, que se sustancia en el financiamiento estatal de toda producción cultural o servicio cultural que no tenga autofinanciamiento inmediato o impacto económico directo. Esto concepto perfora la lógica de mercado como lógica excluyente en el ámbito de la cultura” (Informe de Indicadores Culturales 2006, p. 56).
Por eso, para intentar definir una política para el sector, partimos aquí del marco constitucional que asegura los derechos, garantías y políticas especiales, y más adelante, al referirnos a cada uno de los agentes de esta industria, expondremos los aspectos legales que regulan normativamente el sector. Ahora intentaremos dar cuenta del marco presupuestario, que responde ante todo a la pregunta: ¿cuánto gasta la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires en cultura?
Según el mismo Informe de Indicadores Culturales 2006, en 2001 la Ciudad gastaba $53,38 por habitante, lo que resultaba en un 4,5% respecto del gasto público total de la jurisdicción, muy por encima del promedio provincial en cultura: la provincia que menos gastaba en el área era Santiago del Estero, con $0,31 (el 0,02% del gasto público provincial) y la que más lo hacía era Santa Cruz, con $7,62 (el 0,19% del gasto público total provincial).
En 2005, la Ciudad de Buenos Aires trepó a los $73,5 por habitante; sin embargo, debido principalmente a la inflación entre otros motivos, esa cifra alcanzó sólo al 3,5% del gasto público total de la jurisdicción. En el mismo año, la provincia que menos gastó fue Formosa, con $1,5 (0,06% del gasto total provincial) y la que más obló en el área cultural siguió siendo Santa Cruz con $23 (que significó, no obstante, sólo el 0,24% del gasto público total en la provincia).
Por otra parte, dicho Informe de Indicadores Culturales 2006 se refiere a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se dedican a la cultura y a sus aportes en el área. Parte para ello de una suerte de definición de ellas: “Elegimos hablar de organización cultural cuando la principal actividad desarrollada por la institución es estrictamente de carácter cultural, y en cuyos objetivos fundacionales se encuentra la promoción y difusión de la cultura”. Destaca el Informe que, en cuanto a su distribución territorial, “se observa una fuerte concentración de OSC culturales en la provincia de Buenos Aires (32,6%), y en la Ciudad de Buenos Aires (17,3%), seguidas con un porcentaje mucho más bajo por la provincia de Santa Fe (7,2%) y Córdoba (6,3%). Sólo en estos cuatro distritos se concentra el 63,4% de las OSC culturales” (p. 39).
En cuanto a la relación entre gasto público y cultura y cantidad de OSC culturales, puede apreciarse que a mayor porcentaje de inversión pública en cultura, mayor cantidad de OSC; de esta manera, los distritos que concentran la mayor cantidad de OSC culturales son aquellos que tienen una importante porción de sus presupuestos dedicada a la cultura.
Antes de abordar el tema central de este trabajo, quisimos en esta introducción dedicarnos a los marcos normativo y presupuestario para el área de cultura en general en la Ciudad de Buenos Aires, ya que ellos nos muestran la realidad sobre la cual será deberá ser posible construir cualquier propuesta para el área de las industrias culturales y en el subsector de la industria editorial en particular. También nos ofrecen líneas para debatir acerca de las políticas atinentes al área –y la forma en que se distribuye el presupuesto lo es– pero nos alejaría demasiado de los propósitos perseguidos en este trabajo.

3. La industria editorial de libros dentro de las industrias culturales
Si bien hay numerosa bibliografía referida al tema (al final de este trabajo consta sólo una mínima parte), no está demás referirnos muy someramente a las industrias culturales en general y a cómo opera la industria editorial (y la de libros en particular) dentro de ellas.
Las industrias culturales –y asimismo las de diseño– se articulan sobre la base de cuatro fases o procesos: creación, producción, distribución y consumo de determinados bienes culturales. De esta forma, se diferencian de cualquier proceso industrial o de reproducción seriada (serialización), ya que el bien cultural conlleva un acto creador, que le otorga su valor simbólico. “El valor simbólico generado a través del proceso de creación, define a la producción cultural como tal” (Getino, 1995).
Por otro lado, es justamente la serialización lo que diferencia el consumo de este tipo de bienes, productos de las industrias culturales, de otros consumos culturales, como por ejemplo el consumo de arte (en el cual la originalidad y la irreproductividad lo caracterizan, pero también la ausencia de una “industria” que conlleva en sí la creación de puestos de trabajo), y hace que así las industrias culturales contribuyan de una manera directa al desarrollo económico de una región.
Según datos aportados por el Observatorio de Industrias Culturales

–OIC– (véase Anuario, 2005), actualmente dependiente de la Subsecretaría de Industrias Culturales del Ministerio de Producción, en el año 2004 (según la última información disponible), las industrias culturales propiamente dichas en la ciudad de Buenos Aires generaron valor por 7500 millones de pesos y crearon 105.846 puestos de trabajo; valores que representaron el 7,8% del valor agregado de la ciudad y el 4,3% del empleo para ese año.
Dicho estudio divide a las industrias culturales en: a) Actividades Directas, que contienen al sector editorial (que incluye a la producción y comercialización de libros, revistas y diarios) y al sector audiovisual; b) Actividades Conexas, que incluye las producciones de los servicios de publicidad y las agencias de noticias; c) otras Actividades Culturales, entre las que se encuentran las actividades teatrales, musicales y otros espectáculos artísticos, y los servicios de bibliotecas y museos.
El tema que aquí nos ocupa, la industria editorial de libros, según el estudio bajo comentario se encuadra dentro de las Actividades Directas de las industrias culturales que, durante 2004, generaron el 70% de los puestos de trabajo del sector. Si tomamos la tasa interanual 2003-2004, las Actividades Directas se expandieron un 21,5%. Entre ellas, el sector editorial y gráfico presentó un crecimiento del 24,1%. La actividad de edición e impresión, que incluye al sector productor de libros, creció a una tasa interanual del 56,2% (Anuario, 2005).
Según el mismo estudio encarado por el OIC, durante 2005 el sector editorial participó con un 33,1% de la actividad económica del total de las industrias culturales. De ese porcentaje, el subsector de ediciones de libros participa con un 19,3% y las publicaciones periódicas con un 13,8%.
La industria editorial de libros tiene a su vez actividades conexas de incidencia directa en el sector. Por un lado, relacionado con el sector editorial, está el consumo de papel. Si bien las ediciones electrónicas o en otros formatos están incrementándose, según datos aportados por la Cámara Argentina del Libro, el 96% de los libros editados durante 2006 fue en formato papel, lo que demuestra una clara preferencia del público por esta forma “clásica” de consumo editorial. La industria del papel, que va de la mano de la editorial (aunque no sólo de libros) y de la publicidad, tiene su regulación propia tanto en materia normativa como productiva y financiera, que afectan de un modo u otro a la edición, y que por eso no se la puede dejar de lado al establecer una política viable para el sector.
Por otro lado, la principal posibilidad de crecimiento para el sector está dada por la ampliación de la base de lectores, y por eso son de fundamental importancia las campañas que resaltan la importancia de generar el hábito de la lectura (Anuario, 2005). Si bien estas acciones involucran las áreas de educación y cultura, la incidencia directa que tienen para el desarrollo de la industria hace que no se pueda dejar de lado su faceta productiva.

4. Agentes que intervienen en la industria editorial
a) Autores
Debido a la cantidad de temas y géneros que se publican bajo la forma de libros, los autores conforman un grupo por demás heterogéneo. Según datos de la Agencia Argentina del ISBN (International Standard Book Number), que es administrada por la Cámara Argentina del Libro, durante 2006 se publicaron en el país 19.426 títulos, de los cuales sólo el 10% correspondió a obras de ficción; un 9,6% fue para los libros de educación y educación especial; un 6% a libros de derecho; un 5,6% a los de literatura infantil y juvenil y un 4,84% a los de poesía.
Los derechos de autor están contemplados en la ley nacional 11.723 de propiedad intelectual. Esta ley, de 1933, ha sufrido múltiples reformas desde su sanción pero no perdió su esencia. Define y regula los diferentes aspectos que hacen a la protección de los derechos intelectuales, y a la edición, representación, venta y registro de las obras, sin dejar de lado las cláusulas punitivas por incumplimiento de la ley.
En cuanto a los derechos autorales, la ley establece, entre otros aspectos, sus alcances (artículo 1º, párrafo 2º: “La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”), las facultades que posee un autor respecto de su obra (artículo 2º: “El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma”), así como también el período en que permanecen vigentes los derechos (artículo 5º, párrafo 1º: “La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años a partir del 1º de enero del año siguiente al de la muerte del autor”).
El monto que un autor recibe, de manos del editor, por su obra no está regulado por una ley general sino por el contrato de edición que firman ambas partes (autor y editor) en cada caso en particular.
Como en casi todos los bienes culturales, dicho monto varía según el autor, la obra de que se trate, el mercado al que ésta está dirigida, etc. Por lo general, se fija en un porcentaje sobre el precio de venta al público del libro; pero en una misma editorial no todos los autores obtienen el mismo porcentaje y hay muchos que perciben una suma fija por adelantado. También hay empresas editoriales que deciden no arriesgar capital por un autor poco conocido que no asegure un éxito de ventas. En estos casos, el propio autor se hace cargo de los costos de la edición (bajo el sello de la empresa editorial), percibe un porcentaje mayor por la venta de cada ejemplar y, luego de finalizado el contrato se queda con los ejemplares que no se vendieron a través del circuito tradicional de distribución en librerías. Es por todo esto que es muy difícil establecer un guarismo confiable sobre la cantidad de dinero que mueve la industria editorial sólo en concepto de derecho de autor.
Por otra parte, el decreto 932/2001, que promulgó la ley 25.446 de fomento del libro y la lectura, observó el artículo 26 de esta última (“Los derechos de autor que se perciban con motivo de la edición de libros estarán exentos del pago del impuesto a las ganancias”) ya que se contrapone formalmente con el inciso j) del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias.
Debido a la complejidad en la percepción de sumas en concepto de derechos de autor, sumado al hecho de la heterogeneidad de géneros editados bajo el formato libro, es que se hace muy difícil poder agremiar a los autores bajo un organismo que defienda los derechos de éstos ante la industria. Sociedades como SADE (Sociedad Argentina de Escritores) no agrupa sino a una ínfima minoría, y Argentores sólo atiende a los derechos de reproducción (algo similar a lo que ocurre con Sadaic en el sector de la música) o adaptación cinematográfica, traducción, etc.
CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la República Argentina) es una asociación civil de gestión colectiva de derechos de autor, y emprende acciones en defensa de los derechos de los autores y de las editoriales fundamentalmente para evitar el fotocopiado o cualquier otra reproducción fotomecánica, fotomagnética o electrónica de libros (véanse las acciones emprendidas por esta organización en www.cadra.org.ar).

b) Editoriales
Según datos de la Cámara Argentina del Libro, de los títulos publicados en el país en 2006 sólo el 84% tuvo como responsable de la edición a una empresa editorial. Los autores que se hicieron cargo de la edición de su obra alcanzaron el 6%; un 4% correspondió a instituciones privadas no educativas, un 2% a organismos oficiales, otro 2% a empresas comerciales, un 1% a universidades, un 1% a entidades públicas y otro 1% a instituciones educativas.
En la Argentina, el 64% de las editoriales se concentra en la Ciudad de Buenos Aires; el 17,5% en la Provincia de Buenos Aires y el 18,5% restante en el interior del país.
Se agrupan fundamentalmente en dos Cámaras que atienden a los intereses del sector: la Cámara Argentina del Libro (CAL), que reúne en su mayoría a las pequeñas y medianas editoriales, y la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), que agrupa a las editoriales de capitales extranjeros, además de algunos sellos medianos y pequeños (Anuario, 2005).
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha emprendido, en los últimos años, varias acciones para el desarrollo de las editoriales pymes (por extensión de aquellas destinadas a las pymes de las industrias culturales en general) mediante instrumentos legales que le dieron marco a las políticas para el sector. Lamentablemente, no en todos los casos fue posible saber (por ausencia de datos oficiales) qué alcance tuvieron y si dichas acciones y programas continúan vigentes al día de hoy.
Por un lado, en el año 2004 el Gobierno de la Ciudad puso en marcha una línea de subsidios a editoriales pymes, dentro de una acción dirigida a los diversos sectores de las industrias culturales. Para poder acceder a este subsidio, cada empresa solicitante debía ofrecer al menos un 30% de la inversión como contraparte (Anuario, 2005).
Por otro lado, el decreto 269/2005 del 25/2/2005 (publicado el 18/3/2005) creó el Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (Prodesic) que facultaba a la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales –en ese momento dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad– a suscribir Convenios Administrativos de Colaboración con empresas privadas y entidades intermedias interesadas en él. Dicho Programa tenía por objetivo gestionar una articulación con el sector privado, permitiendo “incorporar formas alternativas de estímulo a los distintos sectores de la industria cultural”, destacando “la importancia de contar con aportes del sector privado para la organización de las mencionadas actividades, ya que este diseño de gestión asociada permitirá la obtención de recursos económicos, técnicos y humanos” que ayuden a la concreción de los objetivos del programa, según rezaban los considerandos del decreto.
A su vez, mediante el decreto 1476/2006 del 22/6/2006 (publicado el 2/10/2006), se creó el Programa para el Desarrollo de Industrias Culturales y Diseño, que “persigue, mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas, sociedades de hecho y personas jurídicas con domicilio real o legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuir económica y financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la exportación de bienes culturales”, según los considerandos del decreto; su artículo 3º establece que los subsidios que se entreguen se harán previo concurso de proyectos.
Como expusimos, no nos fue posible saber el verdadero alcance de estas políticas ni cuántas empresas de la industria editorial resultaron beneficiadas gracias a estos programas.
Desde mediados de 2005 funciona el programa Opción Libros, que busca fomentar la actividad de las pequeñas y medianas editoriales, estableciendo un listado de ellas en su página web (www.opcionlibros.gov.ar) y formando un catálogo con títulos destacados de cada una, al cual le da publicidad.

c) Librerías
La librería es el lugar de encuentro por excelencia de un libro con su lector. Esto lo decimos atendiendo a la fase económica de un mercado de bienes culturales en el cual un productor ofrece un bien cultural al consumidor, porque de otra manera nos concentraríamos en la actividad desplegada por bibliotecas y escuelas.
Según el Informe de Encuesta 2004 sobre consumo cultural en la Ciudad de Buenos Aires, llevado a cabo de manera conjunta por la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura y la Fundación Diagonal Sur, de los encuestados que afirmaron leer en su tiempo libre o esporádicamente (un 47% del total de la población encuestada), el 71,2% obtiene muchas veces los libros por compras en una librería. Cabe considerar que, según la metodología de la encuesta, el entrevistado podía elegir hasta cuatro respuestas de un listado; es por eso que opciones como “préstamos entre amigos”, “consultas en bibliotecas”, “bajar libros de internet”, entre muchas otras, no suman entre sí el 28,8% restante. Sin embargo, en este trabajo partimos de la premisa de que para llegar a la compra de un libro antes tiene que haber un estímulo dado por el hábito de la lectura.
El precio de venta al público (PVP) de cada libro no lo establece el librero sino el editor, quien vende o da en concesión a aquél los ejemplares con descuentos sobre los precios destinados al consumidor final.
Durante la pasada década de los noventa, con el arribo al país de los grandes grupos económicos de capitales foráneos que compraron editoriales vernáculas tradicionales, llegaron otros volúmenes de venta y, consecuentemente, otros canales y también otros precios. Las novedades se conseguían fácilmente en los supermercados y se cargaban en el changuito junto a los productos comestibles de consumo cotidiano. Se iba perdiendo de esta manera el oficio de librero: aquella persona capaz de recomendar un libro según los gustos específicos de un lector particular, al cual lo iba formando en la lectura a la par que lo consagraba como cliente selecto.
Las grandes cadenas de supermercados, al igual que lo hacen con las diferentes fábricas y distribuidoras, establecen los precios a los cuales venden los productos. Y así nacieron los precios diferenciales para los libros según el canal de venta en el cual éstos eran adquiridos.
Hizo falta una ley para regular la cuestión: la nacional 25.542, llamada de “defensa de la actividad librera”. Dicha norma establece en su artículo 1º: “Todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Y, en su artículo 4º, establece que los descuentos que se podrán realizar sobre dicho precio de venta serán: a) de hasta un 10%, en el caso de ventas de libros “realizadas durante ferias, días y semanas consagradas al libro, declaradas de interés público... dentro del ámbito geográfico en el cual tenga lugar la actividad”, o bien cuando la venta de ejemplares se realice “a bibliotecas y/o centros de documentación, o a instituciones culturales y de bien público sin fines de lucro”; b) de hasta un 50% sobre el PVP en el caso de que los libros sean comprados por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y otros organismos públicos, y estén destinados a la distribución “en forma gratuita a instituciones educativas, culturales y científicas, o a personas de escasos recursos. En tal caso, los ejemplares llevarán inscripta la constancia de que su venta está prohibida”.
Si bien la ley no establece los descuentos a través de los cuales el libro es distribuido de las editoriales a las librerías y distribuidoras, ya que con sólo un 10% sobre el precio de venta al público la librería no se sostiene económicamente, sí establece que el librero o distribuidor de libros no puede venderlos a un monto menor que el precio fijado por el editor; en el artículo 10 se establecen las multas para aquellos que no cumplan con la norma. Esto limitó la venta de ejemplares en supermercados y grandes cadenas de librerías, y defendió la actividad de las pequeñas librerías, cuyos costos operativos les impedían hacer descuentos al público de manera tal de poder competir en precios con los supermercados.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no existe una norma que haga eco de la nacional.
Pero el Gobierno de la Ciudad destacó, durante el año 2003, a todas aquellas librerías que tuvieran un valor especial desde el punto de vista patrimonial –ya sea por el local en el cual están enclavadas, por especializarse en una determinada temática y haber sido pioneras en ella, o bien por haber contribuido de manera especial a la cultura de la Ciudad en la formación de un público lector determinado–, con la edición de una guía: Librerías de valor patrimonial de Buenos Aires, que estuvo a cargo de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la entonces Secretaría de Cultura. Sin embargo, este reconocimiento, por demás necesario, es muy similar al efectuado con los bares y confiterías de valor patrimonial (cuya Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires fue establecida por ley de la Ciudad Nº 35 del año 1998) y con las pizzerías de valor patrimonial; tiene por objeto “proteger todos aquellos espacios donde nuestra cultura vive, donde la creatividad, la inteligencia, la imaginación y la curiosidad alimentan y fortalecen el ejercicio de nuestra ciudadanía” (Librerías de valor patrimonial de Buenos Aires, 2003, “Presentación” a cargo del Dr. Gustavo López, secretario de Cultura). Pero justo es decir que se trata de librerías ya “consagradas” por el público lector, no de aquellas que, por su ubicación o volumen de ventas, están en un verdadero “peligro de extinción”; esta declaración no tiene incidencia en la industria editorial ya que no promueve las ventas.
Al igual que con las pequeñas y medianas editoriales, el programa Opción Libros, de mediados de 2005 y en vigencia en la actualidad, busca promover la actividad de las pequeñas librerías estableciendo un listado de ellas en su página web (www.opcionlibros.gov.ar) y en la folletería y publicidad del programa.

d) Bibliotecas
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 26 bibliotecas municipales, esto es, bibliotecas cuya gestión depende del Gobierno de la Ciudad. Las acciones en ellas son supervisadas y coordinadas por la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, quien se encarga de preservar el patrimonio bibliográfico de la Ciudad, difundirlo y facilitar el acceso a éste por parte de la población.
El Informe de Encuesta 2004 sobre consumo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, ya citado, arrojó resultados reveladores tanto sobre el uso de las bibliotecas por parte de la sociedad como también del conocimiento de las bibliotecas municipales por parte de la población de la Ciudad.
Sobre 600 casos entrevistados, sólo el 4% mencionó la concurrencia a la biblioteca como una actividad que realiza en su tiempo libre, y el 10,5% como una que desarrolla “de vez en cuando”. El tipo de biblioteca al que se recurre más asiduamente es el de las universidades (34%) y en segundo lugar las de la Ciudad (16%). Las menos concurridas son las privadas (sólo manifestó hacerlo un 3% de los encuestados) y las específicas (2%), como podría ser la del INDEC.
Las personas que concurren a las bibliotecas lo hacen buscando en primer término material de estudio (72,3%), luego para solicitar libros para lectura por placer (26,8%), y en orden decreciente para consultar la hemeroteca (15,2%), el acceso gratuito a internet (7,1%), la concurrencia a charlas y otras actividades (5,4%), la consulta a la mapoteca (3,6%) y por último la videoteca (1,8%). “Es interesante considerar que, por los datos expuestos, las bibliotecas son utilizadas mayormente por los sectores universitarios (usualmente de capas medias) y no se visualiza como un medio eficaz para la satisfacción de la demanda de lectura en aquellos sectores donde ésta se verifica, fuera del ámbito educativo formal”, apunta el Informe.
Más adelante, dicho Informe es desolador al exponer el conocimiento de los ciudadanos porteños sobre las bibliotecas que dependen del Gobierno de la Ciudad: “La relación de los ciudadanos con respecto a las bibliotecas municipales ha corrido, en buena parte, el mismo destino que la relación entre Estado y Sociedad en términos generales: la indiferencia” (p. 69). Los datos lo justifican: en ningún caso, en todos los segmentos en los cuales fue dividido el universo de encuestados, el desconocimiento de las bibliotecas fue inferior al 72%. La Dirección General del Libro corrió peor suerte: su desconocimiento fue del 84,6% al 92,4% según los segmentos de encuestados. Siempre debemos tener en cuenta, que aquí nos referimos a las bibliotecas municipales, esto es, las que dependen del Gobierno de la Ciudad. El Informe no preguntaba específicamente por el conocimiento de la relación de dependencia de una biblioteca, y la oferta cultural –y bibliográfica en particular– dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es demasiado amplia como para que el consumidor pueda diferenciar los ámbitos de gestión de cada institución. No obstante, lo debemos destacar aquí ya que cualquier propuesta que se quiera implementar en el marco de una gestión determinada, deberá correr con el desconocimiento a priori que pueda sufrir por parte de los ciudadanos esa gestión.
Por otra parte, si hablamos en el presente trabajo de ampliar la base de lectores como la principal posibilidad de crecimiento del sector editorial, dentro de las industrias culturales, habría que emprender acciones que reduzcan los porcentajes recién expuestos.
En otra instancia de discusión, habría que pensar con qué mecanismos cuentan las bibliotecas para acrecentar su patrimonio. Los habituales son: las donaciones o legados, y las compras que habilite el presupuesto. Si pensamos en la escasez de uno y otro recurso, concluiremos que el fondo de cada biblioteca, que en definitiva constituye el patrimonio cultural bibliográfico de todos los porteños, es bastante estable a lo largo del tiempo (si es que no decae, merced a esos amigos de lo ajeno que pululan por doquier y que suelen ser legión).
La ley 934 obliga al editor de cualquier libro que se publique en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, a entregar un ejemplar al organismo que determine el Poder Ejecutivo, el que será distribuido entre las bibliotecas públicas. El decreto 2439/2003 del 4/12/2003 (publicado el 16/12/2003), reglamentario de la ley 934, designa a la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura como el organismo receptor de dicho libro, y lo hace responsable de la evaluación y distribución del material recibido.
Consideramos que esta norma hace las veces más de depósito o registro legal que de una utilidad real para acrecentar el patrimonio en sí. A nivel nacional, los sucesivos decretos reglamentarios de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual establecieron en cuatro ejemplares dicho depósito legal: el Registro Nacional de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor los recibe, registra, y luego entrega un ejemplar a la Biblioteca Nacional, otro ejemplar a la Biblioteca del Congreso de la Nación, y un tercero al Archivo General de la Nación.

5. La gestión del libro
Como hemos visto al exponer sobre los diferentes agentes que intervienen en el sector editorial, una gestión integral del libro abarca mucho más que a la industria editorial; involucra varios sectores dentro del ámbito de la gestión de cultura e, incluso, la excede.
En primer lugar, la edición de libros se encuentra dentro de las industrias culturales, ya que busca la reproducción en serie de un bien cultural, cuya materia prima la aporta un autor y cuyo resultado final está destinado a un lector.
Sin embargo, más allá de casos aislados, se requiere la formación de esos autores, dada en primer lugar por la escuela y por la educación formal, pero también están presentes en muchos casos los talleres y centros de formación artística.
Dentro del mundo de las editoriales encontramos a las grandes multinacionales pero también a pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales que, debido a lo azaroso de la producción de bienes culturales, requieren en su mayoría de acciones de fomento por parte de la Ciudad (las que pueden darse mediante subsidios, mediante campañas publicitarias de los libros que éstas editan, o bien con la compra de una parte de la tirada).
Como ocurre en otras industrias culturales, debido a las grandes cadenas de distribución, las pequeñas librerías y aquellas que por diversos motivos forman parte de la identidad cultural porteña, necesitan de una promoción especial para no verse desfavorecidas ante la libre competencia del mercado.
Por último, una vez editado, cada libro integra las bibliotecas porteñas y pasa a formar parte del patrimonio cultural bibliográfico de la ciudad, y como tal debe ser preservado, difundido y acrecentado, y se debe facilitar el acceso de la población a él.
Pero la característica de bien cultural no la tiene el libro sólo por ser un objeto bonito (que sin duda lo es) sino sobre todo por ser vehículo de cultura; esto es, transmisor de un idioma, de ideas, valores, de formas de pensar y sentimientos disímiles pero que hacen a la “democracia cultural” que establece el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad. Por esto son necesarias las campañas que inciten al fomento del libro y promoción de la lectura, si se quiere ser gestor de pluralidad cultural. Además de, como expusimos repetidamente a lo largo de este trabajo, la necesidad de dichas campañas para ampliar la base de lectores y así incrementar el mercado al cual se destina dicha industria.
Como vemos por las palabras resaltadas en letras itálicas, la gestión del libro no tiene que ver con un área determinada dentro de la estructura administrativa de la Ciudad, tampoco se limita al área cultural; antes bien, vemos que integra diversos sectores que, si bien todos ellos tienden al bien común, responden a intereses diversos: desarrollo económico y productivo, educación, patrimonio cultural, entre otros.
Por esto, la gestión del libro en la Ciudad de Buenos Aires abarca diversos sectores de diferentes áreas; por lo pronto, al momento de escribir este trabajo, involucra a los ministerios de Cultura y de Producción. Hay una dirección general y dos programas que fomentan el desarrollo de la industria editorial, en un caso enfocado hacia las editoriales y librerías, y en los otros hacia la formación de los lectores, según la información brindada por la página web de la Ciudad (www.buenosaires.gov.ar).

a) Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, depende de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura
Tiene entre sus responsabilidades primarias:

- Supervisar y coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad a fin de difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que constituyen su patrimonio.

- Programar conferencias y eventos vinculados con el área.
Debido a estas responsabilidades primarias, podemos decir que la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura continúa con la labor emprendida por la antigua Dirección General de Bibliotecas, que dependía de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, en la estructura administrativa del Gobierno de la Ciudad anterior al año 2000.
Por otra parte, gracias al Programa Tecnologías Informáticas Aplicadas por la Cultura (TIAC), durante el último año cobró forma Acceder, catálogo digital del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, que reúne en una base de datos el patrimonio cultural de la Ciudad, y al cual la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura contribuye con la incorporación de los fondos bibliográficos existentes en todas las bibliotecas municipales, de manera de facilitar el acceso a éste por parte de los habitantes de la Ciudad. Acceder, que puede ser consultado en www.acceder.gov.ar, abarca además de libros, cine, video, artesanía, fotografía, artes plásticas, mobiliario y diseño.

b) Programa Bibliotecas para Armar, dentro de la Dirección General de Promoción Cultural que depende de la Subsecretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura
Esta iniciativa, que nació en el año 2004, fomenta y apoya el trabajo de más de
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