I los dres. María luisa lucas, ramón rubéN Ávalos, eduardo omar molina y ricardo fernando franco, dijeron






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RESISTENCIA, 04 de Junio de 2002.

Nº 521/

Y VISTOS:

El Acuerdo Extraordinario Nº 2777/02 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, y para resolver sobre la situación de la Sra. Juez Correccional de Charata, Dra. Estela Amelia Ponce, quien interviniera como Juez Subrogante en distintas causas que se tramitaran ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa ciudad, que oportunamente se irán especificando, donde se adoptaran decisiones relacionadas a retiros de fondos depositados en Bancos de extraña jurisdicción, que provocaran la formación del Expte. N° 51.088, Folio 161, año 2002, caratulado: "PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN RELACION A RETIROS DE FONDOS DE BANCOS DE EXTRAÑA JURISDICCION", registro de este Alto Cuerpo, y

CONSIDERANDO:

I) LOS DRES. MARÍA LUISA LUCAS, RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, EDUARDO OMAR MOLINA Y RICARDO FERNANDO FRANCO, DIJERON:

A) Que en función a la potestad que cuenta este Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de Superintendencia y lo normado por el art.11, primera parte, de la Ley 188, se examinó lo actuado por la Sra. Juez Correccional de Charata, Dra. Estela Amelia Ponce, en carácter de Juez Subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa ciudad, en las siguientes causas tramitadas ante ese Tribunal:

1) Nº 458/02, caratulado "CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. C/BANCO BISEL CREDIT AGRICOLE y/o BANCO BISEL S.A. S/MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA";

2) Nº 466/02, caratulado "CONCI IRMA ROMANA C/ BANCO SUQUIA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA";

3) Nº 467/02, caratulado "GALARRAGA EDUARDO ALBERTO C/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA;

4) Nº 468/02, caratulado "SERVICIOS SOCIALES JUAN CARUSO S.A.C.I.F. e I. C/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA”;

5) Nº 469/02, caratulado "FERREYRA MARIA DEL CARMEN C/ BANCO SUQUIA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA";

6) Nº 470/02, caratulado "FERREYRA MARIA DEL CARMEN C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA";

7) Nº 471/02, caratulado "LOPEZ SILVIA BEATRIZ C/ BANCO de GALICIA y BUENOS AIRES S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA";

8) Nº 472/02, caratulado "ECHEVERRIA HORACIO ATILIO C/BANCO RIO S.A. Y/O BANCO RIO Y/O RIO INVERSIONES S/MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA".-

B) En esa tarea y concretado el análisis específico de los expedientes Nº 458/02, caratulado "CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. C/BANCO BISEL CREDIT AGRICOLE y/o BANCO BISEL S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA"; Nº 466/02, caratulado "CONCI IRMA ROMANA C/ BANCO SUQUIA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA" y Nº 469/02, caratulado "FERREYRA MARIA DEL CARMEN C/ BANCO SUQUIA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", que se tienen a la vista, se constata que los decisorios por los cuales se decretaran las medidas cautelares innovativas en cada una de ellas, tienen como fundamento para arribar a esa determinación, conforme lo expresamente consignado en sus respectivos considerandos, haber considerado formalmente acreditada la verosimilitud del derecho de cada uno de los accionantes, con sustento probatorio en los instrumentos que fueran adjuntados al promover las medidas cautelares. Así:

a) Efectuada la revisión de la causa Nº 458/02, caratulado "CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. C/ BANCO BISEL CREDIT AGRICOLE y/o BANCO BISEL S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", se aprecia que en fecha 12 de abril de 2002, la accionante Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A., domiciliada en Av. Marcelo T. de Alvear 328, Córdoba Capital, solicitó la recuperación de la suma de U$S 2.170.123,00 depositados en el Banco Bisel Credit Agricole y/o Banco Bisel S.A., domiciliado en Rosario de Santa Fe 247, Córdoba, Capital. Del certificado de depósito a Plazo Fijo Nominativo, que en fotocopia certificada obra a fs. 7, se puede comprobar que el mismo presentaba como fecha de vencimiento el día 8 de mayo de 2002, siendo el neto a pagar a esa fecha la suma de U$S 2.242.037,00, no obstante lo cual en el pronunciamiento que hizo lugar a lo requerido (fs. 26/32), dictado en la misma fecha de presentación de la medida, la magistrada consignó que "...el depositante, en el caso, ha acreditado haber efectuado los depósitos y tener el saldo denunciado de DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTITRES DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 2.170.123) suma sobre la cual tiene un "derecho real" de propiedad en su plenitud" (fs. 27 y vta.), conclusión a la que arriba atribuyéndoles a esa circunstancia una significación de la que carecía, toda vez que no hallándose vencido el plazo pactado y siendo el capital depositado el 09/11/01 de U$S 2.059.244,00, no puede concluirse del aludido certificado, ni existe otro elemento que lo permita, que aún con los intereses que correspondían al 12/04/02, fecha del reclamo y de la decisión, el capital se hubiese acrecentado hasta la suma de U$S 2.170.123,00 cuya restitución ordena.-

b) Examinada la causa Nº 466/02, caratulada "CONCI IRMA ROMANA C/BANCO SUQUIA S.A. S/MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", se verifica que en ella obra glosada a fs. 7 una fotocopia de un formulario de movimientos en cuentas del Banco Suquía, que presenta un sello que reza "He tenido el original a mi vista - Conste ", suscripto por una persona cuya capacidad de fedatario se ignora, pero que evidentemente no se trata de funcionario o escribano público, por medio del cual supuestamente el titular de la cuenta Nº 24-17-16261/4 Luis de Mozzi solicita se debite de la misma la suma de U$S 220.000,00 y acredite ese monto a la cuenta 24-17-17392/2 correspondiente a Irma Romana Conci. Asimismo obraba reservado en el Tribunal y actualmente en Caja Fuerte de Superintendencia, que se tiene a la vista, original de resumen de la citada cuenta nº 017392/2 a nombre de Irma Romana Conci, en el cual efectivamente consta la acreditación de la suma de U$S 220.000,00 en fecha 04/01/02 pero también el débito de U$S 5.000,00 y U$S 215.000,00 en fechas 31/01/02 y 04/03/02, -respectivamente- por lo cual, a la última fecha, el saldo de la cuenta era de U$S 0,00.-

Con base en estos documentos, la magistrada afirmó categóricamente, en la resolución de fecha 12/04/02, que "..."la verosimilitud del derecho" invocado encuentra respaldo en la acreditación documentada de existencia de depósitos..." ( fs. 22 vta.), atribuyéndole a los mismos una significación que no tenían, toda vez que de ninguno de ellos surge que al 12/04/02 la cuenta contara con los fondos reclamados, no obstante lo cual decretara la medida cautelar innovativa, disponiendo que el Banco Suquía S.A., de la ciudad de Córdoba Capital, abone a Irma Romana Conci, con domicilio real en calle Sucre 1409, 2º "B", Córdoba Capital, en carácter de "extracción", la suma de U$S 215.000,00.-

c) Del análisis realizado al Expte. Nº 469/02, caratulado "FERREYRA MARIA DEL CARMEN C/ BANCO SUQUIA S.A. S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", surge que al planteo de la medida cautelar innovativa, concretado el 12/04/02, se adjunta a fs.3 una fotocopia de certificado de depósito a plazo fijo en pesos -cuyo original se reservara en Caja Fuerte de Superintendencia y se tuvo a la vista- serie D, N°3121623, correspondiente al Banco Suquía, sucursal Bell Ville, Provincia de Córdoba, por la suma de $ 13.245,33; reclamando el apoderado de la titular María del Cármen Ferreyra, con domicilio real en calle Intendente Vivanco 469 de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, la restitución de la totalidad de dicho monto. La magistrada tuvo por acreditado (fs. 19 vta. y 20) la verosimilitud del derecho invocado, con esa acreditación documentada de existencia de depósitos por la suma de $ 13.245,33 ofrecida por la parte y hace lugar a la medida impetrada al concluir que "cuando mayor es la "verosimilitud del derecho"(como en el caso), menos riguroso habrá de ser el juzgador para acordar la medida, y más elástico, al ponderar el "peligro de demora..." (fs.22 vta.), expidiéndose favorablemente en la resolución Nº 264, no obstante que en forma nítida se precisa al dorso de la documental aludida "APLICACION DE FONDOS PASADO $5000 (CINCO MIL) 30-01-02 A LA CTA. CTE. 48-16-000 423/9", circunstancia soslayada por la magistrada y que le impedía que se tuviera por acreditada "la verosimilitud del derecho" como enfáticamente lo sostuvo, resultando de ello que el hecho existió, pero de manera diferente a la presentada.-

Cabe consignar asimismo que en los casos descriptos precedentemente, no obstante luego de afirmarse categóricamente en sus considerandos que se tuvo por acreditada la "verosimilitud del derecho" en cuanto al monto de los depósitos que consta en la documental, en su parte dispositiva se ordena el pago de esa suma "...y/o lo que resultare de los registros contables de la entidad bancaria que la nombrada tiene depositado..." lo que desvirtúa aún más la supuesta convicción de la juzgadora acerca de aquella afirmación.-

En razón de los expuesto, este Cuerpo estima que, "prima facie", existen elementos de juicio para considerar que en ocasión de la sustanciación de esos autos, se habría incurrido en una acción prevaricadora al dictar sentencias fundamentadas en hechos falsos, y siendo estos argumentos decisivos para la solución del caso, derivando los fallos de la invocación de aquellos (Conf. Fontán Balestra "Tratado..." T. VII pág. 330); consecuentemente, no importó solo manifestaciones de erudición o de hechos que únicamente sirvieron para adornar la estructura literaria de esas piezas jurídicas, sino que resultaron esenciales para expedirse favorablemente en las acciones planteadas.-

Debe considerarse al respecto que la doctrina mas calificada sostiene, en este caso Ricardo C. Nuñez que la falsedad de los hechos puede consistir en que se trate de circunstancias inexistentes como la de la atribución a las que existen o que existieron de significaciones que no la tienen (Conf. "Derecho Penal...” Tratado T. VII, pág.149), lo que ratifica Carlos Creus, para quien el hecho es falso cuando el Juez sabe que no existe o no existió y lo cita como existente para fundar su resolución (Conf. "Delitos contra la Administración Pública", ed. Astrea, pág. 433).-

Por su parte, Breglia Arias-Gauna definen al hecho falso como el acontecimiento que no ha tenido realidad, cuando no existió o cuando existió pero de manera diferente a la que se presenta, señalándose a título ejemplificativo la declaración de un testigo que no declaró, la interposición de un recurso que no se interpuso etc. (Conf. "Código Penal, Anotado y Comentado", ed. Astrea, edición 2001, T. 2 pág. 704), mientras que Laje Anaya-Gavier explican que el hecho es falso si no existe como acontecimiento, situación o circunstancia y la resolución en cuestión lo ha tenido por existente y verdadero -como la cita de testigos que no han declarado o la cita de secuestros o reconocimientos que no fueron realizados- siendo necesario se efectúe la mención del hecho a sabiendas de su falsedad (Conf. "Nota al Código Penal Argentino", T III, pág. 183, ed. Marcos Lerner, edición 1996); y Edgardo A.Donna, que define a esta conducta como prevaricato de hecho, además de ratificar que el delito consiste en la invocación falsa de los hechos, recuerda a Moreno ("Código Penal y sus..." T. VI, pág. 280) quien daba como ejemplos: un testimonio no producido, un documento no agregado. (Conf. "Derecho Penal", Parte Especial, pág.419 Ed. Rubinzal, ed. 2001).-

El delito queda consumado con el dictado de la resolución de que se trata, cualquiera sea su suerte futura, no siendo necesario que alcance ejecutoriedad (Laye Anaya-Gavier, ob. y pag. cit.) que, en estos casos, se concretaron desde el momento que se tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho que asistía a los respectivos accionantes en pruebas inexistentes o pruebas existentes pero de manera diferente a la presentada, según sea el caso y como ya se lo puntualizara en forma precedente.-

En este contexto, debe presumirse, dadas las particulares circunstancias en que ocurrieron los hechos relatados, su reiteración en el mismo día, la falta de complejidad de las cuestiones planteadas y los montos en juego, que no se trataron de meros actos negligentes, erróneos o irreflexivos, toda vez que en tales condiciones naturalmente debía predominar una actuación cautelosa, más aún cuando se trata de una juez del fuero penal que lo hacía en carácter de subrogante legal, y, por otra parte, al tener en su poder los documentos que invoca como soporte de su decisión, no podía desconocer, sobre todo por tratarse de datos objetivos y asentados en forma escrita, que estos no avalaban su afirmación.-

Por el contrario, esas peculiaridades constituyen factores que integran el conjunto de razones conducentes a sostener, con un fuerte y sólido grado de probabilidad, que la Dra. Estela Amelia Ponce actuó con voluntad y conciencia de consumar los hechos del modo descripto, componiendo así el elemento subjetivo exigido por la figura del art.269, 1er. párrafo, 2da.parte, del Código Penal; tratándose de TRES (3) hechos que concurren materialmente (Art.55 del C.P.), sin perjuicio de que los mismos también resultan encuadrables como graves irregularidades en el procedimiento, falta contemplada en el art. 9, inc. i) de la Ley 188.-

II) LOS DRES. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, EDUARDO OMAR MOLINA Y RICARDO FERNANDO FRANCO, DIJERON:

Asimismo, prosiguiendo con el examen de las causas enumeradas en el ordinal I) A), resultando de ese análisis que de manera cierta en la totalidad de ellas se incurrió en graves irregularidades en el procedimiento, cuya reiteración figura tipificada como falta por el art. 9 inc. i) de la Ley 188, consistente en la violación sistemática de las leyes que regulan la materia de la competencia exclusivamente en su aspecto territorial, como disposiciones de las Constituciones Nacional y Provincial.-

En efecto, se constata que la intervención de la juez se cumplió en causas promovidas con el objeto de que se decrete medida cautelar innovativa respecto de la situación generada a partir del dictado de la Ley 25.561, los Decretos 1.570/01 y su modificatoria 1.606/01, Nº 214/02, Nº 320/02; Resolución Nº 96/02, 09/92 y 10/02 del Ministerio de Economía, en cuanto imponían restricciones a la extracción de depósitos, que se entablaron respecto de entidades bancarias y/o financieras, con domicilio fuera del ámbito territorial de la Provincia del Chaco. Asimismo, surge de las instrumentales (fotocopias) respaldatorias del derecho invocado, que el lugar de cumplimiento de la obligación y/o domicilio de pago hállase situado en territorio extraño al de esta provincia o de esa circunscripción judicial, característica que en algunos casos reeditan los propios domicilios reales de los actores, que surge de esos documentos.-

La trama fáctica descripta, que se repiten en todas las causas mencionadas y que constituyen, con las salvedades propias de los datos particulares, los fundamentos de las demandas interpuestas, demuestran la violación de las leyes que regulan la competencia en razón del territorio.-

Partiendo de la estructura adoptada para su organización política-institucional, la Constitución Nacional acoge la forma federal de estado, lo que importa básicamente reconocer una relación entre el poder y el territorio, dada la descentralización de aquél con base física o territorial. Al decir de Germán J. Bidart Campos: "El federalismo significa una combinación de dos fuerzas: la centrípeta y la centrífuga, en cuanto compensa en la unidad de un solo estado la pluralidad y la autonomía de varios. El estado federal se compone de muchos estados miembros (que en nuestro caso se llaman "provincias"), organizando una dualidad de poderes: el estado federal, y tantos locales cuantas unidades políticas lo forman. (Tratado Elemental el Derecho Constitucional Argentino, Ed. Ediar, 9º ed. amp. y act. 1995, T. I, p. 239).

Concebidas así, las provincias como las unidades políticas básicas que, en su amalgama, componen nuestra federación, es de señalar que, mientras la titularidad de la soberanía reside en el Estado federal o nacional, aquéllas gozan de autonomía, resultando independientes entre sí. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación refirió a la autonomía provincial, en lugar de soberanía ("Berga", Fallos 271:206, y "Cardillo", Fallos, 240:311) (lo que se justifica en virtud de que la condición de soberano está ligada a la de poder supremo), si bien distinguiendo que no se tratan de meras divisiones administrativas, como acontece frente a un Estado unitario. Normativamente, la autonomía de los estados miembros encuéntrase consagrada en los arts. 5, 121 y 122, en tanto ostentan capacidad para darse sus propias instituciones mediante preceptos emanados exclusivamente del poder provincial; facultad para elegir sus autoridades y conservar todo el poder no delegado al Estado federal; autoadministrarse, etc.-

A los fines que aquí interesan, es de destacar que, dentro de los lineamientos bajos los cuales las provincias deben ejercer su poder constituyente el art. 5º de la Carta Magna exige que cada estado miembro asegure la administración de justicia, organizando y regulando el poder judicial, la jurisdicción y competencia de sus tribunales, y dictando las leyes de procedimiento (a similitud de lo que ocurre en la esfera nacional), todo ello en el afán declarado primigeniamente en el Preámbulo por los constituyentes, de asegurar la justicia como valor y consolidar su administración, como función del Estado (Conf. Helio Juan Zarini, Constitución Argentina, Ed. Astrea, p.39).-

Estructurado el Poder Judicial del Estado federal y dispuesto, entonces, que las provincias provean lo conducente para sus respectivas administraciones mediante la existencia de tribunales locales, en este estadio del examen propuesto, urge señalar que el ámbito de actuación de los mismos en forma inexorable ha de respetar los límites espaciales atinentes a las provincias. De lo contrario, la sentencia dictada por juez incompetente con pretensión de ser cumplida en extraña jurisdicción, llevaría a un avasallamiento al derecho de administrar justicia que poseen los Estados provinciales, en mérito a sus derecho de darse sus propias instituciones, quebrantando el sistema federal de estado consagrado en la Ley Fundamental.-

Sentado ello, resulta esclarecedora la exposición de las realidades subyacentes en la normativa procesal que regula la materia, como los principios y fundamentos que la justifican. Desde este cuadrante, y siendo que la competencia es "la medida de la jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, consistente en la determinación genérica de los asuntos en los cuales es llamado a conocer en razón de la materia, cantidad y lugar", en torno a la asignada en función del territorio ilustra el maestro Alsina que: "a) Puede concebirse la existencia de un solo juez que ejerza la plenitud de la jurisdicción en un territorio y al cual, por consiguiente, estarían sometidas todas las personas y cosas sin distinción de clases ni cuestiones. En la práctica, sin embargo, no siempre resulta esto posible, porque si el territorio es dilatado, no podría el juez, sin desmedro de sus funciones trasladarse de un lugar a otro para administrar justicia, ni sería razonable que una persona se viera obligada a cubrir largas distancias para comparecer ante él por el solo hecho de habérsele formulado una demanda de la que puede resultar absuelto. Por otra parte, aunque el territorio fuere reducido, la densidad de población y la multiplicidad de litigios pueden perturbar gravemente la función del juez, por la imposibilidad de examinarlos y resolverlos con la atención debida. Necesario es entonces arbitrar un medio que facilite la tarea del juez, y ese medio es la regulación de la competencia. b) En la primera situación, es decir, un territorio demasiado extenso, la solución más fácil consiste en dividirlo en secciones, colocando un juez en cada una de ellas, el cual ejercerá dentro de su circunscripción respectiva la plenitud de la jurisdicción. Esta es la primera forma de división del trabajo y, en su virtud, las personas se encuentran sometidas a la jurisdicción del juez de su domicilio, y las cosas al del lugar de su situación. Por consiguiente, habrá varios jueces cuyas facultades jurisdiccionales serán las mismas pero con distinta competencia territorial." (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Ediar, 1957, 2ª ed. T. II, p. 508/509; el subrayado nos pertenece). Prosigue el tratadista exponiendo que: "... la competencia territorial tiene por límite el territorio que se le ha asignado y la jurisdicción se ejerce sobre las personas y cosas existentes en el mismo... Al establecer el principio de que el juez tiene competencia para conocer de las cuestiones que afectan a las personas domiciliadas o cosas situadas en el territorio, la ley presume que aquéllas eligen tácitamente en sus relaciones civiles, el lugar donde deban ventilarse las cuestiones judiciales que en ellas se originan. Así, siendo cada uno absolutamente libre de elegir su domicilio, no hay duda que al hacerlo entiende someterse a la jurisdicción del juez del territorio respectivo..." (pág. 516).-

Pues bien, como derivación estricta del referido art. 5º de la Constitución Nacional que estatuye el derecho de las provincias a estructurar la organización del servicio de justicia, y en conexión estrecha con los preceptos de igual raigambre que consagran la autonomía de los estados provinciales (arts. 121 y 122), el texto constitucional local dispone en los arts. 161 y 153 el ámbito de actuación propio y reservado a la jurisdicción provincial, mientras que plasma en el art. 5º la prohibición (entre otros) a los magistrados de delegar y/o arrogarse funciones.-

Observada la intervención de la Sra. Juez Dra. Ponce en su confronte con estos imperativos constitucionales, en aquellos procesos incoados contra entidades cuyas casas centrales y sucursales aparecen radicadas fuera de nuestros límites territoriales o de esa circunscripción juidicial, en pos de obtener el recupero de fondos depositados en las mismas como consecuencia de las operatorias bancarias y financieras realizadas, y cuyo cumplimiento o lugar de pago remite, también, a domicilios foráneos al de esta provincia o a esa circunscripción judicial, debe colegirse sin hesitación que su actuación vulnera el art. 161 en cuanto que, como juez letrado de la Provincia le es asignado el conocimiento y decisión de las causas "...siempre que aquéllas o las personas se hallen sometidas a la jurisdicción provincial"; y el art. 5º que proscribe a los magistrados "...arrogarse, atribuir, ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que en consecuencia se dicten", lo que paralelamente trasunta violación del deber de sujeción a la ley impuesta por el constituyente al establecer que "La ley determinará el orden jerárquico, la competencia, las atribuciones, las obligaciones y la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, y reglará la forma en que habrán de actuar y aplicar el ordenamiento jurídico".-

También se ha apartado la magistrada del art. 3 de la Ley Provincial 4297, que fija las reglas para la determinación del órgano judicial que resulta competente para entender en las acciones de amparo que se interpongan en el ámbito de la justicia provincial.-

El mencionado art. 3 dispone que: "La acción de amparo podrá deducirse ante cualquier Juez letrado sin distinción de fuero o instancia, del lugar en que el acto tenga, deba o pueda tener efecto y sin formalidad alguna...", norma de estricta concordancia con el art. 161 de la CP citado. De modo que, sin mengua de la previsión contenida en el art. 19 de la Constitución Provincial en punto a la denominada "competencia universal", conforme a la ley reglamentaria debe apreciarse que no puede extenderse su aplicación fuera de los límites por ella marcados, donde operan otros tribunales llamados a conocer de los asuntos en razón del territorio.-

En ese sentido, los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación surge que la acción de amparo debe ser sustanciada en la jurisdicción donde el acto atacado ha sido emitido y tendrá sus efectos (Fallos 323:2016).

La comprobación del ostensible apartamiento reiterado de la Dra. Estela Amelia Ponce de la normativa que le da sustento legal a sus potestades funcionales, no se altera por la eventual posibilidad de prorrogar la competencia territorial, en la medida que tal excepción sólo podría operar cuando razones extraordinarias demuestren la conveniencia de flexibilizar el ámbito de actuación a los fines de garantizar la accesibilidad de los particulares a los órganos jurisdiccionales, que por razones de distancia puede verse comprometida, y no a efectos de eludir sistemáticamente la actuación del tribunal que legalmente debe hacerlo.-

Tampoco resulta atendible el argumento de que la actuación del Tribunal obedece a la disposición del art. 17 de la ley provincial 4297 que establece: "...no podrán articularse cuestiones de competencia...", ya que resulta obvio que ella inequívocamente alude a peticiones partivas, previsión que tiene como meta evitar dilaciones al trámite ágil y expeditivo que signa la naturaleza de estas acciones, y presupone que el juez del amparo cumplimentó con la obligación legal de examinar su competencia "in liminis litis" (Conf. STJ Chaco, in re "BBVA Banco Francés s/ Acción de Amparo", Sent. 176/02, 23/04/02), para lo cual, de modo principal, se debe acudir a la exposición de los hechos de la demanda (Fallos 315:2300), de los que, en estos casos, surgía incontrastablemente su pertenencia a otra jurisdicción, no obstante lo cual la magistrada prefirió intervenir, inclusive en desmedro de la legalidad.-

Es más, la inconsistencia de la fundamentación vertida para abonar su competencia, que más que una exposición de la normativa o de las razones por las cuales resultaba habilitado para ejercer la jurisdicción en el caso concreto, en puridad refleja su omisión o abstención de abocarse ex officio a dicho estudio, cuando pudo y debió analizar si su intervención no se encontraba excluida por el derecho atribuido legalmente a otro órgano jurisdiccional. Resultando, asimismo, incongruente la referencia a los arts. 8, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", cuyas previsiones en torno a la protección de los derechos en modo alguno establecen que los procesos tramiten ante cualquier tribunal, sino que contrariamente consagran el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías "...por un juez o tribunal competente", como el "...derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes...".-

No se nos escapa los profundos cambios que se advierten en el sistema de justicia, como consecuencia de las transformaciones que día a día sufre nuestra sociedad, y que ello exige cada vez más imperiosamente la figura protagónica del juez en el proceso, sinceramente comprometido con las necesidades comunitarias. Tampoco podemos negarle su rol de creador del derecho en el caso concreto. Pero sí lo que afirmamos, es que esa tarea, si bien amplia, debe ser guiada por pautas razonables, teniendo como marco por un costado la ley y por el otro los hechos comprobados en la causa. Pueden los jueces llenar los vacíos de las leyes, que no siempre son suficientemente explícitas por utilizar fórmulas abiertas, sin embargo, no pueden interpretar contra ella, ya que esto implicaría una invasión de poderes no admitida en nuestro sistema republicano de gobierno.-

En este sentido expresa Roberto Berizonce ("El Activismo de los Jueces", en L.L. 1990-E-934 y sgtes.), que: "...Conviene señalar que toda tarea de interpretación contiene, en cierta medida, un acto de creación. No es este el sentido aquí otorgado al término interpretación ni se equiparan sus alcances a la labor del Poder Legislativo. La expresión tiene un significado diferente y apunta a considerar la tarea judicial como un acto de descubrimiento del derecho en cada caso concreto. El juez no puede transformarse en legislador, pero sí puede (y debe) interpretar creativamente la norma y de esta forma inteligirla, esclarecerla, eventualmente integrarla, enriquecerla hasta transformarla, pero jamás estatuirla por que ello es misión indelegable de la ley. Conforme lo sostenido, queda claro que los jueces no están facultados de ninguna manera para sustituir al legislador sino para aplicar la norma, tal como éste la concibió imprimiéndole un carácter actual y dinámico si las circunstancias del caso así lo exigieran".-

En tales condiciones, el cúmulo de infracciones cometidas en este aspecto por la Sra. Juez Correccional de Charata Dra. Estela Amelia Ponce, actuando como Juez Subrogante en lo Civil y Comercial de esa ciudad, superan el marco de lo tolerable, lo cual autoriza su juzgamiento, ya que suponer que toda resolución jurisdiccional, por disparatada que sea, es opinable por ser el derecho una ciencia diversa de las llamadas exactas -aún tratándose de manifestaciones realizadas por personalidades ilustres, pero formuladas en ocasión y circunstancias poco propicias- constituye un equívoco inadmisible en el que no cabe incurrir en este caso, y habida cuenta que los errores verificados superaron holgadamente lo razonable, vulnerando disposiciones legales y causando evidentes perjuicios a la administración de justicia, permiten presuponer la pérdida de su imparcialidad (Cfr. Balestrini, in re Expte. 2636-D-93, según cita de Hidalgo en "Controles Constitucionales sobre Funcionarios y Magistrados", p.121 y 136 p.17).-
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