La camara de diputados de la provincia del chaco






descargar 36.69 Kb.
títuloLa camara de diputados de la provincia del chaco
fecha de publicación14.09.2015
tamaño36.69 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos




Provincia del Chaco

CAMARA DE DIPUTADOS

Bloque Libres del Sur
_____________________________________________________________________________________________



LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1º.- Convócase al Pueblo de la Provincia del Chaco a Consulta Popular en los términos del artículo 2º, inciso 2) de la Constitución Provincial 1957- 1994 y la Ley Nº 4313, a fin de que manifieste su conformidad o rechazo respecto a los acuerdos de exploración conjunta y eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278.-
ARTICULO 2º.- Serán de aplicación a los efectos regulatorios de la Consulta Popular las disposiciones de la Ley Electoral vigente en todo cuanto resultare compatible con la naturaleza del acto comicial convocado y las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 3º.-  A los efectos del pronunciamiento popular serán impresas y puestas a disposición de los electores en el cuarto oscuro dos boletas, conforme a los diseños que se adjuntan como Anexo I de la presente, las que consignarán en letra bien visible y en mayúsculas con tipografía de un mínimo de diez (10 cm) centímetros una de ellas la opción del "SI" y la otra la opción del "NO" y debajo de las mismas el siguiente texto: "estoy de acuerdo con los acuerdos de exploración conjunta y eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278”.-
ARTÍCULO 4º.- El texto de la consulta sobre la cual se requiere pronunciamiento popular deberá publicarse por cinco (5) días y dentro de los últimos treinta (30) días anteriores a la fecha de realización del acto comicial en al menos dos (2) diarios de mayor circulación provincial y en dos (2) medios de comunicación audiovisual del medio local de idéntico tenor y por cualquier otro medio idóneo que garantice la mayor difusión.
ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo garantizará con una antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha prevista para la realización del acto comicial una amplia y equitativa difusión en los medios masivos de comunicación de los argumentos que sustentan las opciones a favor del “SI” y a favor del “NO” a que se refiere el artículo 3º de la presente ley

El resultado de la consulta deberá darse a publicidad dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la realización de la misma.

ARTÍCULO 6º: El Poder Ejecutivo realizará las previsiones y adecuaciones presupuestarias correspondientes para atender los gastos que demande la ejecución de la consulta popular.
ARTICULO 7º: De forma.

F U N D A M EN T O S

El presente proyecto de ley tiene como objeto convocar al Pueblo de la Provincia del Chaco a Consulta Popular en los términos del artículo 2º, inciso 2) de la Constitución Provincial 1957- 1994 y la Ley Nº 4313, a fin de que manifieste su conformidad o rechazo respecto a los acuerdos de exploración conjunta, eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278.-

Dicha consulta popular se plantea en el marco actual del problemático, debatido y cuestionado proceso de provincialización de los hidrocarburos en la Argentina.

Es la propiedad pública del subsuelo (derivada del sistema regalista español) lo que habilita la intervención del Estado, y por ende, su accionar: estatizar y centralizar recursos y mercado. La intervención del Estado en un país federal promueve la unificación de la Nación.

En consecuencia, se puede afirmar que ha sido la herencia española la que actuó como freno histórico a la privatización del subsuelo. Sin embargo, producto del igualmente heredado atraso del sistema mercantilista español y de la victoria relativa del mitrismo durante el siglo XIX (a pesar de la unificación de 1880) las provincias se constituyeron en enclaves desconectados entre sí, sin un mercado unificado que las contuviera y controlara.

Resuelto como siempre y descartando de plano la privatización del subsuelo, el liberalismo argentino supo aprovechar esa debilidad. Trasladó la discusión sobre la conveniencia de la propiedad pública o privada del subsuelo a cuál de los dos ámbitos del Estado le correspondía su dominio, si a la nación o a las provincias. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del régimen de tierras, donde el propietario de la superficie constituye un contrapeso más que poderoso frente al avance de una eventual nacionalización, en el régimen de subsuelos -al no existir propietarios interesados en frenar dicho avance-, resultaba perentorio inventar una barrera lo suficientemente poderosa como para neutralizar al enemigo número uno, el Estado Nacional.

Por lo tanto, desde nuestra visión, la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración, encuentra su sustento en dos hechos: 1) cada intento de un gobierno democrático y popular de llevar adelante una política unificadora y estatizadora se ha tenido que enfrentar a las voces provinciales (incluida la porteña) que manifestaban el sofisma de la federalización para debilitar dicha acción; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la provincialización de los activos de YPF. No sólo eso, sino que para consumar la privatización se debió entregar la propiedad de los hidrocarburos a las provincias. En este sentido, Daniel Montamat, señala: “la necesidad de lograr las mayorías legislativas para aprobar la privatización de la petrolera estatal llevó al gobierno a conciliar sus intereses respecto de YPF con la histórica reivindicación de los Estados hidrocarburíferos sobre la propiedad de los yacimientos. Así surge la ley 24.145 de “federalización” de los hidrocarburos y privatización de YPF”.

La década del noventa y primeros años del nuevo siglo, significaron la aplicación de un programa político y socioeconómico neoliberal, cuyas principales medidas fueron: la igualdad de tratamiento al capital nacional y extranjero, dictándose las normas reglamentarias tendientes a facilitar la remisión de utilidades. Se derogó el requerimiento de la previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional para las inversiones de capitales extranjeros en el país. Se desregularon los principales mercados agropecuarios, la disolución de los organismos de control y regulación de mercados y juntas concentradoras, sumado todo a la suspensión y eliminación de los regímenes de promoción industrial y los subsidios a las exportaciones. En materia de comercio exterior, paralelamente a la drástica caída de los aranceles de importación, se encaró un profundo proceso de apertura externa con el fin de desmantelar el modelo de sustitución de exportaciones. Y para coronar la obra destructiva, privatización-desnacionalización masiva de ferrocarriles, teléfonos, aerolíneas, puertos, caminos, transporte marítimo, obras sanitarias, talleres navales, fabricaciones militares, finanzas, acero, electricidad, petroquímica e hidrocarburos.

En relación a estos últimos, el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las Leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las Leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas claves del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la reforma a la Constitución Nacional en 1994 y la inserción del artículo 124 que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos.

El mencionado artículo expresa que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Cabe recordar, el encendido debate en el seno de la Convención Constituyente acerca del alcance que debía tener el artículo 124. Hubo dos posiciones. La primera sostenía que debía reconocerse a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. La segunda, que además del dominio originario de los recursos naturales se les debía reconocer la jurisdicción. Finalmente, (...) la discusión se saldó en favor del dictamen minoritario, que sostenía que el reconocimiento a las provincias debía hacerse respecto del dominio originario sobre los recursos naturales y no sobre la jurisdicción".

El 3 de enero de 2007 se promulgó la Ley 26.197 que legitima el artículo 1 de la ley de Privatización de YPF SE y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos. De ahora en adelante “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”.

Las provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración (Autoridad de Aplicación) sobre los yacimientos presentes en sus territorios. Estarán además facultadas para ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de las concesiones o contratos de exploración y/o explotación; exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información y pago de cánones y regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y aplicar sanciones de multa, caducidad, etc. conforme el régimen previsto en la Ley 17.319.

La denominada “ley corta” pretendía llenar el vacio legal que plateaba el artículo 124 de la Constitución Nacional al sostener el "dominio originario de los recursos naturales" en el territorio de las provincias.

La justificación de la sanción de la norma se baso en que las provincias tenían el dominio por la Constitución pero no por la Ley 17.319. Así interpretaba que la Constitución al hablar de "dominio", involucraba la administración y jurisdicción.

El artículo modificado de la Ley de Hidrocarburos señalaba en su artículo 1º que "los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional", con el nuevo texto el artículo 1º agrega "o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren".

Y para evitar confusiones detalla a párrafo seguido que "Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental.

Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968". Por lo tanto, al Estado Nacional sólo le queda la función de "diseñar las políticas energéticas a nivel federal".

Es así, que en nombre de un supuesto federalismo, se termino sancionando una demanda histórica de las petroleras de nuestro país y la paradoja de otorgar la posibilidad de administración de hidrocarburos a provincias que no tienen medios para explotarlos, por lo que otorgan concesiones.

La Argentina desplazó al Estado Nacional como propietario del dominio original y útil de los hidrocarburos, como autoridad concedente, controladora, fiscalizadora y policial.
La política petrolera argentina depende de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy, provincias cuya población representa menos del 15% del país (INDEC Censo Nacional de 2001). Las diez cuentan con regímenes jurídicos y la mayoría con empresas de hidrocarburos propias; todas se congregan en una Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),

Las provincias mencionadas se encuentran en estadios avanzados de negociaciones, licitaciones y prórrogas de las áreas revertidas por el decreto 546/2003, las concesiones otorgadas durante el menemismo y nuevos bloques. Los pliegos permitirán a las operadoras extraer hidrocarburos hasta el agotamiento definitivo de los yacimientos, sin importar los márgenes que deje a la provincia o al Estado nacional, ni quién los extraiga ni por cuánto tiempo, pues las elites provinciales ganan cuando ganan las operadoras (el win-win tan promocionado por los gurúes del marketing internacional).

La provincialización en la Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas), la aglutinación de naciones en bloques culturales, político-económicos y hasta militares.

Nuestro país viene perdiendo desde 1999 a razón de una nueva empresa provincial por año, con el expreso fin de sacar una migaja de la renta y negociar con monstruos internacionales lo poco que nos resta de hidrocarburos. Y lo que es más grave aún, la provincialización en la Argentina también marcha a contramano del proceso de unificación política y energética en Sudamérica.

La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico auto-limitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta.

La provincialización conlleva además un anacronismo histórico sumamente perjudicial a la integridad nacional.

En este contexto, los mecanismos de participación ciudadana y popular, representan una herramienta válida para abordar un tema tan importante como los acuerdos de exploración conjunta, eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.

Cabe recordar, que con la reforma Constitucional del año 1994, se introducen en nuestra Constitución Provincial mecanismos de democracia participativa: la iniciativa popular, consulta popular y revocatoria de mandatos, determinadas en el artículo 2º de la Carta Magna. La misma reforma, contempla en su artículo 38º Ecología y ambiente, el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para reservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo,  y en su articulo 41º Recursos naturales, reconoce la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio. Podrá realizar por sí, o convenir, previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la legislatura, actividades de prospección, cateo, exploración, identificación, extracción, explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando el monto de las regalías o contribuciones por percibir.

Recientemente, tomando como marco las leyes nacionales Nº 26.197 y 17.319, sus modificatorias y complementarias de la ley provincial Nº 6278, el Decreto Nº 1884/2008 y la resolución Nº 0496 del Ministerio de Infraestructura Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente se convocó a empresas interesadas en desarrollar exploración en una o varias áreas hidrocarburíferas.

La posibilidad de encontrar yacimientos que permitan la explotación de hidrocarburos dentro del territorio provincial ofrece al Pueblo de la Provincia una oportunidad histórica  de contar con recursos de importante cuantía y valor. Sin embargo, en el desarrollo de las actividades de exploración, explotación, industrialización, almacenaje, transporte, y comercialización de dichos recursos, pueden verse afectados los intereses y derechos contemplados en el Art. 38 mencionado precedentemente y en el Art. 37 Pueblos indígenas, ya que distintas áreas de explotación afectarían territorios pertenecientes a las comunidades de Pueblos Originarios. Es así, que se hace necesario extender al conjunto de la población el debate sobre dicha exploración.

En la  Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la misma indica que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda”, también en la Agenda 21 se señala que “uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participación de la opinión publica en la adopción de decisiones”.

La implementación del Sistema de Audiencias Publicas previsto en Ley provincial Nº 4654,  para informar distintos aspectos de tan trascendental decisión no agota, a nuestro entender, el derecho a la información ambiental, contemplado en el Art. 41 de la Constitución Nacional, expresado en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y por la Agenda 21.

La posibilidad que el pueblo chaqueño se exprese mediante un mecanismo de participación y democracia directa, es una necesidad impostergable y cuenta con el antecedente del derecto Nº 0406/94, que concocaba a consulta popular, para la aprobación de la enmienda del artículo 49 de la Constitución Provincial. Asimismo, acompañan este antecedente las consultas populares realizadas en la Provincia de Misiones en el año 1996 respecto de construir la represa hidroeléctrica de Corpus o la que se realizó en la ciudad de Esquel en el año 2003, respecto de la instalación de un emprendimiento para la explotación minera. Otros antecedentes a tener presente es el que se  realizo en el año 2007 donde los vecinos se manifestaron sobre el manejo del agua en Córdoba.

Los derechos del pueblo sobre sus recursos naturales estratégicos y las perspectivas de su explotación deben estar encuadrados desde la perspectiva de los derechos ambientales consagrados tanto en la Constitución nacional como la Provincial y por los limites de un desarrollo sustentable, que preserve  y defienda los interese del pueblo en su conjunto y no en detrimento de él.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

ANEXO I





“estoy de acuerdo con los acuerdos de exploración conjunta y eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278”






NO

“estoy de acuerdo con los acuerdos de exploración conjunta y eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278”









Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

La camara de diputados de la provincia del chaco iconImpuesto de sellos. Provincia de Chaco. Ley de coparticipación federal....

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl senado y camara de diputados de la provincia de mendoza

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl senado y camara de diputados de la provincia de mendoza

La camara de diputados de la provincia del chaco iconHonorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

La camara de diputados de la provincia del chaco icon"charole, orlando c/poder ejecutivo de la provincia del chaco y/o...

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl senado y la camara de diputados de la provincia, sancionan con fuerza de

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de

La camara de diputados de la provincia del chaco iconEl senado y cámara de diputados de la provincia de buenos aires, sancionan con fuerza de






© 2015
contactos
ley.exam-10.com