Y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva






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fecha de publicación06.06.2015
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SOLICITANTE

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Juzgado: Juzgado

Tal como se expone en la Exposición de motivos de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Tal como se indica en el art. 6 de la citada ley:
El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:
1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

Asimismo se establece en el Artículo 36. Reintegro económico.
2. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley.
Tal como se indica la finalidad de la concesión del beneficio de Justicia gratuita es el de permitir la tutela judicial efectiva y esa tutela judicial efectiva se extiende no tan solo a los procedimientos penales sino a los civiles, y entre estos últimos los procedimientos de apremio tal como han sido considerados doctrinalmente los procedimientos de ejecución hipotecaria.
En Menorca se ha denegado en numerosos casos a los solicitantes incluso tramitar la petición inicial por parte del personal adscrito de la Comisión, o posteriormente, por los abogados designados señalando que en los procedimientos de ejecución hipotecaria la pretensión es insostenible dejando a los ejecutados sin asistencia jurídica.
Obviamente el denegar desde el primer momento y negarse a aceptar una petición de un solicitante supone cercenar de raíz y desde el inicio un Derecho fundamental dado que con ello se evita la posibilidad de poder interponer los recursos que en derecho puedan corresponder al ciudadano a los efectos de control judicial de dicha denegación. Por tanto las personas responsables de los procedimientos deberían admitir la petición de los ciudadanos en los procedimientos de ejecución hipotecaria y no negar desde el primer momento ese derecho en base a consideraciones particulares que no estén soportadas en documento alguno y frente a las cuales no se pueda llevar a cabo ningún recurso.
Es evidente que una persona sin conocimientos jurídicos, ni matemáticos y con nulos conocimientos de los requisitos procesales y materiales no puede revisar ni comprobar si el procedimiento de ejecución se realiza de acuerdo a la legalidad. Y esa función de tutela y de supervisión de la corrección del procedimiento no puede llevarla a cabo el ejecutado por sí mismo sino que debe ser objeto de tutela por un abogado porque así lo requiere el derecho a la tutela judicial efectiva.
Piénsese en casos reales en los que por ejemplo el señalamiento de subasta no ha sido notificado en el plazo de veinte días de antelación o que no se informe al afectado en el requerimiento judicial de pago que puede rehabilitar la operación pagando las cuotas vencidas o no satisfechas, o que no se haya aportado la primera copia de la escritura sino una segunda o posterior copia o que la entidad ejecutante haya cedido el crédito hipotecario a un tercero sin comunicarlo al juzgado o que, exista alguna vulneración de la Ley en la subasta ( piénsese por ejemplo en la interposición de sociedades interpuestas para adjudicarse el inmueble por el 50% del valor de tasación y no por el 60% tal como establece la Ley) o que la liquidación de intereses y costas no se corresponda con lo pactado.
Esa función de supervisión del procedimiento y de tutela de los derechos del justiciable es tan necesaria, o incluso más aún, en la fase declarativa como en un procedimiento de ejecución hipotecaria. SI los beneficiosos efectos derivados de la concesión de la justicia gratuita no se extinguen en el caso de un procedimiento declarativo por el simple hecho de llegarse a la fase de apremio no se entiende que se deniegue la posibilidad de concesión en los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que la situación del solicitante es desesperada.
Por otra parte aún en la hipótesis de que se considerara, erróneamente, y con vulneración manifiesta del derecho a la tutela judicial efectiva que no es posible otorgar la asistencia jurídica en los procedimientos de ejecución hipotecaria lo cierto es que según el art. 36 de la citada Ley el reconocimiento del derecho tiene una indudable trascendencia en la condena en costas al impedir su reclamación en un plazo de tres años motivo más que suficiente para que se otorgara dicho beneficio. Porque si hay algo que revela la situación económica insostenible de una familia es la de tener que afrontar una ejecución hipotecaria.

Por todo lo anterior

SOLICITO
1. Que se proceda a tramitar la concesión del Derecho a la asistencia jurídica y que caso de serme denegado el Derecho a plantear dicha petición se me comunique formalmente.

2. Que se me reconozca el derecho a la asistencia juridica gratuita.
Maó, 28 de junio de 2012
Fdo.


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