Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII legislatura






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Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 25 de abril de 2013

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución, en materia de telecomunicaciones, discusión



El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

En estos términos, de la fracción e) del artículo 72, es que se da esta discusión. Tiene el uso de la voz don Julio César Moreno para ilustrar a la asamblea respecto de este trámite.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy se somete a discusión y, en su caso, aprobación la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que de ser aprobada sentará las bases para que nuestro país se encuentre a la vanguardia en el campo de las telecomunicaciones dentro del contexto de un mundo globalizado.

No cabe duda que, desde el primer momento en que se comenzó a discutir el tema de telecomunicaciones en el seno de esta soberanía, teníamos conocimiento de que en nuestras manos se encontraba una de las reformas más trascendentales de esta Legislatura, ya que los intereses que se trastocaron no son menores.

Y es por ello que, el trabajo legislativo que hasta hoy se ha realizado en ambas Cámaras ha tenido como única finalidad lograr una profunda transformación en esta materia en beneficio de todos.

Por ello, a lo largo de este proceso legislativo hemos tenido presente que las telecomunicaciones fortalecen todo Estado democrático, porque permiten el acceso a una dimensión inacabable de información, de conocimiento, de aprendizaje, de nuevas capacidades y a posibilidades inmensas de comunicación con otras personas e instituciones.

En este sentido, esta Cámara de Diputados creó una reforma completa que no dejó nada a la desatención, sino por el contrario, previo los elementos indispensables para fortalecer el derecho a la información y las tecnologías, a través de la creación de organismos especializados que con su función, lograrán que el sector de telecomunicaciones sea estable y robusto.

Por ello, celebramos que el Senado de la República se sume al espíritu de la reforma aprobada en esta Cámara, fruto del consenso y del trabajo de las comisiones y el pleno de ambas Cámaras al incluir lo siguiente:

Se específica que el organismo público de telecomunicaciones que preste el servicio de radiodifusión será un organismo descentralizado. Se incluye dentro del concepto de concesiones sociales a las comunitarias e indígenas. Se incorporan como contrapesos a los órganos de IFETEL y el de Comisión Federal de Competencia Económica, los que deberán presentar un informe de actividad trimestral. Se establece que por falta grave los comisionados de los órganos puedan ser removidos de su cargo.

Asimismo, se señala que cada órgano deberá contar con una contraloría interna. En los servicios de telecomunicaciones se precisa que los mismos se prestarán en condiciones de acceso libre y sin injerencias arbitrarias, sin confundir esta expresión con la gratuidad de los servicios. Se establece que el IFETEL fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, previa opinión de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días.

En materia de amparo, las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Solamente en las resoluciones que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. Por lo cual se daría una suspensión de hecho, ya que será hasta que el juicio de amparo culmine con una resolución que las sanciones puedan aplicarse.

Respecto de las resoluciones emanadas del procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrán impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que no debemos dejar de lado que nuestra nación se encuentre atrasada en lo referente a procesos transformadores, generando así el estancamiento y retraso de diversos sectores de nuestra sociedad, ya no podemos esperar ante un mundo cada día más globalizado y con una evolución tecnológica incesante en la que impera la innovación.

Los legisladores como representantes del pueblo debemos de estar conscientes del control que se debe ejerce sobre el servicio de televisión y telefonía, sectores que desde hace décadas se encuentran intactos sin ser objeto de reforma alguna, por lo que proponemos actualizarnos mediante una expansión del mercado que permita una participación más amplia de diversos grupos, lo que se reflejará directamente en la economía de cada mexicano, quien podrá elegir entre las diversas opciones que se le presenten teniendo acceso a tecnologías de punta y contenidos de calidad en las transmisiones.

De este modo, con reglas claras y abiertas, con una autoridad fortalecida, con límites a la concentración, con obligaciones bien establecidas en cuanto a calidad, costo y continuidad de los servicios, las telecomunicaciones cumplirán mejor su papel dinamizador de la economía y la participación social en el desarrollo nacional.

Señores legisladores, los invito a votar a favor del contenido de esta minuta, ya que en materia de telecomunicaciones no podemos darnos el lujo de permanecer en el estancamiento.

Tengamos presente que la pluralidad de opinión, así como la calidad de los servicios y contenidos, nos reflejará como una sociedad más competitiva. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Luis Antonio González Roldán, ha declinado; doña Lilia Aguilar Gil –le pregunto–, tiene usted el uso de la voz. Declina también. Don Ricardo Mejía Berdeja declina. No. Pase usted.

Esta Presidencia saluda rápidamente a alumnos del cuarto semestre de la Universidad de Guadalajara, invitados por la diputada Celia Gauna.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, es lamentable ser testigo de la abdicación que se vive en esta Cámara. Mientras en el Senado se dieron la oportunidad de convocar a foros, discutir con especialistas, turnar esta reforma a diferentes comisiones, aquí se canceló el debate y se violaron procedimientos parlamentarios.

Los diputados y las diputadas de los grupos mayoritarios abdicaron a su función representativa y a su encomienda como Cámara del pueblo de México. Así lo hicieron con esta reforma de telecomunicaciones como con la reforma laboral y la reforma educativa. Y así lo harán seguramente con otras reformas entreguistas como la reforma energética.

Ayer, a propósito de un punto de acuerdo de la reforma a los artículos 25 y 26 constitucional, señalamos que sólo siete Legislaturas habían aprobado esta reforma que fue desde el 13 de diciembre. La Dirección de Proceso Legislativo nos informa que al día de hoy sólo van 13 Legislaturas.

Es decir, es una reforma constitucional que inició primero que todas y está ahí estancada durmiendo el sueño de los justos. No interesa porque quizá no hay facturas que pagar y por eso no hay la urgencia en los trámites parlamentarios.

Hemos criticado que esta Cámara se ha convertido en una oficialía de partes, pero desafortunadamente la están convirtiendo ya en una ventanilla de Trámites. El Senado de la República se ostenta ya como el único contrapeso en la República e incluso se da el lujo de proponer reformas en materia de deuda cuando no tiene facultades para ello, según el artículo 72 en su inciso h).

Pero esto es producto de la inacción de esta Cámara del pueblo de México. Y es que de manera centralista con el Pacto por México, se imponen leyes, se pisotean procedimientos parlamentarios e incluso se dicta línea para reprimir movimientos sociales, se manosea la Constitución sin recato y sin técnica parlamentaria ni legislativa.

El Pacto es un instrumento excluyente y entreguista, un supremo poder conservador y es la palanca de la restauración autoritaria del PRI de hoy.

Por eso nos llama la atención que hay quien se duele de los excesos de su socio en el Pacto, me refiero al PAN y al PRD, sin embargo ahí están. Por eso decíamos que se enojan en el día y se contentan en  la noche.

Es como una relación sádico masoquista en el que uno golpea y el otro se regocija en el sufrimiento. Por eso decimos que es la hora de las definiciones políticas.

Su primer producto, la reforma educativa, ha generado más problemas que soluciones. No hay un nuevo modelo educativo en el país, lo que hay es el modelo Acteal de Emilio Chuayffet para reprimir a los maestros y atenazar a los gobernadores para que den línea en los congresos locales.

En Guerrero, como en Acteal, Chuayffet sabía lo que podía pasar y forzaba imponer una ley y siguió adelante.

Mientras a unos maestros se les criminaliza o se les lleva al borde de la desesperación social, otro maestro, Humberto Moreira es comisionado del SNTE y disfruta una beca en España, mientras saqueó por 40 mil millones de pesos al estado de Coahuila.

Esto es en el Pacto por México y la reforma que hoy discutimos, la de telecomunicaciones, no evade esta circunstancia.

Hemos dicho que no es más que un trueque entre Slim, que podrá invertir ahora en televisión y Azcárraga que podrá invertir ahora en telefonía. Y ¿dónde queda el pueblo de México?  Los servicios son los peores y los más caros y ahí no se hizo nada para resolverlo.

Hemos dicho que el Senado abrió la discusión pero también tuvo retrocesos. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para ser comisionado de esa institución, se bajó a un año como requisito de no haber sido procurador general de la república, diputado federal, diputado local, jefe de gobierno o gobernador. Es decir ¿qué se va a construir un Pritel, como tenemos ya una Pridesol? ¿Habrá línea o ya hay dados cargados hacia algunos comisionados?

Sigue interviniendo el Banco de México y el INEGI en este consejo. En la inversión extranjera se sigue manteniendo al 100 por ciento y lo hemos señalado que esto es parte de la extranjerización de la vida nacional. Ya hoy hay críticas muy fuertes a la reforma al artículo 27. Ayer pasó un poco de noche, pero la gente ya se está dando cuenta de este crimen a los bienes nacionales.

Por todas estas razones, ratificamos nuestro voto en contra de la reforma constitucional. No se establecieron –concluyo, Presidente, eran 10 minutos por ser reforma constitucional– porcentajes para las radios comunitarias; simplemente se mencionó pero no hay porcentajes.

Por todas estas razones vamos a votar en contra e invitamos a los legisladores nacionalistas y progresistas del país a votar en contra de esta reforma. No es la gran reforma como se ha querido vender, no es la caída del muro de Berlín ni es algo que se le parezca. Es un parto de los montes para seguir beneficiando a grupos oligopólicos en México.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Federico González Luna Bueno, tiene usted el uso de la voz. ¿No está don Federico? Declina. Doña Roxana Luna Porquillo.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Está culminando el proceso deliberativo en el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal establecía, en términos generales, aspectos medulares de la reforma desde un punto de vista institucional, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el Organismo Público de Radiodifusión sin fines de lucro, los tribunales especializados y otros.

Sin embargo, la propuesta presidencial requería del aporte del Constituyente Permanente para incorporar diversas demandas sociales siempre postergadas por el poder político. Diversos diputados, diputadas y senadores del Partido de la Revolución Democrática hicimos énfasis en la importancia de incluir dichas demandas sociales en la reforma constitucional y no postergarlas a una eventual adición en la legislación secundaria.

Dentro de dichas demandas sociales que hoy están en la minuta para su aprobación en este dictamen, están las siguientes: primero, el que los medios de uso social incluyan expresamente a los medios comunitarios e indígenas. Esto debido a que al día de hoy los medios de comunicación comunitarios tales como radios comunitarias o no existían o estaban por desaparecer.

Por su parte, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener sus medios propios de comunicación había sido una ilusión constitucional por no existir una figura jurídica que les diera vida.

Esta reforma obligará a que al elaborar la ley secundaria se prevea un proceso simplificado para la existencia de los medios sociales para permitir la viabilidad financiera, y todo esto pueda contribuir a la pluralidad.

2o. El reconocimiento del derecho de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones.

Las audiencias en México hemos carecido de los derechos elementales como radioescuchas y televidentes. Las audiencias hemos estado a merced de los buenos o malos contenidos que los concesionarios y permisionarios difunden a través de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación.

Por otro parte, los usuarios de las telecomunicaciones hemos tenido derecho como cualquier consumidor, sin importar la experiencia comparada desde que diversos derechos se adicionan, y los específicos para los usuarios de telecomunicaciones.

Por lo cual, esta reforma constitucional, además del reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios en telecomunicaciones, busca materializarlos y hacerlos realidad al ordenar al Congreso de la Unión a legislar lo necesario para incluso, establecer los mecanismos de protección efectiva.

3o. El derecho de los gobernados a tener un acceso a las telecomunicaciones libre y sin injerencias de arbitrajes fue incorporado. Esta precisión es importante, toda vez que en otros países el acceso especialmente de internet, se había visto por razones de índole político o comercial, con una notoria afectación a los derechos humanos de los gobernados.

En este sentido, incluir la obligación del Estado de garantizar el acceso libre y sin injerencias arbitrarias se rige como un reconocimiento más pleno de la evolución de los derechos humanos en la era digital.

4o. La necesaria rendición de cuentas de los órganos reguladores de telecomunicaciones y de competencia económica fue un hecho explícito en la minuta derivada de la Cámara de Senadores, con lo cual se obliga a los titulares de dicho órgano que comparezcan ante la Cámara del Congreso de la Unión, amén de las obligaciones que se incluyan en las leyes reglamentarias para asegurar la transparencia y una efectiva rendición de cuentas.

La reforma constitucional que está aprobándose finalmente en este Congreso de la Unión pasará a las legislaturas locales, quienes lo tendrán que aprobar o, en su caso, ratificar.

Esto es solo el principio porque en la tarea del Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones y competencia económica continuará a marchas forzadas, siempre con el compromiso de velar por el interés público, con lo cual los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor y reiteramos nuestro compromiso irrestricto por incluir todas las disposiciones legales para la igualdad en el acceso de telecomunicaciones, radiodifusión e internet, para reflejar las necesidades de las minerías y los grupos vulnerables, y lograr que no sólo estén las demandas legítimas del sector privado, sino que también y en primer lugar esté el ciudadano de a pie, considerado como el beneficiario principal y directo de esta legislación a emitirse. Es cuanto, señor presidente.
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