Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, jueves 15 de octubre de 2009,

Facundo Rosas dirigió operativo del sábado

Sin novedad, reportan policías que ocupan LFC

Gustavo Castillo García

El operativo para la toma y vigilancia de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, así como las labores de observación para que la Policía Federal (PF) actuara sin que hubiera violencia el pasado 10 de octubre, estuvieron a cargo de Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la corporación, y de Rafael Avilés Avilés, quien fue secretario interino de Seguridad Pública en el Distrito Federal en 1996.

Rosas Rosas ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal: fue subsecretario de derechos humanos y ocupó distintos puestos en la extinta Agencia Federal de Investigación.

El actual comisionado general de la PF ha sido señalado como responsable de haber invitado a trabajar a la SSP federal a la ex agente Lorena González, quien está sujeta a proceso penal por su presunta participación en el plagio del joven Fernando Martí, pepetrado en 2008.

De acuerdo con reportes oficiales, en el tiempo en que Facundo Rosas fungió como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, en 2007, fue cuando logró que Lorena González ingresara a la coordinación de inteligencia con el cargo de subdirectora de área.

En el caso de Rafael Avilés, se le ha mencionado en distintas referencias periodísticas como integrante de una de las cofradías de la policía capitalina con vínculos con ex agentes federales. Durante 2006 se desempeñó como titular de la policía capitalina, tras la salida de David Garay Maldonado.

En la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en 2005 Rafael Avilés fue director general de acciones preventivas, área de nueva creación cuya función era realizar tareas de inteligencia contra narcomenudistas que operaban en el Distrito Federal.

Este miércoles, la SSP federal mantuvo un reporte de sin novedad en la ocupación de las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro donde, según las fuentes consultadas, no hubo ningún incidente con trabajadores electricistas.
La Jornada, jueves 15 de octubre de 2009,

Respeto a la ley, piden al Ejecutivo senadores de PRD, PRI y PT

Exigirán a Hacienda explicar de dónde pagará liquidaciones

Enrique Méndez, Roberto Garduño, Andrea Becerril, Alma Muñoz, Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Al continuar ayer la discusión sobre la decisión del gobierno federal de liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe acerca del impacto que tendrá esa medida y que explique de dónde obtendrá los 20 mil millones de pesos que destinará al pago de liquidaciones de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En el Senado, PRD, PRI y PT exigieron al gobierno de Felipe Calderón que se conduzca dentro del marco de la ley y deje de violentar las garantías constitucionales de los empleados.

Enviar a la Policía Federal a que saque de sus casas y mediante el uso de la fuerza a los técnicos electricistas para que atiendan emergencias es un delito que no debe permitirse, advirtieron.

Por separado, el diputado federal y líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) Francisco Hernández Juárez calificó al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de mañoso y mentiroso. Explicó que recibió una llamada telefónica del funcionario, quien le cuestionó que apoyara a Martín Esparza, cuando éste había hablado mal de mí.

Señaló que diputados de varias corrientes esperan sacar adelante el acuerdo para interponer la controversia constitucional contra el decreto que determina la liquidación de LFC.

En el PRD se informó que de un análisis realizado por Hernández Juárez se desprende que hay inconsistencias e irregularidades en el decreto de extinción de LFC, además de violaciones a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, como la ausencia de un dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para terminar la relación laboral.

Durante la sesión en San Lázaro el presidente de la Comisión de Presupuesto, el priísta Luis Videgaray, propuso que Hacienda explique cómo afectará la extinción de LFC el paquete económico enviado por el Ejecutivo el 8 de septiembre pasado, donde se consideraba la existencia de la empresa en 2010. Sin discusión, la comisión aprobó la propuesta.

Acerca de la denuncia del SME de que algunos trabajadores han sido obligados por la Policía Federal a colaborar con la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de energía eléctrica, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, sostuvo que hay un ambiente de crispación por haber echado a la calle a 42 mil trabajadores y, de persistir en presiones indebidas, puede desbordarse la inconformidad social.

El perredista Arturo Núñez señaló que Calderón sigue actuando como un delincuente que se ampara en la oscuridad para cometer ilícitos, y demuestra que actuaron de forma precipitada, pues carecen del personal necesario para situaciones imprevistas y para prestar el servicio de electricidad en el centro del país.

El senador priísta Francisco Arroyo calificó de preocupante la acusación del SME y dijo que si se comprueba, debe denunciarlo ante las autoridades competentes. El coordinador del PT, Ricardo Monreal, señaló que Calderón actúa como un hampón, sin tomar en cuenta la irritación que existe entre la ciudadanía por el golpe al SME, lo que se agrava con la pretensión de obligar a los sindicalizados a colaborar en la empresa de la que fueron despedidos.
La Jornada, jueves 15 de octubre de 2009,

Bancos recibieron el lunes los pagos de 30 mil recibos de luz: ABM

Distribuye el gobierno cheques para indemnizar a casi 44 mil trabajadores

Víctor Cardoso

El gobierno federal, por conducto del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), distribuyó 43 mil 728 cheques con las indemnizaciones de igual número de trabajadores sindicalizados de la liquidada Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como 783 correspondientes a empleados de confianza.

Paralelamente, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps González, informó que tan sólo el pasado lunes esos establecimientos recibieron el pago de 30 mil recibos de luz, sin cobrar comisiones ni recargos en los casos de retraso.

El SAE informó ayer que los cheques con las liquidaciones de los trabajadores de LFC, emitidos por Banjército, fueron remitidos en su totalidad a los 20 módulos de atención, vía empresas especializadas en transportación de valores.

Al inicio del proceso de entrega de los cheques de liquidación, dijo el organismo, se presentaron algunos problemas en los sistemas informáticos, que se han venido solucionando a lo largo del día. Los 20 módulos dispuestos para este efecto abrieron a las nueve horas, como estaba previsto, y el personal asignado para la atención de los trabajadores inició la distribución de fichas numeradas en tanto se superaban algunas eventualidades técnicas que se presentaron, lo que ha permitido agilizar los trámites.

No obstante, el SAE no informó sobre el número de empleados que habrían aceptado recibir sus liquidaciones. Según el organismo, en los mismos módulos se realiza el pago a los beneficiarios de las pensiones alimentarias de los trabajadores.

Recepción de pagos

Ayer por la tarde, en conferencia de prensa, se preguntó a Deschamps González sobre la participación del sistema bancario en la liquidación de LFC.

La extinción de la compañía paraestatal, reiteró, supone la eliminación del alto impacto que tenían los contribuyentes para sostener la operación de una empresa inviable, que requería urgentemente cambios de fondo para volverse más eficiente y empezar a orientarla a los estándares de competitividad que se requieren en el país.

El sector bancario, añadió, confía en que el proceso de liquidación se aplique dentro del marco de la legalidad y respeto a los derechos de los trabajadores.

Acerca de la recepción de pagos por el servicio eléctrico, Deschamps González expresó que los reciben 14 bancos.

El dirigente de la agrupación añadió que en los casos en que existe retraso no hay sanciones o cargos por comisiones, lo cual incluye a quienes no son clientes de la institución respectiva.

Mencionó que estos pagos seguirán recibiéndose en tanto se normaliza la situación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asume los cobros de los recibos en el centro del país.

En la región de operaciones de LFC los usuarios pueden pagar sus recibos en las sucursales de los bancos BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Ixe, Inbursa, Afirme, Mifel, Azteca, Bajío, Multiva y Banjército.
La Jornada, viernes 16 de octubre de 2009,

Explorarán opciones de reinserción laboral, informa Bucareli

Se instala hoy mesa de diálogo entre gobierno y electricistas

Alonso Urrutia, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La Secretaría de Gobernación confirmó anoche que hoy al mediodía quedará instalada una mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Precisó que las pláticas tendrán el propósito de explorar alternativas de reinserción laboral y productiva y velar por el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Horas después que el SME anunció la instalación de dicha mesa y luego de que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) emitió un comunicado para expresar su beneplácito por el acuerdo, Gobernación formalizó el anuncio, argumentando que esa mesa formaba parte del decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Gobernación refrendó su voluntad de diálogo para atender las inquietudes de los ex trabajadores y sus representantes. Refirió que desde el pasado domingo se iniciaron los contactos con los líderes sindicales.

Expuso que el secretario Fernando Gómez Mont recibió a los dirigentes, incluidos Martín Esparza y Alejando Muñoz.

A diferencia de los anuncios del SME y el gobierno capitalino, la dependencia federal omitió toda referencia a cualquier instancia de mediación u observación que se habían venido manejando: la Comisión de Energía del Senado y el propio GDF.

La información dada a conocer por la dependencia afirmó que la posibilidad de instalar la mesa de diálogo fue notificada a los dirigentes electricistas por la mañana.

Sin embargo, a lo largo del día la historia fue diferente, pues en el Senado la Comisión de Energía había insistido desde el mediodía en la necesidad de instalar un esquema de negociación entre las partes, lo que se trabajó por la tarde en Bucareli.

De manera simultánea con la marcha convocada por el SME, Gómez Mont y la Comisión de Energía del Senado se reunieron en Bucareli para discutir sobre la instalación de la mesa de diálogo. Aunque oficialmente no se hizo pública ninguna postura, al término de la reunión se sabía de avances importantes y que sólo faltaba el aval de la dirigencia sindical.

En principio, el gobierno dio su anuencia a la instalación de una mesa de diálogo con el sindicato sobre la base de que no habría marcha atrás al decreto de extinción de la LFC, sino que se tratarían temas colaterales (liquidaciones, recontrataciones, entre otros).

Un aspecto pendiente fue la definición del mediador: el Senado o el GDF, de acuerdo con una nueva propuesta sindical.

Los senadores Rubén Camarillo (panista) y Graco Ramírez (perredista) confirmaron que hubieron avances importantes en la reunión efectuada en las oficinas del Palacio de Covián.

La reunión duró poco más de una hora y se efectuó en una secretaría virtualmente sitiada por el despliegue de la Policía Federal para salvaguardar la seguridad durante las horas de la manifestación de los electricistas.

La postura de la Comisión de Energía del Senado sobre la necesidad de la instalación de una mesa de diálogo fue avalada por Gómez Mont, quien respondió de inmediato a esta iniciativa de dichos senadores, y los citó a reunión, que se efectuó a las 18 horas.

El priísta Francisco Labastida, quien un día antes se mostró pesimista de que legisladores actuaran como mediadores, ayer comentó que es un buen indicio que la plática sea con el secretario de Gobernación, ya que no sólo es cabeza del sector energético, sino además coordinador del gabinete presidencial.

A su vez, el perredista Graco Ramírez resaltó que es de vital importancia que se instale esta mesa de diálogo para que el conflicto no vaya hacia la confrontación, sino al consenso.

En tanto, el panista Rubén Camarillo expresó también su disposición a que el Senado medie y se logre que ambas partes comiencen a dialogar. Sostuvo que fue muy constructivo haber escuchado de viva voz y sin ruido en medio lo que piensan los dirigentes sindicales.
La Jornada, viernes 16 de octubre de 2009,

Se responsabiliza al sindicato, pero no se habla del subsidio a grandes empresas: PRD

Analizarán diputados si presentan una controversia contra la liquidación de LFC

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados conformará un grupo de trabajo que estudie la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial por el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Al presentar el punto de acuerdo, negociado antes con el PRI, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) argumentó que si bien el decreto señala razones económicas para la liquidación de LFC, éstas se enfocan a responsabilizar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) pero esconde, por ejemplo, que los subsidios crecieron anualmente porque éstos se dirigieron a vender 42 por ciento más barata la energía a las grandes empresas.

Lo que nunca se dice en el decreto es que Luz y Fuerza compra caro el kilovatio-hora (kvh) a la Comisión Federal de Electricidad y que la Secretaría de Hacienda la obliga a venderla barato. De manera tendenciosa, en los gobiernos del PAN, el kvh se compró a CFE en 1.50 pesos y se vendió a la industria a 89 centavos. Es decir, se subsidió a la industria con unos 60 centavos por kvh, casi 42 por ciento de su costo, explicó.

Ésta es, señaló, una de las razones perversas de por qué el gobierno federal subsidia a LFC, sin considerar que decenas de oficinas públicas y la propia residencia oficial de Los Pinos no pagan por el servicio de energía.

“Entonces –abundó–, vale la pregunta: ¿quién realmente fue originario del quebranto financiero de la compañía? Que se deslinden responsabilidades y no se satanice al sindicato. Por eso, que el gobierno asuma una actitud tan ligera en una institución a la cual debe mucho el sindicalismo mexicano y la formación de la República en la era moderna, habla de la poca conciencia de la derecha.”

Al argumentar el voto de su fracción en favor, el coordinador del PT, Pedro Vázquez González, planteó que el propósito de iniciar la controversia es que la Suprema Corte anule el decreto de extinción, en virtud de que conculca la facultad del Congreso, establecida en el artículo 72, fracción X, para legislar en toda la República en materia de energía eléctrica.

En ejercicio de esa facultad, manifestó, el Congreso tiene la responsabilidad de constituir los organismos que se encarguen del manejo de las áreas estratégicas de la economía nacional, entre éstas el sector eléctrico, como indica el artículo 28 constitucional, párrafo quinto.

Los diputados del PT manifestamos nuestras fundadas preocupaciones para que no continúe, de manera simultánea, la violación de las garantías individuales de los trabajadores y de las leyes secundarias, expresó.

La diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD) llamó a los legisladores de los otros partidos a no ser cómplices de esta canallada, de este acto dictatorial del Ejecutivo. Detrás de la desaparición de Luz y Fuerza, señaló, está la entrega de soberanía y la tentación de vender nuestro país, de impulsar una reforma para entregar la electricidad, primero, y el petróleo después.

El panista Roberto Gil sostuvo que con el decreto se adoptó una decisión postergada durante cuatro años; refirió que su bancada respaldó la propuesta porque está segura de la constitucionalidad y legalidad de la decisión. Una duda histórica hizo ineficiente a Luz y Fuerza. Una decisión histórica ha resuelto el problema, afirmó.

Carlos Flores Rico expresó las reservas del PRI sobre la decisión de Felipe Calderón, no sólo porque se trata de un asunto delicado, sino porque se afectó el principio de empresa pública, que no debe ser sujeta ni materia de denostación, porque el hecho de que una, dos o tres estén mal dirigidas, no cancela este concepto de la administración pública ni su papel en la construcción de un país de igualdad y justicia.

El priísta matizó que la postura del PRI no busca defender al SME como tal. Defendemos, más que a un sindicato en lo individual o en lo específico, el principio del sindicalismo, el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos libres e independientes, autónomos de la autoridad y sujetos al estado de derecho, aseguró.
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