Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, viernes 30 de octubre de 2009,

Grupo plural analiza posibles escenarios

Diputados acuerdan hoy si procede controversia

Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Jornada

Viernes 30 de octubre de 2009, p. 10

El grupo plural encargado de revisar la viabilidad de iniciar una acción jurídica por el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) determinará este viernes si procede la controversia constitucional contra la determinación del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los legisladores, encabezados por el priísta Alfonso Navarrete Prida, concluyeron antier que no procederá la acción de inconstitucionalidad, motivo por el cual hoy debatirán si es viable que el órgano legislativo presente una controversia constitucional.

Navarrete Prida dio a conocer que el grupo de trabajo ya recibió los comentarios de los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acerca de la liquidación, y falta discutir la naturaleza jurídica de la determinación del Ejecutivo.

Ésta será la penúltima reunión que tendrá esta comisión. La última será para ponernos de acuerdo en qué información se llevará al pleno, por conducto de la Junta de Coordinación Política. La de hoy será una discusión sería, de fondo, técnica, sin prejuzgar, en la cual lo que valga sean los argumentos jurídicos en este caso.

Al preguntarle cuál sería la ruta legal en caso de aceptarse la viabilidad de la controversia constitucional, Navarrete Prida respondió: Los únicos legitimados para poderla presentar serán el presidente de la Junta de Coordinación Política, por conducto de la dirección deneral jurídica. Ellos tendrían que elaborarla una vez que los argumentos estén presentados y se apruebe por el pleno.

–¿El sindicato, a través de un despacho de abogados, ya presentó un proyecto de controversia? –se le preguntó.

–Son los derechos de terceros que tienen ellos en materia de amparo, que siempre han estado a salvo. Habría una instancia de control constitucional como es la controversia, que corresponde a la Cámara de Diputados, que no tiene que ver con los derechos de los trabajadores que podrían haber sido violados y que serían materia de un amparo.

Ayer el grupo plural recibió a una comisión de representantes del SME para escuchar los argumentos de esa organización acerca del decreto de extinción.

A esto se sumó la información proporcionada por el Ejecutivo federal, organizaciones sociales y los análisis elaborados por la dirección general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados.

Por separado, legisladores priístas sostuvieron un encuentro privado con Martín Esparza y un grupo de líderes de SME.

El representante de ese partido, Héctor Pablo Ramírez, refirió que con la documentación enviada por el Ejecutivo federal y la que aportaron los integrantes del grupo plural se podrá normar el criterio para entregar, a más tardar el 5 de noviembre, los resultados del análisis a la Junta de Coordinación Política.
La Jornada, viernes 30 de octubre de 2009,

La secretaria asegura que 40 por ciento de los trabajadores han aceptado su liquidación

Kessel no descarta responsabilidad de funcionarios en la ineficiencia de LFC

Israel Rodríguez

La Jornada

Viernes 30 de octubre de 2009, p. 11

La secretaria de Energía, Georgina Kessel, afirmó que la administración de Luz y Fuerza del Centro (LFC) se hacía de manera combinada por la empresa y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lo cual, añadió, no exculpa a los directivos de la ineficiencia de ese organismo, pero no informó si existe alguna investigación, responsabilidad o indagatoria contra los mismos.

Aseguró que LFC incumplía sistemáticamente con los plazos fijados para la atención de las solicitudes de servicio, lo cual ocasionó que el valor económico de la energía no suministrada alcanzara 8 mil 200 millones de dólares al año, cifra cercana a un punto del producto interno bruto (PIB).

El incumplimiento en la dotación de servicio eléctrico inhibió durante 2008 la creación de 187 mil 650 empleos en la zona centro del país, en sectores como desarrollo de vivienda y construcción de centros comerciales, agregó.

Ahora, abundó Kessel, los desarrolladores de vivienda, quienes desean construir un centro comercial o tener una nueva industria en la zona centro del país se podrán acoger a lo dispuesto por el reglamento de aportaciones vigente.

Lo anterior significa que cuando hay una nueva solicitud de servicio, el inversionista tendrá que hacer una aportación con el fin de que la CFE realice la interconexión a las líneas de transmisión.

En conferencia de prensa, ayer por la tarde, aseguró que 40 por ciento de los electricistas han aceptado su liquidación.

Sobre el número de trabajadores que serán recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), expresó es algo que todavía se analiza.

La funcionaria estuvo acompañada por el subsecretario de Energía, Banjamín Contreras, y el coordinador comercial de la CFE, Enrique Vargas Nieto.

Este último señaló que desde el 23 de octubre se incrementó el número de centros de atención a fallas, de nueve a 32.

Se han atendido más de 7 mil quejas colectivas y cerca de 2 mil individuales, señaló, y se han solucionado más de 9 mil reportes de falta de suministro.

Los centros de atención telefónica (071) cuentan con más de 400 ejecutivos de atención y mil 344 líneas. Éstos han atendido más de 700 mil llamadas, apuntó.

Vargas Nieto informó que todos los compromisos de pago, adeudos y atención de proveedores de la extinta LFC (recibos de pago, pagarés, convenios) serán exigibles por conducto del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en los términos y las condiciones que éste disponga.
La Jornada, sábado 31 de octubre de 2009,

La JFCA deberá abstenerse de dictar hoy laudo sobre la terminación de relaciones laborales

Concede juez federal al SME suspensión provisional contra la extinción de LFC

La resolución no afecta el proceso de liquidación voluntaria, señala la Secretaría del Trabajo

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2009, p. 8

Un juzgado federal admitió la demanda de amparo colectivo presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y concedió la suspensión provisional solicitada.

De acuerdo con la orden del juzgado, difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá abstenerse de dictar resolución o laudo este sábado acerca de la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que la suspensión provisional no afecta el procedimiento de terminación de relaciones de trabajo que se tramitan en la JFCA ni el proceso de liquidación voluntaria.

Aseveró que la medida provisional no impide que la audiencia programada para este sábado se celebre en todas sus etapas hasta cerrar la instrucción. Lo único que no deberá hacer la junta –agregó– es dictar la resolución de fondo en tanto el juez no resuelva sobre la suspensión definitiva, el viernes 6 de noviembre.

Abogados del SME afirmaron que la suspensión beneficia a cada trabajador que haya interpuesto el amparo, por lo que no debe haber declaración de terminación de relación laboral mientras no se resuelve el amparo de fondo, relativo a la constitucionalidad del decreto presidencial.

Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero del centro auxiliar de la primera región, notificó al SME y a sus integrantes que admitió a trámite la demanda de amparo presentada por sus representantes legales y por trabajadores de LFC contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, consistentes en la emisión del decreto que declara la extinción de la empresa.

Se determinó conceder la suspensión provisional para que aun cuando continúe el procedimiento iniciado con la presentación del aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador de LFC, la JFCA se abstenga de dictar resolución en el procedimiento laboral.
La Jornada, sábado 31 de octubre de 2009,

Controversia constitucional, lo más viable, dicen diputados

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2009, p. 8

El grupo de legisladores encargado de analizar la viabilidad de la acción jurídica contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro determinó que la acción más viable es interponer una controversia constitucional.

Sin embargo, ante la oposición del PAN, los diputados de PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia que integran dicho grupo anunciaron que la elaboración de la controversia se someterá a votación del pleno la próxima semana.

Este viernes, los legisladores determinaron no asumir una decisión concreta, sino esperar a que el próximo martes la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara presente una opinión, que permita al grupo de trabajo tomar una decisión definitiva el miércoles.

Durante su tercera reunión de trabajo, analizó los argumentos en favor y en contra de la presentación del recurso jurídico, a partir de la probable violación constitucional del Ejecutivo federal al decretar la extinción de la empresa sin considerar la opinión del Congreso.

Transgresión de la ley

El argumento que sustentaría la controversia se basa en que el presidente Felipe Calderón transgredió el artículo 73, fracción X, la cual establece como facultad exclusiva del Poder Legislativo la regulación de la actividad del servicio eléctrico.

También se argumentó que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de disponer sobre la extinción de empresas de carácter público, a partir de las disposiciones de los artículos 25, 26 , 27 y 28 de la Carta Magna que regulan y determinan las áreas estratégicas del Estado y que éstas se regulan por atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.

En contraste, el PAN defendió que la decisión de Calderón no violó el artículo 73 constitucional, al considerar que no se afectó la actividad eléctrica, la cual –señaló– sigue bajo el ejercicio exclusivo del Estado, sino sólo un organismo descentralizado.

Alfonso Navarrete Prida, coordinador del grupo, refirió que si persiste el diferendo, se presentarán dos posturas ante la Junta de Coordinación Política, para que los coordinadores determinen qué propuesta se llevará al pleno, donde se votará.

Juan Alberto Galván, director jurídico de la Cámara, confirmó que el plazo legal para interponer el recurso vence el 24 de noviembre, cuando terminan los 30 días hábiles definidos en la Constitución para iniciar una controversia.
La Jornada, sábado 31 de octubre de 2009,

Se inconforman por errores de cálculo, falta de pago de la última quincena y otros casos

Crece el número de reclamaciones de electricistas ante el organismo liquidador

Mujeres divorciadas que recibían pensión alimentaria han quedado en la indefensión: nadie les resuelve

Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2009, p. 9

A los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que por muy diversas razones accedieron a aceptar la liquidación les sobra tiempo y les falta dinero. Por esa razón, y aunque la oficina de reclamaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se abrió casi en sigilo esta semana, sólo ayer sumaron unas 300 personas en busca de respuestas y atención. El monto del finiquito, las dos semanas laboradas que no se les pagaron y las pensiones alimentarias son las demandas más frecuentes.

Este viernes además se presentaron otras personas: los proveedores de diversos servicios y artículos a los cuales LFC les adeuda. Todos se han visto literalmente ahorcados por la extinción de una compañía tradicionalmente tortuosa y lenta para saldar sus adeudos y ahora desde hace dos semanas cerrada. Les urge cobrar.

Así, en la avenida México-Coyoacán, muy cerca del hospital de Xoco, la información transmitida de boca en boca o por los propios trabajadores del SAE en los centros de liquidación ha provocado aglomeraciones, pues faltan prácticamente 10 días hábiles para que termine el plazo otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS) para obtener, además del finiquito, una compensación adicional.

Los casos más dramáticos están en las historias de aquellas mujeres divorciadas a quienes nadie les resuelve el pago de la pensión alimentaria. Y cada historia es singular. Perla Anaya ya recorrió las oficinas del SAE, también acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. Ayer tocó estas puertas, desesperada porque le exigen presentarse con su ex marido a realizar el trámite, pero él tiene una orden de restricción dictada por un juez y no puede acercársele y a ella le urge recibir dinero para atender no sólo la manutención de sus dos hijos sino los gastos para la operación urgente de uno de ellos.

Otros llegaron a formarse porque hicieron sus cuentas y no obstante la especificación de su categoría y antigüedad en los talones de pago presentados, descubrieron que sus cheques se emitieron sobre el salario del puesto anterior. Y muchos más acuden para reclamar el pago de las dos semanas adeudadas al momento del decreto de desaparición de la compañía, así como una serie de pagos adicionales (tiempo extra, bonificaciones, etcétera) no incluidos en los cálculos del finiquito.

Prácticamente todos han pasado por el trámite de acudir en primera instancia a las oficinas liquidadoras, donde se atiende de acuerdo con la inicial del apellido paterno. Se quejan porque cuando han mostrado inconformidad por el monto de los cheques, los empleados del SAE les recomiendan recibir el pago y luego interponer la queja correspondiente.

Uno de éstos, de apellido Sánchez, encaró al burócrata. Pues yo te recomiendo otra cosa: eliminen del convenio de terminación de la relación individual de trabajo la cláusula quinta donde se menciona que al aceptar la liquidación el trabajador no se reserva acción o derecho que ejercitar en contra del organismo descentralizado LFC, hoy extinguido, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ni de quien en su caso sus intereses representen, como se lee textualmente en el documento.

Como respuesta, el trabajador recibió un mohín de disgusto. El tiene estudios en derecho y dice tener muy clara la trampa detrás de ese consejo: si yo firmo estoy renunciando también a mis derechos de reclamación.

Una hoja tamaño carta sobre un pedazo de cartulina verde, muy cerca de la puerta de entrada a las oficinas de la avenida Coyoacán, tiene el siguiente aviso: Requisitos para aclaraciones y/o peticiones de Luz y Fuerza del Centro. Dirigir un escrito a: Luz y Fuerza del Centro (en liquidación) explicando todo lo relacionado con los pagos, material, jubilados, pensionados, etcétera, y anexar copias de todos los documentos que se relacionen con el asunto. Horarios: lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:00.

A un lado aparece el machote para elaborar esos escritos. Y, cómo no, en el puesto de periódicos y dulces instalado junto a esa oficina, ya venden copias del mismo, a tres pesos cada una.
La Jornada, sábado 31 de octubre de 2009,

SAE: 18,895 trabajadores han cobrado

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2009, p. 9

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, informa que ayer viernes acudieron a cobrar su liquidación 861 trabajadores, con lo que totalizan en forma acumulada 18 mil 895.

Este total representa 42.4 por ciento de la plantilla de la empresa, que asciende a poco más de 44 mil trabajadores.

En los 20 centros dispuestos para la liquidación de trabajadores el flujo aminoró este viernes, según los reportes oficiales.

El SAE precisó que las consultas en la página web para conocer los montos que le corresponden a cada trabajador llegó a 48 mil 199, mientras que 91 por ciento de los más de 22 mil trabajadores jubilados acudieron a cobrar su segunda quincena de este mes.








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