Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, jueves 29 de octubre de 2009,

Liquidados

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2009, p. 5

A 15 días del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, 16 mil 731 trabajadores han sido liquidados, informó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Esto significa que 37.6 por ciento de la fuerza laboral –sindicalizada y de confianza– aceptó los términos impuestos para finiquitarlos. En tanto, 27 mil 780 electricistas y sus familias completaron una quincena sin recibir ningún tipo de salario.
La Jornada, jueves 29 de octubre de 2009,

No existe ilegalidad alguna en la decisión del Presidente, dice

La Barra de Abogados da su aval a la desaparición de Luz y Fuerza

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2009, p. 6

La Barra Mexicana Colegio de Abogados avaló este miércoles el decreto presidencial por el que se extinguió la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), al señalar que la acción del gobierno de Felipe Calderón está fundada y motivada de manera exhaustiva y adecuada. No encuentra la Barra Mexicana motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad en el decreto.

El organismo que agrupa a los abogados de despachos privados más influyentes del país, así como a funcionarios y ex servidores públicos de los tres niveles de gobierno, destacó que existen jurisprudencias respecto de asuntos similares al de la extinción de Luz y Fuerza, que establecen que el Ejecutivo federal sí tiene facultades constitucionales para emitir ese tipo de ordenamientos.

Los tribunales federales han sostenido que la extinción de todo organismo público descentralizado implica la imposibilidad jurídica y material para continuar el vínculo laboral y, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, los trabajadores no podrán continuar prestando servicios, toda vez que el centro de labores no puede seguir operando por causas ajenas a la voluntad de las partes, como lo es la referida extinción, indicó la agrupación en un comunicado.

La Barra Mexicana en pocas ocasiones ha emitido pronunciamientos para exponer sus puntos de vista en casos de litigios importantes que se desahogan en los tribunales del país. En esta ocasión emitió un boletín informativo firmado por su presidente, el constitucionalista Carlos Loperena Ruiz, en el que se indica que en el caso de un conflicto laboral (por el tema de LFC) sería improcedente condenar a la reinstalación (de los trabajadores) por constituir una acción de imposible realización.

Asimismo, para la barra, “lo único que procede es la indemnización constitucional de tres meses de salario a que se refiere el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo, y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la misma ley.

Por analogía en caso de cierre de empresa o establecimiento, reducción definitiva de los trabajos o fuerza mayor y, en todo caso, al pago de 20 días por cada año de servicios a que se refieren los artículos 49 y 50 de la ley laboral invocada, como consecuencia del impedimento material para reanudar los trabajos, prestaciones que de antemano, según el decreto, se encuentran a disposición de los afectados, incluso en cantidades mayores a las que la ley dispone.

Agregó que “dentro de los alcances del decreto, no se puede deducir una sustitución patronal con la CFE puesto que, en primer lugar, no es ella la que se quedó con los bienes de la empresa, sino el liquidador, que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es natural que con posterioridad la CFE, cuando se concluya la liquidación de LFC, adquiera estos bienes, pero no habrá sustitución de patrón, pues las relaciones laborales se habrán extinguido, concluyó.
La Jornada, jueves 29 de octubre de 2009,

Se elabora un perfil de los puestos que serán necesarios en la zona centro, señala

Lozano: CFE no contratará a todos los trabajadores que acepten la liquidación

Comparecerá ante diputados en un marco de respeto entre instituciones y trato digno

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2009, p. 7

Con manifestaciones de confianza acerca de la legalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el secretario del Trabajo, Javier Lozano, afirmó que no todos los trabajadores que hayan cobrado su liquidación antes del 14 de noviembre serán contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Manifestó que ya se realiza un análisis del perfil de los puestos que serán necesarios para garantizar el suministro de energía eléctrica en el área que cubría LFC, y en los próximos días se empezará a llamar a las personas que se requieran.

Entrevistado cuando salió de la residencia oficial de Los Pinos, Lozano planteó que tras su fallida comparecencia en la Cámara de Diputados el jueves pasado, “regresaré cuantas veces me convoquen formalmente… yo creo en el intercambio de información, la rendición de cuentas y la colaboración entre poderes, pero siempre en un marco de respeto entre instituciones y de trato digno a las personas”.

Comentó que en el gobierno federal se tenía previsto que la determinación de liquidar LFC generaría reacciones, costos que pagar y consecuencias de todo tipo: económicas, políticas, sociales, jurídicas y hasta personales.

Afirmó que los costos son muy altos, pero los beneficios muchísimo mayores, y dijo confiar en que las manifestaciones de inconformidad de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se desarrollen en el marco de la ley.

Lozano comentó que hasta este jueves, más de 35 por ciento de ex trabajadores había acudido a solicitar su indemnización voluntaria y la compensación adicional. Aclaró que la liquidación no significa que el trabajador tenga asegurado un lugar para trabajar en la CFE.

En relación con quienes mantienen su rechazo a la indemnización, sostuvo que después de la audiencia que desahogará la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el próximo viernes, para decidir sobre la terminación de las relaciones laborales, los trabajadores contarán con dos años para reclamar su pago por el tiempo que hayan laborado y ya no incluye la compensación especial.

Reiteró su convicción y la del gobierno federal de que la extinción de LFC es legal y conveniente para la economía nacional y el interés público.

No habrá marcha atrás, aseveró, más bien queremos ver hacia adelante a fin de que los ciudadanos tengan el servicio de energía eléctrica que merecen en la zona centro del país y que los recursos fiscales se vayan a donde más se necesitan, no para estar sosteniendo ineficacias e insuficiencias, y tampoco abusos, corrupción o privilegios.
La Jornada, jueves 29 de octubre de 2009,

Denuncian cálculos erróneos, falta de pago de semanas laboradas y cobro de impuestos

Viven un calvario mujeres pensionadas y electricistas que buscan cobrar finiquitos

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2009, p. 7

Cientos de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que decidieron cobrar su liquidación han encontrado cálculos erróneos sobre el monto que les corresponde y omisiones en el pago del salario de las últimas dos semanas de labores. En tanto, las mujeres que reciben pensión alimentaria siguen sin poder cobrar la parte que les corresponde de la indemnización de sus ex esposos.

Además de que con la extinción de LFC nos dejaron sin trabajo y nos dieron un golpazo emocional y sicológico, para cobrar la liquidación te humillan, te hacen dar vueltas y vueltas de una oficina a otra, traer papeles y papeles, y lo único concreto es la desinformación y la confusión.

Así describieron varios trabajadores el vía crucis que viven en su intento por recibir sus cheques de liquidación.

Entrevistados mientras hacían fila (algunos durante tres horas) en la oficina ubicada en el número 318 de la avenida México-Coyoacán, varios electricistas denunciaron que los montos que les ofrecen están rasurados y las personas que los atienden argumentan que los descuentos son por concepto de impuestos.

El abogado laboralista Manuel Fuentes señaló que si bien la Ley Federal del Trabajo no prevé la imposición de gravámenes en las liquidaciones, existe una jurisprudencia avalada por la Secretaría de Hacienda y les llegan a descontar hasta 30 por ciento del monto que les corresponde. Hay patrones que asumen este pago de impuestos, otros no.

Pero no sólo los empleados de LFC van de un lado a otro elaborando escritos y oficios para que los localicen en el sistema de cómputo, también ex esposas de los trabajadores sufren el maltrato del gobierno. Algunas denunciaron que llevan más de 14 días sin cobrar la pensión alimentaria y carecen de lo indispensable para mantener a sus hijos.

Adriana Maya, madre de un menor de cinco años, refirió que en las oficinas de Chimalhuacán, en el estado de México, la enviaron al Distrito Federal y viceversa. “Estoy una vez más de vuelta para acá y no he logrado nada. Quiero saber si puedo cobrar. Estoy separada; él (su esposo) no quiere cobrar y me dice que resista; pero cómo decirle a un niño ‘resiste’ cuando no hay comida; quiero saber si yo puedo cobrar aunque él no lo haga.

Lo que hicieron fue criminal; nada más consideraron a 44 mil empleados y no a las mamás ni a los menores que se quedan sin alimento.

Gabriela Orozco exigió que le aclararan cómo puede cobrar la pensión alimentaria para su hijo. Estuvo formada tres horas y cuando entró a la oficina, en menos de cinco minutos le recibieron sus documentos y le dieron un teléfono para que llamara después.

Mi ex marido no quería cobrar, pero ya lo hizo y no me avisó. No sé si le descontaron lo que corresponde a su hijo y ahora tengo que arreglar esto sola. Me tenían que dar 20 por ciento de su liquidación. Debo pagar renta, colegiatura y servicios, y no recibo nada desde el 8 de octubre.

María de la Luz Calderón dijo que tampoco ha recibido su pensión y no aparece en las listas del banco donde le pagaban. Nos dan mal la información. En mi caso, mi marido (está separada) ya cobró y dice que no le descontaron lo mío.

Eduardo Delgadillo, con ocho años de antigüedad en LFC, y Juan Ruiz, con 17, afirmaron que las cuentas realizadas con base en los años que han laborado no corresponden con lo que les ofrecen. Los encargados de la liquidación explican que es por el cobro de impuestos.

Expusieron que no se incluyen las últimas dos semanas que trabajaron ni las vacaciones pendientes de disfrutar.

Insistieron en que las liquidaciones no son abultadas, como se dice. De aquí no vamos a salir millonarios, señaló Ruiz, quien calificó el proceso de cruel y engorroso. Llevamos dos semanas de papeleo estéril.

Joel Jiménez, quien laboraba en la central Necaxa y tiene 19 años de antigüedad, manifestó que el bono prometido te lo quitan por los impuestos; están haciendo cuentas brujas.

Rosendo Martínez Luna, jubilado de LFC, quien trabajó 30 años en la empresa, planteó que son más de 5 mil las mujeres que reciben pensión. Muchas son de edad avanzada y las traen de un lado a otro, a pesar de que algunas viven en otros estados.
La Jornada, viernes 30 de octubre de 2009,

Pretenden desmovilizarnos, pero no lo lograrán, señala Amezcua

Posponen decisión acerca del fin de relaciones laborales entre SME y LFC

Patricia Muñoz Ríos

La Jornada

Viernes 30 de octubre de 2009, p. 8

Con una maniobra política para intentar desmovilizar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) cambió para el sábado 31 la audiencia en la que decidirá sobre la terminación de relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), señaló el secretario del exterior del gremio, Fernando Amezcua.

Incluso la JFCA determinó que el sábado y hasta el domingo primero de noviembre serán considerados días hábiles para efectos de hacer la notificación al SME.

En conferencia de prensa, Amezcua sostuvo que desafortunadamente la JFCA responde a intereses políticos y no a los estrictamente legales, como le corresponde.

Refirió que esa instancia, que debía aplicar estrictamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), está a punto de avalar una total violación a la normatividad laboral, ya que con una arbitraria e ilegal maniobra del gobierno los trabajadores primero fueron sacados por la fuerza de las instalaciones de la empresa la noche del sábado 10 de octubre, y tres semanas después les van a notificar que están despedidos.

Esta es una total inconsistencia jurídica y lo saben las autoridades de la JFCA y de la Secretaría del Trabajo, aseguró. Señaló que ambas instancias actúan impunemente, porque se trata de una orden del gobierno federal contra el SME. Indicó que inicialmente la JFCA los citó a audiencia para el viernes 30 de octubre; sin embargo, como se anunció que asistirían los 44 mil trabajadores, más los 22 mil jubilados y sus familias, esta instancia curiosamente cambió la fecha y declaró hábil un día inhábil.

El cambio de fecha fue notificado al SME mediante un escueto oficio en el que no se ofrece explicación alguna. En el documento se deja en claro que en la audiencia sólo podrán estar presentes tres representantes del sindicato y tres del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Las autoridades creen que de esta forma van a desmovilizar a los trabajadores, que nos van a desincentivar para llevar la protesta ante esta instancia, pero se equivocan: ahí vamos a estar, aunque sea sábado, domingo o día festivo, aclaró el vocero del SME.

A su vez, la Secretaría del Trabajo emitió un comunicado en el que expone que el cambio de fecha de la sesión de la JFCA no obedece a ninguna estrategia política, sino a la intención de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de este órgano colegiado ante eventuales manifestaciones o protestas que también afecten a terceros.

Expuso que al difundirse que el SME convocó a un contingente numeroso para acudir a la JFCA el próximo 30 de octubre, día en que se celebraría la audiencia de ley en el procedimiento de terminación de las relaciones de trabajo, promovido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como liquidador de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se adoptó esa decisión para no entorpecer el normal desarrollo de sus actividades diarias.

Con esa medida, según la dependencia, “se logrará dar mejor atención al asunto, ya que será el único que se trate ese día y se realizará a puerta cerrada…”

Por otra parte, en cuanto a la demanda de amparo contra el despido injustificado de 44 mil trabajadores que el SME presentaría este viernes, Amezcua explicó que primero les deben notificar la terminación de las relaciones laborales, por lo cual se aplazó la interposición del recurso.

Comentó que el 5 de noviembre las organizaciones que participaron en la asamblea nacional representativa de la resistencia popular, convocada por el SME, se volverán a reunir para definir si se realiza un paro nacional.

Todas las organizaciones realizan asambleas y las bases decidirán si participan en una acción de esa naturaleza.
La Jornada, viernes 30 de octubre de 2009,

Otra juzgadora admitió el recurso de Esparza contra la negativa de toma de nota

Decidirá juez novata sobre el amparo contra el decreto de extinción de LFC

Nunca ha trabajado en casos de materia laboral; fue designada por sorteo para llevar el caso

Alfredo Méndez

La Jornada

Viernes 30 de octubre de 2009, p. 10

La demanda de amparo colectivo que presentó este miércoles el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial por el cual se declaró la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue asignada por sorteo al juzgado primero de distrito auxiliar en el Distrito Federal, a cargo de Guillermina Coutiño Mata, funcionaria del Poder Judicial Federal que carece de experiencia, pues fue nombrada juez hace cuatro meses.

Se trata de una servidora pública que, de acuerdo con información de su ficha biográfica –que puede consultarse en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal–, nunca ha trabajado en un juzgado o tribunal en materia laboral, sino exclusivamente en órganos jurisdiccionales del ramo administrativo.

Se prevé que este viernes la juez Coutiño decida si admite a trámite la demanda o la desecha.

Una vez que ordene iniciar el juicio se pronunciará sobre la suspensión del acto reclamado que solicitaron los quejosos para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no dicte la terminación inmediata de la relación laboral de los trabajadores con LFC, sino hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.

El constitucionalista Ignacio Burgoa hijo –quien redactó la demanda de amparo con los abogados Néstor de Buen y Raúl Carrancá y Rivas– manifestó a La Jornada que se entrevistó con Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante un acto público efectuado ayer en el estado de México, y refirió que el ministro le aseguró que durante una comunicación telefónica con la juez Coutiño le encargó que se dedicara de tiempo completo a resolver la demanda de garantías del SME.

Por otra parte, este jueves otra juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que presentó Martín Esparza, en la cual el dirigente sindical impugna la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a otorgarle la toma de nota como secretario general del SME.

De acuerdo con fuentes judiciales, Soledad Rodríguez, juez primera de distrito en materia de trabajo, notificó ayer que dio entrada a la demanda presentada el lunes anterior y emplazó a la STPS a que rinda sus informes justificatorios acerca de la negativa de toma de nota, la cual fue anunciada el 5 de octubre por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien argumentó supuestas irregularidades en la elección sindical.

No obstante, la juez Rodríguez negó la solicitud del quejoso para suspender provisionalmente la decisión de la STPS, con el argumento de que se trata de un acto negativo jurídico-laboral que es imposible suspender.

Mientras la juez resuelve el juicio de fondo y analiza la legalidad de la negativa de toma de nota (lo cual puede tardar dos meses), Esparza seguirá sin reconocimiento oficial.
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Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconFacultad de Filosofía y Humanidades. Carrera: Pedagogía en Filosofía. Curso: Psicología






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