Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, martes 27 de octubre de 2009,

La dependencia alertó al Ejecutivo sobre costos inevitables y posibles disturbios sociales

Contradice informe de la Sener las razones para extinguir Luz y Fuerza

El documento señala que la principal carga de la empresa no es resultado del contrato colectivo de trabajo, sino la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2009, p. 3

El presidente Felipe Calderón decidió emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) aun cuando la Secretaría de Energía (Sener) alertó que los costos asociados a esta propuesta desafortunadamente son inevitables, y que la liquidación de 44 mil 600 trabajadores podría implicar riesgos inminentes a la integridad física de las personas y de sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida.

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que el gobierno de Calderón clasificó como reservados por uno y 12 años, respectivamente, el subsecretario de Electricidad de la Sener, Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.

Al incluirse este factor, el costo de la operación de Luz y Fuerza se elevó ese año a 107 mil millones de pesos. En el discurso para justificar la desaparición de la empresa únicamente se ha considerado la carga económica que representa la fuerza laboral, cuando en realidad, y de acuerdo con el documento, el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales.

Los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: La Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible.

Calderón indica que, previo agotamiento de los requisitos legales y reglamentarios, decidió extinguir el organismo.

Ramírez Acuña no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida (PRI), ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.

Encargado de realizar el diagnóstico de la empresa para justificar su desaparición, Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente.

Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes.

En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables.

También anticipó el inicio de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza.

El Diagnóstico de Luz y Fuerza se centra en las cargas financieras resultado del contrato colectivo de trabajo, e incluso presenta una curva del crecimiento de nuevas plazas, que comenzó a repuntar en 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando había 35 mil trabajadores afiliados al SME, pero que registró su principal crecimiento en la administración de Vicente Fox, cuando había 41 mil. De 2006 a 2009, la planta laboral se incrementó en 3 mil 600 trabajadores.

Enfocado en atribuir la inviabilidad de la empresa a los beneficios laborales, el documento detalla con amplitud las prestaciones, pero omite las de los funcionarios de nivel directivo.

Incluye, por ejemplo, el apartado Inexistencia de multifuncionalidad de los trabajadores, donde se argumenta que, gracias a las cláusulas 10 y 17 del contrato colectivo de trabajo, todo empleo en Luz y Fuerza debe corresponder a una tarea o función productiva, lo cual permite que sólo realicen la actividad expresamente señalada en su puesto.

En ese extremo, añade: El chofer de una cuadrilla de trabajadores no tiene entre sus funciones cambiar una llanta, si ésta se poncha, o el personal que toma las lecturas en los medidores no puede entregar recibos.

Aun así, entre sus conclusiones reconoce que la principal carga financiera se debe a los cada vez más altos costos de venta de electricidad de CFE a Luz y Fuerza.

En este caso, informó que en 2008 la nómina, que incluye salarios más prestaciones, representó 15 por ciento del costo total del organismo, mientras que el pasivo laboral, donde se consideran pensiones, compensaciones por antigüedad, indemnizaciones y seguro sindical, constituyó 64 por ciento.

Incluyendo la energía comprada y el costo de combustibles, el costo total del organismo (costo total de explotación) en 2008 se incrementa en casi 2.5 veces, y como es de esperarse el porcentaje que representan la nómina y el pasivo laboral de los costos del organismo disminuyen a 6 y 27 por ciento, respectivamente, explica el documento.

Zonas críticas en el DF y zona conurbada

También, el diagnóstico, de 68 páginas, identifica 22 zonas críticas en el Distrito Federal y su zona conurbada, debido a que la demanda actual o pronosticada a corto plazo de consumo de energía eléctrica quedará rebasada por la capacidad instalada de infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión en subestaciones y redes de distribución.

El anexo 7 incluye la lista de esas zonas críticas: Corredor Reforma, Benito Juárez, Coapa-Culhuacán, Pachuca, Tula, Tepeji, Cartagena, Tecámac, Tizayuca, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Huehuetoca, Anáhuac, Chicoloapan-Aurora, Zaragoza, Juchitepec-Chalco, Totoltepec, San Carlos, San Cayetano, Tlaltelulco y Amomolulco.

Luz y Fuerza, resalta, no pudo cumplir con la demanda de instalación de redes y distribución de energía en el proyecto Ciudad Jardín Neza, y debió atender algunos proyectos con subestaciones móviles, con un costo de 534 millones de pesos.

Esa solución no puede considerarse permanente, por lo que en algún momento tendrán que realizarse las inversiones necesarias para realizar inversiones en la zona de influencia de Luz y Fuerza, indicó.
La Jornada, martes 27 de octubre de 2009,

Calderón y Colom hacen el anuncio; falla un transformador

Holgura de reservas de CFE permitirá vender energía barata a Guatemala

Claudia Herrera Beltrán

Enviada

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2009, p. 6

Retalhuleu, Guatemala, 26 de octubre. México venderá energía eléctrica más barata a Guatemala, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene holgura en sus reservas de hasta 40 por ciento.

El presidente Felipe Calderón hizo el anuncio y, junto con su colega guatemalteco, Álvaro Colom, inauguró la infraestructura de la interconexión eléctrica México-Guatemala, que en su primera etapa dará servicio a medio millón de personas.

Tres años después de que se iniciaron las obras, durante los gobiernos de Vicente Fox y de Óscar Berger, Calderón Hinojosa y Colom atestiguaron las pruebas de sincronización. La avería en un transformador aplazó para los siguientes días el inicio formal de la interconexión entre las subestaciones de Tapachula y de Retalhuleu.

Dicha línea de transmisión recorre más de 100 kilómetros entre México y Guatemala, tuvo un costo de 55 millones de dólares, provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y dota a Guatemala de 200 megavatios.

Al iniciar su gira de dos días por este país centroamericano, Calderón destacó que es un primer paso para cumplir con la construcción de un mercado eléctrico regional que vaya de México a Colombia, como parte del Plan Puebla-Panamá, rebautizado Proyecto Mesoamérica.

En la subestación eléctrica Los Brillantes, ubicada en este departamento guatemalteco, el presidente de Mexico se congratuló porque la interconexión es una buena noticia, tanto económica como política para ambos países.

En el caso de México, dijo  que la Comisión Federal de Electricidad obtendrá ingresos adicionales, una vez que ha realizado importantes inversiones para aumentar su capacidad.

Afirmó que la CFE tiene un margen de reserva, no sólo garante de lo que técnicamente se recomienda sino, incluso, con cierta holgura y suficiencia, un margen (...) que ha llegado por momentos a rondar 40 por ciento. Guatemala también se beneficiará, porque tendrá acceso a energía segura y más barata que no se usa en México, explicó.

Prometió trabajar codo con codo con los países de Centroamérica para dar seguridad energética a la región y fortalecer así el Proyecto Mesoamérica.

Colom señaló que esta obra abre una puerta fuera de serie para la región, quita un tabú y permite equilibrar los recursos energéticos de ambos países.

Finalmente, el mandatario propuso repetir la experiencia para rescatar las cuencas hídricas, los bosques y cuidar los siete territorios indígenas que comparten México y Guatemala, como Calakmul, Cuatro Balam o la selva Lacandona.
La Jornada, martes 27 de octubre de 2009,

Recupera la PGR 43 vehículos propiedad de Luz y Fuerza

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2009, p. 6

La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, recuperó 43 vehículos propiedad de Luz y Fuerza del Centro (LFC). El agente del Ministerio Público de la Federación, apoyado por elementos de la Policía Federal Ministerial, se presentó en el estacionamiento público ubicado en Humboldt 45, delegación Cuauhtémoc. Ahí fueron localizados y asegurados 43 vehículos automotores de las marcas Chevrolet Express Vam, Silverado, Chevy, Ford-250, Tsuru, Ford-Econoline, Renault Trafic Passenger, Datsun y Dodge Ram Express.
La Jornada, martes 27 de octubre de 2009,

Mil 977 trabajadores electricistas optaron ayer por ser liquidados

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2009, p. 6

Otros mil 977 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro optaron por su liquidación este lunes, con lo que suman 13 mil 721 en el proceso, informó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador de la paraestatal eléctrica. Desde el pasado 11 de octubre, cuando el gobierno federal decidió desaparecer la empresa, alrededor de 30 por ciento de los trabajadores han acudido a recibir su liquidación correspondiente en los 20 centros de atención para realizar el trámite, instalados en los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal. El SAE informó que en las liquidaciones aceptadas por los 13 mil 721 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro se incluye el apoyo adicional ofrecido por el gobierno federal. Asimismo, el funcionario dijo que el proceso de pago ha continuado sin incidentes.
La Jornada, martes 27 de octubre de 2009,

El ex procurador mexiquense encabeza al grupo legislativo que definirá el recurso más adecuado

La controversia constitucional es la opción para derogar el decreto sobre LFC: Navarrete Prida

Buscan que el gobierno entregue la información en que se basó para liquidar a la paraestatal

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2009, p. 7

En la primera reunión del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que definirá el recurso legal contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la diputación del PRI consideró que la opción más viable es la controversia constitucional.

Alfonso Navarrete Prida, quien coordina esa instancia legislativa, planteó que la acción de inconstitucionalidad sería cuesta arriba, porque para presentarla requeriría sumar el consenso de diputados y senadores.

Se dejó abierta la posibilidad de convocar a funcionarios del gobierno federal, e invitar a una representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para aportar información, ante la negativa de diputados del PAN de construir un acuerdo que obligara al grupo a tomar como base las opiniones de los trabajadores y de la administración de Felipe Calderón.

De inicio, el PAN pretendió limitar a tres las reuniones de trabajo antes de tomar una decisión y presentar una propuesta definitiva al pleno camaral. Francisco Hernández Juárez (PRD) planteó que ante la magnitud del conflicto, los diputados debemos ser generosos con el tiempo y no ser tan insensibles como para considerar que con dos o tres reuniones es suficiente.

Además, dijo, el conflicto no lo generaron la Cámara de Diputados ni los partidos, sino la insensibilidad del gobierno, y ahora nos hemos echado a cuestas contribuir a resolverlo y posiblemente quitarle al país un grave problema.

Tanto el líder de los telefonistas como los diputados Gerardo Sánchez (PRI), Ramón Jiménez (PRD) y Jaime Cárdenas Gracia (PT) plantearon la necesidad de escuchar a los trabajadores del SME, pero también requerir la información técnica en que se basó el decreto de extinción de Luz y Fuerza, y que el gobierno federal clasificó como reservada por 12 años.

No podemos de manera rígida, inflexible e insensible abordar un tema de interés nacional, que no se generó por una medida estrictamente jurídica, sino de una acción política irresponsable de Calderón, argumentó Ramón Jiménez.

Jaime Cárdenas planteó además que la Secretaría de la Función Pública debe explicar por qué avaló los resultados del convenio de productividad entre el SME y Luz y Fuerza en 2007, con el cual se demostró que la empresa sí cumplía con los requerimientos de productividad.

El panista Roberto Gil, quien ese año fungió como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, Germán Martínez, adujo que el grupo de trabajo no podía violar el mandato del pleno a este grupo de trabajo para recibir a los electricistas ni extralimitarse, pues sólo las comisiones ordinarias de la Cámara tienen la facultad de citar a comparecer a funcionarios públicos.

Además, sostuvo, la Auditoría Superior de la Federación recomendó en la revisión de la cuenta pública 2006 extinguir por decreto a Luz y Fuerza. En respuesta, Jaime Cárdenas sostuvo que las conclusiones del órgano fiscalizador se basaron en razones técnicas contables, y no en un análisis jurídico sobre las competencias del Ejecutivo o del Congreso.

Navarrete Prida pidió al grupo de trabajo facultarlo para gestionar ante el gobierno federal la entrega del diagnóstico de Luz y Fuerza elaborado por la Secretaría de Energía, y que sirvió de base técnica para el decreto presidencial de extinción de la empresa, para distribuirlo entre los legisladores.

Hernández Juárez entregó al grupo un documento con los fundamentos de la controversia constitucional, elaborado por un abogados que asesoran al SME.

Navarrete Prida aseguró que las conclusiones del grupo dejan a salvo los derechos de los afectados para que interpongan su juicio de garantías. Para que no parezca que nosotros hicimos una maniobra que les hizo nulo un derecho, pensando que somos instancia para resolver, acotó.
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