Núm. 171 Viernes, 3 de septiembre de 2010






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Núm. 171 Viernes, 3 de septiembre de 2010


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

DECRETO-LEY 2/2010, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis actual que ha afectado de manera general al sistema financiero ha tenido particular incidencia en el sector de las Cajas de Ahorros. Este sector ha estado sometido en los últimos tiempos a un importante proceso de transformación, que se ha caracterizado de forma particular por las fusiones entre distintas Cajas de Ahorros y la constitución de sistemas institucionales de protección, y que ha requerido, paralelamente, de una serie de modificaciones en el régimen jurídico de estas entidades, que en Castilla y León ha dado lugar a una serie de reformas puntuales del Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro.

En este mismo contexto, y en el ámbito estatal, el Gobierno de la Nación ha realizado una importante reforma de la normativa básica en la materia mediante el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, sobre Órganos de Gobierno y otros aspectos del Régimen Jurídico de las Cajas de Ahorros, dictado en virtud de las competencias que la Constitución, en su artículo 149.1, 6.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª, atribuye al Estado. Esta reforma tiene dos grandes objetivos. Por un lado, mejorar la capacidad de las Cajas de Ahorros de captar recursos en los mercados de capitales, en una situación económica en la que la adecuada capitalización de estas entidades resulta fundamental, para lo que se introduce una nueva regulación de las cuotas participativas y se diseñan alternativas institucionales de ejercicio por las Cajas de su actividad crediticia distintas del ejercicio directo. Por otro, ahondar en el proceso de profesionalización de los órganos rectores de las Cajas de Ahorros, objetivo que resulta fundamental para dotarlas de una estructura de gestión eficiente y libre de conflictos de interés, que permita a estas instituciones financieras afrontar con rigor las exigencias de la actual crisis.

Sin perjuicio de que algunas de las previsiones del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, resulten de inmediata aplicación a partir de su entrada en vigor, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia exige un urgente complemento autonómico de las nuevas disposiciones de carácter básico, sin el cual la reforma estatal no podría conseguir sus objetivos. De hecho, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Cajas de Ahorros, siempre en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado, conforme al apartado 19º del artículo 70.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Asimismo, le corresponde a esta Comunidad Autónoma el objetivo institucional de contribuir al fortalecimiento del sistema financiero de Castilla y León mediante el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del Estatuto de Autonomía.

La Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 11/2010 prevé un plazo máximo de seis meses para que las Comunidades Autónomas adapten su legislación al nuevo marco básico estatal. No obstante, la misma extraordinaria y urgente necesidad que motivó la utilización por el Gobierno de la Nación de la fórmula del Real Decreto-ley hace aconsejable que no se deba agotar ese plazo de seis meses para la adaptación de la normativa reguladora de las Cajas de Castilla y León a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2010. En efecto, resulta imprescindible completar lo antes posible el marco normativo de las Cajas de Ahorros de la Comunidad, para que éstas puedan llevar a cabo con la máxima seguridad jurídica los procesos de reestructuración en marcha y aprovechar de modo efectivo e inmediato el conjunto de reformas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2010, así como para permitir a las entidades que se doten con razonable rapidez de unos órganos de gobierno con el nivel de profesionalidad necesario para afrontar con garantías el referido fortalecimiento del sector en un entorno económico tan difícil como el actual, y de este modo contribuir, en el ejercicio de su actividad financiera, a la reactivación de la economía regional. Resulta, pues, necesario y procedente el recurso por parte de la Junta de Castilla y León al instrumento del Decreto-ley de conformidad con lo previsto en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Las previsiones que se incluyen en este Decreto-ley suponen una adaptación de la legislación de Castilla y León a las nuevas normas básicas estatales y, en este sentido, se dirigen a la consecución de los dos objetivos que han motivado la reforma de la legislación del Estado: mejorar la situación de las Cajas de Ahorros ante los mercados de capitales e incrementar la profesionalidad y la ausencia de conflictos de interés en su órganos de gobierno. No obstante, la presente norma se dicta en ejercicio de una competencia exclusiva estatutariamente atribuida y para el cumplimiento de objetivos de política económica que el Estatuto de Autonomía impone a la Comunidad Autónoma. De ahí que, lógicamente, la adaptación del Texto Refundido de la Ley de Cajas a las reformas introducidas en el Real Decreto-ley 11/2010 no se pueda limitar a una mera reproducción de éstas con los complementos instrumentales mínimos para su aplicación.

Así, adicionalmente, el presente Decreto-ley introduce una estricta regulación de las operaciones vinculadas para eliminar conflictos de interés, y busca mantener la trascendencia de las funciones de la Comisión de Control, un órgano fundamental en la estructura institucional de las Cajas de Ahorros, de modo que la nueva Comisión de Retribuciones y Nombramientos la complemente, pero no limite ni menoscabe sus competencias. Por otro lado, se establece un garantista régimen de mayorías para la aprobación por las Cajas de Ahorros de sus diferentes alternativas de reestructuración institucional con el fin de asegurar el necesario consenso de los diferentes grupos de interés ante medidas que transforman sustancialmente la estructura de las correspondientes entidades. En relación con estos procesos, se regula también la intervención supervisora de la Comunidad Autónoma, que tiene competencia exclusiva en materia de Cajas de Ahorros, intervención que resulta imprescindible para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en estos procesos y la salvaguarda de los diferentes intereses implicados. Resulta necesario, desde la perspectiva de la adecuada protección de esos intereses generales, garantizar que los referidos procesos de reestructuración se lleven a cabo cumpliendo escrupulosamente la legalidad vigente y, por tanto, sin perjuicio de los intereses de los impositores, trabajadores y acreedores de las Cajas, sin menoscabo del adecuado ejercicio de la obra social por las entidades implicadas y, en última instancia, sin afectar negativamente a la importante contribución al desarrollo económico y social de la región que realizan las Cajas de Ahorros. Por ello precisamente resulta necesario prever un sistema de silencio negativo en relación con la intervención autorizatoria de la Junta de Castilla y León, pues sólo una resolución expresa de la Administración autonómica sobre la conformidad a Derecho de estos procesos puede garantizar adecuadamente los referidos intereses en presencia.

El presente Decreto-ley contiene un artículo único, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, y seis disposiciones transitorias que regulan la aplicación temporal de dichas modificaciones.

La disposición transitoria primera tiene en buena medida una finalidad aclaratoria, dirigida a despejar las dudas que la redacción de las disposiciones transitorias del Real Decreto-ley 11/2010 pudiera llegar a plantear sobre la efectiva aplicación de las reformas que la normativa autonómica completa, garantizando así la máxima seguridad jurídica. En este sentido, el necesario período de adaptación estatutaria que se abrirá tras la entrada en vigor del presente Decreto-ley, y la lógica previsión de un plazo para que, tras esa adaptación, las entidades celebren los procesos electorales destinados a configurar sus órganos de gobierno de modo plenamente conforme al nuevo bloque normativo, no puede dar lugar al cuestionamiento de la inmediata aplicación de las previsiones a las que se hace referencia en la citada disposición transitoria primera. La regulación prevista en las disposiciones transitorias pretende también que la renovación global de los órganos rectores impuesta por la reforma estatal tenga el menor impacto posible en la estable marcha de las entidades, de ahí que se hagan coincidir las dos próximas renovaciones parciales que se habrían de llevar a cabo de acuerdo con la regulación previa a la reforma con la constitución de los nuevos órganos de gobierno que han de culminar aquélla.

Resulta por otro lado preciso que las disposiciones transitorias regulen expresamente desde la perspectiva temporal el modo en que se aplicará la reforma a la entidad resultante de la fusión en marcha entre dos Cajas de la región. Esta regulación no puede buscarse en el régimen transitorio del Real Decreto-ley 11/2010, que no prevé este tipo de situaciones, puesto que la autorización de tales operaciones de fusión y la regulación de sus inmediatas consecuencias está fuera del ámbito de las bases de la materia y cae de lleno entre las materias competencia de la Comunidad Autónoma. En ejercicio de esta competencia, se considera necesario mantener la plena vigencia del período transitorio regulado en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León para la entidad resultante, con el fin de dotar a la nueva entidad, precisamente mediante la estabilidad en la composición de sus órganos de gobierno, de la necesaria estabilidad para afrontar los diversos procesos de reorganización interna que suceden a una fusión.

Finalmente, dicha regulación se completa con la previsión de las reglas intertemporales precisas en relación con los mandatos de los miembros de los órganos rectores de las Cajas.

Las anteriores disposiciones se complementan con una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.

En su virtud, la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Economía y Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de septiembre de 2010.

DISPONE

Artículo único.– Modificación del Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

Se modifica el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, en los términos que se indican a continuación:

Primero.– Se modifica el artículo 4, con la introducción de unos nuevos apartados 4, 5, 6 y 7, con la siguiente redacción:

«4. Las Cajas de Ahorros podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero. Igualmente podrán aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo.

Este ejercicio indirecto de la actividad financiera de la Caja podrá realizarse también concertadamente con otras Cajas de Ahorros, a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.

En los supuestos descritos en los párrafos anteriores, la Caja deberá incorporar a sus estatutos las condiciones básicas del ejercicio indirecto de su actividad financiera.

5. La entidad bancaria a través de la cual la Caja de Ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias de la caja de ahorros de la que dependa.

6. Si una caja de ahorros redujese su participación de modo que no alcance el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito y proceder a su transformación en fundación especial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 bis.

7. Lo establecido en el presente artículo respecto al ejercicio indirecto de la actividad financiera será también de aplicación a aquellas Cajas de Ahorros que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas. A los efectos de la aplicación de la obligación de renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito prevista en el apartado anterior, dicha obligación concurrirá en el momento en que la participación conjunta de todas ellas baje por debajo del 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito instrumental».

Segundo.– Se modifica la letra f) del artículo 5, que queda redactada de la siguiente manera:

«f) Vigilar el cumplimiento por las Cajas de Ahorros de las normas aplicables a su organización y actividad».

Tercero.– Se modifica el artículo 21, de la siguiente manera:

1. Se modifica el título del artículo, que pasa a ser el siguiente: «Cesión global del activo y pasivo, escisión, adhesión a sistemas institucionales de protección y ejercicio indirecto de la actividad financiera».

2. El apartado 3 pasa a ser el apartado 4, y se introduce un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción:

«3. Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la citada Consejería, autorizar a una Caja de Ahorros el ejercicio indirecto de su objeto propio como entidad de crédito mediante una entidad bancaria, a la cual se aporta todo el negocio financiero».

Cuarto.– Se introduce un nuevo artículo 21 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 21 bis. Transformación en fundación de carácter especial

1. Las Cajas de Ahorros podrán acordar la segregación de sus actividades financieras y benéfico-sociales mediante el régimen previsto en este artículo en los siguientes casos:

a) Si, en caso de ejercicio indirecto de su actividad financiera mediante una entidad bancaria, la Caja de Ahorros redujera su participación en la entidad bancaria, de manera que no llegara al cincuenta por ciento de los derechos de voto en ésta, y en consecuencia hubiera de renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en el artículo 4.6.

b) Como consecuencia de la renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito y en los demás supuestos de revocación.

c) Como consecuencia de la intervención de la entidad de crédito en los supuestos previstos en la Ley.

A tal efecto, traspasarán todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y se transformarán en una fundación de carácter especial, perdiendo su condición de entidad de crédito.

La fundación centrará su actividad en la atención y desarrollo de su obra benéfico- social, para lo cual podrá llevar a cabo la gestión de su cartera de valores. La fundación deberá destinar a su finalidad benéfico-social el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integre su patrimonio. Con carácter auxiliar, podrá llevar a cabo la actividad de fomento de la educación financiera.

2. El acuerdo a que se refiere el apartado anterior estará sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos para la constitución de fundaciones y supondrá la transformación de la Caja en una fundación de carácter especial. La segregación de la actividad financiera, por su parte, se regirá por lo establecido en esta Ley y en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
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