Sólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisdiccionales en que se articula hoy el poder judicial en España: el civil y el contencioso-administrativo






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ALTRESSÍ DIC que aquesta part sol·licita de l'òrgan judicial al que em dirigeixo, el plantejament d’una qüestió d'inconstitucionalitat contra la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Més específicament pel que fa als articles dedicats a regular les Taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i amb base als raonaments que s'exposen a continuació.

Abans d'entrar en l'anàlisi concreta i en la rellevància constitucional dels mandats normatius de la Llei 10/2012, hem de recordar que el Tribunal Constitucional ja va tenir l'oportunitat de pronunciar-se en la seva Sentència 20/2012, de 16 de febrer de 2012 (seguida després per la Sentència 79/2012, de 17 abril i unes altres), sobre la constitucionalitat de l'art. 35 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, precedent de la Llei actual, molt més limitat i que ara és derogat per la Llei 12/2010. Aquesta doctrina legal del Tribunal Constitucional resulta essencial per aproximar-se des d'una perspectiva constitucional a la nova Llei de taxes, tot i que aquesta sentència només es refereix –per tractar-se també d'una qüestió d'inconstitucionalitat- a les taxes de l'ordre jurisdiccional civil llavors vigents.


Les claus del seu raonament en exposar els límits que s'imposen al Legislador en aquest àmbit, resulten no obstant això, susceptibles d'abstracció i aplicació general, i són les següents (el subratllat i la negreta és nostra en tots els casos):

a).- Fonament de dret quart:

(…) sólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisdiccionales en que se articula hoy el poder judicial en España: el civil y el contencioso-administrativo. Los órdenes penal, social y militar siguen ejerciendo la potestad jurisdiccional gratuitamente, sin que el precepto legal cuestionado guarde ninguna relación con ellos. Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen el acceso a la justicia en materia penal (SSTC 148/1987, de 28 de septiembre, FJ 2; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; y 94/2010, de 15 de noviembre, FJ 3), militar (STC 115/2001, de 10 de mayo, FJ 5) y social (SSTC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3; 118/1987, de 8 de julio, FJ 3; y 48/1995, de 14 de febrero, FJ 3)”.
b).- Fonament de dret quart:
En este proceso constitucional tampoco procede analizar las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo acceso también ofrece peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato contenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdiccional de la Administración por parte de los Tribunales (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3, y 177/2011, de 8 de noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, de 16 de noviembre de 2010, as. 24768/06, § 72)".
c).- Fonament de dret cinquè:
(…) diferente relieve constitucional que posee el derecho de acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque ambos derechos se encuentran ínsitos en el art. 24.1 CE, el derecho a acceder a la justicia es un componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley, sino que nace de la Constitución misma. Por el contrario, el derecho a acceder a los recursos legales se incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su condena y la pena impuesta (SSTC 42/1982, de 5 de julio; 33/1989, de 13 de febrero; y 48/2008, de 11 de marzo); el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al derecho fundamental en su configuración legal (en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 46/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 15/2006, de 16 de enero, FJ 3; 181/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).
(…) el principio hermenéutico pro actione protege el derecho de acceso a la justicia, dada la diferente trascendencia que cabe otorgar —desde la perspectiva constitucional— a los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos a someter el caso al conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar indefensión. Por el contrario, el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos legalmente establecidos es más laxo, puesto que lo que se pide en ese momento no es más que la revisión de la respuesta judicial contenida en la Sentencia de instancia previamente dictada la cual, si resuelve el fondo del asunto, ya habría satisfecho el núcleo del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión de todas las partes procesales, y el acceso al recurso debe ser contrapesado con el derecho de las otras partes a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de lo resuelto (SSTC 55/1995, de 6 de marzo, FJ 2; 309/2005, de 12 de diciembre, FJ 2; 51/2007, de 12 de marzo, FJ 4; y 27/2009, de 26 de enero, FJ 3)”.
d).- Fonament de dret setè:
(…) En principio, pues, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador (SSTC 60/1989, de 16 de marzo, FJ 4; 114/1992, de 14 de septiembre, FJ 3; y 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5)”.
e).- Fonament de dret novè:
En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos”.
f).- Fonament de dret desè.
Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05).
Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a una tutela judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales, tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010 en el asunto DEB Deutsche Energiehandels- undBeratungsgesellschaftmbH (núm. C-279/09). (…)”
g) Fonament de dret dotzè, punt clau de la “ratio decidendi de la sentència:
Por consiguiente, la doctrina de la Sentencia 141/1988 nos lleva a concluir que es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil”.


Tot el manifestat fins al moment, facilita en gran mesura l’exposició de les raons en què fonamentem la inconstitucionalitat de determinades previsions legals. Així doncs, amb base a l'exposat, procedeix realitzar les següents valoracions sobre la constitucionalitat dels preceptes de la Llei 10/2012:

1.- Àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei.

El legislador ha optat per determinar el subjecte passiu amb gran amplitud, utilitzant en el seu art. 3.1 termes genèrics, igual que en la norma precedent que ara es deroga, per després delimitar l'aplicació real de la taxa per la via d'enumerar una sèrie d'exempcions en el seu art. 4.2.

El canvi més substancial de la nova Llei pel que fa als seus precedents, que ve a suposar una veritable ruptura del règim jurídic d'aquestes taxes, radica en la incorporació a l'àmbit subjectiu de la taxa de les persones físiques, fins ara exemptes. Considerem aquest aspecte com essencial.

Entenem que les persones físiques haurien d'haver continuat exemptes del pagament de la taxa. Resulta absolutament insuficient l'exempció prevista en l'article 4.2.a) per a “las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora”. El criteri de capacitat econòmica no es troba suficientment garantit amb la simple remissió a la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

La veritat és, que en l'apartat II de l'Exposició de Motius de la Llei s'afirma que la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio. No obstant això, estem davant d’una mera manifestació sense caràcter normatiu, que va en contra de les previsions de l'art. 8 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, quan preveu que en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas. El fet que en la taxa estigui molt present el principi de benefici o equivalència, no significa que no es tingui en compte el principi de capacitat econòmica, sobretot perquè la taxa és un tribut i aquest principi es predica de tots els tipus de tributs. Probablement no és una qüestió determinant, però ajuda a entendre el problema, principalment perquè l'exempció subjectiva per als beneficiaris de la justícia gratuïta determina que, en la pràctica, sí s'hagi valorat el principi de capacitat econòmica, però d'una forma clarament insuficient.


Ha de tenir-se en compte a més molt especialment, que la STC 20/2012, en el seu Fonament de dret novè, parcialment transcrit amb anterioritat, afirma el següent:
(…) Resulta, por tanto, indudable que el régimen vigente de las tasas judiciales que gravan la presentación de demandas civiles, a cuya eficacia sirve el mecanismo previsto en el precepto sometido a control en este proceso, es plenamente respetuoso con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la justicia. Como dijimos en la Sentencia 117/1998, de 2 de junio, el contenido indisponible del derecho a la justicia gratuita sólo es reconducible a la persona física, única de la que puede predicarse el «nivel mínimo de subsistencia personal o familiar» al que se refiere el art. 119 CE, y que no es una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas (FF. 4 y 5). De ahí que concluyésemos entonces que era constitucional que la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, excluyera de sus beneficios a las sociedades mercantiles. Y aunque el derecho a la tutela judicial efectiva protege tanto a las personas físicas como a las jurídicas (SSTC 53/1985, de 20 de junio, F. 1, y 137/1985, de 17 de octubre, F. 3), no debe ser olvidado que la situación de unas y otras es distinta respecto a la gratuidad de la justicia. La Sentencia 117/1998 afirmó que esa diferencia es especialmente predicable de las sociedades mercantiles de capital, que son un tipo de entidades en que el substratum que justifica su personificación jurídica se halla en la existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar los riesgos de la actividad empresarial, limitando al valor de la aportación social la responsabilidad patrimonial de sus socios, y que deben ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la persona jurídica ( STC 117/1998, de 2 de junio).
Estos criterios han sido confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su Auto O'Limo contra España, de 24 de noviembre de 2009 (asunto núm. 33732/05) concluyó que el sistema establecido por el legislador español para facilitar asistencia jurídica gratuita ofrece «unas garantías sustanciales» para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque queden excluidos de él las sociedades mercantiles o las asociaciones que, como la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). Para apreciar que excluir a las personas jurídicas de la gratuidad de la justicia no contradice, por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela judicial que protege el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos, el Tribunal de Estrasburgo subrayó que los fondos de los que disponen las asociaciones y las sociedades privadas para la defensa jurídica de sus derechos proceden de los recursos que sus miembros o socios acuerdan y aportan libremente, en función de sus intereses: no debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos en beneficio de entidades cuyos socios han decidido libremente no aportar los recursos económicos precisos para desarrollar sus actividades normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales en relación con litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a los particulares interesados en los hechos (§ 26).

En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos”.


La sentència mostra un criteri clar sobre el que és constitucional. Quan raona utilitza com a criteri justificador de la constitucionalitat de la Llei precedent, precisament el de la seva aplicació tan sols a “entidades mercantiles con un elevado volumen de facturación”, destacant així que no s'aplicava a les persones físiques. Exactament realitza les mateixes manifestacions en el Fonament Jurídic 12, que també ha estat transcrit anteriorment.

A més, en el nostre sistema tributari, les despeses jurídiques de les persones jurídiques sotmeses a l'Impost de societats constitueixen una despesa que té repercussions fiscals directes, al detreure’s dels ingressos per determinar la base imposable. No obstant això, en el cas de les persones físiques, és una despesa que no resulta possible detreure dels ingressos per determinar la base imposable de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, amb el consegüent un impacte net en l'economia familiar.

No sembla que una previsió com l'ara analitzada resisteixi fàcilment aquest examen de constitucionalitat. A més si tenim en compte la quantia de la taxa, tal com es determina en l'art. 7 de la Llei 10/2012, sobre el que després tornarem a parlar. Hem de constatar per tant, que l'aplicació indiscriminada a les persones físiques farà que moltes d'elles en nombrosos supòsits no puguin accedir a la tutela judicial. Els qui obtinguin per unitat familiar uns ingressos per tots els conceptes que siguin superiors a 1.282,80,-euros al mes (doble de la quantia del salari mínim interprofessional per 2012 fixat en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre) no tenen dret a l'assistència jurídica gratuïta (excepte certs supòsits excepcionals, en els quals s'eleva a 2.565,60,-euros al mes).


N’hi ha prou amb comprovar la quantia fixada per a aquestes taxes per adonar-se que l'accés a la Jurisdicció és ja una quimera per un molt significatiu nombre de ciutadans i residents a l’estat espanyol. En aquests casos es produeix amb tota claredat la causa impeditiva de l'accés que tan gràficament definia el Tribunal Constitucional en el Fonament Jurídic setè transcrit anteriorment, a l’indicar que: “la cuantía de las tasas (…) son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”. El que no passava amb la Llei derogada, perquè no afectava a les persones físiques, es manifesta ara amb tota la seva cruesa i implica una infracció clara de l'art. 24 de la Constitució, en impedir de fet l'accés a la jurisdicció, manifestació essencial del dret a obtenir una tutela judicial efectiva.

Passarà el mateix, pel que fa a les petites i mitjanes empreses (PIMES), assolades per una crisi econòmica sense precedents, respecte de les quals cal reproduir tot el que s'acaba d'assenyalar.

En realitat, qualsevol subjecte passiu que estigués exempt de la taxa amb anterioritat, hauria de mantenir tal condició, per tal de garantir que l'accés a la jurisdicció és real i efectiu. El Tribunal Constitucional sempre va partir en la seva anàlisi de la norma legal derogada, precisament que afectava a subjectes passius que erenpersonas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada”.A sensu contrari, sembla raonable pensar que l'extensió a persones físiques i a persones jurídiques que no tinguin ànim de lucre, estiguin total o parcialment exemptes de l'impost de societats i presentin una reduïda dimensió, fa incórrer a la norma en vici d'inconstitucionalitat.

Això afectaria també a la no exempció de les entitats de Dret públic no incloses sota el concepte limitatiu que es recull en l'apartat 2.c) de l'art. 4 de la Llei 10/2012, això és, “la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas”. Apareix així, de manera clara, la no exempció de les Administracions corporatives, és a dir, dels Col·legis Professionals, els seus Consells Generals i les Cambres de comerç.

És lògic que les Administracions públiques citades en la Llei -per cert, les que més recorren contra les sentències d'instància- es trobin exemptes perquè manegen fons públics i dediquen la seva activitat a satisfer l'interès general. Ara bé, el mateix resulta predicable respecte de les Administracions corporatives quan a les finalitats que persegueixen, per la qual cosa haurien de gaudir d'idèntica exempció, màxim quan, com és ben sabut, no es tracta d'organitzacions amb capacitat econòmica suficient en molts casos per afrontar aquest tipus de costos.

També han de citar-se les fundacions i les associacions d'utilitat pública, atès que la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta només els reconeix el dret a l'assistència gratuïta quan acreditin insuficiència de recursos per litigar. No obstant això, es tracta d'entitats, les finalitats de les quals d'interès general requereixen una protecció superior per part de l'ordenament. L'esment de la norma ara derogada, en referir-se a “les entitats sense finalitats lucratives que hagin optat pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge” resultava molt més ajustada al nostre sistema jurídic i s'acomodava millor a la lliure decisió d'aquestes entitats d'acollir-se o no al règim fiscal especial normativament previst per a elles. Aquesta vinculació permanent d'aquestes entitats, a la consecució de finalitats d'interès general, l'absència d'ànim de lucre per definició legal i, en conseqüència, la seva inapreciable capacitat econòmica, ha de determinar també que els afecti l'assenyalat fins ara en aquest punt.
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