Tribunal superior de justicia de cataluñA






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A LA FISCALIA
DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA


Ramon de Veciana Batlle, provisto de DNI núm. 36.568.015-Q, Portavoz en Cataluña y miembro del Consejo de Dirección de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD), partido político con personalidad jurídica propia inscrito en el Registro de partidos con fecha 26 de septiembre de 2007; en el ejercicio de la representación ordinaria del Partido en Cataluña, conforme con lo dispuesto por el artículo 39.5 de sus Estatutos que se acompañan como anexo numero 1 y con domicilio Barcelona (08015) en la Gran Vía de les Corts Catalanas 444-446, entresuelo – 2ª, y al amparo de lo que se dispone en la Ley 11/2007, de 22 de junio, designa como preferente a efectos de notificaciones para lo que pudiera resultar del presente escrito en la dirección electrónica ramon.deveciana@upyd.es; ante Vd. comparece y como mejor resulte procedente en derecho
Que, mediante el presente escrito, formulo DENUNCIA en base a los siguientes

HECHOS:
PRIMERO.- El día 19 de septiembre fue aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana que fue publicada el sábado 27 de septiembre de 2014 en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Acompaño como DOCUMENTO NUMERO UNO copia de la citada Ley.

SEGUNDO.- El mismo sábado 27 de septiembre, el Presidente de la Generalitat de Cataluña aprobó y publicó el Decreto del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, tomando como base habilitante la citada Ley de consultas.

El artículo 3º del citado Decreto establecía las preguntas a formular en la consulta convocada, que eran las siguientes:

a) ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?

- Sí

- No
En caso afirmativo:
b) ¿Quiere que este Estado sea independiente?

- Sí

- No
Acompaño como DOCUMENTO NUMERO DOS copia del Decreto.

TERCERO.- Por Providencia de 29 de septiembre de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó suspender los arts. 3 a 39 y las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana desde ese mismo día, fecha de interposición del recurso y la suspensión cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos. Asimismo acordó comunicar a los Presidentes del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Acompaño copia de la citada Providencia como DOCUMENTO NUMERO TRES.
CUARTO.- En la misma fecha, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó suspender el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, y sus Anexos desde esa fecha para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella. Dicha resolución fue notificada por el Tribunal al Presidente de la Generalitat de Cataluña.
Aporto copia de la Providencia como DOCUMENTO NUMERO CUATRO.
QUINTO.- Lo cierto es que a pesar de las citadas suspensiones, el Presidente compareció en rueda de prensa el pasado día 14 de octubre de 2014 manifestando que el Gobierno de la Generalitat había decidido convocar sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna una consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, que han venido a denominar eufemísticamente “Procés de participació ciutadana”, amparado formalmente en los artículos 40 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias que no habían sido suspendidos por la resolución del Tribunal Constitucional, pero cuya finalidad última es realizar una consulta en la que se formule idéntica pregunta a la suspendida por el Pleno del Tribunal Constitucional, eludiendo así dicha suspensión taxativa.
Esta consulta se ha convocado por vía “de facto” y de forma oficiosa sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna, precisamente para dificultar cualquier actividad impugnatoria tanto del Gobierno de España, de la Abogacía del Estado e inclusive de cualquier ciudadano o entidad.
Por parte de la Administración de la Generalitat de Cataluña se ha empezado la ejecución de un plan mediante actos inequívocos para llevar a cabo la consulta suspendida bajo la nueva cobertura formal de proceso de participación. Así se ha abierto la página web http://www.9nconsulta2014.cat donde se hace constar lo siguiente:


El dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un procés de participació ciutadana en què crida els catalans i les catalanes i les persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya”
También se ha establecido un registro de voluntarios para la realización de la consulta, con el texto siguiente:
Voluntaris per a la jornada de participació ciutadana del 9 de novembre de 2014
Convocatòria

Amb motiu del procés de participació ciutadana 2014, es necessiten persones voluntàries per dur a terme les tasques de suport durant la jornada del 9 de novembre de 2014.
Condicions

La participació com a voluntari/ària en aquestes tasques no merita compensacions econòmiques de cap mena ni dóna dret a cap permís laboral.
Requisits

Edat mínima: 16 anys.

Estudis mínims: graduat escolar o equivalent.

Altres: disposar d’un telèfon mòbil operatiu durant tota la jornada de participació, com a mínim fins a les 24 hores.
Funcions

Membres de les meses de participació:

Identificar i registrar les persones participants, amb la comprovació prèvia que corresponen a aquella mesa

Anotar les dades de les persones participants

Facilitar el dipòsit de les paperetes a l’urna per part de les persones participants

Fer el recompte de les paperetes i formalitzar les actes

Gestors de mesa:

Donar suport a la constitució de les meses

Donar suport a les meses al llarg del dia

Comunicar les incidències al centre de recollida d’informació i/o al Consell General de Participació

Comunicar els resultats provisionals i altres informacions que es determinin prèviament al centre de recollida d’informació
Data i horari

9 de novembre de 2014, des de les 7.30 fins que finalitzi el recompte, la tramesa de dades i el lliurament de la documentació.
Inscripció

Us podeu inscriure en el procés de selecció de voluntaris mitjançant el formulari que trobareu en aquest enllaç”.
El citado registro carece de habilitación legal suficiente, cuya creación depara su necesaria ilegalidad por vulnerar la Ley de Protección de Datos.
Y es que a pesar de llamarlo proceso de participación ciudadana, la pregunta que se formula en el mismo según consta en la página web, es idéntica a la pregunta de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que evidencia el patente fraude a la suspensión del Tribunal.
Acompaño como DOCUMENTO NUMERO CINCO la papeleta objeto de votación en la consulta denominada proceso de participación ciudadana.
SEXTO.- La consulta convocada por la vía de facto constituye un evidente fraude de Ley dirigido a burlar la suspensión del Tribunal Constitucional del Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, cuando se está realizando al supuestamente amparada en los artículos 40 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, mediante actos que persiguen inequívocamente como resultado convocar un proceso donde se formule la misma pregunta de contenido referendario que había sido previamente suspendida por el Tribunal Constitucional, lo cual es un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico y contrario a él, lo cual no debe impedir que esta Fiscalía actúe para garantizar la debida aplicación de las normas que se están tratando de eludir con una actuación claramente torticera, inicua y contraria a Derecho a pesar de que se estén ejecutando por la mera vía de hecho, sin amparo de resolución administrativa alguna.
Precisamente, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite actuar en contra de las vías de hecho de la Administración, como ocurre en el presente caso, e instar todas las medidas cautelares y cautelarísimas precisas para impedirlo.
Los citados actos realizados por el Presidente y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña suponen, claramente, un incumplimiento de la suspensión establecida por el Tribunal Constitucional, de forma que de forma consciente y dolosa se ha querido infringir la prohibición establecida por el citado Tribunal.
SEPTIMO.- El Gobierno de la Generalitat está realizando además otras actuaciones de facto, sin amparo en Orden ni Decreto administrativo alguno, dirigidas a organizar la consulta fraudulenta prevista para el próximo día 9 de noviembre de 2014.
Los servicios territoriales del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña citaron el pasado día 16 de octubre a los directores de los institutos dependientes de dicho Departamento a una reunión para coordinar la organización de la consulta utilizando los mismos institutos como colegios electorales.
Dicha reunión se convocó mediante correo electrónico remitido el día 15 de octubre en el que se les convocaba al día siguiente “para hablar de la jornada de participación ciudadana, de la que algunos institutos serán sede” y “en caso de no poder asistir, es importante que lo comuniquéis telefónicamente”.
En la reunión se les intimó en el sentido que “necesitaban voluntarios y que los directores preguntaran a profesores, padres y personal no docente si querían serlo porque había que formar un equipo de tres personas por centro” y que dicha participación se realizaría el sábado 8 de noviembre entre las 8:00 y las 20:00 horas y el domingo 9 de noviembre entre las 7:00 y las 0:00 horas.
Y que de entre las personas debía haber designado uno de ellos como interlocutor que trataría con los organizadores (sin definir quiénes eran) de la consulta y poner a su servicio la red eléctrica, los equipos informáticos y el equipamiento, en general, de los institutos. Todo ello hasta el punto que el director del instituto “ha de dar al interlocutor las llaves del centro para abrirlo y cerrarlo” (sic).
A requerimiento de algún director de instituto que dichas órdenes por escrito, se les negó aduciendo que no hacía falta.
A pesar que el responsable del Departamento de Enseñanza les decía del carácter voluntario de la participación del personal de los institutos, simultáneamente se les enfatizaba “que era pertinente hacerlo y que, en cualquier caso, si alguien se postula como voluntario hay que informar”.
Acompaño como DOCUMENTO NUMERO SEIS informaciones periodísticas publicadas en el diario El Mundo del pasado día 18 de octubre donde se relatan estas actuaciones del Departamento de Enseñanza de la Generalitat.
OCTAVO.- Todas estas actuaciones son susceptibles de ser calificadas como presuntamente constitutivas de un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código por el cual “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”
Dicho delito, consistente en dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo, tiene, como bien jurídico protegido, el normal funcionamiento de la Administración Pública, sujeta al sistema de valores instaurados en la Constitución, en permanente actitud de servicio a la comunidad.
Este tipo penal está pensado precisamente para proteger el sometimiento al principio de legalidad en el ejercicio de la función pública y la imparcialidad en las resoluciones, así como el principio de igualdad de oportunidades.
La arbitrariedad supone algo más que la mera ilegalidad, y puede ser perfectamente concurrente cuando nos encontramos ante situaciones de hecho o derecho que incurren en desviación de poder. Así, dicha desviación de poder ha sido objeto de definición reiteradamente por el Tribunal Supremo, que la ha definido de forma muy similar a lo que venimos denunciando en la presente denuncia: así se ha tratado como “una contravención del sentido teleológico de la actividad administrativa desarrollada” (STS de 7 de abril 1986), “una distorsión de la normal finalidad del acto” (STS de 11 de abril de 1989), una “no utilización de la potestad administrativa de forma objetiva, acorde con la finalidad perseguida” (STS de 12 mayo de 1986), exigiéndose una “demostración de una finalidad torcida” (STS de 9 de junio de 1986), la demostración de “perseguir una finalidad espuria” (STS de 11 de junio de 1986), o “un propósito de satisfacer intereses extraños al bien público” (STS de 26 de diciembre de 1960).
Sabiendo que no es suficiente para incurrir en prevaricación administrativa que la resolución sea contraria a derecho, que para ello basta el control de legalidad Administrativa corresponde al orden contencioso-administrativo, sino que para que constituya delito se requiere que sea injusta (“a sabiendas de su injusticia”), lo que supone un “plus” de contradicción con el derecho.
Precisamente ello es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa en el que, por encima de las resoluciones del Tribunal Constitucional, se ha pretendido dar un cauce, mediante otra cobertura formal, a un proceso que se encuentra suspendido, y por lo tanto, para el que no existe cobertura legal alguna.
Es obvio, y así se desprende de los hechos narrados, que el Presidente y el Gobierno de la Generalitat conocen la suspensión que recaía sobre la Ley de consultas y el Decreto de convocatoria pues así se le había comunicado (además de ser algo notorio y público), pero han decidido acabar convocando un nuevo proceso de consulta para realizar la misma pregunta, a todas luces fuera de las competencias objetivas de la Generalitat en el marco constitucional, para formular la pregunta que había sido previamente suspendida, lo cual supone ese “plus” necesario al conocer perfectamente que llevándola a cabo incurría en abierta contradicción con lo resuelto por el Tribunal Constitucional y para actuar en evidente fraude de Ley.
Precisamente cuando la desviación de poder es de considerable trascendencia por la gravedad de sus consecuencias, por el desacierto en las formas en que se produce o por la ilícita motivación personal del titular del sujeto que la comete, se da lugar a la comisión de un delito de prevaricación. Y tal y como hemos relatado a lo largo de la presente denuncia, parece meridianamente claro que en el caso que nos ocupa no cabe considerar menor la convocatoria de una consulta, vestida formalmente de proceso de participación, cuya finalidad última es burlar la prohibición del Tribunal Constitucional para formular finalmente la misma pregunta que había sido previamente suspendida y que, por tanto, tiene la espuria finalidad de quebrantar la resolución del Tribunal Constitucional de la que resultaba la suspensión de la consulta y, por el contrario, continuar con los preparativos para poderla llevar a cabo con otra apariencia formal pero con el mismo contenido material, configurándose así la prevaricación como un instrumento o medio para conseguir una cierta apariencia de legalidad que permitiera continuar con los preparativos de la misma.
NOVENO.- Asimismo, estos hechos caben ser calificados como constitutivos de un presunto delito de malversación de caudales públicos previsto y penado en el artículo 432.1 del Código penal, que establece lo siguiente: “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años”.
En cuanto a la acción típica podemos indicar que la sustracción (modalidad activa) se identifica con la idea de apartar los caudales o efectos públicos del ámbito de dominio público en el que se encuentran para colocarlos bajo el dominio privado que en este caso serían los medios de comunicación, así como cualquier otro beneficiado de la campaña institucional, como puedan ser desarrolladores de páginas webs, cartelería, etc. (SSTS 172/2006 y 132/2010).
El tipo subjetivo, además de por el dolo, está integrado por el ánimo de lucro. El dolo requiere el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de actuar. Según se desprende de la jurisprudencia relativa al delito de malversación de caudales públicos, el dolo genérico exigible comprenderá el conocimiento de que los caudales que se sustraen pertenecen a las Administraciones públicas, y que, por lo tanto, constituyen caudales públicos. (SSTS 545/1999 y 132/2010). Del mismo modo exigirá el conocimiento de que con la conducta que se ejecuta tales caudales se sustraen de su finalidad pública.
Entre estos actos dispositivos para burlar la orden de suspensión del Tribunal Constitucional se encuentran los actos de campaña institucional que se están produciendo, deben sumarse en la valoración de este tipo penal todas las actuaciones que se estén llevando a cabo de forma previa por el Gobierno de la Generalitat de tal forma que, sin existir amparo legal alguno, como asimismo poner a disposición de una consulta que constituye un fraude de Ley a una orden de suspensión del máximo Tribunal de España, supone poner a disposición de un fin privado recursos, instalaciones y medios públicos.
DECIMO.- Todas las actuaciones de los responsables del Departamento de Enseñanza de la Generalitat frente a los Directores de instituto y demás personal dependiente del Departamento serían susceptibles de ser calificadas como presuntamente constitutivas de un delito de coacciones, previsto y penado en el artículo 172 del Código Penal, o en su caso de un presunto delito de amenazas, previsto y penado en el artículo 171 del Código Penal.
Las actuaciones de los responsables del Departamento de Enseñanza de la Generalitat van dirigidas a torcer la libre voluntad de los directores y demás personal dependiente de los mismos y, a pesar de las apelaciones formales a la “voluntariedad”, se les conmina a participar con actos de ejecución material (búsqueda de voluntarios, facilitación de material e instalaciones del centro escolar, entrega de llaves del instituto,….) en un proceso claramente ilegal y de fraude de ley con la utilización de palabras como “la pertinencia” (sic) de colaborar en el mencionado proceso, máxime cuando ello se realiza en un ámbito de dependencia jerárquica y su capacidad de coerción mediante la “vis moralis” que ello facilita para el torcimiento de la libre voluntad, máxime cuando la finalidad de la misma es buscar la colaboración en actos que indiciariamente están viciados de ilegalidad como es romper con la suspensión del Tribunal Constitucional. Y precisamente la ejecución de estos actos se realiza siempre de forma verbal y nunca por escrito ni se documentan, como es lo propio de una Administración pública, precisamente para facilitar su comisión y no dejar pruebas de las mismas y difuminar el posible ilícito penal.
Así se expresó uno de los directores de instituto presentes en la reunión del día 16 de octubre en el sentido que “me sentí presionado e incomodo, porque un superior tuyo te está pidiendo algo y tú tienes que decir que no y tienes miedo a significarte. Si te niegas, quedas señalado y no sabes qué consecuencias puede tener esto para Administración. ¿Cómo le dices que no a la Generalitat?” (sic).
Y, en este caso, quienes realizan estos actos son funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, quienes se prevalen de su cargo público frente a sus propios subordinados jerárquicos.

Dichas actuaciones van dirigidas al torcimiento de la libre voluntad de los directores de instituto y demás funcionarios sino que se les obliga a manifestar su posición y su adscripción política frente a una consulta de inequívoco carácter ideológico independentista, lo que vulnera gravemente su libertad ideológica, recogido en el artículo 16 de la Constitución que constitucionalmente se configura en sentido negativo de que Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, lo cual supone precisamente una modalidad agravada del delito de coacciones.
Por todo lo que,
SUPLICO A LA FISCALIA que habiendo por presentado este escrito, tenga por denunciados los precedentes hechos y, en sus méritos, realice todas las actuaciones pertinentes para que se restaure la legalidad, se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspensión de la consulta secesionista, se impidan la ejecución del fraude de Ley mediante la convocatoria de facto de un llamado “proceso de participación ciudadana” del día 9 de noviembre de 2014 para burlar las resoluciones del citado Tribunal, y se garanticen y protejan los derechos y libertades de los funcionarios que se están conculcando por parte del Presidente, el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Cataluña en el impulso de un llamado proceso de participación ciudadana.
Barcelona, a veinte de octubre de dos mil catorce.


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